Señor director:
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en las entidades del país funcionan como apéndices gubernamentales al servicio de los mandatarios en turno.
Los procesos de elección de los ómbudsman de San Luis Potosí y el Distrito Federal (último reducto de ómbudsman progresista) dan cuenta de ese panorama de control oficial y chantaje.
Chiapas no es ajeno a ese fenómeno, pues en este tiempo opera una descarada designación de un ómbudsman servil que solape todas las violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde el 8 de diciembre de 2012.
El organismo correspondiente de Chiapas ha tenido sus altibajos, pues aunque nació como “protector” de los derechos humanos en 1992, ahora depende de la Secretaría de Gobierno. La Ley del Ómbudsman se ha reformado seis veces, simulando pasos hacia el futuro y dando pasos al vacío.
En febrero de 1999 el organismo tenía “autonomía técnica”. En 1999 y 2004 se realizaron dos reformas a modo del gobernante en turno, destacando la que impulsó Pablo Salazar. En octubre de 2010 se intentó dar paso o simular la creación de un Comité Estatal de Derechos Humanos (CEDH) plural y democrático. En realidad, sólo aparentaba incluir a la sociedad civil, ONG, universidades e índígenas. Disputas, rencillas jurídicas, intereses propios y ajenos deshicieron tales pretensiones.
Al asumir la gubernatura Manuel Velasco Coello, promovió un proceso oscuro, viciado e inconstitucional de reforma que derivó en un órgano “autónomo de gestión”, ya sin la supuesta “autonomía plena” que tenía normativamente. En los hechos será un apéndice de la Secretaría de Gobierno.
La nueva CEDH tiene, a tres meses de su creación, varias demandas de amparo y suspensiones definitivas otorgadas que son pobremente atendidas por el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual impide la elección pública y transparente del ómbudsman y su Consejo Consultivo.
Pese a dichas impugnaciones, y sin cuerpo orgánico normativo, Lorenzo López Méndez, encargado del despacho, se congracia con el gobierno y se extralimita en sus facultades al nombrar, el pasado 16 de octubre, visitadores generales especializados a José Ramón Cancino Crocker, Jakelin Mercedes Sousa Marín y Rafael Aníbal Cordero Guillén, dos de ellos candidatos a diputados locales del PVEM en los recientes comicios. Pertenecen a organizaciones “sociales” con fines proselitistas (Tierra Verde) y el primero de los mencionados es hijo del subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. (Carta resumida.)
Atentamente
Iván Vilchis Acosta
