El año 2014 comienza con diversas interrogantes sobre los retos que enfrentará México en sus relaciones con el exterior. Algunos están aparentemente superados, como el de la imagen negativa del país. La cascada de elogios a la reforma energética que apareció en la casi totalidad de los medios internacionales de prensa dejó en segundo término los comentarios escépticos que venían haciéndose respecto a la vigencia del “momento México”.
El término anterior había entusiasmado a varios analistas a comienzos de 2013, pero su opinión cambió ante los pobres resultados económicos obtenidos, así como por la persistencia de los problemas de seguridad. No obstante, el interés de los inversionistas extranjeros en participar de la apertura del sector petrolero y eléctrico cambió de nuevo la mirada de los medios al aprobarse la reforma energética. Falta ahora saber cuánto tiempo durará el entusiasmo; las veleidades de la prensa internacional son conocidas, pues ésta transita fácilmente de los elogios y el optimismo a las críticas y la descalificación.
Las bases para ver con entusiasmo el futuro inmediato de México son frágiles. En parte, porque falta saber cómo van a aterrizar las reformas que, por lo pronto, son solamente textos formales, muchos inacabados; en parte, porque la situación del país desde el punto de vista de su gobernabilidad y estabilidad interna es dudosa. En efecto, paralelamente a los éxitos legislativos, el gobierno afronta múltiples problemas de seguridad interna en diversos estados de la República. Basta citar los relativos a Michoacán, donde los enfrentamientos entre las policías comunitarias y el Ejército permiten hablar de una verdadera guerra civil. En otras palabras, el “México en Paz”, uno de los ejes del proyecto gubernamental, a los que mucho le gusta referirse el presidente Peña Nieto, no es una realidad. Y esto pone en entredicho la posibilidad de que se mantenga por mucho tiempo la buena imagen del país.
Más allá de las cuestiones de imagen, las relaciones de México con el exterior se encuentran ante retos difíciles. En la relación con Estados Unidos sobresale el tema de los 6 millones de mexicanos que se hallan sin documentos en aquel país. Durante 2013 estuvo presente una ilusión al respecto, alentada por la aprobación en el Senado de una iniciativa de ley bipartidista que prometía la legalización e incluso ciudadanía de los inmigrantes sin documentos. Pero al pasar a la Cámara de Representantes la iniciativa se empantanó. Otros intereses y otra correlación de fuerzas paralizaron finalmente todo intento de aprobar la reforma.
Se considera difícil o imposible lograrla en 2014, año de elecciones intermedias en Estados Unidos. Lo único que puede esperarse, tomando en cuenta que conviene a los republicanos no aparecer como abiertamente anti-inmigrantes frente al electorado hispano, es la aprobación de algunas medidas parciales dirigidas a grupos específicos, entre los que pueden estar trabajadores agrícolas, personas que llegaron siendo niños a Estados Unidos o –asunto que interesa particularmente en los últimos tiempos– trabajadores muy calificados, por ejemplo estudiantes mexicanos que han terminado brillantemente estudios de posgrado en la nación vecina. Para ellos hay la propuesta de entregarles automáticamente la tarjeta de trabajo.
Puesto que la protección de mexicanos en el extranjero se coloca como uno de los objetivos prioritarios de la política exterior de Peña Nieto, es un tanto contradictorio que no se tome posición frente a los momentos difíciles que vivirán los trabajadores indocumentados al no aprobarse la reforma integral, al endurecerse las deportaciones y muy posiblemente acelerarse las medidas a nivel estatal de carácter discriminatorio. ¿Puede seguirse justificando no hacer pronunciamientos con el argumento de no interferir en un proceso que avanza hacia una reforma integral que no ha podido aprobarse?
En otro orden de cosas, uno de los retos más serios de 2014 será encontrar el camino para entenderse con los inversionistas extranjeros y, simultáneamente, proteger la vasta red de intereses, privilegios y corrupciones que tradicionalmente han estado asociados a la actividad petrolera en México. No será fácil asignar campos de actividad, fijar normas contractuales y pedir transparencia y rendición de cuentas a los inversionistas –que no son palomitas blancas–, cuando al mismo tiempo es preciso evitar que todo ello provoque conflictos de mayor envergadura con esa red de intereses, la cual tiene, como uno de sus brazos más conspicuos, aunque desde luego no el único, al sindicato de Pemex.
Es poco probable que los ciudadanos se enteren de cómo y quién ejecutará los actos de equilibrio que se requieren. No obstante, en el México más democrático de hoy en día, es de esperarse que los medios de comunicación den cuenta de los arreglos, no siempre muy tersos, que seguramente van a tener lugar.
Finalmente, un reto al que cabe referirse, justamente por estarse celebrando la 25 reunión anual de embajadores y cónsules, es asumir el mandato específico que corresponde a la Secretaría de Relaciones como el foro privilegiado para analizar lo que ocurre en el mundo e identificar la manera positiva o negativa como afecta a México. El discurso del canciller en el mencionado evento tuvo pocas referencias a la situación mundial y mucho de reiteración de los “ejes” de un discurso presidencial un tanto gastado al cabo de un año. El discurso de una secretaría que se vea a sí misma como algo más que una caja de resonancia del discurso presidencial o instrumento de apoyo a otras secretarías todavía está por hacerse.
