Por un lado están las filtraciones de los borradores de propuesta para la Ley de Telecomunicaciones y el intenso cabildeo de las televisoras para mantener sus privilegios. Por otro, las presiones de senadores de distinto signo político sobre la legislación secundaria en el tema de los hidrocarburos. Lo cierto es que ambas cosas mantienen en la parálisis al Ejecutivo, impulsor de las reformas que no han acabado de cuajar. Y el Congreso de la Unión… esperando las iniciativas.
Las dos reformas constitucionales más importantes del gobierno de Enrique Peña Nieto –las de telecomunicaciones y energía– quedaron paralizadas por diversas presiones y por la lentitud del Ejecutivo para enviar las iniciativas de legislación secundaria al Congreso, donde se esperan desde febrero último.
El caso de la ley secundaria en telecomunicaciones –o “ley convergente”– tiene un atraso que ya dejó mal parados a los principales funcionarios implicados en su redacción, a sus impulsores en el Senado y al coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, quien erró por segunda vez al anunciar públicamente que el jueves 20 la iniciativa llegaría a la Mesa Directiva.
El 9 de diciembre de 2013 se venció el plazo puesto en abril del mismo año para tener la ley secundaria en telecomunicaciones. El pasado febrero se especuló con la posibilidad de que el Ejecutivo federal enviara esta iniciativa al Congreso con carácter “preferente”.
Pero la iniciativa se paralizó al conocerse el fuerte sesgo a favor de las televisoras que contenía y ante el litigio interpuesto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra el juez que pretendió frenar la resolución del organismo regulador en materia de must carry y must offer, a fin de favorecer los intereses de Grupo Televisa.
La empresa de Emilio Azcárraga Jean y sus cabilderos presionaron para que no se diera a conocer la iniciativa. Pero desde principios de este mes comenzaron a circular presuntos “borradores” del texto, sin que se acreditara oficialmente ninguno.
Proceso tiene copias de tres de estos borradores. Los cambios son mínimos, no modifican la estructura de una iniciativa de más de 300 artículos y prácticamente borran la autonomía del IFT frente a atribuciones que se le otorgan a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes (SCT) así como otras dependencias federales.
El jueves 20 se canceló la presentación de la iniciativa en el Senado, pese a un intenso cabildeo hecho horas antes por concesionarios y algunos funcionarios. La tarde del miércoles 19 la cúpula de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) tuvo una reunión de 20 minutos con una veintena de senadores priistas. Expresaron su necesidad de opinar sobre la iniciativa.
Encabezados por Tristán Canales, director general de Comunicación Corporativa de TV Azteca, y por Edilberto Huesca, presidente y director general de Radio Mil, los integrantes de la CIRT preguntaron si ya había llegado la iniciativa y pidieron que en el momento en el que se recibiera se les dejara estudiarla para dar sus puntos de vista.
Originalmente los concesionarios querían tener una reunión privada sólo con Gamboa Patrón, pero se convocó a los demás integrantes de la bancada priista, la mayoría desconocedores de los términos en que se negocia la ley secundaria.
En paralelo el presidente del IFT, Gabriel Contreras, se reunió con integrantes de la Comisión de Radio y Televisión, presidida por la senadora perredista Alejandra Barrales para externar su opinión sobre la legislación que presuntamente le resta fuerza a las atribuciones del organismo, según las versiones filtradas a la prensa.
También los representantes de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación estuvieron presentes en el Senado los últimos días para conocer los alcances y las reacciones ante la inminente llegada de la ley secundaria.
La inquietud frente a las versiones extraoficiales que se conocen de la Ley de Telecomunicaciones orilló al senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, a aclarar que la ley secundaria “no va a desafinar” con la reforma constitucional. Advirtió que habrá una “ley muy dura” para regular a los agentes preponderantes –América Móvil y Televisa–, pero negó que incorporara retrocesos como las atribuciones a la Secretaría de Gobernación para regular contenidos.
El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones “se apestó” por las reacciones negativas de distintos sectores ante los borradores filtrados a la prensa.
Por primera vez el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez afirmó el jueves 20 que “en los próximos días” se enviará al Legislativo la legislación secundaria, pero no fijó una fecha específica. Aseguró que la elaboración de la iniciativa ha sido una labor “compleja” pues regula la convergencia de telecomunicaciones y radiodifusión donde “fue necesario encontrar los puntos comunes y cuidar al mismo tiempo las particularidades de cada sector”.
En un acto realizado por la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Peralta subrayó que la iniciativa garantizará el desarrollo de las tecnologías de la información y el conocimiento y señaló que desde la SCT trabajan para el despliegue de la red compartida.
Contrarreforma en
telecomunicaciones
Interrogado sobre el contenido de las distintas versiones que se han dado a conocer en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el senador panista Javier Corral afirma que la iniciativa “es contraria a la reforma constitucional en varias de sus disposiciones relevantes”.
Y enuncia algunos de los puntos más delicados:
“Está ausente la definición de servicio público, tanto en articulado, como a lo largo del proyecto, a pesar de que esta definición se incorporó en la reforma constitucional.
“Presenta un desequilibrio regulatorio que favorece indiscutiblemente a Televisa. Esto se ve con toda claridad en el tema de las medidas de preponderancia para los servicios de radiodifusión. Se enlistan medidas irrelevantes.
“La ley carece de objetivos.
“En materia de publicidad, plantea una regulación engañosa, contraria a los criterios establecidos en el régimen transitorio de la reforma. Pretende medir la publicidad por el tiempo total de programación y no por hora; no identifica los distintos tipos de publicidad, no establece ninguna sanción a la publicidad presentada como información.
“La iniciativa le resta atribuciones constitucionales al organismo regulador, el IFT, lo supedita en materia de concesiones a la SCT, y pretende devolver la regulación de los contenidos a la Secretaría de Gobernación.
“En materia de contenidos, desaparece la función social de la radio y la televisión, la clasificación de horarios de los contenidos, así como los vínculos establecidos en el artículo sexto en términos de fines culturales y educativos, así como la orientación parental.
“Deja los tiempos de Estado para uso exclusivo del Ejecutivo federal y no incluye ninguna distribución equitativa entre poderes y niveles de gobierno. Deja en manos de la Secretaría de Gobernación su administración y otorga a los concesionarios la prerrogativa de participar en cómo y a qué hora se transmiten.
“Tiene múltiples insuficiencias en materia de derechos de los usuarios y audiencias, omite los mecanismos para garantizarlos, tal y como establece la Constitución.”
Corral considera “inadmisible” que el Ejecutivo federal pretenda recuperar a través de la ley secundaria una serie de facultades y atribuciones que la reforma constitucional le otorgó al IFT, a la cual se le trata “como una dependencia del presidente”.
Uno de los aspectos más graves, advierte el legislador que fue firme opositor a la Ley Televisa de 2006, es que se incorpora en la iniciativa la subasta para licitaciones de espectro para medios de comunicación, aun cuando la Suprema Corte ya había resuelto como anticonstitucional este mecanismo en 2007, al derogar varios aspectos de esa reforma.
Por su parte, las especialistas Clara Luz Álvarez y Aleida Calleja también destacaron los aspectos más negativos de la presunta iniciativa que ha circulado en los últimos días.
“Para empezar no es una ley convergente. Es un disparate”, sentenció Clara Luz Álvarez durante un encuentro con senadores del PRD, Movimiento Ciudadano y PAN para explicar algunos aspectos ausentes de todas las versiones que se han conocido en los medios.
Álvarez, abogada y excomisionada de Cofetel, destacó la ausencia de medidas sobre alfabetización digital que debe tener el IFT, la inexistencia de contenidos para discapacitados auditivos y la débil propuesta sobre medios públicos.
“El Estado tampoco garantiza una reserva del espectro para medios sociales, a diferencia de Argentina donde se reservaron 35%”, ejemplificó.
Calleja, exdirigente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y experta en medios comunitarios, coincidió con Álvarez en la omisión de una definición sobre las concesiones como “servicio público”, lo cual contradice a la reforma constitucional.
Criticó que el principal criterio en la asignación de las concesiones siga siendo la subasta ascendente y advirtió sobre las facultades excesivas que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación no sólo en materia de contenidos, sino en la posibilidad de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional pueda solicitarle a los concesionarios de telecomunicaciones los datos de un usuario hasta por 24 meses.
“Es una barbaridad la forma en que están planteando los requisitos para medios públicos y para medios de uso social. A las concesiones comerciales les dan hasta 30 años y a los medios sociales sólo 10 años. A los públicos les dan cinco segundos de patrocinio y a los sociales nada”, resumió Calleja.
Álvarez y Calleja también destacaron una ausencia en los borradores que han circulado entre medios y legisladores: la pobre definición de “producción nacional independiente”, que sirve más bien como un pretexto para que los concesionarios comerciales que incluyan este tipo de producción puedan aumentar sus tiempos de publicidad.
“¿Por qué si los concesionarios introducen producción nacional independiente tenemos que soportar nosotros, las audiencias, el incremento de publicidad en las horas de transmisión?”, cuestionó Álvarez.
Luis Fernando García, especialista en neutralidad de la red de internet, comentó en el encuentro con los senadores que la iniciativa que ha circulado no garantiza el acceso y gestión libre de los contenidos y permite a los proveedores de servicios de telecomunicación discriminar contenidos.
Puso el ejemplo de Netflix: “Si uno contrata el servicio de Netflix a través de un sistema de triple play de Televisa, esta compañía puede hacer más lentos o discriminar los contenidos de Netflix para favorecer a su propio servicio de televisión por internet”.
Retraso energético
No sólo hay parálisis en telecomunicaciones. Desde el escándalo del millonario fraude en Oceanografía, un sector de los senadores del PAN –el más cercano al expresidente Felipe Calderón– anunció que se retiraba de la mesa de negociaciones sobre las leyes secundarias de la reforma energética.
El plazo constitucional para tener esta legislación se vence el 30 de abril, cuando culmina el periodo ordinario de sesiones. Y no hay ni siquiera borradores que hayan sido “filtrados” a los legisladores o a los medios.
El jueves 20 se venció el plazo fijado en el artículo sexto transitorio del decreto constitucional en materia de reforma energética para que Pemex someta a consideración de la Secretaría de Energía la adjudicación de áreas de exploración y los campos que estén en producción y en capacidad para ser asignados a la paraestatal o a la iniciativa privada.
Tanto la bancada del PRD como la del Partido del Trabajo, encabezada por Manuel Bartlett, han solicitado en el Senado que se suspenda esta obligación de Pemex conocida como “ronda cero”, por considerarla anticonstitucional y contraria a los intereses de la paraestatal.
“Debe suspenderse este plazo para la ronda cero toda vez que no se cuenta en este momento con la legislación secundaria que asegure el fortalecimiento de Pemex en los procesos productivos de hidrocarburos en nuestro país”, sentenció Barbosa.
En conferencia de prensa los senadores perredistas Dolores Padierna y Luis Sánchez argumentaron que se pretende que Pemex ceda la producción y exploración en cerca de 300 campos que tiene actualmente y quitarle la explotación de pozos de las reservas probadas y de las reservas probables, como el de Cinturón Plegado Perdido, donde se han hecho inversiones públicas para perforar a más de 5 mil metros de profundidad.
“Resulta paradójico que Pemex tenga que demostrar que puede hacer lo que durante 75 años ha podido hacer, es decir, explorar campos petroleros y extraer crudo. Esa ha sido una función de la paraestatal a lo largo de 75 años. La Secretaría de Energía no tiene ninguna facultad todavía de hacer asignaciones de forma discrecional hasta que el Congreso de la Unión no establezca estos criterios en leyes secundarias”, afirmó Padierna.
Luis Sánchez criticó la opacidad con que se maneja el director de Pemex. “Hasta el día de hoy el Congreso no tiene conocimiento de cuántos son los pozos petroleros que se han descubierto y cuáles son los que están en operación. Se venció el plazo y no tenemos esa información”.
Los legisladores perredistas afirmaron que ven con preocupación las declaraciones del director de Pemex, Emilio Lozoya, y del titular de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quienes señalan que Pemex va a renunciar a 300 campos de producción, incluyendo Chicontepec, argumentando que son improductivos.
–¿Estamos hablando de un intento de contrarreforma en telecomunicaciones y en materia energética al paralizar la legislación secundaria? –se le pregunta a Miguel Barbosa.
–No quisiera utilizar la palabra contrarreforma pero sí hay un asunto de obstaculizar la implementación de las reformas constitucionales, aunque hayamos estado en contra de la energética.
“Sin duda, hay presiones muy fuertes” en ambos temas, abunda el legislador poblano. “Esto evidencia cómo se ejerce el poder público en México, donde se construyen las propuestas de ley no en el Congreso, sino fuera del Congreso. El proceso legislativo está detenido, está controlado para que no se inicie hasta que el gobierno federal presente sus iniciativas”, agregó.
