Señor director:
En Proceso 1946, el doctor Ernesto Villanueva se sorprende porque “al revisar de rutina a la Universidad Autónoma Metropolitana” encuentra que varios profesores no cuentan con la cédula profesional, y entonces desenvaina la espada de la ley y cita una parte del artículo 6° y después el 7° de la Ley de Transparencia para, indignado, decir que “nadie –absolutamente nadie– debería carecer de los mínimos requisitos que la ley establece para que se atreva a cuidar de la salud de los mexicanos”.
Enseguida hace válida su propia expresión: “Este hecho rompe con todo umbral de tolerancia”, para plantear cuestiones catastróficas, como preguntar al público: “¿Pondría usted la salud de los suyos en las manos de quien no sólo miente, sino que no demuestra legalmente sus conocimientos?”, rematando con la advertencia: “…que las prácticas de simulación no ganen la partida. La salud de todos está en juego”.
No podría esperarse otra cosa de un doctor en derecho. La ley, la ciega ley, la siempre puritana ley, despegada de la realidad, de los hombres y, por tanto, del conocimiento. La ley no investiga, sino que aplasta. No es la cédula profesional la que asegura el buen ejercicio de los profesionales, sino que es la formación. Si la UAM engaña, ¿por qué no fueron los propios estudiantes que se están formando quienes rechazaron a sus profesores? ¿Por qué no fue la sociedad la que reclamó los malos servicios de estudiantes formados por esos maestros?
La respuesta es simple: porque, al final, no es la cédula la que legitima, sino el ejercicio profesional. La cédula jamás asegurará que quien la obtenga será un buen profesionista, ni que posea los mejores conocimientos. Un ejemplo muy nítido de esta relación entre certificación y conocimiento se dio en el caso de la exrectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien en medio del conflicto que se suscitó fue demandada por no contar con su título de licenciatura, a pesar de ser ya doctora y ser investigadora. ¿Qué quiere decir esto? Que no contaba con su cédula profesional. ¿Este hecho la hizo una mala investigadora? No, por cierto: obtuvo premios por su labor y es investigadora emérita. No es la cédula, sino el ejercicio profesional, lo que la distinguió en el campo de la investigación.
La UACM, en su momento, también fue acusada por su entonces rectora de “engañar y defraudar” estudiantes. Bajo este argumento tomó medidas como cuestionar a profesores e incluso destituirlos porque no reunían los requisitos administrativos (títulos y cédulas). Pero resultó que los estudiantes defendieron no sólo el modelo pedagógico impulsado en la UACM, sino que se incorporaron a la defensa de sus profesores porque, más allá del título, les reconocían sus conocimientos y aptitudes.
¿Defiendo el que no se certifiquen los profesionales? No, de ninguna manera, no es mi intención. Espero que la larga lista expuesta por el doctor en derecho por la Universidad Complutense se regularice. Lo que cuestiono es el método, que se debe tal vez a que fue una revisión de “rutina”, por lo que propugno una visión integral.
Atentamente
Rafael Galicia E.
Respuesta de Ernesto Villanueva
Señor director:
Después de agradecer la opinión del señor Rafael Galicia E., procede admitir que, en efecto, el hecho de contar con una cédula profesional no garantiza tener los mejores conocimientos, pero también es cierto que dicho documento sí acredita los mínimos conocimientos requeridos para el ejercicio.
Tomaré en cuenta la recomendación de aplicar una visión integral en mis colaboraciones para no ser tan formalista, ya que esta condición separa el ser del deber ser, pero seguiré pensando que lo ideal sería que ambos transitaran por el mismo sendero, aun cuando nos falta mucho para llegar a ello.
Atentamente
Ernesto Villanueva
