Aun cuando el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, insiste en que su gobierno va bien, al comenzar su quinto año de gestión ya se nota politicamente agotado, aseguran activistas sociales. Para ellos, el mandatario se resiste a afrontar los problemas más graves de la entidad, como la violencia, además de que encubre los ilícitos de su predecesor Marcelo de los Santos y solapa la corrupción en el Congreso estatal.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- En el inicio de su quinto año, el gobierno de Fernando Toranzo Fernández muestra ya síntomas de agotamiento político. Pese a los montos presupuestales históricos para los próximos meses, los altos índices de marginación en San Luis Potosí son notables en algunas regiones; otras reclaman más obra pública, inversiones y promoción económica con los impuestos recaudados.
En contraste, la violencia no cede en la Huasteca, en la capital y en los centros penitenciarios estatales. La corrupción también lacera a los potosinos: las autoridades ni siquiera logran fincar responsabilidades penales a los funcionarios de la administración anterior. Y lejos de superar la opacidad, se afanan más en repeler las iniciativas de organizaciones civiles y ciudadanos que exigen cuentas claras en la aplicación de los recursos públicos.
Toranzo, quien durante la gestión del panista Marcelo de los Santos fue secretario de Salud, ha sido omiso para proceder contra su antecesor, pese a las irregularidades detectadas en revisiones y auditorías aplicadas a las últimas cuentas de quien fuera su jefe en el sexenio 2003-2009.
En esos propósitos lo apoya el auditor superior del estado, quien oculta los dispendios, desvíos y negocios hechos al amparo del erario estatal y solapa a los funcionarios presuntamente implicados, señalan organizaciones civiles locales.
Desde hace meses, la agrupación Ciudadanos Observando, que preside José González, ha obtenido información según la cual algunos actos de gobierno son contrarios al discurso de austeridad, pobreza y escasez de recursos que pregona Toranzo; algunos, dicen, despiertan la sospecha por el marcado favoritismo hacia proveedores específicos.
Uno de éstos es Cosmocolor, de la familia Kahwagi, inmersa por cierto en varios escándalos por obtener contratos para licencias de manejo y documentos de identidad a precios elevados y con problemas de calidad, como ocurrió en el Distrito Federal durante la regencia de Óscar Espinosa Villarreal (Proceso 1135 y 1136).
Ciudadanos Observando tiene en la mira los contratos sin licitación que desde los últimos meses del sexenio anterior y lo que va del actual se han entregado a la empresa de Jorge Kahwagi Gastine y su hijo, Jorge Kahwagi Macari. Durante los cuatro años de gestión de Toranzo Cosmocolor ha recibido contratos por más de 200 millones de pesos.
En 2012, por concepto de insumos para tarjetas de circulación y licencias, la firma recibió un contrato de adjudicación directa observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sin consecuencias de ningún tipo por 54 millones de pesos, y otro (GDA-CAASPEco203-AD-52-12) por 34 millones 109 mil pesos para proporcionar sets de insumos para tarjetas de circulación, fechado el 13 de diciembre.
Los documentos perdidos
Al igual que en 1998 –como documentó Proceso en varios reportajes del reportero Raúl Monge–, con Fernando Peña Garavito, quien fuera director general de Servicios al Transporte, Cosmocolor vendió al gobierno de De los Santos insumos para licencias sobrevaluadas, incluso sin facturas.
Así ocurrió también en 2009, pues de acuerdo con las observaciones de la ASE a la cuenta pública del último año de ejercicio de la administración pasada (pliego obtenido tras un litigio que llegó hasta un tribunal federal), los auditores encontraron pagos por casi 300 mil pesos a la empresa de los Kahwagi sin las facturas, pólizas y comprobantes correspondientes.
En marzo de 2010, ya con Toranzo en el Ejecutivo estatal, a Cosmocolor se le hizo por lo menos un pago de 1 millón 618 mil pesos. Originalmente destinado a la alcaldía de Villa de la Paz, finalmente se transfirió a la empresa de los Kahwagi, sin factura de por medio y con fondos recaudados mediante la tenencia vehicular, impuesto que el gobernador mantiene con la ayuda de la mayoría priista en el Congreso y pese a la inconformidad ciudadana, expresada en protestas y desplegados.
José González responsabiliza de estas maniobras al secretario de Finanzas, Jesús Conde. Y pese a que la ASE tiene información sobre estas irregularidades desde 2008, reclama, no ha presentado una sola denuncia penal contra el funcionario.
La organización que preside González interpuso varios recursos ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado (CEGAIP) por la renuencia de la Secretaría de Finanzas y de la misma ASE, y logró obtener información sobre algunos montos pagados a Banco Monex en 2012, cuando este grupo financiero se encontraba envuelto en el escándalo derivado de la supuesta triangulación de recursos y uso de tarjetas empleadas para cooptar el voto a favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto (Proceso 1866).
González muestra a la corresponsal copia de una lista de cheques entregados en agosto de 2012 por la Secretaría de Finanzas a Banca Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero, por 2 millones 177 mil 262 pesos.
Fueron tres cheques de la cuenta 0000000001366442 abierta por las autoridades en el propio Banco Monex. El primero, el cheque SP 0000006613, está fechado el 9 de agosto de 2012 y ampara un monto de 608 mil 505 pesos con el concepto de “gastos a comprobar”; el segundo, el número SP0000006279, es del 20 de agosto y fue por 51 mil 562 pesos, aunque se entregó por concepto de “programas culturales”; el último, el SP0000006570, expedido el 30 de agosto, ampara 1 millón 517 mil 194 pesos, también por concepto de “gastos a comprobar”.
Entrevistado el lunes 9, González detalló los montos de los tres cheques de Monex. Dos días después, la Secretaría de Finanzas respondió a su petición para obtener copias de los documentos con el argumento de que éstos “no fueron encontrados”.
Ciudadanos Observando también invocó el derecho a la información pública para revisar los gastos de los diputados locales. Gracias a ello sus integrantes detectaron que algunos legisladores, como Jaén Castilla Jonguitud, nieto del exgobernador y líder magisterial Carlos Jonguitud Barrios, recientemente utilizó facturas apócrifas de dos empresas por 35 mil pesos para justificar una supuesta entrega de apoyos sociales. Los folios no aparecen en los registros de la Secretaría de Hacienda.
El hartazgo
El abogado y notario Eduardo Martínez Benavente, quien lleva años solicitando al gobierno información sobre las auditorías, cuentas, presupuestos y programas, comenta: “No sé si el doctor Toranzo se ha dado cuenta de que existe un hartazgo hacia su administración. Da la impresión de que tenemos un gobernador agotado, rebasado por los problemas y sin iniciativa”.
El pasado junio Martínez Benavente publicó un artículo en su portal de transparencia Proyecto Tábano en el cual critica la labor de la ASE: “Es un organismo oscuro, inútil e improductivo. Sus informes no son confiables. Su titular, J. Héctor Vicente Mayorga Delgado, es un encubridor al servicio de los intereses de los altos funcionarios del gobierno, a los que protege y alienta, lo que le ha permitido mantenerse en ese cargo desde su creación en 2006. La fiscalización de las cuentas públicas es un fracaso”.
En su cuarto informe, presentado el pasado 28 de septiembre, Toranzo intentó responder a quienes critican la falta de obra pública de envergadura. Ésta, dijo, “se encuentra racionalmente distribuida en todo el territorio del estado… no está hoy concentrada en un solo espacio ni representada por pocas obras monumentales, vacías de utilidad social”.
En materia educativa, dijo, “se ha avanzado en equidad”. Habló de la creación de 27 mil espacios para educación media y superior aunque admitió que la entidad sigue lejos de los estándares aceptables de calidad, rendimiento escolar y eficiencia terminal.
Presumió también de la disminución de los homicidios dolosos y admitió que “en este esfuerzo por la seguridad se han cometido excesos inaceptables” que, dijo, no quedarán impunes.
Pero eludió temas centrales como el del motín en el penal de La Pila de abril pasado –uno más de los muchos ocurridos durante su gestión–, que dejó como saldo por lo menos 13 muertos y decenas de heridos. Tampoco habló del joven asesinado en la Huasteca por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante que el caso llegó hasta la ONU.
José González se lamenta de que muchos de los ilícitos queden impunes: “El problema con la misma oposición es que nadie hace nada, a menos que haya intereses electorales. Este año se ejerce un presupuesto de 34 mil millones de pesos, algo inédito, y 90% de las compras se hacen sin licitación.
“A la exalcalde de la capital, la priista Victoria Labastida, se le achacan irregularidades por más de 700 millones de pesos en su ejercicio. Ella quería ser senadora y se desata una campaña terrible en su contra, pero en cuanto sale del juego, todo se calla y nadie hace nada. No se ha procedido en su contra.”
Por el contrario, el propio Congreso estatal aplica candados para impedir que activistas como González y Martínez Benavente sepan cómo ejercen sus recursos los legisladores.
Las presiones
González relata que difundió un video sobre la pobreza en el altiplano en el cual la diputada priista Ruth Tiscareño aparece repartiendo despensas que presuntamente compró con recursos públicos.
Ahora, denuncia el activista, la CEGAIP pretende hacerle pagar 3 mil pesos para difuminar los rostros de las personas que aparecen en el video, pese a que éste ya se difundió en un acto de la propia legisladora.
“Si acepto”, comenta, “eso sentará un grave precedente para cualquier persona que pida este tipo de materiales. Es un laberinto en el que no hay transparencia.”
Con Toranzo tampoco procedieron los casos que desde el inicio de su sexenio le fueron señalados como desvíos en áreas como la Secretaría de Obra Pública (por 6 millones de pesos en proyectos) y el DIF (compra de estufas ecológicas a proveedores elegidos previamente) por el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública, que él mismo nombró.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín, primer presidente del Consejo Ciudadano (en el cual participaron empresarios y religiosos como el arzobispo Luis Morales Reyes) comenta:
“Se veía que podía ser un proyecto interesante. Abrimos una página en internet y comenzaron a llover las denuncias de trabajadores del gobierno”. Pero al momento de investigar, de formalizar la entrega de la información al gobernador, a la Contraloría, no hubo investigación, ni sanciones.
“Al exgobernador Marcelo de los Santos la Contraloría pretendió imponerle en octubre una multa de 7 mil 800 millones de pesos e inhabilitarlo 20 años para ocupar cargos públicos por su presunta responsabilidad en el desvío de un crédito de mil 500 millones de pesos obtenido al final de su sexenio. Pero más se tardó en darla a conocer, cuando el panista ya obtenía una suspensión a su favor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“Te das cuenta de que no se puede, de que la apuesta es conservar la estructura”, comenta a Proceso.
Excolaborador de la asociación civil Libertad de Información-México e impulsor de la normatividad en materia de transparencia en la entidad, De la Garza habla de los retrocesos en ese y otros rubros: “Se han ido acabando los contrapesos del poder estatal. A pesar de que San Luis fue una sociedad muy participativa y de que el doctor Salvador Nava dejó un activismo muy importante, ese activismo es cada vez más costoso. Al crítico se le ve como un enemigo; la estructura del estado se le va encima con todo.
“Quienes participamos en este tema hemos sido calumniados, amenazados; se desatan (contra nosotros) campañas infundiosas. Eso hace que la ciudadanía opte por retroceder.”
El mensaje de la autoridad, dice el exconsejero ciudadano de transparencia, es: “Si estás buscando información se te considera un enemigo”.
