Marginado el PRD en las últimas semanas de las discusiones sobre la reforma energética en el Senado, hasta el viernes 6 el verdadero atorón legislativo gravitaba en torno al control de los fondos anuales de la renta petrolera, estimados en más de 80 mil millones de dólares, que enfrenta a las fracciones del PRI y del PAN. Así, mientras los priistas pretenden que el fondo sea inorgánico y no pueda ser fiscalizado a través de la Ley de Entidades Paraestatales, los panistas pugnan por un fondo soberano autónomo, transparente.
La disputa por la administración y el control de los más de 80 mil millones de dólares anuales de la renta petrolera nacional, la “joya de la corona” de la industria de hidrocarburos se convirtió en el único punto real de desencuentro entre los negociadores del gobierno federal y del PRI y la bancada del PAN.
Los legisladores de este último partido encarecieron su apoyo para sacar adelante la reforma energética peñista antes del 15 de diciembre, fecha límite del periodo ordinario de sesiones del Senado.
Entrampados en negociaciones a puerta cerrada –durante la semana pasada cancelaron la presentación del predictamen en tres ocasiones –, los representantes del gobierno federal, encabezados por Aurelio Nuño y Humberto Castillejos, así como los asesores del titular de Hacienda, Luis Videgaray, y el senador priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, se resistían a aceptar la propuesta de los panistas, quienes insistían en crear un Fondo Soberano de Estabilización y Desarrollo con autonomía técnica y de gestión encargado de administrar la renta petrolera.
Según el senador Francisco Domínguez, uno de los cinco negociadores panistas en la Comisión de Energía, mientras su partido quiere que los órganos reguladores sean autónomos, “ellos (los priistas) los quieren desconcentrados. El fondo soberano es la riqueza petrolera. No vamos a permitir que se pierda, como en el sexenio de José López Portillo, tanta riqueza”.
La discusión en torno a si el fondo es autónomo o es administrado por fideicomisos que se radiquen en el Banco de México, está abierta, comentó el panista. El gobierno federal ha propuesto que se haga a través de Hacienda o, en su defecto, por medio de la banca de desarrollo.
Hasta el cierre de edición, el viernes 6, los coordinadores del PRI y del PAN, Emilio Gamboa Patrón y Jorge Luis Preciado, respectivamente, advirtieron que en las próximas horas saldría un acuerdo entre ambos partidos para que el predictamen esté listo el domingo 8.
“Va a haber predictamen. Ese nuevo mecanismo funcionará como un fondo de ahorro para el país, como el fondo noruego que en estos momentos es uno de los más grandes del mundo”, adelantó Preciado en breve conferencia de prensa.
La negociación bipartidista marginó a la bancada del PRD, la tercera fuerza en el Senado. Desde el 28 de noviembre, los perredistas anunciaron su salida del Pacto por México y su ruptura de la negociación de la reforma política electoral, acusando al PRI y al PAN de convertir esos cambios constitucionales en una “moneda de cambio” para acelerar el proceso de dictaminación de la reforma energética.
El viernes 6, a las 10 de la mañana, los senadores Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Luis Sánchez y Mario Delgado convocaron a una conferencia de prensa para informar que a las tres de la madrugada Gamboa Patrón les informó que se suspendía –por tercera vez– la cita de las comisiones dictaminadoras para dar a conocer el contenido final de la reforma.
–¿Qué está en el fondo? –se le pregunta a Padierna, vicecoordinadora de la bancada perredista.
–En primer lugar, al PAN le interesa de sobremanera que no sólo sean contratos de utilidad compartida, sino contratos de producción compartidos o “contratos integrados (como les han llamado).
“Pero el tema importante, la joya de la corona, es el control del fondo soberano. Ahora, la renta petrolera entra directamente a la hacienda pública. Esa renta petrolera asciende a 86 mil millones de dólares. El PRI lo quiere llevar a un fondo inorgánico, que no pueda ser fiscalizado a través de la Ley de Entidades Paraestatales, y el PAN quiere un fondo soberano autónomo, transparente.”
La misma legisladora denunció durante la negociación de la reforma fiscal que se quería establecer un fondo opaco a través de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ahí se establecía también que la exploración y explotación del petróleo se realizaría mediante “contratos de utilidad compartida”, antes de que se discutieran las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, propuestas en la iniciativa de Peña Nieto.
“Ese intento lo pudimos frenar, pero ahora lo reviven en la negociación con el PAN. Es un pleito por el botín petrolero”, sentencia Padierna.
Su compañero Alejandro Encinas advierte a su vez: “El PRI se ha convertido en rehén del PAN. Ellos están dispuestos a ceder, incluso profundizando la contrarreforma energética”.
Cuestión de semántica
Entre los puntos que el PRI podría aceptar están los nuevos modelos de contratos reclamados por los panistas. No sólo los de utilidad compartida propuestos por Peña Nieto, sino los de producción compartida y un modelo llamado “licencias acotadas”, que pueden incluir las concesiones, algo que el dirigente nacional priista César Camacho niega de manera tajante.
Para senadores panistas y priistas consultados por Proceso, los contratos no son el principal problema. Según ellos, se aceptarán en la reforma constitucional –que incluye más de 30 artículos transitorios y modificaciones a los artículos 25, 27 y 28– porque así han cedido los negociadores del gobierno federal, tal como advirtieron The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg.
Los cuatro tipos de contratos que pretenden incorporarse son los siguientes: los de prestación de servicios –ya existen en Pemex, incluso el gobierno de Felipe Calderón entregó varios durante su gestión–, que deben legalizarse; los de utilidad compartida, cuya figura utiliza Peña Nieto en su iniciativa; los de licencias, que se entregan de manera temporal a una empresa para que pueda explotar determinado yacimiento de crudo o de gas que debe pagar los derechos de extracción o bien se quedan con parte de las utilidades, y las concesiones, defendidas por el PAN y que se dan de manera absoluta al inversionista privado.
Hasta el último momento de la negociación, PRI y PAN habían aceptado llamar “contratos de licencias” en lugar de “concesiones”, según la propuesta de los legisladores de Acción Nacional.
En menos de una semana, las bancadas del PAN, del PRI y de su aliado el PVEM decidieron acelerar la dictaminación de la reforma energética, cuyos contenidos finales se conocen sólo de manera extraoficial.
A raíz de la salida del PRD de las negociaciones de la reforma política y de su demanda de que se tomen en cuenta las casi 1 millón 700 mil firmas de ciudadanos que piden una consulta popular para aprobar o rechazar modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales, el PRI aceleró las negociaciones, marginando a los perredistas.
“Al menos ganamos tiempo. Hemos logrado frenar durante una semana el albazo legislativo”, admitió el senador Alejandro Encinas, quien desde el principio advirtió que acelerar la dictaminación iba a provocar fracturas al interior de las bancadas del PRI y del PAN.
El martes 3 la noticia sobre el infarto de Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional, cimbró al Senado. Apenas dos días antes, el dos veces candidato presidencial convocó a un plantón frente a las instalaciones del Senado para protestar contra esa medida.
Las comisiones unidas de Energía, Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos Primera presuntamente habían sido citadas para el miércoles 4, a las cinco de la tarde. La reunión se canceló.
“Estamos trabajando en los grupos parlamentarios para conciliar un proyecto de dictamen. Estamos muy cerca de lograrlo”, afirmó esa tarde el presidente de la Comisión de Energía, el priista David Penchyna. No obstante, su correligionario Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se quejó porque, dijo, no conoce el predictamen.
Penchyna citó a las comisiones unidas para el jueves 5. El encuentro no se realizó. Su coordinador en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política, admitió que hubo errores en la convocatoria, pues no se hizo con 24 horas de anticipación, como marca el reglamento, aunque se comprometió a divulgar el predictamen para el viernes 6.
Es probable, dijo, que el domingo 8 se apruebe la dictaminación. A las tres de la madrugada Gamboa canceló la cita con sus pares parlamentarios.
Desde la noche del miércoles 4, el verdadero atorón era la renuencia del PAN a aprobar la reforma en los términos propuestos por el Ejecutivo federal.
La reunión plenaria de los 38 senadores del PAN el jueves 5 provocó fracturas en la bancada. Al menos tres de los 38 senadores –Javier Corral, Ernesto Ruffo y Marcela Torres– expresaron sus desacuerdos con los términos de la negociación con el gobierno federal, detallados por sus correligionarios de la Comisión de Energía: Salvador Vega Casillas, Raúl Gracia, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Domínguez.
La disputa entre la corriente del presidente del PAN, Gustavo Madero, y del senador Ernesto Cordero –calderonista y exsecretario de Hacienda–, volvió a aflorar, pues ambos grupos quieren capitalizar las negociaciones con el PRI.
Los panistas expusieron los cinco temas “irreductibles” frente al PRI: la incorporación de un modelo similar al de las concesiones, como puede ser la figura de las licencias acotadas en el artículo 27 constitucional”; el rechazo al modelo de contratos de utilidad compartida porque, arguyen, son difíciles de aplicar y “conducen a una mayor corrupción y a una mayor burocracia”; convertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en “empresas públicas productivas” con autonomía de gestión y no como parte del presupuesto; hacer que la Comisión Nacional de Hidrocarburos maneje el nuevo régimen de contratos y de concesiones, y la creación de un fondo soberano para administrar la renta petrolera independiente de Hacienda.
El priista Carlos Romero Deschamps presionó a sus correligionarios del PRI para que el tema del sindicato petrolero no estuviera en la mesa de negociaciones con el PAN. “Es un tema del contrato colectivo”, argumentó.
Entre el jueves 5 y la noche del viernes 6 el verdadero atorón era quién administrará el fondo de la renta petrolera.
“Construyeron su Manhattan”
Las negociaciones se complicaron porque los legisladores prácticamente están encerrados en las calles circundantes al Senado. Están atrapados en un doble cerco: el de las murallas de metal y el fuerte dispositivo policiaco instalado desde la madrugada del lunes 2; y la cadena humana formada en el entorno –incluidos algunos hoteles– por simpatizantes de Morena, del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y grupos defensores del petróleo.
El coordinador priista Emilio Gamboa Patrón tuvo problemas para ingresar al recinto el miércoles 4. Al final entró disfrazado de policía a bordo de una motocicleta, escoltado por un agente de tránsito.
Los simpatizantes de Morena consideran que el atorón es un logro de sus acciones de resistencia civil pacífica; incluso advierten que volverán a cercar el Senado apenas se inicie el proceso de dictaminación.
“Aquí mandaron a construir su Manhattan: tienen hoteles, restaurantes y hasta los más caros burdeles adentro del cerco”, afirmó una manifestante.
Para los simpatizantes de Morena y perredistas consultados durante el plantón, la ausencia más extraña es la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien no se dejó ver en esos días.
Ni la iniciativa presentada por el hijo del general que expropió el petróleo en 1938 ni la demanda de una consulta ciudadana en los términos del artículo 35 constitucional han sido incorporados en la negociación intramuros del PAN y del PRI.
El jueves 5, durante la discusión de la reforma político electoral en San Lázaro, algunos diputados intentaron boicotear la propuesta de consulta ciudadana en torno a la reforma energética.
En contraste, los senadores del PRD que sustituyen temporalmente a su coordinador Miguel Barbosa Huerta –Dolores Padierna, Alejandro Encinas y Luis Sánchez– a causa de una sorpresiva enfermedad, protestaron porque PRI y PAN pretendieron incorporar nuevos candados a la Ley de Participación Ciudadana para imposibilitar una consulta ciudadana sobre la soberanía energética.
“Querían meter requisitos que ni la Constitución tiene –dijo Padierna–. Por ejemplo, que la consulta se solicite sólo si la Cámara de Diputados y 17 congresos estatales la aprueban; que el resultado sea impugnable; que se les pida el CURP y la credencial del IFE a quienes participen.”
La propuesta de esos candados a la consulta ciudadana tensaron más la relación entre el PRD y el PRI. De última hora, el coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, intentó incorporar a los perredistas al predictamen de la reforma energética, les ofreció incluir tres artículos transitorios con las propuestas perredistas.
El viernes 6 la verdadera negociación seguía entre el PAN y el PRI para repartirse la integración del organismo que administrará los fondos de la renta petrolera, el botín más grande de esta reforma energética.
