Toda una metáfora resultó el cristalazo que le dio a su propia oficina la profesora Elisa Ayón, cuya calidad de regidora priista de Guadalajara está en litigio. Mientras se decide quién ocupa el cargo, sin que esto genere expectativas de mejoría política o administrativa, de pronto trascendió el clima de animadversión que prevalece en esa regiduría, en la alcaldía y en el PRI.
La regidora priista de Guadalajara con licencia Elisa Ayón Hernández por fin se fue a su casa, en compañía de su abogado, después de pasar casi 31 horas encerrada en la oficina que ocupó hasta noviembre pasado en la Presidencia Municipal.
Declaró que se iba a su domicilio, donde esperaría el resultado de la segunda solicitud de amparo que promovió para retornar a su cargo.
Ayón Hernández pidió licencia el 12 de noviembre tras ser exhibida en una grabación y acusada públicamente de participar en actos de corrupción, tanto en la Dirección de Panteones como contra los comerciantes establecidos de Obregón y San Juan de Dios.
Ella tenía contemplado regresar a su cargo el 20 de diciembre, pero Akemi Isabel Rizo García, su suplente en la regiduría, promovió un recurso administrativo y el ayuntamiento lo admitió, y su Dirección Jurídica señaló que Ayón no podía realizar ningún acto legal como regidora.
El 13 de enero Ayón irrumpió en la alcaldía entre empujones y gritos. Logró entrar en la que fue su oficina a las 14:00 horas, luego de romper un cristal y forzar una cerradura. La autoridad municipal la denunció por daños y allanamiento.
“Yo no vengo a ver si me quieren; esto no es una cuestión de amor, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de responsabilidad”, decía la también profesora en sus intentos de entrar a la oficina, custodiada por cuatro policías. Insistió: “Necesito pasar a la oficina. Yo soy regidora por Guadalajara. Yo soy regidora, no tengo licencia”.
No podía entrar porque el ayuntamiento cambió la chapa. Entonces fue a la Secretaría General y al salón de sesiones. Incluso quiso participar en una reunión de la Comisión de Gobernación, de la cual era integrante, pero bastó su presencia para que la actividad se cancelara.
Entonces se dirigió a la oficina del presidente municipal, Ramiro Hernández, para informar al personal que no podía entrar a su oficina y solicitar que le enviaran un cerrajero, pero no le hicieron caso.
Entonces rompió un vidrio y abrió por dentro. Ya en su oficina, señaló alzando la voz que Hernández está enterado desde noviembre pasado de que en los panteones municipales se profanaban tumbas para robar los objetos de valor, se ocultaban vehículos robados e incluso que se filmó una película pornográfica en el de Mezquitán.
Según la regidora, el alcalde no quiso actuar: hizo un gesto “y me decía que no, y que ahorita no era el momento, que me esperara. Yo no me puedo esperar, estar callada”. Hernández ya había declarado que no había indicios de tales hechos.
Su voz pareció quebrarse cuando recordó que el 5 de noviembre la encaró personal armado de la Dirección de Panteones: “Fui amenazada con una pistola por Carlos Elizarrarás Carral, por instrucciones de José de Jesús Ledezma Hurtado; revisen los expedientes. Me dijeron que eran instrucciones de Ledezma Hurtado y que me iba a arrepentir porque ellos estaban posicionados con gente más arriba”.
De acuerdo con la página de transparencia del municipio, Elizarrarás tiene una plaza de supervisor A en la Dirección de Panteones. También es dirigente en Jalisco de Juventud Popular, una organización del PRI. En tanto que Ledezma Hurtado aparecía en la nómina como asesor; su último cheque lo cobró el 31 de octubre de 2013.
A decir de Ayón, el mismo 5 de noviembre recibió una llamada de “Ricardo Torres Santana, que es el encargado de las adquisiciones de Panteones, y me decía que ya estaba cansado de toda la corrupción de que lo hacía firmar Martín Parral (todavía ocupaba en esa fecha la dirección), y que los hace firmar y que el material no existe. Eso se llama robar a las arcas municipales. Cuando fui en ese momento a Panteones fui en calidad de secretaria general (del PRI Guadalajara), porque todos son priistas”.
Parecía a punto de soltar el llanto cuando intentó justificarse: “No es impotencia, es desesperación de que la gente esté amedrentada por estos tipos, y los ciudadanos y la gente en el panteón no lo pueda decir porque están amenazadas sus familias. Yo también, y una vez más lo digo: no lo voy a permitir, y le pido al gobierno municipal que actúe en contra de esos delincuentes, ya estoy señalando los nombres”.
Igualmente denunció los supuestos malos manejos de una bolsa de 2.5 millones de pesos destinados a los crematorios, pero que no se invirtieron.
Estira y afloja jurídico
Ayón Hernández argumentó que tiene derecho de regresar a su cargo porque es de elección popular y no puede renunciar. Precisó que no dejaría su oficina “en tanto no me notifiquen de esa manera sus argumentos ilegales para intentar impedirme que ocupe mi cargo; no saldré de mi oficina para que no les cueste trabajo notificarme”. Se dirigía a Ramiro Hernández; al secretario general del ayuntamiento, Jesús Lomelí Rosas, y al director jurídico de lo contencioso, Javier Salas Mejía.
La mañana del martes 14, la priista explicó que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa le había concedido una suspensión provisional para dejar sin efecto la suspensión otorgada a su suplente. Sin embargo, horas después se conoció que en realidad se denegó dicha suspensión provisional solicitada por Ayón para volver a su puesto.
A su vez, Salas Mejía reiteró que la justicia federal tomó en cuenta el recurso administrativo de la suplente, Akemi Rizo, por lo que se impedía el retorno de Ayón al cargo.
Explicó también el funcionario que la polémica profesora argumentó en su solicitud de amparo que la presencia de policías fuera de su oficina constituyó privación de su libertad, por lo cual se le otorgó la suspensión provisional, pero eso no impedía que la pudieran sacar de las instalaciones con la fuerza pública si fuera preciso.
Agregó que Ayón fue notificada el 19 de diciembre del recurso que presentó su suplente.
Cuando los reporteros entrevistaron a Ramiro Hernández sobre el regreso de Elisa Ayón, éste quiso restarle importancia al hecho y subrayó que existen otros asuntos más relevantes:
“Vamos a trabajar en lo importante, no vamos a ocuparnos de cuestiones que tienen que ver más con escándalos, con conductas de carácter personal, de las que tendrá que responder cada quien. La política no es solamente el escándalo ni los tema de conflicto como éste (…). Ocuparnos de esto es abordar temas que no le corresponden al presidente municipal.”
Pero después comentó que la situación en que regresó su correligionaria priista avergüenza a su gobierno y genera una mala percepción en los tapatíos.
Por su parte, el abogado de Ayón, Martín Hernández, indicó que ella salió de las instalaciones municipales para recibir en su domicilio una notificación sobre un segundo amparo, que interpuso esta vez contra el director jurídico y el síndico, quienes afirmaron que ella no se encuentra legalmente en funciones.
“Se tuvo la necesidad de presentar un nuevo amparo porque necesitamos tener una constancia fehaciente de esa supuesta notificación que ellos argumentan o de esa supuesta resolución administrativa. Desde luego la desconocemos y la objetamos, es una resolución contra la ley”, dijo el litigante.
