La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados enciende la alarma: en varias entidades del país los dueños de corralones y los gruyeros actúan en complicidad con la delincuencia organizada para robar vehículos. Es el caso de Acapulco, donde los operadores de grúas se enfrentan con aseguradoras a raíz de este problema. Pero las autoridades de los tres niveles no solamente hacen muy poco para resolverlo; en ese puerto, por ejemplo, cobran hasta 30 mil pesos a los propietarios por devolverles sus unidades.
A su paso por las costas de Guerrero en septiembre último, el meteoro Manuel dejó cientos de muertos y desplazados, así como pérdidas materiales incuantificables y daños a la infraestructura de Acapulco. Pero también sacó a flote la apenas disimulada corrupción de los servicios de grúas y corralones del puerto, que desde hace semanas tienen en sus instalaciones más de 500 vehículos que sus dueños no pueden recuperar. La razón: las autoridades les cobran hasta 30 mil pesos por recuperar sus unidades.
Lo sucedido en Acapulco es apenas la punta del iceberg de lo que sucede en el país, pues muchos gruyeros cobran arbitrariamente por sus servicios de arrastre y piso. Lo más grave es que algunos de esos operadores presuntamente se han vuelto cómplices del crimen organizado para robar autos, los cuales son utilizados para cometer ilícitos que van desde el secuestro y trasiego de drogas hasta homicidios.
Con la excepción del Distrito Federal y Estado de México, la falta de regulación por parte de los tres niveles de gobierno provoca pérdidas a las aseguradoras, superiores a los mil millones de pesos anuales, asegura Mario Crosswell Arenas, director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).
Entrevistado en sus oficinas de la colonia Tlacopac, San Ángel, comenta:
“Es un problema muy delicado para las aseguradoras. Según cálculos, el sector destina alrededor de mil 100 millones de pesos en pago de grúas y arrastres, así como en la recuperación de los vehículos de los corralones en el ámbito nacional. La regulación federal, estatal y municipal no existe; cada quien hace lo que se le da la gana. Unos son más rateros que otros.”
Hasta el viernes 15 de noviembre, los 500 vehículos asegurados en el puerto de Acapulco no podían salir de los corralones de Grúas Picazo, Sólo Plataformas, Grúas Mondragón y Grúas Ápside –miembros de la Asociación de Grúas de Acapulco–, aun cuando el pasado 27 de octubre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzó a fijar sanciones, entre éstas la suspensión de actividades, “por prácticas comerciales abusivas”.
Tres días después, afiliados a la Asociación de Grúas de Acapulco (AGA) se concentraron frente a la delegación de la Profeco para pedir “alto al hostigamiento” que, dijeron, están sufriendo por parte de las aseguradoras, según informó ese día el diario El Universal.
Francisco Rodríguez Sotelo, apoderado de la AGA, se lanzó contra el titular de dicha delegación en Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo, y lo acusó de abuso de autoridad, tráfico de influencias y de proteger a las aseguradoras AXXA, Atlas, Inbursa y Grupo Nacional Provincial (GNP). Denunció que las cuatro empresas se niegan a pagar los costos de los vehículos siniestrados por la tormenta tropical Manuel.
Agregó que, con excepción de las cuatro mencionadas, las otras compañías ya pagaron. Y además se quejó porque, señaló, los sellos de suspensión colocados por inspectores de la Profeco provocan pérdidas a la asociación estimadas en un millón de pesos.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), dirigida por Ricardo Arias, difundió un comunicado en el que pide a los gruyeros encontrar una solución con la Profeco.
Lo más importante es encontrar soluciones a favor de los afectados, destaca el documento, pues en 45 días no pueden pagar los 30 mil pesos que se les exigen para recuperar sus autos, una suma que decuplica las tarifas normales.
Vínculos con el crimen organizado
Acapulco es apenas una fotografía de una realidad que se multiplica en el país. En varias entidades muchos dueños de grúas y corralones están coludidos con bandas delincuenciales y son cómplices del robo de automóviles.
Crosswell Arenas sentencia: “Algunos corralones actúan en contubernio con el crimen organizado. Nadie comete secuestros, ejecuciones, narcomenudeo, tráfico de drogas si no es en vehículos robados”. Y cita el caso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde un perito de la OCRA desapareció por fotografiar una camioneta Hummer en un corralón; el vehículo pertenecía a Los Zetas.
El perito radicaba en Tampico, por lo que viajó en camión a Ciudad Victoria. Tras hacer su trabajo, se comunicó con su esposa por radio y le comentó que llegaría más tarde a su casa. “El caso es que (eso) le costó seguramente la vida (a nuestro perito), porque no ha aparecido desde hace 14 meses”.
De acuerdo con la OCRA, durante los primeros nueve meses de este año 52 mil 256 unidades han sido robadas. Y aun cuando la cifra es 6% menor a la observada en el mismo periodo de 2012, es 49% superior a la de 2000, cuando se contabilizaron 35 mil 102 hurtos.
Es decir, en 2013 desaparecen 191 autos por día en todo el país; la mayor incidencia se registra en el Estado de México (61 unidades), Distrito Federal (29) y Jalisco (22); siguen Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas (10 por entidad).
Crosswell liga a muchos depósitos de autos con el crimen organizado. “En Monterrey –dice– había un corralón donde los vehículos eran sacados por un comando armado: lo mismo sucede en Sinaloa”.
En esta última entidad, explica, cuando el Ejército aseguraba algún vehículo no lo entregaba a la procuraduría estatal porque la dependencia terminaba por llevarlo al corralón, de donde salía horas después sin problema.
“Hubo un operativo en Guasave, donde (los soldados) recuperaron 12 camionetas blindadas. Las entregaron a la procuraduría en un corralón y al día siguiente hubo un enfrentamiento en Los Mochis con los mismos vehículos que el Ejército detectó plenamente”, sostiene Crosswell.
Acciones sin coordinación
La falta de control en las concesiones de grúas y corralones se combina con la falta de información sobre inteligencia y datos de los gobiernos en sus tres niveles. Como ejemplo, el director de OCRA recuerda el asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
“Cuando lo ejecutaron (el 28 de junio de 2010), los sicarios iban en tres Suburban. Llegó la policía local, el Ejército, la federal y, según ellos, los carros no tenían reporte de robo en Tamaulipas. Arribaron los peritos de la OCRA, los intervinieron y descubrieron que las camionetas habían sido reportadas como robadas 15 días antes en Tamaulipas. Las autoridades no habían subido el aviso de robo; falta de eficiencia.
“Si las autoridades estatales y federales dieran cuenta de que el detonador de muchos delitos es el vehículo (robado), se frenaría el crimen organizado.”
–¿La OCRA tiene ubicados a grupos de gruyeros? ¿Sabe quiénes son? ¿Quiénes están detrás de ellos? –se le pregunta.
–No es tan sencillo. A veces no son grandes grupos. Muchos tienen sólo una o dos. En el caso de Acapulco, puedo asegurarle que no son más de 20 las grúas que operan en cuatro corralones. Tres tienen concesiones federales y sólo Mondragón es municipal. En el Estado de México se hablaba de 111 corralones; nosotros teníamos registrados 53. Eran los que visitaban nuestros agentes.
“Al revisar los corralones mexiquenses, en ocho de cada 10 había carros destazados que no fueron remitidos por la autoridad; es decir, los llevaban los delincuentes.”
Lo cierto es que en materia de corralones para autos robados y siniestrados el avance es poco, dice el entrevistado. Sólo el Distrito Federal tiene confinamientos que pertenecen a la PGJDF y el gobierno trabaja junto a OCRA para atender el problema de la sustracción de unidades. Y en el Estado de México, la OCRA construyó cinco corralones con el aval de las autoridades locales: Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Amecameca.
Además, la organización tiene un depósito en Michoacán con capacidad para mil 500 vehículos; otro en Monterrey para 80; otro en Morelos para 650, y uno más en Querétaro para 800.
Crosswell aclara que en el Estado de México hubo una modificación al código administrativo. Hoy, dice, “por ley la policía no puede llevar un carro recuperado a un corralón concesionado. Debe remitirlo a los cinco depósitos mencionados. Si lo hace, tiene responsabilidad. Por eso, cuando detectamos una irregularidad de ese tipo, el Ministerio Público ordena sacar la unidad y viene la amenaza para el corralón concesionado. Si tiene un carro robado, le cierran el negocio y se aplica la Ley de Extinción de Dominio”.
Las redes
En el Estado de México, las bandas criminales se hacen de vehículos para cometer otros ilícitos. Según la OCRA, 30% de los autos asegurados y robados en la entidad fueron recuperados en otras entidades. En contraste, 16% de las unidades recuperadas por las autoridades mexiquenses provienen de otros lugares.
Crosswell sostiene que en el Distrito Federal los delincuentes sólo despojan de su auto a los propietarios. Los de la zona sur aparecen en Cuernavaca o Acapulco; los de Iztapalapa, en el Valle de Chalco o Texcoco; los de la delegación Gustavo A. Madero, en Ecatepec o Atizapán.
En la zona norte del país, los de Monterrey terminan en Tamaulipas o Chihuahua; los de Chihuahua, en Monterrey o Coahuila. “Hay rutas muy bien manejadas, lo que nos demuestra que hay delincuencia organizada o crimen organizado”, enfatiza.
“Antes, de cada 100 vehículos robados, 90 se vendían; 8% eran desmantelados en los deshuesaderos y sólo 2% se utilizaban para cometer algún delito.”
Hoy, la relación se invirtió: 50% se los autos se utilizan para la comisión de delitos; 40% para comercializar, y el resto se reducen a chatarra.
La OCRA se fundó en 1994. Brinda sus servicios a 20 aseguradoras de autos y tiene contactos con todas las procuradurías de justicia. Su titular comenta que el gobierno federal no muestra voluntad para meter en cintura a los gruyeros; tampoco, dice, tiene una estrategia integral para reducir el robo de automóviles.
“Por el lado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –sostiene Crosswell–, tuvimos pláticas con el director de Autotransporte Federal, Federico Domínguez Zuloaga, para regularizar esta situación. Pero él nos comentó que en el reglamento no hay nada.
“(Las autoridades) hablan de ciertas posibilidades, pero han desistido porque hay una anarquía del demonio. Hay ineficiencia total. En otros hay una altísima corrupción.”
Crosswell, quien fue director de Averiguaciones Previas de la PGJDF, señala los pasos a seguir para contrarrestar el caos en materia de robo de carros y el manejo de las concesiones de los gruyeros:
En primer lugar propone reglamentar los corralones, como lo hizo el gobierno del Estado de México; en segundo, que las concesiones sean estatales y no municipales y exijan que se cuide el medio ambiente, pues los corralones también son centros de contaminación.
Por último, propone fortalecer y hacer más eficientes el Sistema de Seguridad Pública y el Registro Público Vehicular, así como crear un Banco de Datos de Vehículos Recuperados para que inmediatamente se le avise al particular que su auto apareció y que haya reciprocidad del particular en confirmar por escrito en qué condiciones lo recibió.
–¿Y cómo se ve el panorama en el actual sexenio?
–No veo ningún cambio.
