En un claro intento de criminalizar a este semanario, en 2009 la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna presentó cuatro ejemplares de Proceso entre la “documentación diversa” incautada a presuntos narcotraficantes. Cuando la revista recurrió a la CNDH, el visitador Fernando Batista, excolaborador de García Luna, avaló a la SSP y después negó al semanario el acceso al expediente con que se desahogó su recurso. El 15 de febrero pasado un tribunal colegiado resolvió que la CNDH debía entregar a Proceso dicha documentación. El 25 de marzo Batista tuvo que informar de este revés –el precio de su protección al gobierno calderonista–, pero ese día también apareció en la lista de aspirantes a integrar el IFAI, órgano que garantiza la transparencia del Estado…
La opacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su complacencia hacia el gobierno de Felipe Calderón, señaladamente con la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron revertidas al menos en un caso por la justicia constitucional.
Hace casi cinco años, la SSP incurrió en una serie de agravios contra Proceso al exhibir diversos ejemplares de la revista como parte de las pruebas periciales recabadas durante un operativo contra un cártel del narco.
Por esos hechos, esta casa editorial interpuso una queja ante la CNDH que fue sustanciada por el quinto visitador, Fernando Batista Jiménez, quien había sido subordinado de García Luna y no sólo exculpó a la dependencia encabezada por su antiguo jefe, sino que reservó el expediente con la anuencia del ómbudsman, Raúl Plascencia Villanueva.
La resolución de la inconformidad 23/ 2013 por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue dictada el pasado 15 de febrero y obliga al ómbudsman a entregar el expediente CNDH/5/2009/3486/Q. El 25 de marzo Batista Jiménez notificó al director general de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la disponibilidad de la información solicitada.
Agravios de García Luna
La queja de Proceso se remonta a 2009, cuando aún era presidente del órgano José Luis Soberanes, aunque la resolución del recurso y la persistencia en la vía judicial por mantener el asunto bajo reserva ocurrió durante la presidencia de Plascencia.
El 29 de julio de 2009, el entonces titular de la División Antidrogas de la SSP, Ramón Pequeño, presentó a cinco presuntos integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos a Armando Quintero Guerra, El Licenciado, supuesto operador financiero de Servando Gómez, La Tuta. Como era frecuente en el sexenio de Felipe Calderón, junto con los detenidos presentó las “evidencias” aseguradas: armas, municiones, equipos de comunicación… y cuatro ejemplares de Proceso, a los que Pequeño se refirió como el aseguramiento de “documentación diversa”.
Un día después la SSP difundió un video, fragmento de un interrogatorio a Quintero Guerra, que mencionaba el interés de La Tuta por leer la revista. En todo ese sexenio el semanario trató ampliamente los fracasos de las políticas de seguridad calderonista y los tumbos de García Luna como titular de la SSP (Proceso 1709).
Ante la evidente intención de la propaganda calderonista de desprestigiar a este medio periodístico –en la que reincidiría tiempo después a través de la Secretaría de la Defensa Nacional–, Rodríguez Castañeda presentó una queja ante la CNDH el 4 de agosto de 2009, por considerar que había una vulneración de derechos humanos y riesgos para la integridad y la vida de personal y directivos del semanario, además de que podía constituir un acto de presión o censura indirecta (Proceso 1701).
La respuesta de la CNDH se demoró nueve meses y, aun cuando estaba fechada el 31 de marzo de 2010, se notificó hasta el 27 de mayo siguiente (dos meses de dilación adicional e injustificada) para sólo resolver que la SSP realizó “un acto de difusión” legal que no causaba daño, pues el Ministerio Público no les confirió carácter de pruebas periciales o instrumentos del delito a los ejemplares del semanario.
Aun cuando la presentación de presuntos delincuentes en sí misma plantea una posible vulneración de garantías y el interrogatorio difundido formaba parte de la averiguación previa integrada para sustentar la acusación contra Quintero Guerra y sus supuestos cómplices, la CNDH avaló su difusión por la SSP, desechando los argumentos del semanario por la criminalización de la que fue objeto.
Proceso realizó una solicitud de acceso a la información para obtener el expediente en el que se había desahogado la queja, pero la CNDH lo negó. Su argumento: que las actuaciones del expediente formaban parte de una averiguación previa.
En virtud de que la queja se presentó en agosto de 2009, cuando la CNDH aún no era sujeto obligado ante el IFAI, este semanario debió recurrir al amparo para revertir la reserva; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo concedió el 6 de febrero de 2013 por considerar que el hecho de mantener el secreto de la totalidad de una averiguación previa impide el ejercicio del derecho de acceso a la información e incumple con el principio de máxima publicidad (Proceso 1893).
Con ese criterio, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito obligó al ómbudsman a entregar el expediente CNDH/5 /2009/3486/Q. El cumplimiento de esta disposición se encuentra en trámite.
Como ha ocurrido con otros casos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, la queja de Proceso rompió una serie de paradigmas a lo largo de casi cinco años, pues colocó a debate la violación de derechos humanos mediante el abuso de la difusión de acciones gubernamentales; en el plano legislativo se planteó un exhorto del Congreso de la Unión a la SSP para que garantizara al semanario, y en general a los medios de comunicación, el libre ejercicio de las libertades de prensa y expresión; y además propició que se rompiera el histórico secreto absoluto de la averiguación previa (Proceso 1710, 1712 y 1893).
Ante la orden judicial, el Comité de Información de la CNDH sesionó el pasado 25 de marzo. Como único punto del orden del día figuró la “revisión, discusión y, en su caso, confirmación, modificación o revocación” de la clasificación de reserva. En realidad, todas esas opciones eran protocolarias, pues la resolución judicial fue contundente y así se expresó en el Acta 01E/2014 de la CNDH:
“Se acuerda entregar al recurrente quejoso la totalidad de la información requerida, sin suprimir ningún dato, tal y como lo ordena la autoridad jurisdiccional.”
Ómbudsman con tufo calderonista
Los señalamientos por la opacidad con que se conduce la CNDH, y especialmente la Quinta Visitaduría, se han acumulado en los últimos meses con quejas de organizaciones civiles y legisladores.
El pasado 29 de enero, cuando Raúl Plascencia presentó su informe de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, le dirigió una carta con 10 puntos en que lo cuestionó por las omisiones, la opacidad y el uso político del organismo.
Entre los cuestionamientos de Mejía Berdeja a Plascencia está el relativo a la recomendación 45/2013 contra la UNAM por diversas violaciones en contra de menores de edad, resuelta en cinco meses, cuando otras tres, dirigidas a la SEP por el mismo motivo, tardaron entre 17 meses y dos años. El legislador deslizó la posibilidad de que en esas decisiones hubiera influido que el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, fue adversario de Plascencia durante la elección de ómbudsman en 2009 y que la UNAM, en fechas previas a la recomendación, había decidido no renovar la cátedra que impartía Plascencia.
Un caso desahogado por la Quinta Visitaduría fue objeto de varios de los cuestionamientos mencionados: el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. La CNDH tardó 40 meses en emitir su resolución y lo hizo sin incluir los testimonios de familiares de las víctimas, provocando que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpusiera una demanda de amparo.
Además, recordó el diputado, el caso de los 72 migrantes no fue catalogado como violación grave a los derechos humanos, como ha ocurrido con otros asesinatos.
Mejía Berdeja señaló también que, a pesar de la dilación en sus recomendaciones, Plascencia criticó a su homóloga capitalina por tardar mes y medio en resolver el llamado “caso Góngora”. Y que el ómbudsman nacional no investigó el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez hasta marzo de 2013, siete años después de que ocurrieron los hechos.
Entre otros casos, el legislador le recuerda a Plascencia que, aun cuando es su obligación pedir al Senado que llame a las autoridades que no aceptan recomendaciones, únicamente lo hizo por el caso de la Normal de Ayotzinapa, no así al gobernador de Sonora por el proyecto Independencia que vulneró los derechos de la nación yaqui.
La CNDH tampoco intercedió para llamar a las autoridades por la violación a los derechos de consulta, uso y disfrute de territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua y derecho a la salud de los huicholes en Wirikuta, ni por el incumplimiento de la recomendación emitida por el caso del casino Royale de Monterrey, entre otros.
El diputado de Movimiento Ciudadano incluso le reprochó a Plascencia que no se haya pronunciado sobre las violaciones a los derechos humanos en los operativos policiacos contra los manifestantes en la Ciudad de México, ni siquiera después de la muerte de Juan Francisco Kuykendall en enero pasado como consecuencia de la represión del 1 de diciembre de 2012. Resaltó que, por el contrario, el ómbudsman insistió en que en esos operativos se respetaron los derechos humanos.
En un desplegado que publicó en medios impresos el 12 de marzo, fecha en que Plascencia presentó su informe en Los Pinos, Mejía Berdeja reclamó que no hubiera respondido a los cuestionamientos de su carta de enero y lo acusó de convertir la CNDH en botín político pues, afirmó, ha colocado en la Dirección de Atención a Víctimas del Delito y en la Dirección General Contra la Trata de Personas a militantes del PAN cercanos a Mariana Gómez del Campo, militante panista sobrina de Margarita Zavala y Felipe Calderón.
De acuerdo con Mejía Berdeja, Mariana Gómez es madrina de la hija del ómbudsman, o sea que son compadres. Menciona también que Plascencia colocó como directora de área, en la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, a Verónica Miranda Mondragón, sobrina de Isabel Miranda de Wallace, quien fue candidata del PAN a la jefatura del gobierno capitalino.
Por si fuera poco, la CNDH no hizo público el informe de su presidente sino hasta el pasado 27 de febrero, esto es, cuatro semanas después de que lo presentó en la residencia oficial.
Consultado por este semanario, el legislador considera que “a Raúl Plascencia no le gusta la rendición de cuentas” y que carece de ética para cumplir su encomienda.
Agrega que ante el cúmulo de irregularidades y “la opacidad con la que opera la CNDH”, el diputado ha enviado una serie de informes y solicitudes al Senado para que estos hechos se tomen en cuenta a finales de año, cuando se decida si Plascencia permanece en el cargo o lo abandona.
La opacidad del visitador
Dos expedientes desahogados en la Quinta Visitaduría pusieron en evidencia la opacidad con que se conduce su titular, Fernando Batista Jiménez: los casos de Proceso y de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, cuyos familiares han denunciado que ni siquiera fueron recibidos por el visitador y que ahora tramitan dos amparos contra la recomendación 80/2013 de la CNDH.
Forzada por el amparo, la apertura del expediente relativo al semanario se notificó en un contexto de crisis para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que por estos días debe ser renovado. Paradójicamente, el cuestionado Batista Jiménez se registró como aspirante a comisionado del órgano garante de la transparencia.
Licenciado en derecho por el ITAM, ocupó una dirección general adjunta en la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP desde 2007 hasta 2008, cuando el entonces presidente de la CNDH lo designó director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles.
Batista continuaba en ese cargo en 2012 cuando fue acusado por 35 organizaciones de la sociedad civil de obstaculizar el debate para la integración del Consejo Consultivo Ciudadano del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Él se justificó diciendo que sólo era moderador (La Jornada, 15 de septiembre de 2012).
Al ser designado quinto visitador, Batista asumió el desahogo de la queja interpuesta por Proceso y no sólo convalidó la actuación de la SSP bajo el mando de su anterior jefe, Genaro García Luna, sino que hizo todo lo posible para obstaculizar el acceso de este semanario al expediente, incluidas las evidencias documentales que la revista había aportado para integrar la queja. Similar actitud adoptó con los familiares de los 72 migrantes, a los que hasta ahora se les ha cerrado el expediente.
No obstante, al ser la Quinta Visitaduría la responsable de la atención de violaciones de derechos humanos de migrantes, Fernando Batista se ha convertido en uno de los referentes de consulta para la senadora panista Mariana Gómez del Campo.
El 6 de agosto de 2013, acompañada por Layda Sansores y Fernando Batista, Gómez del Campo anunció en conferencia de prensa su propuesta para que la Procuraduría General de la República creara una fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra migrantes. Esa vez, la senadora panista dijo:
“Fernando ha estado siempre muy activo y proactivo, proponiéndonos muchas cosas que podemos impulsar juntos desde el Senado de la República y trabajando de la mano junto con la comisión” (la CNDH).
A pesar de esos antecedentes de opacidad y de no tener experiencia en temas de acceso a la información ni en los de protección de datos personales, Batista Jiménez ha decidido transitar en la alta burocracia de los organismos ciudadanos autónomos y aparece en el puesto 149 de la lista de aspirantes a comisionados del IFAI aceptados en primera instancia por el Senado.
Es decir que el 25 de marzo, fecha en que Batista tuvo que acatar la resolución judicial contra su opacidad, el Senado lo aprobó como candidato a comisionado del IFAI.
