El derrocado mandatario Manuel Zelaya podría regresar a la Casa Presidencial de Honduras pero no al frente del Ejecutivo, sino como esposo de Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación, quien encabeza las encuestas para los comicios del domingo 24. Ironías de la historia: ahora avalan la candidatura de Castro grupos empresariales que antes apoyaron el derrocamiento. Ven en el matrimonio Castro-Zelaya la posibilidad de un cambio en la política del actual gobierno de Porfirio Lobo, el cual ha dejado al país en la quiebra y con niveles de inseguridad que lo sitúan como el más violento del mundo.
TEGUCIGALPA.- Cuando los militares expulsaron de Honduras al presidente José Manuel Zelaya –la madrugada del 28 de junio de 2009– lo convirtieron en el líder más carismático del país. Cuatro años después los hondureños lo quieren de regreso, y Xiomara Castro, su esposa, es la candidata que encabeza las encuestas para los comicios presidenciales del domingo 24.
Con ella como cara visible, Zelaya vuelve a la escena política.
La idea surgió en la embajada de Brasil en Honduras, donde el derrocado presidente estuvo encerrado de septiembre de 2009 a enero de 2010. Había regresado clandestinamente al país para retomar el poder. No lo logró. Debió salir con un salvoconducto firmado por el presidente Porfirio Lobo, rumbo a República Dominicana.
Así, después del fracaso de dos diálogos multilaterales para revertir el derrocamiento, su opción fue armar una fuerza política propia que capitalizara el repudio social al golpe y creara alianzas políticas. Cuando por fin pudo regresar, a mediados de 2011, el Frente de Resistencia Popular (o simplemente La Resistencia) lo hizo su líder.
En junio de 2011 Zelaya fundó el partido Libertad y Refundación (Libre), el cual incorporó a miembros de su círculo de apoyo del Partido Liberal, a otros políticos con experiencia que ven una oportunidad de llegar al poder y a la cúpula de La Resistencia. En un país donde no hay reelección, la candidatura estuvo fuera de discusión: fue para Xiomara Castro.
Cuando Zelaya ocupó la Presidencia su esposa se encargó de recorrer el país aplicando programas de asistencia social. Su perfil político creció a raíz de la expulsión de su marido, cuando salió a las calles a protestar contra el golpe. Ahora es la llave del exmandatario para volver a la Casa Presidencial.
Él es quien ha protagonizado los debates encarnizados en la primera parte de la campaña electoral, quien recibió los golpes de la prensa hostil, es el principal asesor de Castro y coordinador de Libre. De ganar la mayoría de las diputaciones, el partido lo designaría presidente del Congreso, máximo cargo al que puede aspirar un exjefe de gobierno, pero también el lugar desde el cual podría abrir el camino a la Presidencia si se modifica la Constitución para permitir la reelección.
Zelaya fue expulsado de Honduras el día en que con una encuesta se iba a decir sí o no a la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009, donde se votara la convocatoria a una asamblea constituyente. Los poderes fácticos, enfrentados con el Ejecutivo por su acercamiento con Venezuela y sobre todo por el incremento del salario mínimo en 60%, vieron un peligro en la creación de una Constitución que restringiera sus privilegios y permitiera la reelección.
Cuatro años después Zelaya tiene más poder: dirige un partido propio capaz de disputarle la Presidencia al candidato gobiernista, Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional y presidente del Congreso durante la actual administración.
De hecho dos de las principales propuestas electorales de Castro son las mismas que provocaron en 2009 el enfrentamiento de su marido con la oligarquía: la ampliación del Estado y la convocatoria a una asamblea constituyente para “refundar” Honduras.
“Lo primero que haré al ganar la Presidencia será declarar una asamblea constituyente”, repite Castro en cada mitin.
Pero no le será fácil. Una posible victoria suya sólo podría ocurrir si se dividen las nueve fuerzas políticas que participan en los comicios, lo cual se volvería una camisa de fuerza para un eventual gobierno “del cambio”. El golpe de Estado erosionó tanto al bipartidismo que ahora también aspiran a la Presidencia, entre otros, un conductor de televisión, Salvador Nasralla, y el golpista general Romeo Vázquez.
“El compromiso de convocar a una asamblea constituyente tiene un efecto político electoral muy grande y se inserta en la tradición y el compromiso original posterior al golpe.
“Pero en la lógica de la realidad política, ¿es posible convocar una constituyente con un Congreso disperso, múltiple, plural? Quizá sea posible, pero la segunda pregunta es: ¿es posible ganarlo? De repente ganamos las elecciones generales y perdemos la constituyente, que sería como revertir el triunfo seis meses después”, explica a Proceso el sociólogo Víctor Meza, uno de los intelectuales más respetados del país.
Añade: “Me temo que no va a ser posible convocar a una constituyente tan rápido como algunos dirigentes del Partido Libre prometen. La cultura política hondureña carece de capacidad democrática; es una cultura heredera del autoritarismo militar y no es acorde con la flexibilidad y la negociación”.
Castro empezó la campaña electoral con 12 puntos arriba de Hernández. La más reciente encuesta Cid-Gallup, difundida el 24 de octubre, señalaba un empate técnico. El resto de los candidatos se sitúa más de 10 puntos abajo.
Malas cuentas
El saldo del gobierno saliente es la quiebra. Entre 2005 y 2007 las instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial y BID) condonaron la deuda externa –cerca de 4 mil millones de dólares– a condición de que esos recursos se destinaran al desarrollo. Ahora la deuda ronda los 7 mil millones de dólares.
Desde el golpe el crecimiento del PIB ha bajado más de dos puntos, hay 1 millón 800 mil nuevos pobres respecto de hace cuatro años –dos terceras partes de la población vive con menos de dos dólares al día– y la tasa de homicidios se sitúa en 85.5 por cada 100 mil habitantes, lo cual ubica a Honduras como el país más violento del mundo por tercer año consecutivo.
Para paliar la crisis ambos candidatos prometen un gobierno asistencialista, pero con enfoques diferentes. Mientras Hernández promete generar más fuentes de trabajo a través del empleo por horas y la profundización del modelo neoliberal, Castro representa un giro hacia la socialdemocracia: reforma agraria, inyección salarial y empuje del consumo interno.
Pero las diferencias fundamentales estriban en la reforma de la Constitución y en la política de seguridad.
En un país donde cada día 20 personas mueren violentamente y las extorsiones aterrorizan a comerciantes, taxistas y empresarios de las zonas urbanas, Hernández repite una y otra vez: “Haré lo que tenga que hacer para acabar con la delincuencia”.
Para Meza eso refleja “una voluntad autoritaria de irrespeto a la ley”.
De hecho Hernández es el único candidato que se ha negado a firmar el Pacto de Seguridad promovido por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, un comité de expertos designado por el Congreso que el candidato presidía y hace una serie de recomendaciones para depurar las fuerzas del orden, combatir la delincuencia y prevenir la violencia.
Su partido, el Nacional, enarbola como bandera la recién creada Policía Militar, un cuerpo dependiente del ejército.
En cambio Castro promete el regreso de los militares a los cuarteles y la instauración de una policía comunitaria, como recomendó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Sin embargo la ineficacia de la policía actual hace que la población se incline por la mano dura.
Eso sí, ninguno de los dos candidatos habla del narcotráfico, pese a que la mayor parte de la violencia hondureña proviene de ahí.
Por otro lado, la maquinaria del Partido Nacional, con más de un siglo de vida, no es comparable a la de una formación que apenas tiene dos años. Ante este panorama el matrimonio Castro-Zelaya ha desplegado una política para limar asperezas con los sectores que impulsaron el golpe de Estado.
“Estamos con Xiomara (Castro) siempre que no instigue a la confrontación”, dice a la reportera Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, la cual agrupa a unas 600 medianas y grandes empresas.
Facussé es uno de los señalados por el estadunidense Departamento de Estado como puntal del golpe. Él mismo reconoció entonces que estaba a favor de la expulsión del presidente. Su giro sólo se puede entender debido al fracaso de los golpistas, pues cuatro años después la izquierda hondureña está fortalecida y tiene un partido capaz de tomar el poder.
“El golpe fue un acto de irracionalidad suprema. La mejor prueba de ello es que ahora (los miembros de la oligarquía) están peor que antes del golpe. La democracia se encuentra en una crisis profunda, rompieron el equilibrio bipartidista, se pelearon con el mundo, revitalizaron una izquierda almidonada y envejecida, cuyos dirigentes vienen del periodo de la Guerra Fría. Todos los resultados son exactamente contrarios a lo pretendido por los golpistas”, señala Meza.
Y comenta: “Esta dinámica enrevesada y laberíntica contiene una terrible ironía de la historia. Esas familias que controlan las grandes decisiones del país ahora han hablado con Zelaya diciéndole: ‘Nos equivocamos’. Él no afectó los intereses de estos grupos, los cuales ahora se están situando en el pragmatismo empresarial”.
Tradicionalmente los miembros de las élites empresarial, financiera y agroexportadora se alineaban con el Partido Liberal y el Partido Nacional, las dos formaciones que se han alternado históricamente el poder. Pero Hernández, como presidente del Congreso, dio poder a grupos empresariales emergentes en demérito de los que apoyan a los partidos tradicionales. El candidato natural de las élites, el liberal Mauricio Villeda, está a 15 puntos de Castro.
Ante esta coyuntura las élites están viendo a Libre como la opción.
La grave situación económica es un corsé para el próximo gobierno. La deuda no deja de aumentar porque el Estado hondureño tiene poca capacidad de recaudación, la economía descansa fundamentalmente en la informalidad y las exenciones tributarias de franquicias para negocios de comida rápida, refresqueras, maquinaria y organizaciones no gubernamentales ronda 43% del total de ingresos. Cuando este año el gobierno de Lobo intentó suspender estos beneficios fiscales, que significan unos 2 mil millones de dólares, se topó con el bloqueo del Congreso.
En el contexto de una crisis económica y social, Libre se erige como interlocutor válido ante una población que se encuentra organizada tras las movilizaciones de 2009. El golpe de Estado fue una caída de máscaras de todos los actores y detonó un proceso de politización social insólito en un país que durante la Guerra Fría fue el portaaviones de Estados Unidos en la región. El Partido Nacional no ha sabido mediar entre el poder y la sociedad. Y Libre, con un dirigente sindical, Juan Barahona, como candidato a vicepresidente y el Frente de Resistencia en sus filas podía jugar ese papel.
No obstante, después del golpe crecen las sospechas de que se está tejiendo un fraude electoral. El Partido Nacional ya ha cometido algunos delitos, como usar al ejército en sus campañas televisivas y repartir tarjetas con dinero para despensas, como las de Soriana que repartió en México el PRI en las elecciones de 2012. Aunque al país ya llegaron centenares de observadores internacionales, un fraude sería muy difícil de detectar si la diferencia de votos es ajustada.
Meza considera que las instituciones hondureñas no están preparadas para enfrentar un resultado apretado entre los candidatos punteros. “Castro debe ganar por una diferencia incuestionable –arriba de 5%– porque el sistema se va a resistir a aceptar eso. Aunque si gana Hernández por menos de cinco puntos también habrá problemas”, vaticina.
