XALAPA, VER.- Las extrañas circunstancias en las que fue asesinado Gibrán David Martiz Díaz –concursante del programa de La voz México– y las inconsistencias y vacíos en las explicaciones ofrecidas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado volvieron a exhibir la suciedad imperante en el sistema policiaco veracruzano.
Además del caso de Martiz hay denuncias de familiares de policías municipales, agentes estatales y parientes de exservidores públicos del gobierno del priista Javier Duarte que afirman que integrantes de la SSP y sus cuerpos de élite y reacción inmediata levantan, torturan y desaparecen gente.
Pese a las acusaciones, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió el pasado martes 14 “el gran trabajo” que hace la Policía Estatal.
Martiz de 22 años, tenía las nacionalidades mexicana y panameña. De agosto a noviembre de 2013 participó en el programa de Televisa La voz México. En ese lapso Martiz vivió en el hotel Royal del Pedregal, junto con sus entrenadores y decenas de jóvenes de toda la República, cuenta Efraín Martiz, padre del joven cantante.
El lunes 6 el muchacho se mudó a un departamento en Xalapa con unos amigos; su familia se quedó en Veracruz: “Papá, tengo un proyecto nuevo de solista, voy a grabar el disco Caminando a la Luna, ya tenemos un sencillo: ‘Playboy’”, presumió entonces.
Un día después, el martes 7, el padre de Gibrán se enteró de que tres patrullas de la SSP habían sacado a su vástago de su domicilio, por la fuerza, sin una orden de arresto y esposado. También secuestraron a otro joven, amigo de su hijo. En los siguientes días Efraín buscó a Gibrán en el cuartel de San José, en los ministerios públicos y en la SSP. En todos lados le aseguraron no saber nada, pese a que hay ocho testigos y fotografías de que la patrulla 201778 se lo llevó.
El sábado 11 le hablaron del gobierno estatal para que acudiera a reconocer un cuerpo. Era Gibrán. Horas más tarde se lo entregaron envuelto en una sábana blanca y sólo con la trusa puesta. Martiz asegura que su hijo estaba muy golpeado y con el tiro de gracia. Insiste en que la policía de Veracruz cometió “un error muy grande” y al darse cuenta quiso hacer pasar a su hijo como delincuente. Los agentes “quisieron ser jueces y verdugos”.
Un día después comenzaron a circular fotografías –de forma anónima– en las que el cantante juvenil posaba con armas de alto calibre.
Las imágenes fueron filtradas a los sitios El Blog del Narco y Notiinfomex. Horas después fueron distribuidas por cuentas de correo electrónico que han sido vinculadas con la oficina de prensa de Duarte (animaseditores@gmail.com, tribunaveracruz@gmail.com, informaciónveracruz1@gmail.com) y que presuntamente se usan para desprestigiar a políticos de oposición (panistas, perredistas y lopezobradoristas), académicos y periodistas incómodos.
“Las fotografías eran de utilería, para el videoclip de ‘Playboy’. Esas fotografías fueron extraídas de su celular, un iPhone 4. Es obvio que ese teléfono se lo quedaron los policías”, sentencia su padre, quien pide tiempo para que la productora dé a conocer dicho videoclip, que podría transmitirse en el canal especializado en música Telehit.
Ese domingo, el gobierno de Veracruz convocó a los medios. Amadeo Flores, procurador estatal, aseguró que en un operativo en La Ternera, entre Huatusco y Conejos, fuerzas federales y estatales persiguieron a dos vehículos “sospechosos”. Al darles alcance, prosiguió, los delincuentes abrieron fuego. En el tiroteo, dijo, fueron abatidas dos personas. En el sitio, además de los presuntos gatilleros fueron hallados los cuerpos del cantante y de un amigo suyo, menor de edad, cuya identidad se reservó.
Flores no explicó si los cuerpos hallados iban en las cajuelas de los vehículos o en la parte trasera, ni si los jóvenes murieron en el fuego cruzado o antes. Sólo consignó que dentro del vehículo se encontraron armas y uniformes de policías de distintas corporaciones.
Un día después de este anuncio, Efraín Martiz ofreció entrevistas en radiodifusoras nacionales donde culpó a policías estatales de la muerte de su hijo. En redes sociales y bajo la etiqueta #DondeEstáGibrán?, tuiteros recriminaron la investigación y el desenlace del caso. Tras el escándalo el gobierno priista modificó la versión que había dado 24 horas antes.
La noche del lunes 13 la administración estatal admitió que sí habían participado siete elementos de la SSP en el levantón. El gobierno aseguró que estaban detenidos por los probables delitos de incumplimiento de un deber legal, coacción y abuso de autoridad, pero una semana después todavía se ignora la identidad de esos oficiales.
Amadeo Flores subrayó, eso sí, que “se comprobó” que las ojivas alojadas en los cuerpos de los jóvenes coincidían con las pistolas que portaban los delincuentes abatidos.
“Es ahí el vacío de la historia. ¿En qué momento mi hijo pasó de detenido a presunto delincuente?”, recrimina Efraín Martiz.
Incoherencias policiacas
El levantón y posterior asesinato de Martiz puso al desnudo el modus operandi de la administración priista para afrontar las crisis de seguridad.
El lunes 13, Proceso acudió al inmueble de la SSP. Ahí, un vocero cercano al titular, Arturo Bermúdez Zurita, dijo que tripulantes de un automóvil oscuro con vidrios polarizados (presuntamente un Lancer negro) secuestraron al cantante y a un amigo suyo en la avenida Ferrocarril Interoceánico de esta capital.
Señaló que luego de “dos llamadas de emergencia” al número 066, policías a bordo de la patrulla 201778 –la señalada por el hermano de Gibrán, Erick Martiz, en su cuenta de Twitter– llegaron al lugar, pero ya no encontraron pistas del caso.
El funcionario de la SSP aseguró que no existió “ninguna denuncia”, pero Efraín Martiz afirma que sí se interpuso una queja en el Departamento de Asuntos Internos de la SSP y que existen las demandas EXP.UIPJ/DXI/6º/12/2014 y EXP.UIPJ/DXI/8º/09/2014, además de una carta dirigida a Duarte.
El caso del joven cantante no ha sido el único que ha mostrado la oscuridad de la SSP.
Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de esa secretaría, denunció en octubre pasado que efectivos del cuerpo de élite y de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable la habían golpeado y amenazado de muerte.
Ella fue levantada por cuatro agentes encapuchados de la patrulla 1397, que la obligaron a descender del taxi en el que viajaba para golpearla y torturarla durante cuatro días en la Academia de Policía de El Lencero. “Me dijeron que confesara la posesión de unos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja”.
En ese mismo levantón desapareció el taxista Andrés Aguilar Marín, de 37 años. Su hermana, María del Rosario Aguilar, confirmó que tres meses después nada se sabe de su paradero.
Otro caso de escándalo ocurrió hace un año. El 11 de enero de 2013 ocho policías municipales de Úrsulo Galván fueron reportados desaparecidos y a la fecha no se sabe nada de ellos.
Uno más: en julio de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigó la actuación de efectivos de la Agencia Veracruzana de Investigación que presuntamente agredieron a Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas.
Acusada de un fraude por 1 millón 800 mil pesos, de acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013, la exservidora pública fue torturada por policías ministeriales mediante “toques eléctricos” en los pezones, abdomen y vagina a fin de que se declarara culpable.
Estadísticas del propio gobierno de Veracruz marcan que cuatro de cada 10 policías que laboran en el estado han sido dados de baja por no pasar los exámenes de evaluación, control y confianza.
