Desde antes de asumir la Presidencia, Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno sobrevendieron las expectativas positivas y esperaban que a su vez éstas modificaran radicalmente la realidad. En cuanto a los temas de inseguridad decidieron simplemente sacarlos de su discurso cotidiano y tratar de que los medios hicieran lo mismo. En el ámbito político publicitaron el Pacto por México y en el económico le apostaron a las reformas estructurales.
En esta tónica Peña Nieto intervino por primera vez como jefe del Ejecutivo (lo había hecho antes como gobernador del Estado de México y como candidato presidencial) en el Foro Económico Mundial de Davos para presumir la aprobación de sus reformas estructurales, especialmente la energética, que tan buenos comentarios había tenido en la prensa internacional.
Pero no contaba con que el presidente del Foro, Klaus Shwab tocara el tema de la inseguridad en dos de las cuatro preguntas que le hizo.
Fiel a su libreto, Peña Nieto pretendió vender los magros avances en materia de combate a la inseguridad señalando que lo peor ya había pasado y dijo: “Sin que esto suene a una afirmación triunfalista sí podemos observar a un año dos meses de distancia (que) ha habido una disminución real en el número de homicidios”. Y trató de desviar la atención hacia otros países: “(el fenómeno) no es privativo de México, es privativo de la región de América Latina”.
Aferrado a las estadísticas oficiales Peña Nieto pretende ignorar que la notoriedad que cobraron en los últimos meses los grupos de autodefensa –sobre todo, aunque no únicamente, en Michoacán– es consecuencia del colapso del Estado mexicano y ese mensaje se entiende muy bien particularmente en el mundo desarrollado, donde están acostumbrados a que los Estados les brinden plenas garantías jurídicas, lo cual hoy no es posible en muchas entidades y regiones del territorio nacional.
La estrategia gubernamental probablemente redujo la percepción de inseguridad en la población mexicana, porque ahora muchos de los actos de la delincuencia organizada son ignorados por los medios y el gobierno se encarga de maquillar las cifras de homicidios dolosos para argumentar su disminución. Pero la realidad y el trabajo periodístico del semanario Zeta muestran que las cifras oficiales contabilizan prácticamente la mitad de los ocurridos (Proceso 1922). En materia de inseguridad es muy evidente que la estrategia gubernamental se enfoca a modificar las percepciones, pero no a combatir el problema y mucho menos a cambiar la realidad.
En el caso de la economía el gobierno no puede manipular las cifras porque dicha información la manejan dos órganos autónomos: el Banco de México y el INEGI; así que no tuvo más remedio que aceptar que su pronóstico de crecimiento para 2013 –el de 3.5%– estaba equivocado y que en el mejor de los casos se llegaría a uno de 1.2%; es decir menos de la mitad de lo estimado originalmente. Dicho derrumbe también acabó con el llamado “memo” (mexican momentum) (Proceso 1922).
Aunque la reforma energética destruyó el Pacto por México, el gobierno logró sus objetivos y sacó adelante las llamadas reformas estructurales y a eso se aferran para atraer los ojos de los inversionistas internacionales a fin de superar el estancamiento económico de más de tres décadas.
Tras la aprobación de la reforma energética en la primera quincena de diciembre y las positivas reacciones que generó en los medios y la comunidad financiera internacional, la Cumbre de Davos era el escenario ideal para promoverla y tratar de captar la atención de los inversionistas. Pero se olvidaron de Michoacán.
Los enfrentamientos entre autodefensas y los cárteles de la droga en esta entidad se recrudecieron; el gobierno federal ya no pudo ignorarlos y tuvo que intervenir. Los medios internacionales también dieron cuenta de ello y por ende la comunidad financiera internacional se enteró.
Aunque una y otra vez las autoridades mexicanas sentencian que la inseguridad no afecta el entorno de negocios y que la inversión extranjera directa sigue fluyendo normalmente a México, lo cierto es que más allá de las pérdidas directas (calculadas por el INEGI en casi 9 mil millones de pesos anuales, casi 1% del PIB) el fenómeno tiene múltiples repercusiones en la vida económica y eventualmente sus impactos negativos pueden ser iguales o mayores a las expectativas positivas que se quieren construir con las reformas estructurales.
Para 2014 el gobierno pronostica un crecimiento de 3.9% del PIB, pero los economistas del sector empresarial nacional encuestados por el Banco de México en diciembre pasado estimaron un crecimiento de entre 3 y 3.4% y aunque en esas estimaciones ya se incluía el impacto de las reformas legislativas, todavía no se consideraba el agravamiento de la inseguridad.
Más allá de la generación de expectativas el gobierno tiene que atender y solucionar los problemas que afectan al país y a la población. Ignorar u ocultar los problemas o pretender resolverlos con discursos optimistas y la creación de expectativas positivas no permitirá superar la crisis; se requieren diagnósticos realistas, estrategias acertadas y políticas adecuadas. Y hasta hoy esto no ha ocurrido.
Las causas de la inseguridad en México no se resolverán con las reformas y eso lo saben los inversionistas internacionales: por eso cuestionaron al presidente mexicano sobre el tema, cuando él nuevamente lo había ignorado. Más allá del discurso, la estrategia gubernamental para combatir la inseguridad es exactamente la misma del anterior sexenio y su fracaso ya quedó demostrado; persistir es un error que puede costarle mucho más que un mal rato en la Cumbre de Davos, pues la crisis de inseguridad no es exclusiva de Michoacán y la violencia puede agudizarse en otras entidades en cualquier momento, como ya sucedió en meses pasados en Tamaulipas y Guerrero, entre otros.
