Jueces y diputados locales consultados por Proceso Jalisco sostienen que el Ejecutivo se extralimita en sus funciones en su intento por doblegar al Poder Judicial. Según ellos, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz cuenta con el apoyo del Legislativo y con su padre, el magistrado Leonel Sandoval. En su embestida, dicen, recurren a las destituciones selectivas de jueces por presuntos actos de corrupción o negligencia –al tiempo que protegen a otros– y a promover “jubilaciones doradas” para algunos magistrados a fin de posicionar a sus incondicionales.
Marcado por el desprestigio, el Poder Judicial enfrenta la embestida del Ejecutivo que la emprendió contra algunos jueces presuntamente corruptos. Y, en una acción que pasa por el Consejo de la Judicatura –que ya separó de su cargo a varios de sus juzgadores–, es probable que la Fiscalía General del Estado gire la primera orden de aprehensión contra Miguel Valenzuela González, a quien se acusa de liberar a varios secuestradores.
Si Valenzuela González pisa la cárcel, será un hecho inédito en Jalisco y también un signo inequívoco de que el Ejecutivo pretende el control absoluto del Poder Judicial, dice a Proceso Jalisco el propio juez.
Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en el Congreso local, dice desconocer los delitos penales que se les imputan a algunos juzgadores, aunque advierte sobre el “disparo” de jubilaciones “doradas” a varios magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) por parte del Ejecutivo, que en el fondo pretende doblegar al Poder Judicial.
En las liquidaciones podrían gastarse más de 23 millones de pesos, lo que, dice Castañeda, representa un nuevo “atraco” a las finanzas públicas.
Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres de los beneficiados, sólo se sabe que son cuatro o cinco de los 44 magistrados y que cada uno recibirá 4.4 millones de pesos, dice el legislador del PMC, e insiste: Desde el Legislativo se prepara un gran golpe contra los contribuyentes a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que está a punto de aprobarse.
Y aun cuando dice no tener más detalles sobre los señalamientos contra los jueces acusados de actos ilícitos o de presuntos nexos con el hampa, Castañeda desataca que el Legislativo y el Ejecutivo armaron una pinza que, por un lado, prepara una bolsa de 23 millones de pesos para la jubilación de magistrados y liberar espacios a nivel de magistraturas al interior Supremo Tribunal de Justicia (STJ), para acomodar a personas afines a la línea política del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y su padre, el magistrado Leonel Sandoval, por otro lado, se conocen las presiones contra los jueces que presuntamente cometen ilícitos.
Consultados al respecto, algunos integrantes del Poder Judicial comentan que entre los magistrados que están en edad de jubilarse destacan Jaime Cedeño Coral, Joaquín Moreno Contreras, Bonifacio Padilla González, Alfredo González Becerra y José María Magallanes Valenzuela; los dos últimos fueron presidentes del STJ.
Según Castañeda Hoeflich, en junio pasado el PRI presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que se pretende modificar las condiciones para el retiro de jueces y magistrados.
Buscan dar mayores incentivos a los magistrados que se van y que puedan dejar esos lugares en el pleno STJ para acomodar a gente cercana al Ejecutivo, “por eso promueven la Ley de Haber de Retiro y la cantidad que se pretende otorgar a los magistrados es estratosférica, por donde se le vea”.
La intención del gobernador Aristóteles Sandoval es clara, comenta el representante del PMC en el Congreso: tener el pleno control del Poder Judicial para manejarlo a gusto y por encima de la división de poderes.
Los atropellos
Miguel Valenzuela González, el juez destituido hace unas semanas, asegura que la presión contra él y sus colegas –a quienes se les imputan supuestos ilícitos– rompe el orden constitucional en Jalisco por la intromisión del Ejecutivo, quien se extralimita en sus funciones.
“Están tratando de presionar desde la fiscalía general para que todo lo que ellos digan salga (en sentencia), como se pretende. Es muy grave porque incluso se ha amenazado a secretarios de Acuerdos. A algunos les han advertido: ‘Si no liberas la orden de aprehensión que necesitamos en estos momentos te voy a detener”.
Valenzuela González admite que hubo un error humano de su parte y relacionado con la redacción de la sentencia que emitió contra los sujetos sometidos a juicio; aclara que en forma oportuna la Décimo Segunda Sala Penal incluso rectificó su sentencia, y rechaza que en su actuación haya existido dolo o corrupción.
Y aclara: “En ningún momento hice arreglos o componendas con ningún grupo delincuencial. Llevo siete años como funcionario judicial y como juez y no tengo una sola queja en mi contra; mi expediente está limpio.
“Y si durante el año pasado pude haber tenido un error en la impresión (de una sentencia), el tema se magnifica como si estuviera coludido o hubiera recibido alguna remuneración (económica). Ese asunto es totalmente incorrecto por parte del fiscal (Luis Carlos Nájera). Si no hay respeto a la autonomía jurisdiccional, entonces hay una intromisión de un poder a otro.”
Valenzuela González habla de un riesgo de quebranto institucional que se cierne sobre Jalisco. En 2010, él y otros jueces denunciaron presiones y hostigamiento por parte del magistrado Guillermo Valdez Angulo, quien pretendía influir en sentencias.
En entrevista por separado, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, José Luis Guízar Abarca, asegura: “Todos los (jueces) que incumplan la ley deben ser castigados. En lo que yo no estoy de acuerdo es en recurrir a una campaña de intimidación, menos aún que los juzgadores desconozcan si van a tronarlos o a cambiarlos.
“La impartición de la justicia es un proceso que no debe contaminarse. Primero se dijo que iban a hacer ‘metedero’ de jueces a la cárcel y hasta ahora, que yo sepa, no lo han logrado.”
Las acusaciones promovidas por el Ministerio Público contra algunos jueces demuestran su inconsistencia, expone. Hasta ahora los juzgadores salen bien librados de los señalamientos que se les finca. Son los casos de Efraín López Pérez, quien fue destituido y luego restituido como juez de Ciudad Guzmán, y Martha Leticia Padilla Enríquez, una profesionista a la que tuvieron que regresarle su cargo en el Juzgado Séptimo Mercantil.
En el caso de Valenzuela, Guízar Abarca no descarta que se proceda contra él y lo metan a la cárcel:
“Contra ese señor hay una averiguación y ya se habla de una orden de aprehensión; por lo tanto sí lo pueden detener. Cuando dijeron que iban a acabar con los jueces corruptos, se les olvido que primero deben demostrar ese dicho, acreditarlo y entonces empezar ese trabajo. El problema es que si no se puede demostrar que son culpables, cómo los van a sancionar.”
En medio de las presiones contra los juzgadores José Vázquez Vitela, actual presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, un hombre ligado a la corriente política del expresidente del STJ, Celso Humberto Rodríguez, ha decidido mantenerse al margen de la polémica y rehúye las entrevistas.
Luis Carlos Vega Pámanes, quien sustituyó a Rodríguez como presidente del STJ, afirma que en el esfuerzo por combatir a la corrupción se ha procedido a sancionar a varios jueces, uno de ellos es justamente Valenzuela González. En contraparte, afirma, Jalisco cuenta con una planta laboral de jueces muy por debajo de lo que se observa en el contexto nacional y sometidos a una sobrecarga de trabajo que los desborda.
En la entidad, dice, hay un juez por cada 75 mil habitantes, mientras que la media nacional es de cuatro por cada 100 mil ciudadanos. También habla de la falta de personal para atender a los 7 millones de jaliscienses. En rigor, dice, entre jueces y magistrados, sólo hay 220 juzgadores en la entidad.
Así, mientras en el país un juez atiende en promedio 600 expedientes en un año, en Jalisco se debe trabajar en 7 mil casos, como declaró Vega Pámanes el miércoles 13, cuando recibió de una barra de abogados radicada en Los Ángeles, California, un reconocimiento en Guadalajara como “juez del año”, a pesar de su falta de experiencia como impartidor de justicia.
Las dos medidas
El 14 de octubre pasado, el Consejo de la Judicatura acordó la destitución de José Ávalos Pelayo como titular del Juzgado Penal de Lagos de Moreno, por retardar más de ocho meses en el dictado de una orden de aprehensión contra un presunto delincuente, según la queja 128/2013. Se espera que la fiscalía general obsequie una orden de aprehensión contra ese juzgador.
Poco antes, el 30 de septiembre, fue cesada Yolanda Becerra Ramírez como secretaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en San Gabriel Jalisco, según la Judicatura se le sigue la queja 212/2010/D por haber incurrido en una conducta ilícita al solicitar orden de aprehensión contra su propio hijo, cuando carecía de esa facultad.
Luego de analizar la queja número 182/2011-B, la titular del Juzgado Mixto de Cihuatlán destituyó a la juez María Elena Rodríguez Martínez, quien tenía varias quejas acumuladas.
En el caso de Miguel Valenzuela –quien fungió como juez primero penal en Puerto Vallarta y al momento de su destitución era el responsable del Juzgado Penal de Ocotlán–, las autoridades aún no solicitan la orden de aprehensión en su contra.
Los casos anteriores contrastan con la tolerancia de la Judicatura y la fiscalía a otros juzgadores que, a pesar de los múltiples señalamientos en su contra, han salido bien librados: María Elena Rodríguez, quien acumuló seis quejas entre 2005-2006 por presuntos actos ilícitos y corrupción; Efraín López Ramírez, juez penal de Chapala, acumula más de 20 quejas.
La última queja contra López Ramírez fue por la liberación de un grupo de ladrones que despojaron a un ciudadano estadunidense de 5 mil 700 monedas de plata, con un valor aproximado de 3 millones de pesos. Los hechos sucedieron en la ribera de Chapala. El juez dejó en libertad a los acusados tras considerar que el delito no era grave.
El presidente del Colegio de Doctores Juristas en esa época, César Eduardo Agraz, sostuvo que el sistema judicial en Jalisco atravesaba por una de las mayores crisis a causa de la corrupción en el Poder Judicial.
