En el estado de Coahuila, donde se calcula que hay cerca de 900 desaparecidos a manos del crimen organizado, se inició este año un operativo para buscar en narcofosas a alrededor de 300 personas que en 2011 fueron masacradas por disputas entre Los Zetas. Los resultados han sido magros. Pero además, familiares de los plagiados cuyos restos se buscan rompieron su relación con el gobierno porque, afirman, éste no ha cumplido con varios acuerdos, y anunciaron que recurrirán a instancias internacionales que puedan emprender una búsqueda profesional…
SALTILLO, COAH.- Durante varias semanas de 2011, la barbarie asoló los pequeños municipios de Nava y Allende, Coahuila. En esos días los semidesérticos poblados del norte del estado sufrieron la peor masacre en la historia del México contemporáneo, superando las ocurridas en San Fernando, Tamaulipas. Tres años después, el Estado mexicano comenzó un gran operativo para buscar los restos de más de 300 personas que fueron plagiadas y asesinadas. Para ello utilizan alta tecnología, pero también métodos rudimentarios, como la tortura, con el fin de que algunos delincuentes confiesen dónde enterraron a sus víctimas.
El 18 de marzo de 2011, arribaron a la comunidad de Allende decenas de camionetas con sicarios que tomaron la plaza principal tras cerrar los accesos por carretera. En esa fecha, los pistoleros incendiaron 10 viviendas y se llevaron a alrededor de 50 personas, entre ellas ancianos, mujeres y niños.
Los ataques a la población, de cerca de 22 mil habitantes, prosiguieron las siguientes semanas. En otra ocasión, los sicarios llegaron cuando los lugareños realizaban una fiesta en la plaza central. Durante varios días destruyeron más casas, para lo cual utilizaron trascabos y maquinaria pesada. En total derribaron y quemaron 80 inmuebles, desde humildes viviendas hasta residencias lujosas.
Las incursiones de los pistoleros se prolongaron hasta el mes de mayo. Siguieron “levantando” a familias enteras, y los pobladores atestiguan que se llevaron a cerca de 300 personas.
Por los ganaderos y comerciantes secuestrados exigieron rescate. Cuando no hubo pago por ellos, los mataron y a sus familias les quitaron sus ranchos, vehículos y todo tipo de propiedades. Los hombres ricos que quedaban abandonaron sus residencias y se fueron a refugiar a Estados Unidos.
Las hordas de sicarios asolaron enseguida los poblados de Nava, Zaragoza, Nueva Unión y se extendieron hasta Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde continuaron “levantando” personas y familias enteras durante tres meses.
Los motivos que tenían salieron a relucir durante el juicio que se siguió en Austin, Texas, contra José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, El Z-40, y Omar, El Z-42.
En ese proceso judicial la fiscalía presentó a tres exmiembros de Los Zetas para que atestiguaran en contra de sus antiguos compañeros: Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, tercero en la jerarquía de la organización; Mario Alfonso Cuéllar (Poncho Cuéllar), contador y responsable de traficar droga por la ciudad de Piedras Negras, y Héctor Moreno, lugarteniente de Cuéllar.
Poncho Cuéllar contó allí que en 2011 Los Zetas cruzaban entre 500 y 800 kilos de cocaína al mes por esa frontera, que les generaban ingresos de aproximadamente 16 millones de dólares.
Las ganancias por dicho tráfico eran cercanas a 5 millones de dólares mensuales y estaban manejadas por Cuéllar.
Aseguró que el dinero se enviaba a México en bolsas de plástico escondidas en los tanques de gasolina de los vehículos. En una ocasión agentes de Estados Unidos les decomisaron 800 mil dólares.
Héctor Moreno especificó a los fiscales que Miguel Treviño y su hermano Omar acusaron a Cuéllar y a él de estar pasado información a la DEA. Ambos huyeron con alrededor de 5 millones de dólares, lo que provocó la ira del Z-40 y del Z-42. Los capos les advirtieron que si no regresaban el dinero, matarían a todos sus familiares, amigos y cómplices.
La amenaza se cumplió cuando los líderes de Los Zetas ordenaron una limpia entre sus miembros, así como el asesinato de todos los familiares y amigos de los fugados. La purga se convirtió en una de las peores matanzas de la historia reciente y comenzó en los municipios de Allende y Nava. (Apocalipsis en Coahuila, Proceso 1886.)
“Empezaron a matar a las familias de Allende y Piedras Negras y Múzquiz y Sabinas (…) Debido a esto, mataron a 200 o 300 personas en Allende, Coahuila”, enfatizó Moreno durante su testimonio ante el jurado que integraba el juicio en Austin.
Los desgarradores gritos de auxilio llegaron hasta el Palacio de Cantera de la capital del estado, donde despachaba Humberto Moreira, pero sus oídos no los escucharon.
Un año después, su hermano, el actual gobernador Rubén Moreira, le reclamó que no hubiera hecho nada para ayudar a los habitantes de esa región, denominada Cinco Manantiales.
“… En Allende y Nava (sucedieron hechos) inéditos, que muy pocas personas reportaron, que involucraron a buena parte de la población y pasaron como una sombra en la historia reciente de nuestro estado sin que nadie haya puesto el suficiente énfasis sobre lo ocurrido. Tuvimos la destrucción de más de 40 casas; muchísima gente desapareció, y temo que murió”, aseguró Rubén Moreira.
El mandatario ordenó a la procuraduría estatal que se realizara una investigación. “En mi conciencia no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie lo hizo”, enfatizó refiriéndose a su hermano Humberto Moreira y a Jorge Torres López, ya que las atrocidades comenzaron cuando el primero aún era gobernador y se agudizaron en la administración del segundo.
El “macro-operativo”
Posteriormente, a mediados de julio de 2013, la Armada capturó al líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales gracias a información proporcionada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la frontera entre Coahuila y Nuevo León. Las autoridades federales recogieron sus declaraciones y la Procuraduría de Justicia de Coahuila recolectó información vertida en averiguaciones por personas detenidas que presuntamente estuvieron involucradas en las desapariciones.
El 26 de enero del presente año, el gobierno estatal anunció un macro-operativo en el cual participaron alrededor de 250 efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y cuerpos de seguridad de Coahuila en la búsqueda de más de 300 desaparecidos en la región de Cinco Manantiales.
En las labores fueron utilizados georradares de alta tecnología, que pueden encontrar cuerpos y armas enterradas hasta ocho metros de profundidad; helicópteros, y perros entrenados.
“Se localizaron huesos, ropa con disparos de armas de fuego, cientos de casquillos percutidos, entre otros objetos, en un gran rancho que estuvo tomado por un grupo del crimen organizado en el municipio de Zaragoza”, contó a Proceso Jesús Carranza, vocero de Seguridad de Coahuila.
Después de rastrear 11 municipios, se hallaron barriles con evidencias de que en ellos “cocinaron” cuerpos para desaparecerlos, así como otros lugares con restos donde incineraron a varias personas.
Las evidencias recolectadas serán analizadas por expertos forenses de la Procuraduría de Justicia del estado y de la Policía Científica; entonces se podrá precisar el número de personas asesinadas en esos lugares, señaló Carranza.
No obstante, días después la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas informó sobre algunos resultados del operativo, que duró del 26 de enero al 5 de febrero.
El reporte indicó que “se detuvo a seis civiles del sexo masculino sobre la carretera Guerrero-Hidalgo y a cuatro elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nava, todos ellos consignados por el delito de facilitación delictiva” (halcones).
Agregó que se recabaron nueve declaraciones testimoniales y se hicieron 32 entrevistas a exfuncionarios municipales. Fueron asegurados dos vehículos que eran empleados por la delincuencia organizada y dos armas de fuego calibre 9 milímetros.
Aunque el comunicado oficial aseguró que “durante el desarrollo del operativo los elementos participantes actuaron en completo respeto a los derechos humanos”, hubo testimonios de tortura de presos para conseguir resultados.
Una de las declaraciones en ese sentido provino del reo Ramón Burciaga Magallanes, quien fue requerido el viernes 31 de enero por las autoridades de la procuraduría y la Fiscalía Especializada para los Casos de Personas Desaparecidas, con el fin de que asistiera a una “diligencia” a Piedras Negras.
En un reporte sobre las torturas en el penal elaborado por miembros de la diócesis de Saltillo se detallan las agresiones y amenazas a las que fue sometido. El interno les narró que fue trasladado durante varias horas en diferentes vehículos. Dijo que lo hicieron “subir a una Silverado de cuatro puertas, troca blanca particular de los Gates (cuerpo de la policía estatal) en la que había tres elementos vestidos con ropa de camuflaje, todos con chalecos de los Gates”.
Añadió que los uniformados cubrieron su rostro con la camisa que vestía, que se detuvieron en una gasolinería y que lo subieron a otro vehículo. Posteriormente, uno de los involucrados expresó: “… es el lugar indicado”. Entonces ordenaron al reo bajarse del automóvil y correr, pero él se negó. En consecuencia, fue golpeado y lo amenazaron con asesinar a sus familiares.
Posteriormente, de acuerdo con las denuncias, autoridades del Cereso encabezadas por su director, Miguel Ángel Rosales Saucedo, amenazaron con “matar a los presos que continuaran denunciando torturas”. También amenazaron a Jaqueline Campbell, colaboradora del obispo Raúl Vera y una de las integrantes de la diócesis que participaron en la elaboración del reporte de la Iglesia católica.
La ruptura
Según cifras oficiales, en el estado hay cerca de mil 600 personas desaparecidas y se calcula que al menos 60% de los casos tiene que ver con el crimen organizado.
Las familias de alrededor de 320 desaparecidos, asociadas en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fuundec), cuestionaron los resultados del operativo y rompieron su relación con el gobierno debido a que no se respetaron acuerdos para la búsqueda, como el compromiso de no utilizar maquinaria pesada al excavar en las fosas clandestinas.
“La Plenaria de Fuundec ha tomado la decisión de suspender la interlocución con el gobierno del estado de Coahuila y con la federación, retirándose de las mesas temáticas y de las de seguimiento de casos, hasta en tanto el gobernador de Coahuila y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, no nos den explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías detectadas en el operativo”, señaló un comunicado de la organización.
Exigieron también que cesen las acciones de búsqueda planeadas hasta que la situación sea aclarada y se pida ayuda a organismos internacionales para preparar, desarrollar y sistematizar la búsqueda con estándares profesionales.
Los representantes de las familias y el gobernador Moreira se reunieron el domingo 9. En el encuentro las autoridades presentaron los resultados de las acciones de búsqueda de desaparecidos en 11 municipios del norte de Coahuila.
Jorge Verástegui, representante de Fuundec, comenta a Proceso que las autoridades no les informaron nada en concreto y que incluso el gobernador Moreira contradijo los resultados expuestos por el subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola.
“El gobernador Rubén Moreira nos dijo que no habían encontrado nada”, puntualiza Verástegui.
Ahora las familias preparan una serie de movilizaciones y se reunirán con un alto representante de Amnistía Internacional para exigir resultados sobre las búsquedas.
El subprocurador especial Juan José Yáñez Arreola informó que próximamente se reanudarán los operativos de búsqueda en otras regiones. El funcionario no precisó la fecha y el lugar, aunque son varias las zonas que en el estado pueden albergar narcofosas.
