En la crisis de los llamados fondos buitres, instrumentos de deuda que ponen a Argentina en la antesala de sufrir una nueva catástrofe financiera, México acaba de interceder por ese país ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya un juez de primera instancia del Distrito de Nueva York les dio la razón a los tenedores de ese tipo de deuda al ordenar al gobierno de Cristina Kirchner el pago de mil 330 millones de dólares…
BUENOS AIRES.- En su larga disputa con los fondos buitres que ahora se dirime en la Corte Suprema de Estados Unidos, Argentina consiguió un apoyo inesperado: el pasado 24 de marzo, el gobierno de Enrique Peña Nieto respaldó la posición del país sudamericano ante el máximo tribunal estadunidense.
México concretó este apoyo mediante un escrito en favor de la posición argentina. Esta forma de presentación ante los tribunales es conocida como “amigo de la Corte” o amicus curiae. Habilita la opinión ante los jueces de un tercero ajeno a la disputa judicial, aunque con un justificado interés en la resolución del litigio.
México hizo así explícita su postura en torno de un caso cuyas derivaciones superan largamente la suerte que pueda correr Argentina. Tras el colapso socioeconómico de diciembre de 2001, este país declaró la suspensión de pagos de su deuda externa.
En 2005, 2010 y 2013 emitió canjes de deuda, ofreciendo bonos nuevos por los bonos vencidos e impagos. El 93% de los acreedores se avino a cobrar con quitas de hasta 65% en capital e intereses. Los pagos desde Buenos Aires son girados desde entonces puntualmente.
El 7% restante de los bonos de deuda soberana fueron comprados a precio de saldo por algunos fondos buitres. Estos hedge funds no ingresaron en los canjes de deuda ofrecidos. Prefirieron accionar judicialmente en Estados Unidos. Tanto un juez de primera instancia como la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York les dieron la razón. El fallo ordena a Argentina pagar mil 330 millones de dólares. Se trata del valor nominal de los bonos de deuda soberana que poseen estos fondos buitres.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pretende abonar la deuda con estos acreedores con la misma quita que aceptó la mayoría. Una decisión adversa en esta última instancia tendría consecuencias graves: “Puede hacer caer el acuerdo con 93% de los acreedores que aceptaron los canjes de 2005, 2010 y 2013, ya que el gobierno se comprometió a no otorgar mayores ventajas a los acreedores, salvo que las generalice”, dice a Proceso Julio Gambina, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas en Buenos Aires.
“Si Argentina tiene que pagar el total de la deuda reclamada por la justicia de Estados Unidos, tendrá que abonar lo mismo al 93% de acreedores que hoy reciben pagos luego de una negociación con quita. Eso será imposible y Argentina volverá a la cesación de pagos”, explica.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México justificó su apoyo a la posición argentina a través del comunicado de prensa 024/2014. Allí considera “que las órdenes dictadas por el juez de Distrito podrían ir en contra de ciertos principios que rigen el derecho de inmunidad soberana”.
Justifica la presentación del escrito amicus curiae en “las posibles implicaciones que la aplicación de las órdenes dictadas por el juez de Distrito podrían tener para cualquier Estado soberano en los mercados internacionales de deuda. En particular –añade– se considera que dichas decisiones pueden dificultar futuras reestructuraciones de deuda soberana, pudiendo incrementar los costos del financiamiento para los países”.
Por último, expresa: “Dado que México es un emisor recurrente en los mercados internacionales de deuda soberana, se consideró importante manifestar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, a través del ‘Amigo de la Corte’ en cuestión, las preocupaciones por las posibles implicaciones que pudieran tener dichas órdenes”.
Negociaciones
También Francia y Brasil apoyan al gobierno de Kirchner a través de presentaciones similares. El mismo camino han seguido el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la ONG Jubileo e incluso el hedge fund Gramercy. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda la posición argentina.
El gobierno de Barack Obama, por su parte, ha dicho que no respaldará al país sudamericano en caso de que la Corte Suprema de Estados Unidos le solicite su opinión.
Desde el Grupo de Tareas Estadunidense para la Argentina (American Task Force Argentina, ATFA), que reúne a acreedores de deuda de este país en cesación de pagos, se sostuvo que los escritos de apoyo de México, Brasil y Francia “fueron obtenidos por Argentina a cambio de sustanciales beneficios comerciales y bilaterales”.
El comunicado de ese organismo, firmado por su copresidenta, Nancy Soderberg, el 25 de marzo, advierte que “la comunidad financiera global no mirará de manera favorable a México, Brasil y Francia por haber apoyado el censurable trato de Argentina a los tenedores de sus títulos de deuda”.
En ese documento se citan de manera genérica “informes de la prensa de Brasil” que indican que Argentina “ofreció relajar las restricciones comerciales de larga data impuestas sobre las exportaciones brasileñas a cambio del apoyo jurídico de ese país ante los tribunales estadunidenses”.
Se sostiene asimismo que el “amicus curiae de Francia fue objeto de intensivas negociaciones bilaterales”, en el marco de negociaciones por la deuda que Argentina mantiene con el Club de París y el comercio relacionado con la energía.
En el caso particular de México, su comunicado no brinda ningún detalle que refrende la acusación.
La agencia de noticias oficial de Argentina, Télam, basándose en “fuentes allegadas al caso”, fundamentó el sorpresivo apoyo mexicano: “Como integrante del acuerdo regional con Estados Unidos, viene a representar en cierta forma la voz del Tesoro de Estados Unidos”, sostuvo el 24 de marzo.
La Corte Suprema puede ahora rechazar la apelación argentina, aceptarla o pedir una opinión al Solicitante General. En el primer caso la decisión podría conocerse en junio de este año, mientras que en los dos restantes el fallo se conocería en 2015. Esto favorecería los planes del gobierno argentino. A finales de 2014 vence la cláusula del “acreedor más favorecido”, que impide a Argentina ofrecer a los tenedores de bonos de deuda impaga condiciones más favorables que los acreedores que aceptaron entrar en los canjes.
El gobierno de Cristina Kirchner intenta anticiparse al desenlace judicial y llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos de deuda en default (cesación de pagos).
Las negociaciones con los fondos buitres han ido hasta ahora por dos carriles distintos. Existen versiones de que, por un lado, el ministro de Economía, Axel Kicillof, envió a un equipo de funcionarios a Estados Unidos, los cuales habrían contactado a varios bancos internacionales en busca de asesoramiento para “avanzar en alguna negociación” con los holdouts, sostuvo La Nación el 17 de marzo.
Por el otro, David Martínez, empresario mexicano con inversiones en Argentina, convocó a finales de febrero a “un puñado de representantes de fondos con tenencias de bonos argentinos, con la intención de empezar a negociar una salida planteando un esquema similar al que Argentina ya usó para saldar los fallos que había perdido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial”, informó también La Nación.
David Martínez es dueño de Fintech Advisory, firma especializada en fondos de inversión, y de Telecom Argentina. Tiene buenas relaciones con el gobierno de Cristina Kirchner. Es socio del Grupo Clarín en el servicio de televisión por cable Cablevisión y fue una pieza clave para que Clarín aceptara adecuarse voluntariamente a la Ley de Medios.
“El empresario tiene en su poder 700 millones de dólares de deuda argentina, activos nominales que le habrían costado originariamente unos 100 millones de dólares”, y que “adquirió entre 2004 y 2006”, refiere Página 12 en su edición del pasado 8 de diciembre.
Por medio de la negociación se intentaría persuadir a los fondos buitres sobre la conveniencia de cobrar sus acreencias en lugar de llevar a Argentina a un nuevo default. El hombre a convencer se llama Paul Singer, titular del fondo Elliott Management, quien es el litigante más activo contra Argentina. Se trata de uno de los principales contribuyentes a las campañas electorales del Partido Republicano en Estados Unidos. A finales de 2013, expresó su disposición a negociar con el país sudamericano.
Normalización
El gobierno de Cristina Fernández impulsa el restablecimiento de los lazos de inserción de Argentina en el sistema financiero mundial. Pretende acceder al crédito externo y atraer inversiones. Pugna además por detener la sangría de reservas internacionales del Banco Central. El acercamiento hacia los fondos buitres, aún en medio del litigio judicial, ocurre dentro de este contexto. También el acuerdo de compensación alcanzado en enero último con la petrolera Repsol, tras la estatización de 51% de su paquete accionario en abril de 2012.
Asimismo, en octubre de 2013, el gobierno cerró un acuerdo de pago por cinco juicios perdidos en Ciadi, tribunal del Banco Mundial que dirime las disputas entre Estados y compañías multinacionales. El monto asciende a 667 millones de dólares.
El próximo 26 de mayo, por otra parte, comenzará en la capital francesa una ronda de negociaciones entre Argentina y el Club de París. Este país pretende saldar la deuda de 9 mil 500 millones de dólares que mantiene desde 2001 con el grupo de 19 países acreedores representados en ese foro.
En su visita a Francia el 19 y el 20 de marzo pasado, la presidenta Fernández agradeció el apoyo de su par francés François Hollande para que estas negociaciones lleguen a buen puerto. Él condicionó la llegada de inversiones francesas a que la nación sudamericana mejore los plazos de su propuesta con el Club de París.
“Argentina busca inversiones para el yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta y continuar con inversores en la mega minería a cielo abierto”, dice Julio Gambina.
De hecho, durante su estadía en París, Fernández se entrevistó con el presidente de la petrolera francesa Total, Christophe de Margerie. La negociación versó sobre posibles inversiones de Total en Vaca Muerta, a cambio de abandonar el litigio que la compañía mantiene en el Ciadi contra Argentina.
El viraje del gobierno de Cristina Fernández incluye el regreso a Argentina de quien fue el enemigo público número uno a partir de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003: el Fondo Monetario Internacional (FMI), responsable directo de las políticas que terminaron en el derrumbe de 2001.
El organismo internacional se dedica desde enero de este año a la revisión del sistema estadístico oficial. Sus técnicos participaron en la elaboración del nuevo índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que desde enero mide la variación mensual de precios de 520 bienes y servicios. Los guarismos del INDEC comenzaron a ser manipulados por el gobierno a partir de 2007 hasta perder toda credibilidad. Sólo en enero y febrero de 2014 la inflación sumó 7.2%.
El nuevo índice de precios era requerido por los organismos multilaterales. De acuerdo con un informe de JP Morgan divulgado en febrero, el FMI estaría dispuesto a otorgar créditos a Argentina en caso de que los requiriera.
–¿Qué papel podría llegar a jugar el FMI en el futuro de este país? –se le pregunta a Julio Gambina.
–El mismo que hoy juega en Europa –responde–: La promoción de políticas de austeridad, tal como lo hizo en América Latina en los ochenta y noventa.
Por lo pronto, en el plano interno, en enero se devaluó el peso, subieron las tasas de interés y se recortó la expansión del gasto público. Y en marzo se redujeron 20% los subsidios que durante años mantuvieron bajas las tarifas de gas y agua.
