VALPARAÍSO, CHILE.- La renuncia de Carolina Echeverría, subsecretaria designada de las Fuerzas Armadas, trajo a la memoria un episodio que durante más de 40 años fue dejado bajo la alfombra de la historia: el intento de un grupo de marinos de evitar el golpe militar de 1973 y la feroz represión contra ellos desatada por la oficialidad de la Armada.
Echeverría renunció el sábado 8 –tres días antes de la segunda toma de posesión de la presidenta Michelle Bachelet– luego de ser acusada por la Asociación de Marinos Exonerados (AME, los llamados marinos constitucionalistas) de haberlos chantajeado a fin de que retiraran las querellas presentadas en 2008 contra los oficiales que los torturaron luego de detenerlos, un mes antes del derrocamiento del presidente Salvador Allende.
Vieja conspiración
La Armada fue la rama militar que impulsó con más fuerza el golpe militar contra Allende en 1973. Y dentro de esa arma, el principal artífice golpista fue el vicealmirante José Toribio Merino.
En sus afanes conspirativos, en agosto de 1968 Merino creó la Cofradía Náutica del Pacífico Austral con los almirantes Patricio Carvajal y Arturo Troncoso; el director del periódico El Mercurio, Agustín Edwards, y los empresarios y exoficiales de la Armada Roberto Kelly y Hernán Cubillos.
Este organismo, que en apariencia se dedicaba a la navegación de veleros y al yatismo, fue el más importante de todos los que fraguaron el golpe militar.
En septiembre de 1971 un grupo de empresarios vinculados con esa cofradía llevó a cabo una reunión en el hotel O’Higgins de Viña del Mar, donde se planeó el estrangulamiento de la economía y la generación de acciones violentas destinadas a sumir al país en el caos. Entre los participantes de ese encuentro estaban Javier Vial, Ricardo Claro y Eugenio Heiremans.
Sin embargo la derecha chilena y la inteligencia estadunidense tenían un plan electoral: esperaban que en los comicios intermedios del 4 de marzo de 1973 el Partido Nacional (PN) y la Democracia Cristiana (DC), agrupados en la Confederación Democrática, obtuvieran las dos terceras partes del Congreso Nacional. Eso les permitiría destituir a Allende.
Fracasaron: la oficialista Unidad Popular alcanzó 44% de los votos, lo que significaba más de seis puntos porcentuales arriba de lo obtenido en las presidenciales de septiembre de 1970. Entonces la oficialidad de las distintas ramas de las fuerzas armadas –con el alto mando de la Armada a la cabeza– decidió derrocar al gobierno legítimo.
En su libro Los que dijeron que no. La historia de los marinos antigolpistas de 1973 (Lom, 2008) el historiador Jorge Magasich aseguró que tras el intento de golpe militar del 29 de junio de 1973 –el “tanquetazo”– “las arengas golpistas” de los oficiales de la Armada “ya no son noticia pues pasan a ser parte de la vida cotidiana”.
En ese libro se sostiene que, a mediados de julio de 1973, tuvo lugar en un departamento de la acomodada comuna santiaguina de Vitacura una reunión entre el jefe de la organización terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, Roberto Thieme, y dos oficiales de la Armada; uno de ellos era Hugo Castro, futuro ministro de Educación en la dictadura de Pinochet.
En esa ocasión los marinos informaron de la inminencia de un nuevo paro que buscaba crear las condiciones para dar el golpe. Le pidieron a Patria y Libertad contribuir con esa tarea “volando vías ferroviarias, carreteras y oleoductos”.
La Armada entregó bombas y dio la capacitación, tarea encargada al exjefe de comandos de la infantería de marina, Vicente Gutiérrez.
Asesinato de Araya
Las primeras horas del 27 de julio de 1973 miembros de Patria y Libertad –coordinados con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN)– asesinaron al edecán naval de Allende, el comandante Arturo Araya Peters.
En su libro Estos mataron a Allende (Martínez Roca, Barcelona, 1974), Robinson Rojas sostuvo que el objetivo de este crimen fue doble: “Impedir que Araya Peters, hombre muy cercano al presidente Allende y partidario de la tesis ‘constitucionalista’ (…) fuera ascendido a contralmirante en noviembre-diciembre de 1973 y pasara a formar parte del Estado Mayor de la Armada Nacional”.
El ascenso de Araya era temido por el alto mando naval, “seno de la conspiración para derribar al gobierno constitucional” pues “permitiría descubrirla antes de tiempo”, señaló Rojas.
El segundo objetivo de los marinos golpistas –según este cronista del diario La Tercera– era “montar una trama para culpar al Partido Socialista (PS) de la muerte del edecán naval y provocar así una reacción favorable a la conspiración en el resto de los altos mandos de las fuerzas armadas y carabineros”.
Como parte de ese plan agentes del SIN y del Servicio de Inteligencia de Carabineros recorrieron, en horas posteriores al crimen, varias comisarías en busca de un chivo expiatorio. Hallaron al militante del Partido Radical José Riquelme Bascuñán, detenido en el centro de Santiago por hacer disturbios en estado de ebriedad.
Tras ser torturado en el sótano del Ministerio de Defensa mientras era interrogado por el fiscal naval Aldo Montagna, Riquelme firmó una declaración en la que se inculpó y vinculó en el asesinato a una fracción del PS y a la escolta presidencial.
Sin embargo el montaje fue descubierto. En los primeros días de agosto la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, tras entrevistar a Riquelme, constató que había declarado bajo tortura.
La pista respecto de los verdaderos autores la otorgó un error de la golpista Radio Agricultura: difundir la declaración de Riquelme dos horas antes de su detención. El seguimiento de esta huella permitió descubrir que tras el crimen estaba Patria y Libertad.
Pese a que el asesinato fue cometido por sectores afines, las fuerzas golpistas utilizaron esta muerte para arrinconar más al gobierno de Allende. El PN y la DC, liderados por el senador del Partido Nacional, Fernando Ochagavía y por el diputado democristiano Claudio Orrego –padre del actual intendente de Santiago, del mismo nombre–, enderezaron una fuerte campaña que se hizo eco de ese montaje.
Como parte de la planificación golpista, horas después del homicidio de Araya el gremio de los camioneros decretó un paro nacional indefinido que buscaba la renuncia del gobierno. Esta huelga sirvió de caldo de cultivo a numerosas acciones terroristas que contaron con soporte de la Armada.
Resistencia eliminada
Según el testimonio de Víctor López, presidente de la AME –publicado por la revista El Ciudadano en septiembre de 2009– a mediados de 1973 “en todos los buques se comentaba que la cosa se estaba poniendo fea, que parece que viene un golpe de Estado”.
En ese contexto –según el libro Los que dijeron que no– “muchos marinos comprenden que están en una disyuntiva de la que no pueden escapar: serán utilizados para dar el golpe y reprimir duramente a quienes se opongan”.
Sintieron que debían hacer algo. Se les ocurrió realizar una reunión de coordinación. Esta se verificó a principios de agosto en el restaurante Los Pingüinos, de Valparaíso. Fueron parte de ella alrededor de 15 marinos de distintos buques y escuelas. “Yo planteé”, narró López, “que la situación era grave y se había salido de los cauces institucionales y que había que ponerla en conocimiento del gobierno”.
El exmarino recuerda haber propuesto neutralizar el golpe, cuando se produjera, “tomándose los buques y escuelas para que fracasara”. Otros marinos encabezados por el sargento Cárdenas proponían anticiparse al golpe y tomar los barcos de la escuadra en la próxima salida.
El martes 7 de agosto de 1973 el SIN detectó una reunión en el centrosureño puerto de Talcahuano entre unos 200 suboficiales y marineros y altos dirigentes de los sectores más duros de la izquierda chilena: Miguel Enríquez, Óscar Garretón y Carlos Altamirano, líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Movimiento de Acción Popular Unitaria y del PS, respectivamente.
Los marinos les narraron a los dirigentes de izquierda que desde junio la oficialidad preparaba el derrocamiento de Allende. Y se mostraron dispuestos a detenerlo. Los líderes de izquierda no quisieron apoyar este paso. El 7 de agosto el alto mando de la Armada anunció que se había descubierto un plan subversivo en tres buques de guerra, dirigida por Altamirano, Enríquez y Garretón.
En las horas y días siguientes decenas de marinos constitucionalistas fueron detenidos en Talcahuano y Valparaíso. Los periódicos izquierdistas Puro Chile y Noticias de Última Hora dieron cuenta de las feroces torturas a las que los sometieron.
Según Rojas en su libro, estos marinos eran obligados a firmar confesiones absurdas mediante procedimientos brutales.
Según las narraciones de las esposas de los detenidos –quienes pudieron conversar con ellos tras una semana de incomunicación– se supo que en los “interrogatorios” a los detenidos se les metía la cabeza casi al punto de la asfixia en tambos llenos de excremento y orines. También se golpeó con una fusta en el escroto a detenidos que permanecían colgados con las piernas abiertas.
Desde el primer momento Allende marcó distancia con los detenidos. En entrevista con Proceso, López recuerda que sus captores le hicieron escuchar el discurso que pronunció el presidente el 8 de agosto de 1973, en el cual se refirió a la situación de los detenidos.
Allende dijo, recuerda López: “Una vez más la ultraderecha y la ultraizquierda se dan la mano, unos volando oleoductos en el sur y otros con un movimiento de infiltración en la Armada… Yo le he pedido al comandante en jefe de la Armada (Raúl Montero) que aplique el máximo rigor de la ley por este acto de sedición”.
“Cuando lo escuché me dieron ganas de morir”, confiesa López.
El vocero de los marinos antigolpistas dice que en términos generales la postura de los líderes de la izquierda chilena respecto de su movimiento fue “tomar distancia” y tachar la intención de tomar los buques de la escuadra “como una locura”.
Agrega que “sostuvieron que la tradición democrática de las fuerzas armadas hacían inviable un golpe de estado en Chile” y concluye: “La historia demostró que estaban equivocados”.
Golpe final
El 31 de agosto de 1973, en el Consejo Naval Anual de la Armada (que calificaba a todos los oficiales de la institución), el alto mando se reunió en Valparaíso. Cuando el comandante en jefe de la Armada, Montero –reconocido constitucionalista– llegó, los altos oficiales encabezados por Merino le pidieron que se retirara “porque iban a deliberar sobre la situación política nacional y ellos no le tenían confianza”, señala Rojas en su libro.
Ese mismo día Montero presentó su renuncia ante Allende, pero éste lo convenció de quedarse algunas semanas, tiempo que ocuparía en intentar desactivar el golpe en la Armada.
El 11 de septiembre de 1973 Merino ordenó el arresto de Montero y asumió ilegalmente la jefatura de la Armada. Lo mismo hizo el general César Mendoza con los carabineros. Fueron dos golpes institucionales que se sumaron al golpe mayor: el derrocamiento de Allende.
El líder ultraderechista Manuel Fuentes Wendling expuso, en las conclusiones de su libro Memorias secretas de Patria y Libertad (Grijalbo, 1999), una mirada que puede considerarse certera respecto del rol que jugaron Merino y la Armada en el golpe:
“¿Desde dónde la CIA y la embajada norteamericana inducen el golpe militar al interior de las fuerzas armadas? Todos los antecedentes llegan a conducir que desde la Armada. No desde el Ejército. Es, a mi juicio, el vicealmirante José Toribio Merino Castro el artífice del ‘pronunciamiento’, junto al general del Aire, Gustavo Leigh Guzmán. A Pinochet, según todas las versiones, costó mucho convencerlo.”
A fines de 1973 a López y otros marinos antigolpistas los trasladan desde Talcahuano al campo de concentración de Ritoque, cerca de Valparaíso. “En 1975 yo me enfermé de tuberculosis”, recuerda López. “Estaba tan mal y pasó una inspección de la Cruz Roja a visitar los centros de detención. Me fueron a ver, yo pesaba como 40 kilos, expectoraba sangre”. Esa imagen motivó a los embajadores de Noruega y Alemania a hacer gestiones para la liberación de los marinos presos.
La mayor parte de ellos había sido condenada a tres años de cárcel por los delitos de “sedición” y “motín” y salieron en libertad en septiembre de 1976. Un pequeño grupo permaneció en prisión hasta la amnistía de abril de 1978.
