La laguna de Cajititlán, que hace décadas rebosaba de vida silvestre e irrigaba al menos 200 hectáreas de cultivos, prácticamente está muerta. Peor aún, se está convirtiendo en una fosa séptica por las descargas de aguas negras que se vierten en ella impunemente. Y aunque en 2008 el estado aprobó apoyos por 392 millones de pesos para obras hidrosanitarias, un grupo de ejidatarios denunció ante la PGR al expresidente municipal de Ixtlahuacán, Enrique Alfaro, y a su sucesor, Ismael del Toro, porque no se sabe cómo aplicaron el dinero y el vaso lacustre está peor que nunca.
En defensa de sus derechos ecológicos, los ejidatarios de Cajititlán denunciaron el pasado 13 de diciembre ante la Procuraduría General de la República a las autoridades de Tlajomulco de Zúñiga –tanto las anteriores como las actuales–, así como a miembros de su propia mesa directiva ejidal, por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos por cerca de 392 millones de pesos.
La acusación, de la que se deriva la averiguación previa 5837/2013, señala al exalcalde y excandidato a gobernador Enrique Alfaro Ramírez y a su sucesor, Ismael del Toro, ambos del partido Movimiento Ciudadano (MC), así como a otros funcionarios por su presunta responsabilidad en actos de simulación, abuso de autoridad, daños y perjuicios en sus tierras y en sus aguas.
El abogado de los ejidatarios, Ignacio Rodríguez García, dice que sus clientes tienen serias dudas sobre la forma en que se manejó un monto cercano a 392 millones de pesos, autorizados por el Congreso de Jalisco para la construcción del malecón en Cajititlán y de obras hidrosanitarias. Entre éstas, aclara, se cuenta el entubamiento de canales para las descargas de aguas negras, que actualmente se vierten al vaso lacustre sin ningún tratamiento.
Se refiere al decreto 22559, que el gobierno de Jalisco promovió de manera emergente y el Congreso estatal aprobó el 2 de diciembre de 2008 para entregarles apoyos por 352 millones de pesos a los pescadores del lago. A dicho monto hay que sumar los 40 millones para infraestructura sanitaria que se destinaron mediante el decreto 4202, también aprobado en 2008 por los diputados locales.
Rodríguez García denuncia que en la iniciativa de apoyo a Cajititlán que arrancó ese año se incluía la construcción del malecón y la instalación de tres plantas de tratamiento. Pero éstas nunca han trabajado plenamente, y la única que funciona lo hace sólo unas cuantas horas diarias, por temor a que se quemen las máquinas, dice.
Dichas plantas tratadoras se localizan alrededor de la laguna, en el poblado de San Juan Evangelista, en San Miguel Cuyutlán –campesinos y pescadores afirman que sólo la vieron funcionar una vez en los últimos dos años– y en la delegación municipal de Cajititlán. Ésta tuvo que parar porque presentaba hundimiento.
El abogado de los ejidatarios señala que las autoridades municipales sólo pueden demostrar el gasto de 5 millones de pesos en el pago de la mano de obra para construir el malecón.
“Lo que no se aclara en esa información –apunta Rodríguez García– es que para la construcción del malecón de Cajititlán las autoridades del municipio usaron piedra extraída de los propios bancos de material que existen en el municipio, por lo cual sólo se tuvo que pagar la carga y el traslado.”
Asegura que sólo dos comunidades del país gozan de la entrega de aguas por autoridades federales para su explotación y aprovechamiento: el ejido de Cajititlán y la etnia rarámuri en Sonora.
Sostiene que, por el decreto presidencial publicado el 11 de diciembre de 1923, el núcleo agrario que defiende fue dotado con 2 mil 568 hectáreas de tierra, más otras 400 del espejo de agua.
El litigante destaca que al menos 51 de los 149 ejidatarios decidieron demandar al ayuntamiento por la contaminación, ya que el vaso lacustre se está convirtiendo en fosa séptica, con agua cada vez más espesa y cargada de organismos coliformes a causa de los líquidos residuales que se descargan ahí.
Contaminación desbordante
En enero de 2013 los ejidatarios inconformes solicitaron la intervención del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) para que sus expertos investigaran los desechos que llegan al agua.
El análisis demostró que ya es una laguna de oxidación, con aguas cada vez más espesas y lodosas, resume Luis Pérez Enríquez, uno de los ejidatarios denunciantes. Añade que por el alto nivel de contaminación, los pobladores dejaron de utilizar esa agua.
El 23 de enero del año pasado los comuneros recibieron el estudio, el cual entre otras cosas concluye que el líquido no es apto para el consumo, pues “no satisface la norma (NOM-127-SSA1-1994)”, relacionada con la potabilidad, detalla el documento firmado por la doctora Verónica Navarro Hidalgo, responsable del departamento de Farmacobiología del CUCEI.
“Para nosotros –continúa Pérez Enríquez–, el problema inició desde la administración que encabezaba Enrique Alfaro, cuando el ejido de Cajititlán le entregó en comodato una superficie considerable de nuestras tierras para la construcción del malecón, en áreas de uso común, cerca de tres hectáreas. El objetivo era la construcción de esa obra, que tendría su propio andador.”
En aquel tiempo les dijeron que se iban a entubar las aguas negras para llevarlas a las plantas de tratamiento y así evitar que se vertieran en la laguna. Pero, dice otro de los ejidatarios inconformes, “eso no fue cierto: el comodato se hizo bajo la promesa del entonces alcalde (Alfaro) de sanear la laguna, cosa que resultó falsa. No saneó nada, el malecón quedó inconcluso y las plantas de tratamiento no funcionan”.
Otros afectados advierten que en cualquier momento se va a registrar un ecocidio como el de noviembre de 2013, cuando aparecieron en una presa de Acatlán de Juárez unas 10 toneladas de peces muertos.
Por ahora, dicen, funciona sólo a ratos la planta de tratamiento en San Juan Evangelista, que aporta a la laguna un chorro de menos de dos pulgadas de agua por segundo. Se supone que la de Cajititlán sí opera, pero –comenta uno del grupo– “siempre que vamos está apagada”. Y en Cuyutlán los responsables les dicen a los campesinos que la planta no puede trabajar más de tres horas seguidas porque se queman las máquinas.
El abogado Rodríguez García considera este un caso raro, pues sus clientes reclaman derechos ecológicos contra una autoridad. Sin embargo aclara que, lejos de dañar la imagen de la autoridad de Tlajomulco, encabezada por Ismael del Toro, o la del excandidato Enrique Alfaro, quien ahora se perfila como candidato a la alcaldía de Guadalajara, los ejidatarios buscan que se cumpla la ley, se repare el daño y cada parte cumpla sus compromisos.
Complicidades
Pérez Enríquez afirma que la laguna de Cajititlán y todo lo que hay en ella representan un alto riesgo: “Hace más de 25 años que no consumo nada de la laguna. Ya se acabó la vida ahí, y el poco producto que se logra pescar no se puede comer, porque es una fosa de oxidación de grandes dimensiones; ahí desembocan casi todos los drenajes del municipio, más los de fraccionamientos cercanos.
“En una ocasión yo discutí con Alberto Uribe Camacho cuando él era secretario del ayuntamiento y Alfaro el presidente municipal, y decía que de la planta de tratamiento el agua salía limpia. El señor quedó de irse a tomar un vaso de agua, pero nunca ha regresado”, cuenta el ejidatario.
Antes se cultivaban en la zona alfalfa, jitomate, chile, cilantro, zanahoria, rábano, col, jícama y camote. Décadas atrás el agua servía para que los ejidatarios regaran 200 hectáreas. Hoy no se puede extraer ni una gota. Añade Pérez Enríquez:
“Hace tres años, un compañero ejidatario sembró tomate y utilizaba agua que no procedía de la laguna. Todo iba muy bien hasta que metió riego de la laguna a su cosecha y se le secaron todas las plantas, por la contaminación. Esa agua tiene químicos y desechos orgánicos.
“Imagínese, en las fiestas de enero (de los Reyes Magos) nos visitan 2 millones de personas, y póngale, por lo bajito, que vayan unas dos veces al baño cada día, cuánto no dejan y cuánto no le dejan a la laguna… Si va usted a donde sale el agua de los tubos, no aguanta ni unos minutos el olor pestilente. Vivimos una gran contingencia ambiental permanente, con enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias.”
Como ejemplo de la situación, relata que en el fraccionamiento Tres Reyes un hombre cuyo trabajo era “limpiar las orillas de la laguna en ese fraccionamiento de lujo” ya no podía caminar porque la infección le llegó hasta los testículos.
El grupo de inconformes afirma que hace años Cajititlán llegó a surtir a Guadalajara de agua para ser potabilizada. Y aunque ya no sucede esto, y de hecho ya nadie extrae líquido de ahí, ahora la laguna está llena de aguas negras. De todas formas, denuncia, los nuevos fraccionamientos, como La Teja, son autorizados para descargar aquí sus aguas negras.
En verdad es difícil imaginarse lo que recuerda Pérez Enríquez: la variedad de peces, las tortugas, ranas, patos, gallaretas que habitaban el lugar. Dice que hasta la década de los ochenta, un pescador todavía se daba el lujo de extraer hasta 500 kilos de carpa en una noche. “Eran carpas de tres, cinco o seis kilos: eran bonitas y grandes. Había mucho bagre y salía de todo de la laguna. Cuando a uno le iba mal se regresaba con 25 kilos de charal. Había sardina, changua y curbana. Cuando uno entraba a pescar de día se veía el fondo de la laguna y, al nadar, se podían sacar las almejas. Ahora desde arriba no se ve nada. El agua no sirve para el consumo humano”.
Y enfatiza la indiferencia de los funcionarios: “Ismael del Toro afirma que el agua es saludable porque se invirtieron otros 150 millones de pesos, pero nadie sabe en qué exactamente se gastaron”.
Por estas razones, la demanda que impulsan los ejidatarios señala como responsables de actos de omisión y simulación a Enrique Alfaro y a Ismael del Toro, pero también a Alberto Uribe Camacho, exsecretario del ayuntamiento, y a Juan Partida Morales, de Hacienda Municipal.
De su propia comunidad acusan a Juan Manuel Enríquez Haro, expresidente del ejido y director del proyecto del malecón, cargo que, a decir del abogado Rodríguez García, le dieron para que beneficiara a las autoridades. Igualmente implican a Felipe Regalado García, ejidatario encargado de los caminos saca-cosechas, y a Juan Matías Romero, quien estuvo también al frente del proyecto del malecón y actualmente es regidor de MC.
Citan también a Marco Romero Flores y a Martín Barajas, respectivamente exsecretario y extesorero del ejido; al diputado Salvador Zamora, del MC, y Enrique Javier González Tostado, director de calidad del Agua de Tlajomulco, además de Gabriel Ramos Hernández, quien es supervisor de obra del ayuntamiento.
Asimismo señalan a los siguientes directores: Alberto Fernández Martínez, de Licencias y Alineamientos; Gilberto Chaires Muñoz, de Urbanización, y Alejando Guzmán Regalado, de Desarrollo Pecuario.
La queja contra las autoridades ejidales es porque firmaron el comodato para entregar tierras comunales al municipio a fin de que construyera obras que se quedaron inconclusas, por la falta de tratamiento de aguas negras y por permitir al ayuntamiento la extracción de balastre sin estudios de impacto ambiental.
Las autoridades comunitarias también permitieron a la empresa Geo Jalisco la edificación de las colonias Arvento y Los Agaves, lo que hizo destruyendo caminos rurales y hasta el camino real, sobre los cuales establecieron avenidas recubiertas de concreto hidráulico por donde no permiten el paso de tractores ni de caballos, hecho que vulnera el derecho de los ejidatarios sobre sus propias tierras.
Los campesinos acusan a la empresa Geo, del exsenador priista Raymundo Gómez Flores, de perforar varios pozos profundos sin ningún tipo de supervisión y sólo con el consentimiento de asambleas del ejido que carecen de legalidad.
