El director de teatro Juan Francisco Kuykendall está próximo a morir. Eso le han dicho los médicos a su pareja, Eva Palma, quien ha visto el progresivo deterioro de su salud desde que el 1 de diciembre de 2012 fue agredido por policías federales cuando documentaba la represión contra las protestas que marcaron la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
Kuykendall salió del coma en enero, pero quedó incapacitado para siempre. Sólo tiene movimiento en un brazo, no habla y no reconoce a nadie. Está invadido por bacterias en la sangre e infecciones intratables, producto de la inmovilidad en que lo dejó un proyectil disparado por un policía federal que permanece impune, como el resto de los agentes federales y guardias presidenciales que actuaron ese día.
Teodulfo Torres, único testigo identificable de los hechos –y quien además los videograbó–, desapareció el 26 de marzo, días antes de rendir su testimonio ante un fiscal federal.
“La represión e impunidad, que siempre han estado presentes, se agudizaron a partir del 1 de diciembre. El sistema y el gobierno cada vez sofistican más las formas de represión”, sentencia Eva Palma.
Agrega: “De los autores intelectuales del operativo del 1 de diciembre, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón, mejor ni hablar. Los ministerios públicos jamás dirigirán una investigación contra ellos… son sus jefes”.
Los casos por ejecusión, tortura, represión selectiva y fabricación de delitos empiezan a acumularse. Para agravar el cuadro, quienes denuncian son objeto de pesquisas judiciales y ataques mediáticos.
Por ejemplo, la indagatoria por la desaparición de Teodulfo Torres –seguida primero por un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y después por la General de la República (PGR)– se concentró en investigar a sus amigos y familiares, para finalmente abrir una línea de investigación sobre un supuesto alcoholismo de la víctima, que pudo provocarle conflictos que devinieron en su desaparición, comentó Eva Palma.
Teodulfo trabajaba junto con Kuykendall en proyectos de teatro callejero. Ambos eran adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a partir de la cual participaron en las jornadas de protesta contra la represión y el hostigamiento a comunidades zapatistas, y en especial por el caso de San Salvador Atenco en 2006, luego del operativo que marcó el inicio del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
La vida de Teodulfo se dividía entre los proyectos con Kuykendall y su trabajo en un colectivo que logró convertir un accidentado terreno de Xochimilco en un sitio donde ahora florece una “economía de subsistencia”.
El pasado 24 de marzo, Teodulfo avisó que iría a un concierto en Neza. La PGJDF ha intentado fijar esa fecha como la de su desaparición, pero sus compañeros afirman que el 26 de marzo se comunicó y dijo que iba camino a Xochimilco. Nunca llegó.
Las matanzas de Guerrero
“En Guerrero no sólo se está criminalizando la protesta; se está ultimando a los que protestan”, sostiene Magdalena López Paulino, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdiac). Su afirmación se basa en que, desde que Ángel Aguirre asumió la gubernatura, en abril de 2011, suman 13 activistas sociales muertos en ese estado, nueve de ellos abatidos en 2013.
El 30 de mayo, ocho integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), con sede en Iguala, fueron levantados. Sólo regresaron cinco. El 3 de junio, el dirigente Arturo Hernández Cardona, Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez aparecieron muertos a tiros. Habían sido torturados.
El 5 de agosto cayó el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, junto con Miguel Ángel Solano y Samuel Vargas, los tres militantes del Partido Comunista de México (PCM).
El 20 de octubre fue asesinada Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Mesino fue encarcelada el 13 de marzo, acusada de asesinato, y puesta en libertad una semana después por falta de pruebas. Para entonces había denunciado que era víctima de hostigamiento policiaco y de paramilitares.
El 10 de noviembre murieron el dirigente de la Organización Popular de la Costa Grande, Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en su domicilio en Coyuca de Benítez.
En los últimos años, Olivares se había opuesto a las mineras canadienses que invadían la zona, y en septiembre dijo temer por su vida, responsabilizando a Peña Nieto y a Aguirre por lo que pudiera ocurrirle.
Todos los casos tienen un denominador común: sus liderazgos se unieron en repudio a la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, y a la de El Charco, en 1998.
La desaparición, tortura y asesinato de los integrantes del FUP se atribuye al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien presuntamente perpetró él mismo los crímenes, según el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, difundido el pasado lunes 25 por la Rsdiac.
Junto con el edil, que supuestamente disparó con escopeta al rostro y al pecho de Hernández Cardona, conforme al testimonio, se señala también a Felipe Flores Velázquez y a Crisóforo Tinoco, secretario de Seguridad municipal y director de Policía, respectivamente.
El 26 de noviembre, Abarca negó las imputaciones.
El portal electrónico de Proceso publicó el 3 de junio que, al conocerse el asesinato de Hernández Cardona, integrantes del FUP realizaron una protesta en la presidencia de Iguala y causaron algunos destrozos. El alcalde Abarca los denunció. Ahora, por esos hechos, en lugar de medidas cautelares enfrentan averiguaciones previas.
Zamora Pardo, integrante de la Rsdiac, es una activista que repudia la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, en la que 11 indígenas fueron masacrados por el Ejército. Lejos de tener acceso a la justicia, fue encarcelada, acusada de ser guerrillera del ERPI.
Respecto de los integrantes de la LARSEZ, el PCM denunció que grupos paramilitares actúan en Guerrero con la complacencia de los gobiernos estatal y federal.
La represión perredista
Ideado en el sexenio de Felipe Calderón con el beneplácito del entonces gobernador panista Marco Adame, el Proyecto Integral Morelos (PIM) detonó la resistencia de comunidades de esa entidad, Puebla y Tlaxcala, que han documentado el riesgo para su supervivencia que implica la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, una comunidad náhuatl de Yecapixtla, Morelos.
Para alimentar el megaproyecto energético, cuyo contrato se otorgó a las españolas Abengoa, Elecnor, Enagas y OHL, se requiere de un gasoducto que, desde un lugar cercano a San Martín Texmelucan, Puebla, pasaría por la zona de mayor peligrosidad del Popocatépetl, atravesando comunidades de las tres entidades. Además, para el enfriamiento de turbinas el PIM prevé extraer agua del Valle de Cuautla.
Las comunidades que se oponen mantuvieron frenada la construcción con plantones pacíficos, hasta que el perredista Graco Ramírez llegó al gobierno de Morelos. Aunque
el PIM es un plan del gobierno federal, la Policía Estatal replegó a los manifestantes e introdujo maquinaria (Proceso 1870 y 1924).
Las policías federal y estatal han arremetido ahí contra las protestas. El caso más reciente ocurrió el 19 de septiembre.
En el operativo fue detenido y torturado Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT).
Viejas formas
En el Distrito Federal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera desató la represión de marchas a través de un protocolo considerado ilegal, que inclusive prevé el uso de armas de fuego (Proceso 1929).
Diferentes actores sociales han denunciado espionaje político, arresto arbitrario y selectivo, acoso a marchas, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas. La fuerza pública se desplegó señaladamente en las conmemoraciones históricas de las represiones del 1 de mayo, el 10 de junio y el 2 de octubre (Proceso 1927).
Entre los grupos objeto de persecución destaca el Frente Oriente, una organización que, con el lema “Ni una lucha aislada más”, participa en apoyo a diferentes movimientos. Su postura principal, sin embargo, es su oposición al Plan Urbano de Iztapalapa que, según Luis Barreda y Carlos Esteban Jiménez, afectaría a comunidades y sectores populares.
Barreda y Jiménez enfrentan procesos penales por la retención de Pedro Bello, un funcionario capitalino que además fue golpeado en el Zócalo durante la conmemoración del 10 de junio que devino en enfrentamiento. Ambos rechazan haber participado en la agresión contra el empleado público.
No es el único caso de criminalización de opositores a proyectos capitalinos. El 2 de octubre fue detenido Alejandro Bautista, acusado de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública en pandilla.
El joven que perdió un ojo
El 1 de diciembre de 2012, policías federales armados arribaron al Hospital General. Lo que parecía una diligencia para indagar la agresión contra Uriel Sandoval, se convirtió en un interrogatorio que buscaba saber a qué organización pertenecía, quiénes eran sus amigos, con quién asistió a protestar contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto… después intentaron sacarlo del nosocomio.
Lo mismo ocurrió en la Cruz Roja, donde permanecía Juan Francisco Kuykendall. Numerosos contingentes se dedicaron a cuidar las puertas de esas instalaciones.
Desde entonces, la Policía Federal y militares con uniforme de policías han participado en la Ciudad de México al menos en las jornadas violentas del 13 de septiembre, en el desalojo del Zócalo de los maestros de la CNTE para que Peña Nieto pudiera dar su primer “grito de Independencia”, y el 2 de octubre.
El abogado Francisco Estrada, quien ha defendido detenidos en esas y otras protestas, observa que junto a la criminalización hay pifias, como la detención de transeúntes.
Uriel perdió su ojo derecho por el impacto de una bala de goma. Acusa a los medios de comunicación de llamarlo vándalo y delincuente, sin siquiera haber enfrentado una denuncia penal en su vida. “Un ojo no es nada frente al asesinato de líderes sociales en Guerrero, los asesinatos de maestros de la CNTE y la injusticia, la falta de democracia y la violencia histórica del estado”, dice.
