El crecimiento económico de los países de América Latina en los últimos años no ha traído consigo el abatimiento de los delitos y la violencia. Por el contrario, el robo, la extorsión, el secuestro y los homicidios se han disparado. De hecho, la estructura económica en la región ha generado un crecimiento desigual y centrado en el consumo, lo que incluso dio origen a un “delito aspiracional”: la vía delictiva para allegarse lo que no se puede comprar. Tal es uno de los señalamientos del informe Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, elaborado por PNUD y el cual será presentado en México en febrero próximo.
Desde hace dos decenios, América Latina aparece en las estadísticas mundiales como la región más desigual y más violenta. Y aunque la disparidad en el ingreso muestra una tendencia a la baja, la violencia va al alza y es cada vez más letal. Con 100 mil homicidios en la región por año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya le da rango de “epidemia”.
No toda es consecuencia del crimen organizado. Un conjunto de amenazas, como la extorsión, el secuestro, la violencia de género, la de Estado y la corrupción, se cierne sobre los latinoamericanos. Sobre todo destaca el robo, en espacios públicos o privados, que se ha triplicado en los últimos 25 años y es cada vez más agresivo.
Si bien científicos sociales y expertos en seguridad sostienen que esta paradoja debe explicarse de manera multidimensional y no lineal, coinciden en que la estructura económica del subcontinente ha generado un crecimiento desigual, de mala calidad y centrado en el consumo, que incluso ha dado origen a un “delito aspiracional”: la vía delictiva para allegarse lo que no se puede comprar.
En todo caso, la percepción de inseguridad en los latinoamericanos es tan alta y ha afectado de tal manera su vida individual y colectiva, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dedicó su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 a este tema. Se titula Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, tiene 285 páginas y será presentado en México el próximo febrero. Aborda 18 países de la región y fue elaborado por un equipo multidisciplinario e internacional de especialistas, coordinado por el politólogo mexicano Rafael Fernández de Castro.
El origen de las balas
Según ese informe, América Latina ha tenido en los últimos años un crecimiento promedio de 4.2%, superior al de Estados Unidos y varias economías europeas. Setenta millones de sus habitantes salieron de la pobreza y 50 millones ingresaron a la clase media. El desempleo disminuyó a 6.4% en 2013 y la inflación ha permanecido baja. Y en cuanto a “satisfacción general de vida”, los latinoamericanos reportan un promedio de 6.3, el más alto a nivel mundial.
Sin embargo, los delitos y homicidios van al alza. Estudios recurrentes han mostrado que no hay una relación directa entre pobreza, ingresos y desempleo con los índices delictivos. No parece ocurrir igual con la desigualdad. El informe colige que “el aumento de las expectativas de consumo, a la par del estancamiento en la movilidad social y la falta de un crecimiento incluyente” podrían ayudar a entender este fenómeno.
Si bien las cifras indican que 40% de los hogares latinoamericanos pobres logró ascender a una clase socioeconómica más alta entre 1995 y 2010, la mayoría no llegó hasta la clase media, sino que se quedó atrapada en un segmento al que el Banco Mundial bautiza como “grupos vulnerables”. Esta nueva “clase” es la más numerosa de América Latina, con 38%, y se caracteriza por la informalidad laboral, el estancamiento educativo y una escasa cobertura social.
Aunque la clase media latinoamericana tampoco corresponde a la de las economías avanzadas, el informe subraya que pese a los ascensos estadísticos el potencial de movilidad social e intergeneracional sigue siendo restringido. “El origen económico y social de los padres y el entorno en el que nacen las personas continúa determinando su futuro”.
Esto no ha impedido que se amplíe la demanda de bienes como aparatos eléctricos y electrónicos, celulares, internet, autos y ropa de marca. “La capacidad de consumo se convierte en un factor clave en la percepción de la condición social, y si la baja calidad del empleo no alcanza para materializar esas expectativas, el delito sigue siendo una opción”.
Ávidos de rápidos y mejores ingresos, los jóvenes de esos “sectores vulnerables” son también los que más recluta la delicuencia organizada. No delinquen necesariamente porque son pobres, “sino porque aspiran a alcanzar las metas prescritas por la sociedad”. A ello se agrega que la familia, la escuela y la ciudad, que desde la perspectiva del desarrollo humano deben funcionar como “inhibidores del crimen”, se han debilitado.
Tres cambios clave se identifican en las familias latinoamericanas: el aumento de los hogares monoparentales, las altas tasas de fecundidad adolescente y la migración. La jefatura familiar femenina se duplicó en los últimos 30 años y el embarazo adolescente (que bajó 26% a nivel mundial) subió en algunas regiones 10%. Sólo está detrás de África.
La baja remuneración también ha llevado a ambos padres a trabajar fuera del hogar o a migrar. Cada vez más mujeres buscan salir de su país, lo que ha provocado una “feminización” de la emigración y la “maternidad a distancia”. Según el BM, estos procesos han causado que los niños tengan una mayor propensión a adoptar comportamientos violentos, consumir alcohol y drogas y sostener relaciones sexuales riesgosas.
Las carencias tampoco las suple la escuela. Mientras que en la población más adinerada casi todos finalizan la preparatoria, en el quintil más pobre uno de cada cuatro no lo logra. Además, 25% de los jóvenes ni trabaja ni estudia.
En las pruebas de evaluación educativa la región continúa con uno de los desempeños más bajos del mundo. En México, por ejemplo, 51% de los reos no terminó la secundaria.
Tampoco ayuda el crecimiento acelerado y desordenado de las urbes, donde se concentra 80% de la población y el mayor porcentaje de delitos. El problema no es el tamaño de las ciudades, sino la incapacidad institucional para incorporar a los pobladores en condiciones marginales. Hoy, 111 millones de latinoamericanos viven en tugurios o favelas.
Los estudios muestran cómo esos barrios han tenido una mayor cantidad de delitos, debido también a la gran presencia de “facilitadores de la violencia”: las armas de fuego, las drogas y el alcohol. Resalta, además, que han sido las segundas y terceras generaciones de inmigrantes quienes más delinquen.
Las estadísticas revelan que más de un tercio de los robos en América Latina fue perpetrado con armas de fuego y, con ello, creció la proporción de muertes. La facilidad de allegarse un arma radica en la escalada de fábricas en la región, los remanentes de las guerras civiles en Centro y Sudamérica, el desvío por parte de elementos corruptos de la policía y las fuerzas armadas, y el tráfico desde Estados Unidos.
Se calcula que al menos 80 mil homicidios al año se cometen con arma de fuego y que los índices de violencia letal por su causa superan ampliamente el promedio mundial (43%), con índices que oscilan entre 75% y 83%. La probabilidad de ser asesinado en América Latina por un arma de fuego es seis veces mayor que por arma blanca.
Aunque no hay datos precisos del número de armas legales en manos de civiles, porque algunos países no declararon sus registros, la suma de los disponibles arrojó en 2010 alrededor de 10 millones. Es evidente, sin embargo, que el número de armas no registradas es mucho más alto y con una agravante: cada vez más menores de edad tienen acceso a ellas.
En cuanto a las drogas, si bien se ve que dinamizan la violencia y el crimen, existen variables de contexto, ya que en los países productores la violencia no ha subido igual que en los de tráfico. Estadísticamente, además, el alcohol está muy por encima de otras sustancias psicoactivas en la comisión de acciones violentas (60% frente a 3%).
Aquí se delinque así
El informe traza un “mapa de la inseguridad” basado en registros de las policías, la justicia penal y los centros de estadística, así como en sondeos a la población y encuestas a reclusos. Cubre 12 delitos, desde pequeños hurtos hasta la trata de personas, pasando por homicidios, robos de todo tipo, lesiones, violaciones, extorsiones, secuestro y violencia intrafamiliar.
Advierte que puede haber una “cifra oculta” hasta de 130% entre los registros administrativos y el número real de delitos, porque hay una falta de confianza en la efectividad y transparencia de las instituciones.
El asesinato es el delito más difícil de ocultar. Desde el año 2000 ha mostrado en América Latina un crecimiento de 12% (en el mundo hay una disminución de hasta 50%).
El informe plantea que es un reto común para la región. Sin embargo, “hay áreas de un país con una tasa que supera hasta 10 veces las de otras. Las diferencias se observan incluso al interior de las ciudades, los barrios y las calles”. En México, por ejemplo, Chihuahua tiene 194 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Yucatán sólo registra 1.74.
También hay diferencias por edad y género. Sin duda, los jóvenes son los más afectados. Entre 1996 y 2009 alrededor de 35% de las víctimas tenía entre 10 y 25 años de edad. Las muertes se concentran además en la población masculina, en una proporción de 10 a una.
La estigmatización de varones pobres como supuestos delincuentes ha llevado a un abuso de poder por parte de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y ya se detectó una “juvenilización” de la población carcelaria, que casi siempre está hacinada, sujeta a prácticas de violencia y con pocas perspectivas de reinserción social.
Pero los asesinatos de mujeres también han aumentado. Definidos como “feminicidios” cuando su motivación es de género, todavía muy pocos países latinoamericanos lo han tipificado como tal. La mujeres sufren además “desproporcionadamente” de violencia sexual, intrafamiliar y de pareja. En promedio, 460 mujeres son violadas cada día en América Latina.
Paralelamente hay un subregistro debido al machismo, los prejuicios sociales, la religión o simplemente la ignorancia y el miedo.
Como ya se dijo, el robo es el crimen más frecuente en América Latina. Según una encuesta de 2012, cerca de 80% de las personas que fueron víctimas de un delito ese año sufrió algún tipo de robo. Los pequeños hurtos son endémicos en la región y en general no se denuncian. Pero en los últimos años las estadísticas muestran un salto en los robos de mayor cuantía, marcados por el uso de armas de fuego (seis de cada 10).
Uno de los robos más documentados es el de automóviles. Cada año se hurtan en la región unos 700 mil: un negocio de al menos 2 mil millones de dólares anuales.
Arquitectura del miedo
Otros delitos frecuentes son las extorsiones y los secuestros. En ambos las víctimas comparten el temor de acceder a la justicia ante posibles represalias y prefieren pagar el rescate o las cuotas exigidas. No hay, por lo tanto, datos precisos, pero sí tendencias que indican un alza.
En los registros de 14 países de la región se contaron, entre 2009 y 2011, al menos 18 mil 500 secuestros, lo que equivale a 17 al día. De hecho, cinco de los 10 países con más secuestros en el mundo están en América Latina y uno de ellos es México.
En cuanto a la extorsión, la mayoría de las veces telefónica, ocho de cada mil latinoamericanos dicen haberla sufrido alguna vez, aunque no la hayan denunciado. En 2011, en México, entidades económicas reportaron más de 600 mil extorsiones, aunque el subregistro se calcula en más de 100%.
Si bien el crimen organizado también ha incursionado en estos delitos para diversificar sus fuentes de ingreso, su actividad principal aún se centra en el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Tanto a escala local como nacional, este fenómeno ha tenido un fuerte impacto negativo en las personas y sus comunidades, y un efecto multiplicador en la inseguridad al influir en la ineficacia de las instituciones.
También ha tenido repercusión en los índices de asesinato, a causa de las disputas entre cárteles. En algunas zonas, las tasas de homicidio alcanzan inclusive niveles similares a los de países con conflictos bélicos y conllevan desplazamientos de población y emergencias humanitarias.
En cuanto a los actores estatales que contribuyen al crecimiento de la violencia, destacan dos grupos: los “formales” (miembros del aparato de seguridad del Estado, como fiscales, jueces, legisladores y funcionarios públicos) y los “informales” (paramilitares, defensas civiles, escuadrones especiales y grupos de vigilantes, que son promovidos o tolerados por los gobiernos). Ambos se benefician de la impunidad y la corrupción, que puede abarcar desde una “mordida” de tránsito hasta millonarios delitos de “cuello blanco”.
Organismos de derechos humanos y periodistas denuncian que los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han ido en aumento en la región; 44% de los latinoamericanos piensa que las fuerzas de seguridad participan en las actividades delictivas y más de 50% afirma que la corrupción está “muy generalizada”.
¿Privatización de la seguridad?
En América Latina “la politización o la captura de las instituciones estatales por parte de actores privados, tanto legales como ilegales, que buscan proteger sus intereses, ha actuado en detrimento de la provisión pública de seguridad ciudadana”. Y ello se refiere por igual al ramo de seguridad como al de impartición de justicia.
Ante este panorama, los latinoamericanos también se destacan a nivel mundial por su temor a la inseguridad. Para evitar ser víctimas del delito, han cambiado sus actividades cotidianas, modificado sus comportamientos y restringido sus libertades. Entre 45% y 65% ha dejado de salir de noche, uno de cada tres ha limitado sus lugares de compras y de recreación, y se calcula que unos 74 millones se han mudado de donde vivían por motivos de seguridad.
Este temor también tiene un impacto colectivo: ha cambiado la manera en que las personas se relacionan entre sí y con su comunidad; favorece los procesos de exclusión y el abandono de espacios públicos y crea cotos cerrados –la “arquitectura del miedo”– reservados a las clases medias y altas, lo que agudiza la desigualdad social. En contraparte, pandillas y delincuentes han creado en las ciudades verdaderas “zonas prohibidas”, donde la policía no puede entrar.
Ante la ineficacia de los agentes del orden y la incapacidad de la justicia, muchos han optado por contratar seguridad privada. En América Latina hay más guardias privados que policías (3 millones 811 mil 302 vs 2 millones 616 mil 753); y la tendencia a hacerse justicia por propia mano ha derivado en ocasiones en la contratación de “escuadrones” para que hagan limpieza social, o en linchamientos en zonas urbanas marginales o rurales.
La percepción de inseguridad ha provocado también una erosión democrática, ya que muchos latinoamericanos exigen “mano dura” y están dispuestos a renunciar a algunas libertades para que se ponga “orden”. Ante ello, el informe del PNUD es categórico: No, porque las evidencias demuestran que la represión ha tenido repercusiones negativas, muchas inesperadas, como el aumento de la violencia letal, la fragmentación y una mayor ferocidad de los grupos delincuenciales, la saturación de las cárceles, el abuso de autoridad y una creciente violación de derechos humanos.
No existe una “solución única”, dice, sino que deben aplicarse políticas integrales con participación de la población, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. El enfoque debe ser sectorial y de género. Debe prevalecer la prevención sobre la disuasión. Tiene que haber más información, coordinación intersectorial y evaluación in situ. Pero, sobre todo, más “aterrizaje” a nivel local. La experiencia demuestra que los programas pequeños, específicos y directamente aplicados en una comunidad son los más exitosos.
