Durante su vistita a Guadalajara, de la que es oriundo, el director del Programa Hábitat de la ONU, Eduardo López Moreno, recorrió una parte de la periferia para observar la forma en que viven miles de familias en una ciudad perdida donde, según observó, el tejido social se rompió por la falta de políticas públicas urbanas y por el desordenado crecimiento demográfico. Hoy, dice, en los barrios de esa zona se instauró el miedo al prójimo y el temor a la autoridad o al vecino. Y se pregunta: ¿Cómo gobernar esos espacios en los cuales las autoridades y las instituciones se erosionaron?
En Prados de Santa Lucía, en la periferia de la zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la avenida Las Torres no lleva a ninguna parte. Quienes transitan por ella se pierden entre las veredas que conducen a una ciudad perdida zapopana.
Muchos de sus 10 mil habitantes carecen de empleo y provienen del Estado de México, Zacatecas, Michoacán, Colima, Guerrero y otras entidades. En esa orilla de la ZMG se rompió el tejido social y la autoridad se muestra impotente para atender ese lacerante problema social y demográfico, sostiene Eduardo López Moreno, el director del Programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
López Moreno visitó recientemente ese depauperado enclave zapopano que muestra con nitidez la brecha que separa a los que menos tienen de quienes viven en el confort. Muy cerca de ese lugar se encuentra Palo Gordo –entre Tesistán y Santa Lucía–, donde a principios de mes se localizó más de una veintena de cadáveres en fosas clandestinas.
Oriundo de Guadalajara, López Moreno recorrió las calles y barrios de ese sitio donde se refugian los nuevos vecinos de Zapopan. Son familias enteras y por lo general vienen huyendo de la violencia y la miseria de sus comunidades de origen.
López Moreno observó con sorpresa los cambios experimentados en ese territorio durante los últimos 20 años, donde hoy la desigualdad es oprobiosa. En Prados de Santa Lucía y los barrios circundantes, dice, delincuentes comunes, personas ligadas con el crimen organizado y sicarios cohabitan con albañiles, sirvientas, campesinos, trabajadores de granjas de crías de pollos, jornaleros agrícolas y jardineros.
Proceso Jalisco acompañó al funcionario de la ONU durante su gira. El primer punto fue el predio en el cual estuvo la presa Santa Lucía, que fue desecada hace tres años por los ejidatarios, quienes hoy se afanan en rellenar para construir un desarrollo urbano para clase media alta.
Ellos desconocen los riesgos que implica ese proyecto, indica el visitante, pues durante décadas fue un lecho lacustre y por lo tanto no es apto para la construcción de viviendas. Pero ellos lo desconocen; y aun cuando lo supieran, insiste, no renunciarán a su proyecto.
Y cuando López intenta tomar una fotografía del entorno, aparece un ejidatario a caballo y le dice que no puede hacerlo sin su consentimiento. Tras un breve intercambio de palabras, el ejidatario explica que el suelo se agrietó y la presa se quedó sin agua.
No obstante, algunos vecinos comentan al reportero que en 2011 los ejidatarios cerraron todas las entradas de agua a la presa; hoy, dicen, sólo algunos ojos de agua alimentan la superficie erosionada.
La presa estaba a poca distancia del embalse de Nextipac, donde entre 2005 y 2008 aparecieron varias fallas geológicas. En ese lugar, comentan, solían anidar en invierno las aves migratorias procedentes del norte del continente.
Hasta aquí llegaban patos negros, gallaretas, gaviotas, y había criaderos silvestres de carpas, bagres, tilapias, tortugas, culebras de agua dulce. Pero hoy el hábitat está destruido y ni ayuntamiento zapopano ni las autoridades estatales hacen nada para recuperarlo, cuentan los entrevistados.
Mejor solos
A menos de 300 metros, sobre avenida Las Torres, hay decenas de castillos metálicos. Sobre la avenida se escucha el zumbido intermitente de la energía de los cables de alta tensión.
A unos pasos de esa arteria se ubica un precario jacal hecho en su mayor parte con material reciclado en el que vive una joven llamada Laura con su pareja, un vendedor ambulante, y sus tres niñas. Además de un diminuto cuarto construido con poco material de construcción, cuenta con energía eléctrica y una letrina; aunque, dice ella, su familia tiene problemas para abastecerse de agua potable.
“Uno tiene que estar al pendiente de todos los que se acercan a la casa; todavía no llegan a la puerta y uno ya los está escaneando, para saber quiénes son o qué quieren; ya no sabes en quien confiar”, explica Laura al funcionario de la ONU y a su acompañante, a manera de justificación.
El rostro de la joven muestra algunas cicatrices que, dice, le quedaron de una alergia que contrajo cuando trabajó en las granjas de pollos de la zona: “Me tocaba vacunar a las gallinas y en ocasiones uno se enferma por algún tipo de mal que afecta esos animales”.
Mientras Laura habla de su situación, las pequeñas corren descalzas por el patio de tierra pedregosa y llena de escombros. A pesar de su corta edad sus pies están curtidos de tanto recorrer ese patio, es el único espacio en el que se divierten. Y cuando Laura consigue algún empleo, las tres pequeñas se quedan al cuidado de la abuela.
Al lado del jacal hay varios lotes baldíos y una casa que dejó abandonada la madre de un indocumentado que hoy vive en Estados Unidos. Muy cerca del lugar está el cerro en el cual a principios de diciembre se localizaron varias narcofosas.
“Aquí se vive con tranquilidad, aunque con un poco de miedo por lo que pasó en las últimas semanas. Pero ni modo, aquí vivimos; no tenemos otra posibilidad. Yo, al menos, aquí estoy a gusto a mí no me molesta nadie”, comenta Laura.
No obstante, admite que sus vecinos huyen de las pandillas de delincuentes, pero también de los policías municipales: “Uno ya no sabe de quién cuidarse. Una vez escuché a Héctor Robles Peiro (el alcalde de Zapopan), cuando prometió arreglar y reparar las calles”. Como no lo ha hecho, insiste, “uno mejor quiere estar solo”.
Hormigas destructoras
Las palabras de Laura son preocupantes, dice el funcionario de la ONU, porque en ese cinturón de miseria los vecinos buscan distancia casi de todo: “Da la impresión que prefieren estar alejados de todos, es como si quisieran renunciar a su ciudadanía; es admitir que no hay autoridad que les pueda ayudar”.
Sobre la avenida Las Torres, a menos de 300 metros del cruce con la avenida Lirios, bajo una de las líneas de alta tensión el suelo se agrietó hace años. De inmediato las autoridades prohibieron la construcción de nuevas casas en las partes cercanas a la ruta que siguen las torres; de poco sirvió. Se erigieron más viviendas.
Semanas antes de la visita de López Moreno, uno de los sacerdotes del lugar dijo al reportero que ahí proliferan bandas criminales juveniles. Sus integrantes no tienen trabajo y, ante la falta de alternativas, viven en la vagancia, la delincuencia y por lo general son adictos.
Él y los otros curas atienden a las decenas de niños que permanecen solos durante el día mientras sus padres trabajan: “Y aunque nuestros grupos de apoyo a la comunidad son superguarderías, no alcanzamos a atender a todos”.
Según él, muchos adolescentes son vistos como “hormigas destructoras”, pues saquean casas solas en cuestión de minutos; algunas quedan, dice, convertidas en jacales inhabitables.
“Se llevan todo: la cancelería, los cables de luz, las puertas, los muebles de baño; también los alambrados, rejas, focos, perros y en ocasiones hasta los árboles que la gente siembra en sus banquetas. Ya no se diga estufas, refrigeradores o televisiones. Aquí todo se revende y de eso sabe mucho la autoridad, pero nadie pone orden”, comenta.
El colmo, secundó una vecina, “en ocasiones hasta los adultos –particularmente los parientes de los chamacos– le entran a ese asunto. A veces los descubres sacando cosas de las casas y así terminan por solapar los actos de rapiña, hasta que alguno de ellos cae en la cárcel y pasa meses o años encerrado”.
En la zona proliferan las chatarreras. Sus dueños compran cualquier objeto para revenderlo. Además, según algunos vecinos consultados por el reportero, policías de diferentes corporaciones llegan a esos negocios a cobrar su “derecho de piso”. Saben que gran parte del material reciclado es robado.
Los pandilleros roban las casas y accesorios para obtener dinero y comprar droga, según las denuncias.
López Moreno comenta que esa parte de la ZMG es similar a las de otras macrourbes donde el tejido social se rompió por la falta de políticas públicas urbanas y por el desordenado crecimiento demográfico. Eso, dice, pone en evidencia la incapacidad de las autoridades y exacerba los desequilibrios en el reparto de la riqueza y las oportunidades para el desarrollo social.
“También hay un retroceso enorme en la construcción de ciudadanía en estos barrios, en el respeto y la confianza, en el desarrollo de la identidad o en el sentido de creación de colectividad. Vemos que en los barrios periféricos se instauró el miedo al prójimo y el temor a la autoridad o al vecino.
“La pregunta es: ¿cómo gobernar esos espacios en los cuales las autoridades y las instituciones se erosionaron? Aquí es donde los programas y las políticas publicas deben transformarse para responder a la creación de la confianza que la gente reclama.”
Para el funcionario de la ONU, las autoridades mexicanas cometen un error al criminalizar la pobreza y restar oportunidades a las personas que habitan en las áreas marginadas. Todos esos sicarios y jóvenes de futuros limitados, dice, podrían buscar en fuentes alternativas de desarrollo una opción para tomar el futuro en sus manos.
Y reitera: es preocupante que en la ZMG haya zonas habitacionales que brindan esperanza de vida junto a suburbios marcados por la desigualdad en las oportunidades de desarrollo.
Le llamó la atención que en Prados de Santa Lucía muchos de los ejidatarios, albañiles y amas a los que tomó fotos lo hayan amenazado. Tal parece, comenta, que nadie quiere ser fotografiado. El asunto denota su temor a que se conozca su realidad.
