PARÍS.- Sacudido por una debacle sin precedente en la historia de los comicios municipales, Francois Hollande no tuvo más que aceptar la renuncia de Jean Marc Ayrault, su primer ministro y amigo de muchos años, y nombrar en su lugar a Manuel Valls, antes ministro del Interior.
El presidente francés –quien hará una visita oficial a México el jueves 10 y el viernes 11– anunció su decisión el 31 de marzo en una sobria alocución televisada en la cual asumió la responsabilidad del desastre y aseguró haber oído el mensaje de los electores. Advirtió que el nuevo gobierno será uno “de combate”, integrado por “un equipo reducido, coherente y unido”. Pero reiteró su intención de mantener su política económica, introduciendo más “justicia social”.
El nombramiento de Valls –quien se define como social-liberal, es admirador del inglés Tony Blair y en 2009 pidió que el Partido Socialista (PS) cambiara de nombre “porque la palabra socialista está rebasada”– conmocionó al ala izquierda de ese partido y a sus aliados ecologistas. Los Verdes, quienes tenían dos ministros en el gobierno de Ayrault, rehusaron participar en el de Valls.
La designación del nuevo primer ministro también desató la furia del Frente de Izquierda –oposición radical–, ataques virulentos del ultraderechista Frente Nacional (FN) y burlas y escepticismo en la derecha.
El miércoles 2 Valls presentó su gabinete reducido –de 16 ministros; el anterior tenía 30– y se agudizaron las polémicas, dudas, críticas y controversias en los medios, la clase política y en el mismo PS.
La composición del gabinete plantea dudas. El cataclismo electoral del 31 de marzo fue una sanción inapelable para Hollande y su gobierno. Se esperaban, por lo tanto, cambios significativos.
No los hubo. De los 16 miembros del nuevo gabinete, 14 estaban en el de Ayrault. Algunos cambiaron de cartera, otros no. La única sorpresa real fue la llegada al Ministerio de la Ecología y de la Energía de Ségolene Royal, expareja de Hollande y la candidata presidencial que enfrentó a Nicolas Sarkozy en 2007.
Independiente, profesional y con acceso directo al presidente, Royal tiene de su lado a la opinión pública y buenas relaciones con el ala izquierda del PS.
De hecho Valls y Hollande –quienes distan de ser íntimos– batallaron para formar el nuevo gobierno. El primero quería confiar el Ministerio del Interior a uno de sus más cercanos colaboradores; el segundo lo impidió. Valls entonces se opuso a que el presidente ofreciera esa responsabilidad clave a su compañero Francois Rebsamen. Éste, quien no estaba en el gabinete de Ayrault, heredó el poco envidiable Ministerio del Trabajo, del Empleo y del Diálogo Social. Lo aceptó con abnegación.
Pese a las reticencias de Valls, Hollande colocó o mantuvo a varios de sus incondicionales en ministerios importantes –como Economía y Defensa– e insistió en mantener en el de Justicia a Christiane Taubira, cuyos enfrentamientos con Valls son antológicos. Ambos tienen visiones opuestas de la lucha contra la delincuencia: él es partidario de la mano dura; ella prefiere una justicia humanista.
La ministra es tan emblemática del ala izquierda del PS como el nuevo primer ministro lo es del ala derecha. Taubira incomoda a Valls y a Hollande, pero éste no se separó de ella para mantener la correlación de fuerzas entre las corrientes de su partido, cuyas diferencias se agudizaron después de la derrota electoral.
Fue también para salvar ese frágil equilibrio que Hollande y Valls acordaron crear un extraño tándem en el Ministerio de Economía y Finanzas. Confiaron la economía a Arnaud Montebourg –quien también conserva el Ministerio de Reconstrucción Productiva– y las finanzas a Michel Sapin, que era ministro del Trabajo y fracasó en su lucha contra el desempleo.
Los dos tienen personalidades y convicciones distintas. Extrovertido, polémico y provocador, Montebourg pertenece al ala izquierda del PS, critica sin ambages el liberalismo de la Unión Europea –se enfrascó en violentas polémicas con Angela Merkel sobre el tema–, aboga por el proteccionismo económico y defiende “lo fabricado en Francia”. Fuertes tensiones lo opusieron a Valls, pero ambos firmaron un pacto de no agresión cuyos términos siguen siendo secretos.
Discreto, trabajador, amigo de siempre de Hollande, socialdemócrata pragmático como él, Michel Sapin tiene una larga experiencia gubernamental que empezó en 1991 durante la presidencia de Francois Mitterrand. Será Sapin y no Montebourg quien asumirá las relaciones con la Comisión Europea. Su cohabitación puede ser tensa.
De cara a la UE
¿Constituye ese gabinete el “equipo coherente y unido” que sacará a Francia del marasmo? Las especulaciones no son optimistas.
La primera tarea del primer ministro será hacer que la Asamblea Nacional adopte el polémico Pacto de Responsabilidad que Hollande anunció a los franceses el pasado 31 de diciembre en su mensaje de fin de año.
Esa medida –que simboliza el giro neoliberal del presidente– consiste en reducir en 30 mil millones de euros las cotizaciones sociales que pagan las empresas para mejorar su competitividad y recortar en 50 mil millones de euros el gasto público.
Según estudios del Alto Consejo de la Financiación Social, dados a conocer a finales del pasado febrero, reducir las cotizaciones que los empresarios deben pagar sobre los salarios más bajos de sus empleados podría generar 300 mil empleos.
Las corrientes más a la izquierda del PS, los ecologistas, el Frente de Izquierda y la Confederación General del Trabajo así como el FN rechazan el principio mismo de ese pacto, cuyos detalles Hollande aún no revela.
Dudan que los empresarios cumplan el compromiso no vinculante de crear empleos y consideran indigno hacer semejante “regalo” a la patronal, al tiempo que la política de austeridad del gobierno impone cada vez más sacrificios a amplios sectores de la población.
La derrota electoral del 31 de marzo –que sancionó esencialmente la falta de respuesta a la tragedia del desempleo: las estadísticas de finales de marzo hablan de 3 millones 447 mil 700 parados– los llevó a exigir que Hollande renunciara al Pacto de Responsabilidad.
El presidente los desoyó pero se sacó de la manga un Pacto de Solidaridad sobre el cual no hizo precisiones. Sólo aludió a una reducción de las cotizaciones sociales que los asalariados pagan sobre sus sueldos. La derecha, por su parte, insiste en que el Pacto de Responsabilidad sólo es un tímido paso y asegura que hacen falta reformas estructurales drásticas.
Los verdes y varios diputados del ala izquierdista del PS se dicen poco dispuestos a votar por el pacto. Su eventual deserción le quitaría a Hollande la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y lo obligaría a buscar aliarse con la oposición, la cual no parece muy decidida a sacarlo del problema.
La cita que tiene Sapin el martes 15 con la Comisión Europea será otra prueba de fuego para el gobierno de Valls.
Sapin debe someter a la Comisión Europea el plan de estabilidad elaborado por su antecesor y cuyo eje es el Pacto de Responsabilidad acompañado por el recorte del gasto público en 500 mil millones de euros.
Desde su llegada al poder, Hollande tiene tensas relaciones con la Comisión. Bruselas lo presiona cada vez más para que respete el compromiso de los países de la zona euro de mantener su déficit presupuestario en menos de 3% del PIB. Francia no lo ha logrado.
En julio de 2013 la Comisión Europea aceptó darle un nuevo plazo, hasta finales de 2015, y observó atentamente la evolución de la situación francesa. A principios del pasado marzo las autoridades europeas constataron que el déficit presupuestario galo no bajaba. Su reacción fue drástica: pusieron a Francia “bajo vigilancia reforzada”, con la amenaza de ejercer “un control específico sobre sus cuentas públicas”.
El 31 de marzo Hollande insinuó en su alocución televisada que Francia pediría un nuevo plazo a Bruselas. El día siguiente se publicó la cifra definitiva del déficit presupuestario de 2013: 4.3% del PIB. Un desastre, según Bruselas que esperaba una cifra de 3.9%. Olli Rehn, encargado de los Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión, rechazó cualquier eventual posposición.
Hollande y Walls están contra la pared. ¿Cómo cumplir con la exigencia de justicia social que manifestaron los franceses en las urnas y acatar al mismo tiempo los diktats de la Unión Europea, que ordena cada vez más austeridad?
El dilema amenaza desestabilizar el flamante gobierno de Valls, pues Montebourg y Benoit Hamon, actual Ministro de Educación, se dicen dispuestos a una “prueba de fuerza” con Bruselas, mientras Sapin aboga por las negociaciones.
