La red de corrupción en la cual participan autoridades de los tres niveles de gobierno agravó la situación de los guerrerenses, ahora atrapados entre la delincuencia organizada, los alcaldes vendidos al narco y los gobiernos estatal y federal, que van de la indolencia a la sospechosa ineficacia en el combate a la inseguridad. El resultado: la proliferación de las autodefensas comunitarias, la represión contra éstas por el Ejército y, en consecuencia, más tensión en una entidad con muchas armas listas para disparar.
CHILPANCINGO, GRO.- Ante las acciones del narcotráfico, la guerrilla y las autodefensas impulsadas por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial en el cual advierte sobre la proliferación de esos grupos armados y la ingobernabilidad en la entidad, y pide la intervención federal para restablecer el estado de derecho en Guerrero.
Hasta el momento no hay indicios de que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya intervenido a gran escala y directamente en asuntos estatales de seguridad, excepto por una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra al menos 15 alcaldes por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
A su vez diversos activistas denuncian que con el asesinato de dirigentes sociales y el encarcelamiento de voluntarios de las autodefensas, el gobernador reprime los movimientos sociales en vez de combatir la inseguridad, la marginación y la pobreza; es decir, las causas de los problemas sociales de la entidad.
En este contexto la aparición del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo a principios de este mes enrareció más el ambiente.
En el informe de la CNDH, presentado el martes 17 en la Ciudad de México, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó que Aguirre Rivero actúa “contra la Constitución” al delegar las funciones de seguridad en ciudadanos “legítimamente indignados”, incluso otorgándoles subsidios millonarios, armas de uso exclusivo del Ejército, uniformes, equipo de radiocomunicación y vehículos.
Se refiere a los grupos de autodefensa, que tienen su antecedente en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fundada hace 18 años.
Esos grupos operan en 46 de los 81 municipios y en seis de las siete regiones de Guerrero, y según el documento de la CNDH reflejan el hartazgo de la ciudadanía frente a la impunidad, la injusticia y los presuntos nexos de las autoridades locales con la delincuencia.
Incluso el ómbudsman nacional planteó que “los poderes federales deben intervenir” para determinar si las autoridades guerrerenses “no están en condición de asumir el papel que les corresponde, con el objetivo de saber claramente quién va a asumir la responsabilidad”.
Añadió que por un lado el gobierno de Aguirre subsidia a estos grupos de civiles armados y por otro encarcela a sus integrantes. Este es el caso del desmantelamiento de la guardia comunitaria de la CRAC encabezada por los activistas Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Nestora Salgado, recluidos en penales de máxima seguridad desde principios del pasado noviembre.
En el informe de la CNDH se especifica que de enero a junio de 2013 el gobierno de Aguirre entregó 11 millones 615 mil 914 pesos a los principales grupos de autodefensa: 6 millones 168 mil 205 pesos a la CRAC-PC y 5 millones 447 mil 709 a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), escisión de la primera.
En respuesta a estos señalamientos, el gobierno estatal argumentó que la operación de la CRAC-PC es legal porque sus guardias son “auxiliares en materia de seguridad pública en sus comunidades”. En cambio negó que financie a otras autodefensas, aunque es del conocimiento público la entrega de dinero y apoyo a la UPOEG, encabezada por el indígena Bruno Plácido Valerio.
Pero hasta la fecha el gobierno de Aguirre no ha rebatido los puntos centrales del informe de la CNDH, como su ineficacia ante la narcoviolencia y los presuntos vínculos de autoridades locales con la delincuencia organizada, que orillaron a las comunidades a crear autodefensas.
El “guerrerazo”
La clase política local trató de arropar a Aguirre Rivero denostando el informe de la CNDH. Así lo hicieron los presidentes estatales del PRD, Carlos Reyes, y del PRI, Cuauhtémoc Salgado, además del presidente del Congreso local, el perredista Bernardo Ortega… justamente tres de los políticos señalados como presuntamente ligados al narco.
Fuentes oficiales informan a Proceso que los indicios de que autoridades guerrerenses tienen vínculos con la delincuencia organizada llevaron a la PGR a investigar por lo menos a 15 alcaldes priistas, panistas y perredistas de municipios de las zonas Norte, Sierra, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica y Centro, donde han surgido grupos guerrilleros y de civiles armados que decidieron enfrentar a las mafias.
Esta información se ha comentado en las reuniones privadas del Grupo Coordinación Guerrero, integrado por autoridades castrenses y civiles encabezadas por el gobernador. No obstante aún se desconoce el alcance de la investigación federal, previa al proceso electoral de 2015, a la cual se le atribuyen similitudes con la fallida operación calderonista de 2009 conocida como el michoacanazo.
El pasado 19 de noviembre el gobierno federal envió el primer mensaje a los ediles cuando el comisionado de Seguridad Nacional, Manuel Mondragón y Kalb, impuso al nuevo secretario de Seguridad Pública en Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, tras anunciar un golpe de timón en la seguridad del puerto y después de que el gobierno estatal señaló a la corporación municipal como infiltrada por el narco.
Álvarez Valenzuela fue nombrado sin tomar en cuenta al presidente municipal, Luis Walton Aburto, quien reclamó públicamente. Y grupos de transportistas y comerciantes bloquearon calles del puerto para exigir la destitución del nuevo mando, a quien acusaron de extorsionarlos.
Desde los gobiernos federal y estatal dichas protestas fueron calificadas de “narcobloqueos”. Aguirre Rivero las atribuyó a una reacción de comandantes de la policía porteña coludidos con la delincuencia, por lo que instruyó a la procuraduría local para actuar contra el movimiento encabezado por el dirigente cetemista Iván Arizmendi Nava y el abogado José Sánchez.
Álvarez Valenzuela es un mando de la Policía Federal ligado a La Hermandad y hace dos años estuvo al frente de la fallida Operación Guerrero Seguro. Fue destituido precisamente cuando la CNDH emitió una recomendación por el asesinato a tiros de dos estudiantes en el desalojo de la Carretera del Sol por policías federales y estatales.
En la recomendación, la CNDH afirma que Álvarez Valenzuela y otros mandos federales “faltaron a la legalidad y eficacia en el desempeño del cargo público que protestaron, prestando indebidamente el servicio público”.
También se interpreta como un mensaje del gobierno federal hacia los alcaldes sospechosos el enfrentamiento del viernes 6 entre soldados y civiles armados en el municipio de Arcelia, que limita con el sur del Estado de México. Ahí fallecieron cuatro funcionarios del ayuntamiento, entre ellos el director de Tránsito, Mario Urióstegui Pérez, La Mona, y su subdirector Josué Gavinez Ramírez.
El Ejército señala a La Mona como suegro de Johnny Olascoaga Hurtado, El Mojarro, uno de los principales líderes del grupo delictivo La Familia, el cual opera impunemente en las regiones Norte y Tierra Caliente.
Después del enfrentamiento, al menos un centenar de habitantes del poblado de Palos Altos, en Arcelia, bloquearon con taxis y camiones la carretera que conecta Guerrero con el Estado de México, así como la federal Iguala-Ciudad Altamirano. Incluso retuvieron varias horas a soldados del 102 Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, en el municipio mexiquense de Tejupilco, acusándolos de ejecutar al suegro de El Mojarro y a sus tres acompañantes.
La protesta y retención de militares fue avalada por el alcalde priista de Arcelia, Taurino Vázquez Vázquez, quien condenó el asesinato de sus colaboradores y exigió el esclarecimiento de los hechos. Las carreteras fueron liberadas la misma noche, después de que cuatro soldados fueron consignados al Ministerio Público militar. Hasta el momento se desconoce la situación jurídica de los detenidos.
Días después, el martes 10, la Comisión de Seguridad Nacional dio a conocer que Felipe Viveros García, El F, un cabecilla de La Familia, fue capturado en Jalisco por su presunta participación en más de 200 asesinatos y secuestros en las zonas Norte y Tierra Caliente.
Desde 2012 Proceso ha reportado los señalamientos contra alcaldes perredistas y priistas de estas dos regiones, así como en contra del gobernador Aguirre Rivero y del grupo político del exmandatario Rubén Figueroa Alcocer, en el sentido de que brindan protección a Viveros García.
En reportes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se establece que El Mojarro sustituyó a Bartolo Viveros García, El 5-5, detenido en Galerías Metepec y asesinado el 17 de junio de 2012 en el penal federal de El Altiplano, Estado de México.
Los mismos documentos oficiales indican que El F era hermano de El 5-5 y operaba en Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco, Iguala de la Independencia y Arcelia. Estos municipios del Norte y Tierra Caliente, gobernados por el PRD y el PRI, constituyen un corredor para el tráfico de drogas que se disputan La Familia y Guerreros Unidos, grupo dirigido por Mario Casarrubias.
En esta zona emblemática del narco en Guerrero se reportaron más de 2 mil personas desplazadas por la violencia en 2013. En Apaxtla de Castrejón, por ejemplo, la población armada expulsó a una célula de La Familia con el aval de la autoridad municipal.
En el reportaje Guerrero: contagio narco de autoridades (publicado en Proceso en octubre de 2012) se dio a conocer que Aguirre Rivero empezó su campaña por la gubernatura en Teloloapan, en noviembre de 2010. Por esas fechas fue invitado a una comida que auspició Santana Ríos Bahena en el rancho San Andrés, propiedad de Bernardo Lagunas Contreras.
Aunque el primero es conocido productor de melón y el segundo un empresario del ramo hotelero y aficionado a los caballos, ambos han sido señalados por presuntos nexos con el narco, según informes oficiales. El encuentro también fue pactado por el actual senador perredista Sofío Ramírez y promovido por un grupo de políticos perredistas de la zona Norte a fin de afianzar sus cotos de poder.
Ese grupo –refugiado en las corrientes Nueva Mayoría y el Grupo Guerrero, que dirigen formalmente el exdiputado local Evodio Velázquez y el exsenador David Jiménez Rumbo– lo encabeza el exalcalde de Teloloapan y actual diputado federal Marino Miranda, quien dejó como sucesor en la presidencia municipal a su amigo, el exdiputado local Ignacio Valladares Salgado; éste a su vez designó suplente a Rogelio Lagunas Contreras, hermano del hotelero Bernardo Lagunas.
El 29 se septiembre de 2012 Valladares fue exhibido en un video que se difundió en el portal YouTube cuando pactaba en materia de seguridad con personeros de La Familia.
De igual manera el exalcalde de General Canuto A. Neri y actual diputado local Roger Arellano Sotelo prácticamente dejó en el ayuntamiento a Eleuterio Aranda Salgado, su jefe de policía, conocido como intérprete de narcocorridos en los que exalta al mismo grupo delictivo.
