Inmerso en pleitos añejos protagonizados por el alcalde Noé Reynoso y el diputado petista Alfonso Miranda –quien lo precedió en el ayuntamiento–, Amacuzac está custodiado desde el martes 4 por policías del Mando Único. Y si bien esa medida calma los ánimos, ambos personajes no dejan de lanzarse denuestos. El primero acusa al segundo de proteger a su sobrino Santiago Mazari del secuestro de su padre en 2012 y de otros ilícitos. En tanto, el legislador rechaza las imputaciones e incluso pidió ya un juicio político contra Reynoso.
AMACUZAC, MOR.- Obligado por la crisis política, social y de inseguridad en esta región dominada por Santiago Mazari Hernández, El Carrete, líder de la organización delictiva Los Rojos, elementos del Mando Único –integrado por policías estatales– desplazaron a uniformados locales y asumieron el control en este municipio.
La intervención –instrumentada el martes 4 a petición del alcalde Noé Reynoso Nava, quien denunció que un día antes El Carrete lo amenazó de muerte– se da en medio de una nueva acusación del alcalde al diputado Alfonso Miranda, del Partido del Trabajo, al que responsabiliza de haber mandado secuestrar a su padre.
El miércoles 5 el diputado Miranda respondió. Propuso ante el pleno del Congreso estatal un punto de acuerdo en el que solicita juicio político para el alcalde Reynoso. En entrevista con la reportera, asegura que prepara una demanda por daño moral contra el munícipe.
En la edición 1943, fechada el 26 de enero último, Proceso publicó el reportaje “El Carrete: El azote del sur de Morelos”, en el que, con base en un documento confidencial del gobierno de Morelos, así como en testimonios del alcalde de Amacuzac y del señor Álvaro Valle, informó que tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, Santiago Mazari se escindió de los hermanos Beltrán Leyva para liderar la banda de Los Rojos, dedicada a secuestrar y desaparecer personas.
Hoy Los Rojos exigen el pago de derecho de piso, extorsionan a los lugareños y controlan el trasiego de droga en varios municipios, en complicidad con el Cártel de Sinaloa.
“Se tiene información de que El Carrete actúa en complicidad con el diputado Miranda. A la mayor parte de los pobladores (ambos) les ofrecen protección. Asimismo, la policía de Amacuzac actúa en complicidad con el diputado y con El Carrete, a quienes sirven de halcones o como instrumento para cometer secuestros y homicidios”, señala el documento consultado por la reportera.
Días antes del anuncio del legislador petista, el 30 de enero, en rueda de prensa el procurador de Morelos, Rodrigo Dorantes, declaró que hay ocho carpetas de investigación contra Miranda por los delitos de abigeato, desfalco y amenazas de muerte. Sin embargo, él sostiene que son “especulaciones”, “difamaciones” y “calumnias”.
En entrevista con Proceso, realizada el miércoles 5 por la noche, el legislador acusó al alcalde y a Álvaro Valle de difamación: “El fondo de estas intrigas es que, cuando fui presidente municipal, en muchas ocasiones la policía a mi mando metió a Noé Reynoso a la cárcel por faltas administrativas. Y Álvaro Valle tiene un resentimiento porque en ese mismo tiempo él era regidor del PRD y propuso al cabildo que a los funcionarios que no cumplieran sus funciones les suspendiéramos el salario; él incumplió con sus comisiones y se lo hicimos efectivo. Nunca pensó que sucedería”.
Miranda se defiende
Alfonso Miranda se ufana de que en su periodo como alcalde de Amacuzac no había inseguridad: “Inseguridad hay ahora”, revira.
–Pero la corporación policiaca que desmantela el Mando Único la conformó usted, ¿o no? –se le pregunta.
–Pero en mi periodo no hubo inseguridad, secuestros, asesinatos.
La reportera le comenta que varios habitantes del pueblo consideran que el narcotráfico permeó en su administración por sus presuntos nexos con El Carrete.
Responde:
–¿Usted tiene la seguridad de que tiene nexos con el narcotráfico? Es delicado hablar cuando no existen documentos, denuncias…
–Tenemos un documento del gobierno, acerca del grupo (Los Rojos). Es lo que publicamos –reitera la reportera.
–¿En qué se basa la radiografía?
–Eso, diputado, tendría que preguntarlo usted al gobierno.
–No tengo una relación ni cercana ni lejana con este muchacho que es mi sobrino. Él hace su vida y yo hago la mía. Ni él tiene mi cobijo ni yo el de él, como se ha dicho. Ni me protege ni lo protejo. ¡Cómo protegería un diputado a una persona como lo señalan a él! No soy el gobierno estatal ni la federación ni la PGR ni soy la SEIDO para darle protección.
–Se hablaba de contubernio. De que cuando usted fue alcalde lo dejó avanzar.
–Qué tipo de contubernio si tengo más de cinco años que no lo veo (al Carrete), y él (el alcalde Reynosa) sí lo ha visto; ha platicado con él.
–¿Es incómodo para un diputado como usted el lazo familiar con El Carrete?
–No hay incomodidad. Es hijo de un hermano.
–No por el parentesco, sino por la actividad en la que se le involucra.
–No. ¿Usted tiene hermanos, hermanas? Si una de ellas es prostituta, ¿usted también lo es?
–Mi pregunta no fue si usted también es narco o matón. Mi pregunta fue si hay incomodidad porque (a su sobrino) se le señale como líder de un grupo de narcotraficantes.
–Él puede ser lo que sea. Es su vida. Mientras no me afecten sus actividades o las de cualquier otra persona, no me preocupo.
Miranda se queja: “Me afecta lo que dicen ustedes, los medios, porque hablan de más sin documentos, sin sustento”.
–En este caso sí hay un documento.
–Demuéstreme las carpetas de investigación que hay en mi contra.
–Diputado, no le estoy hablando de una carpeta de investigación: le estoy hablando de un documento confidencial del gobierno en el que…
–¿Y me relaciona a mí?
–¡Claro! Si no, no lo hubiéramos citado.
–Posiblemente sea como lo han hecho ustedes siempre, especulando.
–¿Reconoce que hay ocho carpetas de investigación en su contra?
–Si existen, como dice el procurador, que proceda.
Con respecto a lo declarado por el alcalde Reynoso, quien lo responsabilizó del asesinato del director de Seguridad Pública de Amacuzac en febrero de 2013, Miranda asegura que es un señalamiento a la ligera:
“¿Por qué no formula una denuncia formal? –dice–. Hablan de que hay una carpeta de investigación. Y con relación a mi sobrino, en ninguna se le involucra con el narcotráfico ni a mí tampoco.”
–Si no conoce las carpetas de investigación, ¿cómo sabe que no se le involucra?
–Porque lo dicen el procurador y el secretario de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra.
El plagio de 2012
A la pregunta de si el gobierno federal tiene alguna investigación en su contra y en contra de su sobrino, Alfonso Miranda responde: “Si existen (carpetas de investigación), deben proceder. Si hay una carpeta, ¿qué es lo qué se hace? ¿Se archiva? A lo mejor está ahí y va a salir en algún momento”.
En entrevista por separado, el alcalde señala: “Cuando entró el Mando Único a Amacuzac, la gente aplaudió. El pueblo está más tranquilo, aunque las oficinas del ayuntamiento siguen tomadas. Negociamos con el diputado Miranda para que las desaloje. Su reclamo no tiene sustento, aún es su enojo porque le gané la alcaldía a su hijo con casi 4 mil votos de diferencia”.
Incluso entrega a la reportera una carpeta con copia de la denuncia que el 8 de enero último interpuso en contra de quienes se apoderaron de instalaciones municipales; entre esas personas se incluyen los nombres del legislador, de sus hijos y su hermana.
“El 15 de septiembre de 2012 –relata el munícipe– secuestraron a mi papá. Yo empezaba a trabajar para ser candidato a la alcaldía por el PRD. El diputado (Miranda) me amenazó para que desistiera de la candidatura. De lo contrario, me dijo, tendría problemas. Quería que su hijo fuera el siguiente alcalde. No hice caso. Ese día, amaneciendo, entró Gabriel Miranda, hijo del legislador, al rancho de mi padre. Iba en una camioneta negra. Después fue la policía municipal, hizo un operativo a la salida del rancho y se lo llevaron.”
Según él, la noche del 16 llegó a su casa Silvestre Brito con la intención de amedrentarlo: “Estábamos adentro, los de la SIEDO y yo, negociando el rescate de mi padre. Estábamos con las luces apagadas y se escuchaba que (Brito) decía: ‘No está, ya se fueron todos…’. Eran las dos o tres de la mañana. Las patrullas del municipio pasaban con las luces apagadas. Después llegó a vigilar Noé Adán, guarura del diputado Miranda, quien estuvo preso en Oaxaca”.
Con ayuda de personal de la subprocuraduría, Reynoso rescató a su padre, luego de pagar a los plagiarios en Iguala, Guerrero; lo liberaron en el cerro del Tetecal, Morelos.
–¿Acusa al diputado Miranda de secuestrar a su papá?
–Lo afirmo.
–¿Interpuso una denuncia por secuestro contra él?
–En la SIEDO (hoy SEIDO). Hay más, que interpusieron algunos familiares de desaparecidos del pueblo, todas contra el diputado Miranda; son de personas con quienes él tuvo problemas días antes de que desaparecieran, como Óscar Moreno, un ganadero del pueblo, quien aun cuando se pagó el rescate nunca regresó.
El alcalde Noé Reynoso asegura que las querellas son contra el diputado y El Carrete, ya que Alfonso Miranda siempre contó con la protección del sobrino.
–¿Aquí está El Carrete?
–Aquí se paseaba. Desde que entró el Mando Único dejó de verse… Las armas del municipio las utilizaban para secuestrar. Hace cuatro años, cuando (Miranda) entró en funciones como alcalde, le dio protección al sobrino y éste extendió su influencia en Amacuzac, Tetecala, Jojutla, Tlalquitenango y Coatlán del Río.
Cuando entró el Mando Único, insiste el alcalde, tuvo un desagradable encuentro con Silvestre Brito “Me dijo: ‘Tú sabes que tengo varios negocios con El Carrete y sabes que lo que dice, se cumple. Trae más de 300 personas con armas largas, le hace paradas al mismo gobierno y dice que te va a matar. Al día siguiente pedí la intervención del gobierno del estado.
“Si hablo sobre la amenaza que me hizo, me mata; si no lo hago, también me va a matar. ¿Qué me queda? Ese hombre me va a matar. Lo dije en una rueda de prensa: si le pasa algo a mi familia, la responsabilidad es del diputado y de su sobrino.”
Los expedientes
En la entrevista, el alcalde Noé Reynoso proporciona copias de expedientes que señalan al diputado Alfonso Miranda. En la AP FDD.AJO-56-2014, por ejemplo, se le acusa de lesiones dolosas, daños dolosos, ultrajes a la autoridad, privación ilegal de la libertad personal y robo de vehículos.
En otra, la AP PI0I/569/2012, que presentó Eugenia Saguilán Domínguez en julio de 2012 por la desaparición de su madre, se lee: “Hace tres años se celebraba el Grito de Independencia en el zócalo de Amacuzac cuando empezó una balacera. La persona a la que seguían los militares era Santiago Miranda (Mazari Hernández) El Carrete, quien corrió hacia la colonia Progreso y se metió a casa de mi mamá, en donde se despojó de sus ropas para cambiarse y dejó alhajas dentro de un sombrero.
“El tío de este señor, Alfonso Miranda Gallegos, quien actualmente es presidente municipal de Amacuzac, así como Cándido, padre del famoso Carrete, culparon a mi mamá de quedarse con las joyas. Desde entonces recibimos amenazas de muerte. Mi madre desapareció cuando fue a denunciar al alcalde. Tengo el temor fundado de que algo malo suceda en mi persona, bienes y familia.”
Días después, al llegar a su casa, Eugenia Saguilán se enteró de que su hijo Guiovani Enrique también había desaparecido. Hasta el cierre de edición se desconocía el paradero de los dos familiares de la denunciante.
La noche del 15 de septiembre de ese año El Carrete fue detenido y recluido en el penal de Atlacoloaya, Morelos, por una orden emitida en Sonora por delitos contra la salud. Ahí permaneció un año con cinco meses.
Al recuperar su libertad, se consolidó en Puente de Ixtla, Tetecala, Mazatepec, Coatlán del Río y se expandió en Jojutla, todo con ayuda de su tío Alfonso Miranda, insiste Reynoso.
El alcalde también entregó a la reportera copia del registro de la carpeta de investigación FPI/536/2012, interpuesta por Álvaro Valle Gómez, quien denunció a Miranda cuando aún era alcalde por el delito de amenazas y lo que resulte, así como la tarjeta informativa de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, fechada el 16 de abril de 2012, relativa a la privación ilegal de la libertad de Riki Johnny Valle Sandoval (Proceso 1943).
Otras querellas presentadas ante diversas instancias implican al legislador petista en la desaparición de Leonardo Marquina: la AP FLP/295/2011, radicada en la procuraduría estatal; la AP /464/2012, interpuesta ante la Procuraduría General de la República, y la PF/DSR/CEM/UI/91/2012, de la entonces Policía Federal Preventiva.
