La Comisión Nacional del Deporte funciona con apoyo en una ley que carece de reglamento, lo que ya provocó un limbo presupuestal: se está erogando dinero sin rumbo claro; tampoco se está realizando el monitoreo de las federaciones ni el arbitraje deportivo. La apatía de la Conade y la lentitud de los legisladores pusieron en riesgo la renovación de las mesas directivas en por lo menos 10 agrupaciones deportivas.
Hace casi ocho meses se publicó la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LGD), conocida como la “Iniciativa (Jesús) Mena”. No obstante, es totalmente inaplicable porque no se ha elaborado su reglamento.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está operando fuera de la norma desde el pasado 7 de diciembre, fecha límite para que se publicara la reglamentación, según en el artículo tercero transitorio de la LGD, según el cual el reglamento deberá “expedirse dentro de un plazo no mayor a 180 días siguientes a la fecha en que ésta (ley) entre en vigor”.
El artículo 4 transitorio, en tanto, indica que mientras no se expidan las nuevas disposiciones “seguirán en vigor las que han regido hasta ahora”. Esa indicación, sin embargo, también ha generado problemas.
La LGD fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, y su actual inoperancia ya cuarteó el proyecto de su principal impulsor, Jesús Mena, director de la Conade. Buena parte de los planes que prometió o que se le encomendaron están a la deriva por la falta de un nuevo marco normativo. Un ejemplo es el programa estrella de Mena, “Ponte al 100”, que intentaba movilizar a 3 millones de mexicanos. Pero está funcionando sin un marco jurídico adecuado, por lo que el titular de la comisión admitió el 13 de diciembre último que no se cumplirá la meta anhelada.
Además, el flujo de dinero ha entrado a una zona oscura. Se están utilizando los recursos federales para infraestructura deportiva (el rubro con el más alto presupuesto: 3 mil 211 millones 584 mil 102 pesos) sin una normativa congruente que los dirija, aproveche y fiscalice.
También se están realizando elecciones en los consejos directivos de las federaciones deportivas y cambios de estatutos sin supervisión.
Otro problema se vive en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), considerada el máximo órgano para impartir la justicia deportiva en el país. Actualmente está incompleta y no puede renovarse. La situación en la CAAD ilustra cómo diversos programas se están asfixiando a más de un año de gestión de Mena.
Y todavía le falta
La secretaria de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, la perredista Juana Bonilla, advierte que el reglamento aún tardará en ver la luz, porque antes los priistas pretenden reformar la LGD, como se expuso en la última reunión del año de esa comisión en diciembre pasado. “Nos explicaron que estaban muy rezagados en la chamba y que todavía les iba a colgar más o menos un mes” concluir las modificaciones y agregados a la legislación vigente.
“Le están dando demasiadas largas. Los priistas están hechos bolas en su propio intento por reestructurar la ley. Expusimos que no podemos dictaminar ni hacer los cambios que propusieron Gerardo Liceaga y otros legisladores porque todavía no hay una ley reglamentaria”, acusa.
Liceaga, excomentarista deportivo de Televisa, legislador priista por el Estado de México e integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, promueve un plan antiviolencia en los estadios. Bonilla considera que las modificaciones que pretenden Liceaga y sus compañeros darían lugar a “una ley inquisitorial”, porque incluyen penalizar a los aficionados, integrar una lista nacional de las personas que realizan desmanes en los estadios y prohibirles el acceso a los inmuebles deportivos.
La propuesta, plantea la diputada, “acarrearía cambios al Código Penal, además de una violación a los derechos humanos”.
Víctima de su pasividad, a Liceaga lo rebasó el tiempo. El exreportero trabajaba sin prisas en su texto cuando la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados aprobó la “Iniciativa Mena”, planteada por la Comisión de Juventud y Deporte del Senado a finales de abril pasado, en vísperas de la conclusión del periodo ordinario de sesiones.
“Gerardo Liceaga trabajó previamente el asunto, pero no lo tenía terminado cuando se aprobó la LGD. Entonces se acordó que posteriormente se presentaría una serie de propuestas para afinar dicha ley. Y, segundo: un artículo transitorio de esta ley indica el mes de diciembre como plazo para la ley reglamentaria. Ese es el problema”, advierte Bonilla.
Casi de forma paralela, el titular de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Felipe El Tibio Muñoz, envió al Congreso su propia iniciativa para una nueva ley del deporte.
–¿Fue un error impulsar una nueva ley del deporte a toda prisa?
–Fue correcto. El problema es que no ha salido la parte complementaria, es donde todo se ha estancado. ¿De quién es el error? Francamente se lo atribuyo de manera muy puntual a la Conade.
–¿Más que al PRI?
–Ahí hay una mezcla de todo, porque la ley reglamentaria fue un asunto que comentamos en reuniones con la Conade, y de igual forma lo hicimos con El Tibio Muñoz, y le han estado dando largas. El Tibio da respuestas muy vagas.
Para completar, el propio presidente Enrique Peña Nieto empezó a comprometer dinero. Ordenó que el proyecto de construcción de los Centros de Alto Rendimiento en las 32 entidades del país fuera encabezado por el exfutbolista argentino Jorge Valdano, quien además se verá beneficiado con la concesión para administrar esos recintos (Proceso 1942).
Dicha medida, asegura la diputada Bonilla, “indica que Peña Nieto no tiene ni siquiera la plena confianza en sus titulares respecto a estas áreas, concretamente del deporte. Eso está reflejando al poner estructuras paralelas, lo cual es grave porque entonces hay una falta de institucionalidad y de fortalecimiento a las propias instituciones. La propia Conade tenía la oportunidad de salir adelante en el sentido de apoyar a los atletas de alto rendimiento, la infraestructura deportiva y a los institutos del deporte de los estados. Así su estructura poco a poco se va empequeñeciendo”.
La legisladora adelanta que promoverá “un llamado de atención y un exhorto al Ejecutivo, porque si lo va a hacer con Conade lo puede hacer con cualquiera de las áreas de la federación; no nada más desde la perspectiva del deporte, sino con cualquiera de las áreas, para crear un órgano alterno”.
Anuncia que entre las principales tareas para el venidero periodo de sesiones en la Cámara de Diputados figuran realizar el dictamen de la ley reglamentaria “que ya urge”, vigilar que los municipios cumplan en materia de infraestructura deportiva y llamar a cuentas al director de la Conade.
“Que nos explique y nos diga los planteamientos de trabajo para 2014, cómo va a dirigir los recursos y sus objetivos. Como personalmente se lo manifesté, el titular de Conade debió haber sostenido una reunión de trabajo con esta Comisión del Deporte, por lo menos para saber el tipo de requerimientos de su organismo, de tal manera que se pudieran plasmar en el presupuesto, pero hubo un distanciamiento, una línea que separó a la Conade de la Comisión del Deporte.
“Entiendo que ese papel debieron dejárselo al Tibio Muñoz, pero él, como presidente de la Comisión del Deporte, tuvo una actitud muy pasiva. Es decir, ni ventilamos la ley reglamentaria ni revisamos el presupuesto. Tengo mi versión estenográfica en la que les insistí (a sus compañeros de la Comisión del Deporte): revisemos el presupuesto, hagamos propuestas con cifras. Tenemos derecho a hacerlo y enviarla a la Comisión de Presupuesto.”
Bonilla continúa: “Lo único que se mandó fue un presupuesto que rebasó los 5 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura deportiva, pero no hubo una propuesta global. Fue una actitud muy pasiva del Tibio, porque varios diputados le propusimos hacer un presupuesto global. En ese sentido hubo una falta de visión”.
Vía libre
Cuando la Conade impulsó la LGD a través de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, promovió también la desaparición de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), dependiente del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade). Por ello, ese organismo dejó de recibir recursos del erario.
La LGD también establece la creación del Órgano de Vigilancia, Control y Evaluación (Coved), que dependerá de la Conade y asumirá parte de las atribuciones que le correspondían a la Codeme. Entre ellas está la supervisión de los procesos internos de elección de las asociaciones y federaciones deportivas nacionales.
La Conade ni siquiera ha integrado el Coved, porque mientras no exista un reglamento no se sabe cuáles serán sus atribuciones precisas y la forma en que va a operar. Sin embargo, federaciones como las de frontón y de tiro y caza ya celebraron sus elecciones sin vigilancia, puesto que se les vencía el periodo. A finales de 2013, la federación de levantamiento de pesas realizó elecciones con base en los estatutos de la Codeme, técnicamente extinta.
Este año deben renovarse las mesas directivas de atletismo, deportes sobre silla de ruedas, golf, jiu jitsu, tiro con arco, deporte para todos, arte y cultura. Y ya están vencidos los procesos de las federaciones de billar, boxeo, colombofilia, crossball y patinaje sobre hielo.
El empalme de la normativa antigua y la nueva provocó ya un problema grave. El 29 de octubre de 2013, la Conade inhabilitó tres meses al presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano Pineda, por “desacatar” una resolución de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD). Según el expediente, Lozano creó una asociación deportiva jalisciense paralela a la oficial. Cuando le ordenaron desarticular su invento, simplemente ignoró la orden durante un año.
Sin embargo, Lozano impugnó y ya ganó el primer round. El 4 de diciembre pasado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Tercera Sala Regional Metropolitana le concedió la suspensión para efectos.
Lozano argumentó que la Conade le aplicó la sanción con base en la actual LGD, cuando en realidad debió aplicarse el reglamento de la ley anterior, como lo establece el artículo quinto de los transitorios de la presente legislación deportiva: “Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta ley que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte se transmitirán y resolverán conforme a las disposiciones de la ley que se abroga”.
No ha sido el único tropezón para la CAAD. Opera a medias porque aún falta cubrir la vacante que dejó uno de sus integrantes, David Hernández, que abandonó esa comisión el año pasado para promover, en su carácter de asesor del director de la Conade, la llamada “Iniciativa Mena”.
