Araíz del descubrimiento de nuevas narcofosas, ahora en plena zona metropolitana, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval se jactó de que, contrario a su antecesor, el panista Emilio González Márquez, quien decía que el estado estaba blindado contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la fuerza única de policía está dando resultados, por lo que ahora sí hay detenidos que aportan información de cómo operaron en el sexenio anterior. Según Aristóteles, “hoy se está investigando; hay detención, y se han pulverizado organizaciones criminales”. Los jaliscienses pueden tener la certeza de que “estamos yendo contra los responsables con inteligencia y con información acertada”. Lo que no explica es por qué ahora sí hay investigación y detenidos, cuando el actual titular de la Fiscalía General –Luis Carlos Nájera Gutiérrez– estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en la gestión de González Márquez. Tampoco dice cómo fue que el anterior procurador Tomás Coronado Olmos no hizo su parte.
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Ciertamente, en el último sexenio panista hubo un pleito abierto entre Nájera Gutiérrez y Coronado Olmos. Éste investigaba, mientras que el entonces jefe policiaco hacía lo suyo. Incluso se llegó a decir, aunque nunca se mostraron las evidencias, que cada uno protegía a un grupo delincuencial. No obstante, Aristóteles no debe cantar victoria, pues le faltan cinco años. Lo que sí, debe evitar actuar como González Márquez, quien antes de que aparecieran decenas de ejecutados –los de Arcos del Milenio, así como los narcobloqueos y las balaceras entre bandas rivales– habló del famoso blindaje. Aristóteles dijo que Jalisco está “muy lejos de los indicadores de violencia de otros estados”; habló también de las acciones preventivas de inteligencia instrumentadas a partir de información y no sólo en la fuerza. Pero debe recordar que el crimen no tiene palabra de honor.
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Si de erradicar el mal de fondo se tratara, la Villa Panamericana tendría que destruirse para evitar que en el futuro sigan las construcciones en la zona de reserva y recarga de acuíferos del Bajío del Arenal. Precisamente ahí, en donde, pese a la serie de irregularidades, como la expedición malhecha de la Manifestación de Impacto Ambiental por cuenta de la Semades y de la indebida licencia municipal dada por el alcalde Juan Sánchez Aldana, se levantaron los edificios. A mediados de diciembre de 2009, cuando se tomó tal decisión, este semanario dio cuenta de la antiecológica obra y advirtió riesgos (Proceso Jalisco 266). No obstante, ganó la voracidad de Emilio, de sus consejeros y funcionarios, como Herbert Taylor, ahora en capilla judicial; de Mario Vázquez Raña, de los dueños del terreno y de constructores encabezados por Francisco Cornejo Reynoso, del Grupo Corey. Todos iban a hacer su agosto al vender los 930 departamentos del inmueble. Para la celebración de los XVI Juegos Panamericanos, el ayuntamiento de Zapopan dio un permiso provisional para habitarlo. Al final explotaron las anomalías, entre otras la insuficiencia de la planta de tratamiento de aguas negras que ocasionó la contaminación de los mantos freáticos que abastecen gran parte del poniente de la zona metropolitana, según estudio reciente de maestros y alumnos del Centro Universitario de Ciencias de Económicas y Administrativas (CUCEA).
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A lo anterior hay que sumarle conflictos legales que se habían hecho presentes desde la víspera de la justa deportiva: el Tribunal de lo Administrativo del Estado admitió la demanda de nulidad de la licencia e impidió la venta de los departamentos, al tiempo que el municipio prohibió, de manera indefinida, el permiso de habitabilidad por las anomalías cometidas por los panistas. A eso se había agregado un conflicto más: el 15 de febrero de 2010, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15 dio a conocer la prohibición para que la parcela 355 –de 6.5 hectáreas– del ejido adjunto Lázaro Cárdenas no se transmitiera a terceros, como ya se había hecho, casualmente al presidente de Corey. Después se haría una fusión de terrenos entre parceleros donde aparecían apellidos como Fors, González Luna, Morfín Aranguren, Bruni, Penski Buchthal, Petersen y Xanic Bon Vertrab, quienes traspasaron sus propiedades a Corey (Proceso Jalisco 338).
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