Señor director:
Como usted recordará, el 7 de julio de 2013 denuncié en Palabra de Lector que “el alcalde de Tizayuca, Hidalgo, Juan Núñez Perea, mediante un golpe de poder, me despojó ilegalmente de mi cargo como presidente y representante legal de la Agrupación de Tianguistas en Pequeño no Asalariados Rancho San Antonio Tizayuca”.
Para ello se valió de la fuerza pública, a instancias de tres disidentes de nuestra agrupación, quienes después del desalojo golpearon en la calle varias veces a mi esposa, la cual está discapacitada. Al denunciar estos hechos ante varias instancias, algunas no intervinieron y otras nada lograron. Por el contrario, a través del despacho jurídico Gil Borja y Asociados, pretenden sembrarme el delito de fraude, presuntamente cometido en contra de tianguistas, a pesar de que, como informé en Proceso 1921, “ese asunto ya fue encausado en tres ocasiones y justamente lo perdió el despacho mencionado”.
Luego, mi esposa y yo fuimos amenazados de muerte, y como el nuevo embate del alcalde nos hace temer ser “levantados” o “desaparecidos”, ambos nos hemos visto obligados a escondernos lejos de Tizayuca, sin que hayamos podido volver a nuestra casa.
Así pues, en calidad de perseguido político, solicité el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para que se me otorgaran los mecanismos de protección nacional por ser víctima de amenazas y acoso del alcalde, en actos que, en vez de disminuir, se acentuaron tras las dos cartas publicadas en este semanario.
Mi denuncia formal contra el presidente municipal fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos hechos constitutivos de delito, en tanto que, a mis públicos llamados, el presidente Peña Nieto, estimando mi presunción de inocencia y considerando que se han vulnerado mis derechos más fundamentales, como el respeto a la vida, a la libertad y el trabajo, instruyó a la PGR para que se nos contemple en la “Ley General de Víctimas y la Ley Federal para Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal”.
Por lo que se refiere al delito que pretenden sembrarme, ningún abogado ha querido asumir mi representación, debido al poder de los actores políticos involucrados en mi caso. Además, aún falta concretar lo que ha brindado el presidente Enrique Peña Nieto, ya que fui desplazado de mi lugar de residencia y no puedo poner un pie en el estado de Hidalgo, pues quienes conocen nuestra situación consideran que mi esposa y yo seguimos en alto riesgo.
Sostengo mi queja contra el titular de la Administración Municipal de Tizayuca, y pido garantías para poder enfrentar la acusación dolosa que se avecina.
Por lo pronto, mi cónyuge y yo no podemos seguir viviendo con miedo ni andar huyendo a salto de mata protegiendo nuestra libertad, en una franca situación de calle por el simple hecho de reclamar justicia.
A este respecto, le solicito, señor presidente, que sea usted quien dicte la instrucción correspondiente para que, por su conducto, mi esposa y yo podamos regresar a salvo a nuestro domicilio.
Atentamente
Jorge Mercado Máximo
jorgemrx@yahoo.com.mx
