La construcción de la Línea 12 del metro, la obra emblemática del gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, ha estado bajo la lupa desde el 23 de septiembre de 2008, cuando arrancaron los trabajos, y hasta la fecha por rebasar el presupuesto inicial y alcanzar los 26 mil millones de pesos, sin considerar que las empresas contratistas reclaman gastos extraordinarios por casi 5 mil millones de pesos.
Cuando Ebrard asumió la jefatura de Gobierno del Distrito Federal encontró el Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) como unidad administrativa del Sistema de Transporte Colectivo (STC), entonces bajo la dirección de Francisco Bojórquez. Sin embargo, Ebrard la transformó en una entidad paraestatal desconcentrada y, en consecuencia, en un sujeto obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
El 10 de noviembre de 2009, cuando se incluyó en el Sistema Infomex, comenzó el bombardeo de solicitudes de información de empresarios, investigadores, académicos, periodistas y ciudadanos preocupados por el elevado costo del megaproyecto y las afectaciones que implicaba su construcción.
Según una nota informativa del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal (Infodf) fechada el 18 de febrero de 2010, en los primeros 100 días de ser sujeto obligado, el área dirigida por Enrique Horcasitas recibió 299 solicitudes de información, es decir, un promedio de tres al día.
Sin embargo, la cuarta parte de las respuestas de la dependencia (25) fue motivo de recursos de revisión porque los ciudadanos no quedaron satisfechos con éstas.
Desde su creación a la fecha, el PMDF ha recibido 2 mil 321 solicitudes de información pública sobre la Línea 12: en 2009 fueron 95; 567 en 2010; 485 en 2011, y 638 en 2012. El año pasado bajaron a 482 peticiones y hasta el reciente 28 de febrero eran 54. De ese universo de solicitudes, el PMDF fue objeto de 92 recursos de revisión.
Pero el hecho de recibir más solicitudes de datos no hace al PMDF el ente público más cristalino. Según el Índice Global de Mejores Prácticas de Transparencia 2013 –disponible en la página del Infodf– esta área ocupó el lugar 23 en el rubro “Mejores prácticas de transparencia”.
El sitio colocó al proyecto en el lugar de los “descalificados” automáticamente para participar en el ranking de todas las dependencias del gobierno capitalino. El argumento: “Incumplimiento de recomendaciones en materia de transparencia”, según la tercera evaluación-solventación de recomendaciones del Infodf.
Mala calidad
El pasado miércoles 12, un día después de que el STC cerró parcialmente la Línea 12, el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard informó que la construcción realizada por el consorcio ICA-Alstom-Carso fue sometida a 10 auditorías. De ellas, cinco fueron de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que hizo 46 recomendaciones; el resto las realizó la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que emitió 103 observaciones.
Ebrard aseguró que “todas fueron atendidas en su totalidad, en tiempo y forma”, por el gobierno capitalino y que la Línea 12 “es la obra pública más auditada en los últimos años y en ninguno de los Informes de Resultados de las cuentas públicas de 2008 a 2012 se señalan irregularidades”.
Sin embargo, en la auditoría 10-A-09000-04-1148, que practicó en 2010, la ASF encontró cuatro irregularidades. El documento, del que Proceso tiene copia, hace constar que los trabajos no cumplieron con el manejo y control de las bitácoras de obra civil y obra electromecánica; tampoco se asentó lo relativo “a los trabajos mal ejecutados y de mala calidad”, además de que no se llevó registro relacionado con las penalizaciones por el incumplimiento del programa convenido.
La ASF detectó trabajos de “mala calidad” en los frentes de los talleres de Tláhuac y la estación del mismo nombre, así como en el intertramo Tláhuac-Tlaltenco, estación Periférico Oriente, y su intertramo con la estación Calle 11. Estas cuatro estaciones están entre las 11 que fueron cerradas el martes 11 a causa del peligro que implican sus fallas, de acuerdo con el STC. Además, se encontraron errores en la estación Parque de los Venados y su intertramo con la de Zapata.
Las anomalías detectadas: los elementos estructurales construidos de concreto armado, con muros, columnas, escaleras y trabes, tenían expuesto el acero estructural y eso generó “segregación, abombamiento y fracturas en el concreto hidráulico”. Las cuatro irregularidades fueron solventadas por el consorcio, según la resolución de la ASF.
En 2011 la ASF realizó la auditoría 11-A-09000-04-03000, en la que se incluyó el monto de los recursos federales asignados a la obra por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los provenientes del Fondo Metropolitano del Valle de México. El estudio arrojó ocho observaciones, de las cuales cinco fueron solventadas por el consorcio constructor y tres derivaron en solicitudes de aclaración.
Entre los señalamientos se encontró que en la estación Ermita las áreas del proyecto ejecutivo no correspondían con las ejecutadas, pues no se construyeron espacios de la pasarela de correspondencia (a la Línea 2). Tampoco se elaboró un paso para el peatón en dirección al poniente de Tlalpan, un puente para el cruce de la calle Popocatépetl ni un área de acceso. Todo eso implicó mil 558.87 metros cuadrados sin construir, equivalentes a 32 millones 157 mil pesos no ejecutados. La ASF pidió una aclaración de esos gastos.
Otra observación hecha por los auditores federales incluyó las filtraciones de agua en varios puntos: los andenes de la estación Ermita en dirección a Tláhuac, la estación Atlalilco y la pasarela para transbordar a la Línea 8 Constitución–Garibaldi, el túnel del cadenamiento sobre la calzada Ermita Iztapalapa en dirección a Tláhuac y en la galera de ventilación en el tramo de las estaciones 20 de Noviembre, Insurgentes Sur y Mixcoac.
La constructora presentó muestras fotográficas que acreditaban la reparación de las filtraciones y el dictamen de seguridad estructural que descartaba riesgos para los pasajeros.
La ASF ubicó la tercera falla en el paradero sur de la estación Tláhuac, donde no se cumplió con los requerimientos en materia de accesibilidad para personas con discapacidad motriz y visual.
Además, destacó que la obra se puso en operación el 30 de octubre de 2012, cuando aún faltaban 34 escaleras mecánicas, tres elevadores, dos aceras móviles en la estación Zapata, 11 torniquetes, 66 salidas de emergencia, 42 cámaras y una grúa viajera, seis equipos de aire acondicionado en oficina y una vía de mantenimiento para trenes. Como trabajos pendientes por ejecutar, señaló: pintura, códigos de tubería hidráulica, sanitarios y bajas de agua pluvial, entre otros.
Aún con esos detalles, el dictamen que emitió la ASF fue: “Con Salvedad”.
