Aun cuando a lo largo de dos décadas el gobierno federal ha destinado cientos de miles de millones de pesos a Chiapas para combatir las desigualdades sociales, sobre todo en las regiones indígenas, esta entidad sigue teniendo la cifra más alta de personas en condiciones de extrema pobreza. Según fuentes de inteligencia y el EZLN, la razón de ello es que buena parte de esos recursos han sido utilizados para financiar a la contrainsurgencia y a grupos paramilitares como los que prepetraron la matanza de Acteal en 1997.
El gobierno de Ernesto Zedillo intentó acabar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), toda vez que mientras desarrollaba el diálogo formal con la guerrilla operó una “guerra irregular” apoyada en miles de millones de pesos repartidos entre gasto militar y obra social, según se desprende de documentos oficiales consultados por Proceso.
Concluido el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ya sin contacto entre el EZLN y el gobierno federal, Zedillo inició su gestión “cercando” al grupo guerrillero, que en los hechos satisfacía sus demandas de autonomía indígena: para el 19 de diciembre de 1994 ya había en Chiapas 30 municipios “autónomos y rebeldes” en Las Cañadas.
Zedillo aplicó entonces una estrategia paralela: la atención a las demandas sociales. El encargado de crear y poner en operación el llamado Programa Cañadas fue Carlos Rojas Gutiérrez, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En entrevista con Proceso, Rojas dice que fueron él y su equipo de trabajo quienes le propusieron al presidente “la posibilidad de construir un programa social con base en la participación y organización de las comunidades”, y en el centro del mismo estaba “lograr la reconciliación y la paz”.
Dicha iniciativa se concibió entonces para aplicarse en Las Cañadas –región que abarca los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, La Trinitaria e Independencia–, cuna del zapatismo. Tuvo como punta de lanza la instalación de 23 Centros de Atención Social (CAS). Según documentos de la Sedesol, se trató de “una propuesta de carácter social y productivo para enfrentar las causas que originaron el conflicto en esa entidad”.
El programa se proponía “sentar bases sólidas que permitan un acuerdo de paz sustentado en la reconciliación de las comunidades y en la convivencia que se logra con el pleno respeto a sus diferencias políticas”.
Los documentos hacen referencia “el aislamiento y dispersión de las comunidades” de Las Cañadas, lo que califican de “gran problema”, pues éstas “padecen altos niveles de pobreza, escasa atención en materia de salud, bajos rendimientos productivos, agudos conflictos agrarios, especialmente disputa por la tierra, así como limitadas oportunidades de educación y empleo”.
Al mismo tiempo Las Cañadas –donde viven tzeltales, tzotziles, tojolabales, choles y zoques– tienen “variados recursos como son agua suficiente para la agricultura y ganadería, reservas petroleras, maderas preciosas y abundancia en flora y faunas silvestres”.
Para detonar su potencial, se lee en el documento que dio origen al Programa Cañadas, “se requiere fortalecer la infraestructura de apoyo a la producción, especialmente de caminos y carreteras”. Sin embargo, la mayor cantidad de dinero destinado a reactivar la economía de la región no se invirtió en proyectos productivos –en este rubro se aplicó sólo 7% de dicho gasto– sino a carreteras y caminos –27%–, de acuerdo con el mismo texto.
Carreteras… para el Ejército
Carlos Rojas, quien en el sexenio salinista impulsó y desarrolló los llamados “comités de solidaridad”, detalla: “Lo que hacíamos era invitar a la población a tener una reunión con nosotros, una asamblea; ahí se iniciaba un proceso de diálogo y discusión que podía tardar días o semanas, pero ellos, con independencia y apoyo técnico, tomaban sus propias decisiones y hasta determinaban dónde querían la instalación del CAS, o incluso qué constructoras contratar”.
Cuando se le comenta a Rojas que ese programa llegó a ser calificado como una estrategia de contrainsurgencia, Rojas responde acerca de esos señalamientos: “¡Absolutamente falso! Y tan no promovíamos el rompimiento entre comunidades que la confrontación en esas zonas se logró superar, rebasando adversidades políticas, de organización, de pertenencia e incluso de credo político”.
Agrega: “Todavía después de tantos años se mantiene la paz en la zona, y fue en parte producto de una estrategia social que respetó la pertenencia de cada quien y no tuvo otro sentido más que el que la gente decidiera, participara, se organizara y ellos en muchos sentidos ejecutaran y vigilaran la inversión pública”.
–¿Por qué la mayor inversión se canalizó a carreteras, a proyectos para la Secretaría de la Defensa y no a planes productivos? ¿No debió ser al revés?
–Debió ser al revés, pero, ¿desde el punto de vista de quién? Porque a lo mejor para nosotros, desde la ciudad, es relativamente sencillo decirlo así. Las decisiones fueron tomadas por las propias comunidades y ellos lo decidieron así. Como también decían dónde introducir el agua potable, construir la escuela o el centro de salud.
–¿Las comunidades decidieron que se hiciera el camino por donde finalmente ingresaron las tanquetas a las localidades indígenas?
–Sí, sí, sí. Además, usted sabe lo que es vivir aislado, salir a lomo de bestia viajando dos o cuatro días. Cuando uno ve eso es cuando se explica ese tipo de cosas.
Un par de días después de la matanza en Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, Rojas sostuvo que “ni un solo cinco” iba a parar a la contrainsurgencia en Chiapas. Y sobre las triangulaciones de recursos públicos con la Sedena para construir carreteras a nombre de la Sedesol, señaló que esta última dependencia no tenía maquinaria para construir los caminos que las comunidades demandaban.
Rojas insiste en que el Programa Cañadas nunca buscó romper liderazgos, recabar información táctica sobre las bases zapatistas, hacer trabajo de contrainsurgencia o financiar paramilitares. “Esa palabra sólo la escuché de los medios de comunicación. Nunca hubo un reclamo de esa naturaleza en las comunidades”, afirma.
Lo cierto es que los CAS operados por Rojas en Las Cañadas se instalaron en comunidades ciento por ciento zapatistas, como Amador Hernández, Guadalupe Tepeyac, Monte Líbano, San Quintín, Morelia y Patihuitz, entre otras.
–¿Cómo lograron ingresar a la zona zapatista?.
–Con paciencia y sin publicitar el trabajo porque el EZLN tampoco se oponía a la mejoría de la gente. Cuando ellos constataron el respeto que les teníamos, que no íbamos a aprovecharnos, nuestra relación entre comillas cambió. Formalmente no nos conocíamos, formalmente nunca estuvimos en ninguna reunión juntos… ¡Pero claro que estábamos todo el tiempo y convivíamos con todos ellos, con los zapatistas! Pero fue con hechos y con dos años de trabajo silencioso como pudimos demostrar que actuábamos con verdad y honradez.
Programas “sociales” contra el EZLN
El éxito de Rojas para meterse a la cuna del zapatismo con el Programa Cañadas llevó al gobierno de Ernesto Zedillo a extender el modelo a la zona de Los Altos, donde se ubican 17 de los municipios más pobres de Chiapas y se concentran bases o simpatizantes del EZLN.
En mayo de 1997 la estrategia paralela del gobierno en el sentido de buscar y generar “un clima propicio para la reconciliación social y política de la entidad” llegó entonces a municipios emblemáticos de Los Altos como San Andrés Larráinzar –donde se iniciaron los diálogos con el gobierno en 1995– y Chenalhó, que abriga a la comunidad de Acteal, donde 45 bases zapatistas fueron asesinadas el 22 de diciembre de 1997.
Para entonces Zedillo se jactaba públicamente de que se habían invertido 56 mil millones de pesos “en obra social” en Chiapas.
Con el nombre de Acuerdo Social para el Bienestar y el Desarrollo de la Región Altos de Chiapas 1997-2000 empezó el ingreso a la zona de promotores de la Sedesol y, con ellos, miles de millones de pesos más para “atender el rezago social”.
Para los zapatistas de Las Cañadas y Los Altos, lo que hacía la Sedesol en sus comunidades no era otra cosa que labor de contrainsurgencia.
Máscara Roja, Los Chinchulines, Paz y Justicia y otros grupos fueron señalados por el EZLN como paramilitares formados por indígenas priistas, quienes a su vez, decían, eran entrenados por militares y recibían apoyo económico de la Sedesol, la Secretaría para Asuntos Indígenas (Sepai) de Chiapas e incluso de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Aun cuando Rojas niega haber promovido una “guerra irregular” contra el EZLN por medio de programas sociales, fuentes de inteligencia ubican a Hugo Andrés Araujo, Raúl Salinas de Gortari y Manuel Muñoz Rocha –ingenieros vinculados con el campo y zonas marginadas– como sus “operadores” para acercarse a los grupos guerrilleros.
Un especialista en inteligencia que pidió el anonimato confía a Proceso que un sujeto llamado Vicente Homero Granados Septién buscó en el sector castrense a un experto en contrainsurgencia. La recomendaron al general Mario Renán Castillo Fernández, “uno de los estudiantes más brillantes de la unidad del Sexto Ejército en Estados Unidos” y que se dedicaba a entrenar militares para “guerra irregular”.
De acuerdo con la misma versión, Granados le habló dicho militar a Carlos Rojas, y éste a su vez le comunicó el nombre a Zedillo, quien de inmediato asignó a Renán a la VII Región Militar, que abarca Chiapas y Tabasco, en sustitución del general Miguel Ángel Godínez Bravo.
Renán “llegó para entrenar a grupos paramilitares que recibían dinero del gobierno federal”, sostiene la fuente de inteligencia.
Días después Granados llegó a Chiapas como delegado de la Sedesol para ejercer, junto con Rojas y el gobierno estatal, miles de millones de pesos a través del Programa Cañadas 1996-1997 y Altos 1997-2000.
El 11 de noviembre de 1999 la entonces presidenta nacional del PRD, Amalia García, dijo de Granados Septién –cuando Zedillo pretendió imponerlo como gobernador de Chiapas–: se trata de un político “relacionado con los sectores más intolerantes del estado” y es el autor intelectual de la ley estatal de amnistía que favorece a los grupos paramilitares.
A Los Altos se destinaron 12 mil 680 millones de pesos en una primera etapa con el objeto de “generar un clima propicio para la reconciliación social y política”. El programa incluía 17 millones de pesos para Chenalhó, según se lee en el documento Los Altos 1997-2000. Una parte del dinero la canalizaría la Sedesol; otra, el gobierno estatal por medio de la Sepai, que en 1996 encabezaba Jacinto Arias Pérez, priista conocido como “el indígena intelectual preferido por exgobernadores”.
Arias Pérez es tío de Jacinto Arias Cruz, quien fungía como presidente municipal de Chenalhó cuando se perpetró la matanza de Acteal (1997). En un comunicado emitido entonces, el EZLN dio cuenta de comunicaciones interceptadas a policías estatales durante la masacre que probaban que los gobiernos federal y estatal habían aprobado el “operativo”; también denunció que un día antes de la masacre Jacinto Arias Cruz se había se reunido con el grupo paramilitar encargado de los asesinatos.
Más aún, acusó al gobierno de “financiar equipo y armamento mediante fondos de Sedesol para entrenar militarmente a indígenas reclutados por el PRI”.
Carlos Rojas rechaza estas acusaciones y asegura que si bien su equipo tuvo contacto con todas las organizaciones sociales de la zona de conflicto, no fue para financiar proyectos de contrainsurgencia.
Una de las agrupaciones que recibió dinero del gobierno fue Socama, que formaba parte del grupo paramilitar Paz y Justicia.
En el número 1712 de Proceso (del 23 de agosto de 2009), el corresponsal en Chiapas, Isaín Mandujano, reportó que el general Renán Castillo respaldó en todo momento a Paz y Justicia. Gracias a las gestiones del militar, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro le entregó a esa organización al menos 4 millones 600 mil pesos en julio de 1997 como parte de un “convenio de desarrollo productivo”. El general firmó como “testigo de honor”.
El EZLN siempre sostuvo que mientras el entrenamiento de grupos de contrainsurgencia como Paz y Justicia provino del Ejército, el dinero para las armas llegó mediante los “programas sociales”.
Esos programas, centrados en Las Cañadas, Los Altos y Sierra, alcanzaron durante el sexenio de Zedillo 52 mil 546 millones de pesos; en el de Fox, según cifras oficiales, la inversión fue de 79 mil 400 millones de pesos, y durante el calderonismo sumó 167 mil millones.
Documentos de la Secretaría de Hacienda refieren que en 18 años el Estado destinó a Chiapas 319 mil millones de pesos supuestamente para acabar con las desigualdades sociales en la entidad.
Pero aun con esas estratosféricas cifras canalizadas, el estado sigue siendo el que más personas en pobreza extrema tiene: un millón 629 mil 200, de acuerdo con cifras de 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
