Alrededor de una mesa instalada en el salón de visitas del penal de Zacatecoluca, líderes de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18 –las principales pandillas de El Salvador– se sentaron a negociar un pacto secreto auspiciado por el gobierno de Mauricio Funes: una tregua que disminuyera los homicidios en ese país, a cambio de beneficios carcelarios. Los entretelones del acuerdo fueron relatados por el diario digital El Faro en una serie de reportajes que mereció el primer lugar del certamen de Periodismo de Investigación en América Latina que organiza el Instituto Prensa y Sociedad y Transparencia Internacional. Con autorización del diario se reproducen fragmentos sustanciales de dos de los textos premiados.
SAN SALVADOR.- El Muchacho recibió una llamada a su celular el viernes (17 de marzo 2012) por la mañana. Provenía del penal de Ciudad Barrios y la voz en el teléfono explicaba las nuevas disposiciones de la Mara Salvatrucha: la cárcel ha decidido que hay que “calmarse”, lo cual en la jerga de la pandilla equivale a decir que hasta nuevo aviso queda prohibido matar y sumar nuevas extorsiones.
El Muchacho es un tipo muy delgado con el que arreglamos una cita en un centro comercial de San Salvador. Él es jefe o “palabrero” de una clica o célula de la MS-13. Las órdenes provenientes de la cárcel son incuestionables, así que a su vez él reunió a sus muchachos y les transmitió el mensaje. “Estamos de vacaciones”, bromea y ríe.
La clica que dirige este treintañero tuvo que suspender algunos de sus planes inmediatos. Según El Muchacho, ese mismo día tenían planificados dos asesinatos que se vieron frustrados por las órdenes de su jefe en la cárcel. A este pandillero la única razón que lo mueve a obedecer las órdenes que recibe es el llano miedo a activar el sistema de castigos de la Mara Salvatrucha: si uno de sus subalternos desobedece, él deberá castigarlo –lo cual puede ir desde una golpiza, hasta la muerte. A su vez, él será castigado, y también su jefe en el penal de Ciudad Barrios.
Para explicarse mejor intentó el siguiente ejemplo: “Si a usted su jefe le dice: ‘trae este reportaje’, usted tiene que rebuscarse por hacerlo, porque de eso depende su trabajo. Pues igual. Una orden es una orden”.
La única explicación que recibió El Muchacho fue que un grupo de jefes pandilleriles presos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca habían sido trasladados a otros penales y que las nuevas órdenes buscaban mantenerlos ahí. La idea que le expresaron es ésta: ha habido una negociación entre algunos líderes de la Mara y el gobierno. Así, si la pandilla se calma, el gobierno no tendrá motivos para regresarlos a Zacatecoluca (…).
La semana pasada (segunda semana de marzo de 2012), cerca de 30 líderes de la Mara Salvatrucha 13 y de Barrio 18 fueron sacados del régimen de máxima seguridad y llevados a cárceles donde pueden recibir visitas de parientes y tener contacto físico con personas del exterior.
La mayoría de los trasladados tenía una década en la prisión de Zacatecoluca. Entre los transferidos se encuentran algunos de los pandilleros que las autoridades han presentado como unos de los más peligrosos criminales del país: Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como Viejo Lin; Carlos Alberto Rivas Barahona, Chino Tres Colas; Víctor Antonio Cerón García, Duke, y Frank William Martínez, Cholo William, quienes, según las autoridades, son los líderes nacionales de las dos facciones de la pandilla Barrio 18.
De los prisioneros de la Mara Salvatrucha, 12 fueron reubicados. Destacan Borromeo Enrique Solórzano, El Diablito, y Ricardo Adalberto Díaz, La Rata. Según las autoridades de seguridad pública, ambos son los líderes nacionales de la pandilla. De acuerdo con el organigrama que la inteligencia policial ha establecido, a estos dos sujetos los sigue una especie de cuerpo de decisión colectiva al que los pandilleros llaman ranfla. Miembros de la ranfla nacional que salieron del régimen de máxima seguridad son Saúl Antonio Turcios, El Trece, y Élmer Canales Rivera, Croock.
Este es un movimiento sin precedente en los centros penales. Nunca antes tantos reos de alta peligrosidad que pertenecen a pandillas habían sido trasladados en un solo movimiento a cárceles de menor seguridad (…).
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Seis meses después de iniciada la tregua entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, los gestores de este proceso contaron a El Faro una versión distinta a todos los relatos ofrecidos anteriormente sobre este experimento. El exguerrillero y exdiputado Raúl Mijango, monseñor Fabio Colindres, obispo castrense, y el propio ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, describen una estrategia elaborada desde un primer momento en el despacho ministerial, bajo la explícita autorización del presidente de la República, Mauricio Funes.
Mijango asegura que los primeros contactos que sostuvo con palabreros de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18 para hablar del cese de la violencia fueron en enero (de 2012), cuando Munguía Payés ya llevaba más de un mes como ministro de Seguridad Pública y Justicia. Afirma que ambos discutieron ampliamente la posibilidad de una negociación con las pandillas como clave para reducir los homicidios (…).
Desde su despacho, viendo en retrospectiva, Munguía Payés explica ahora el axioma que motivó su proceso de diálogo con las pandillas: “Quien controlara la guerra entre pandillas controlaría 75% de muertes (en el país)”.
La llegada del general al cargo implicó un alud de cambios en todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública, (lo cual propició que) Munguía Payés se convirtiera en una especie de súper ministro y designó para todos los puestos relevantes de la rama de seguridad a gente de su confianza, militares la mayoría.
El siguiente paso, afirma Mijango y confirma Munguía Payés, fue decidir a quiénes deberían incluir en su equipo (…) Ambos pensaron en la Iglesia.
Mijango cuenta que Munguía Payés y él dedicaron el mes de diciembre a encontrar a la persona correcta para cumplir esa función. Decidieron buscar por la vía más institucional e invitaron en primer lugar al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas. Éste declinó participar. El siguiente fue el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, que tampoco aceptó ser mediador. Después tocaron la puerta de monseñor Rafael Urrutia, párroco de la Colonia Miramonte y encargado de la causa de canonización de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por tercera vez Mijango y el ministro de Seguridad Pública recibieron un no por respuesta.
Finalmente buscaron a monseñor Fabio Colindres. Mijango asegura que en un primer momento “no era la mejor figura, porque estaba vinculada con el ejército y la policía”. Sin embargo, dice que el capellán castrense y policial entró inmediatamente en sintonía con el proyecto y aceptó sumarse al esfuerzo. “Monseñor llega cuando ya habíamos avanzado mucho y vino a llenar el vacío de credibilidad que había”, afirma Mijango.
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Mijango dice que su primera acción para buscar el diálogo fue revivir su relación con algunos palabreros de ambas pandillas que había forjado en los días en que dirigió un negocio de distribución de cilindros de gas. El exdiputado del FMLN ha dicho que su primera relación con las pandillas fue como extorsionado, que como gran parte de los comerciantes del país que distribuyen mercadería en áreas controladas por pandillas, negociaba a diario con los homeboys.
Mijango y Colindres coinciden ahora en que la primera vez que pusieron un pie dentro del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca fue el 9 de febrero (de 2012).
Según Mijango, la primera reunión de diálogo fue sólo con líderes de la Mara Salvatrucha. Colindres recuerda: “Nos sorprendió que nos conocían a los dos; a mí me dijeron: ‘usted es el obispo castrense’, y a Raúl, ‘usted es exguerrillero y exdiputado’”.
En los días siguientes los mediadores dicen que sostuvieron pláticas individuales con las tres facciones de Barrio 18. Desde 2006 la pandilla se encuentra dividida producto de pugnas por el poder, lo que derivó en dos grandes grupos enemistados a muerte, autodenominados “sureños” y “revolucionarios”. La ruptura produjo un tercer grupo, conformado por exlíderes que quedaron marginados tras el rompimiento.
Las reuniones con las pandillas se sostuvieron a un ritmo diario y los negociadores dicen que se encontraron con un terreno fértil.
Una vez que las tres facciones de la 18 acordaron presentarse como un solo bloque y que el ánimo conciliador de las dos pandillas era similar, Mijango y Colindres decidieron concertar la primera reunión conjunta entre dos grupos con una larga tradición de odios y enfrentamientos. La reunión tendría lugar el 20 de febrero (de 2012).
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Aquel día, Raúl Mijango se retrasó comprando el almuerzo. “Descubrí la magia del Pollo Campero, ¡puta, eso resuelve conflictos! Para ellos eso era manjar de cardenales. Entonces yo compraba las porciones de pollo para el almuerzo y cada reunión se hacía en medio de una comida. Eso es un truco que aprendí de los brasileños: una buena mesa resuelve conflictos”, asegura.
La reunión con los dos bandos estaba pactada para las 10 de la mañana, y cuando Mijango llegó al penal con unos minutos de retraso el ambiente estaba tenso y en el aire se respiraban residuos de gas lacrimógeno.
Dentro de sus medidas de seguridad, el penal de Zacatecoluca tiene una celda especial a la que llaman la exclusa. Cada vez que un interno regresa al penal de una audiencia o de una visita al hospital, debe permanecer tres días en la exclusa antes de ingresar de nuevo a su celda. La medida está diseñada para que los prisioneros defequen antes de ingresar, para evitar que lleven dentro de su cuerpo algún ilícito, como drogas, armas o mensajes. Aquella mañana, por un error en el procedimiento de seguridad, habían coincidido en la exclusa un miembro de la MS-13 y uno de Barrio 18 y se habían enzarzado en una pelea a puños. Tuvieron que intervenir los militares responsables de la custodia de la cárcel para separarlos con palos y gases para evitar que la trifulca tuviera eco entre los otros presos.
En opinión del coronel responsable de la seguridad de “Zacatraz”, dice Mijango, aquel no era el mejor día para juntar en un mismo salón a casi una veintena de pandilleros rivales. Sin embargo, el militar sabía que Mijango tenía autorización del ministro Munguía Payés para tomar decisiones, y según el criterio del mediador la reunión debía realizarse como estaba pactada. Poco podía hacer al respecto el coronel, quien dispuso a más de un centenar de hombres listos para actuar en caso de que aquel episodio terminara mal.
El coronel no era el único que pensaba que aquello era una imprudencia. Cuando el líder de la Mara Salvatrucha, Borromeo Henríquez, El Diablito, se encontró con el mediador, lo reprendió: “Has precipitado las cosas, no era el momento”.
Al salón de visitas entraron nueve miembros de la Mara Salvatrucha y 10 de la pandilla 18. Cada facción se sentó a un extremo de la mesa dispuesta para el encuentro, y en el centro, como una frontera frágil, se colocaron Mijango y monseñor Colindres. Cuando un reo es sacado de su celda para una entrevista en la sala de audiencias, el procedimiento de seguridad indica que deberá usar esposas en todo momento y que la conversación deberá ser custodiada por al menos seis elementos de seguridad. Sin embargo, Mijango tenía la autoridad delegada por el ministro para desatender los protocolos de seguridad y encerrarse con un grupo de internos sin grilletes y sin un solo custodio dentro del salón.
Como todas las sesiones, aquella se inició con una oración religiosa dirigida por Colindres; luego se sirvieron los almuerzos y Mijango exhortó a los pandilleros presentes a dejar de lado el incidente de la mañana y seguir el curso del proceso, que tenía por objetivo reducir los homicidios en el país.
En un momento de receso, El Diablito se puso de pie y comenzó a caminar hacia el extremo de la mesa en el que estaba sentada la delegación de la pandilla 18. Se dirigió directamente a Carlos Mojica Lechuga, Viejo Lin, quien también se puso de pie. El rostro moreno y de cejas pobladas de El Diablito se acercaba cada vez más a la cabeza afeitada y de rostro delgado de Lin, mientras el resto miraba en silencio aquella maniobra. Los dos líderes pandilleros se estrecharon las manos y comenzaron a conversar. En seguida, el resto de los miembros de la Mara Salvatrucha imitó el gesto y se armó una bola informal de pandilleros rivales enzarzados en una plática. Los mediadores se levantaron de sus sillas y se apartaron a un rincón para no interrumpir aquella reunión inédita.
Esa sesión rompió el hielo entre los viejos enemigos y terminaron tomándose fotos con los mediadores y en grupos donde estaban mezclados los números y las letras. “Se había logrado lo más importante”, recuerda Mijango.
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El 24 de febrero se reunieron nuevamente para elaborar un primer borrador del acuerdo y se dieron un plazo para consultarlo con sus compañeros de pandilla encerrados en Zacatecoluca. El 29 de ese mes consensuaron un breve documento de seis puntos básicos, escrito a mano, en el que acordaban un “pacto de no agresión” durante un periodo de tres meses, “el cual podrá ser prorrogado según la evaluación positiva que hagamos de la evolución del proceso y el cumplimiento del compromiso de cada una de las partes”.
En el documento se expresa la voluntad de las “delegaciones de representantes” de la MS-13 y Barrio 18 para iniciar un proceso de diálogo.
El punto cuarto del documento reza: “Que la presencia a su más alto nivel de la Iglesia católica y representantes de la sociedad civil como facilitadores y mediadores en el diálogo privado nos inspira la confianza suficiente para considerar que el proceso abierto cuenta con la mayor seriedad y responsabilidad, y ello nos compromete a respetar, confiar y actuar con el mismo nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos que hemos propuesto asumir, en caso de que nuestras demandas cuenten con respuestas positivas por parte de las autoridades”.
El documento no detalla cuáles eran esas peticiones; sin embargo, Mijango aclara que esas demandas iniciales eran las mismas que luego se plasmaron en lo que se dio a conocer como Documento marco para la búsqueda de la paz, que los pandilleros entregaron al secretario general de la OEA y que incluía la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, el acuartelamiento del ejército, el cese de los operativos policiales en los territorios controlados por las pandillas, la derogación de la figura del testigo criteriado y una serie de mejoras en la calidad de vida de los presos.
Mijango asegura que había un punto adicional: el proceso, sus actores y los acuerdos debían permanecer en absoluto secreto, en espera de resultados sostenibles que mostrar.
Con el documento firmado, Mijango y Colindres decidieron congelar el proceso. Consideraron que era mejor esperar que el país diera vuelta a la página de las elecciones venideras de alcaldes y diputados, para evitar que sus logros se contagiaran de la fiebre política.
Faltaban 11 días para los comicios y la idea era esperar a que los resultados estuvieran en firme y comenzar a poner en marcha el primero de los acuerdos: los líderes de las dos pandillas deberían ser sacados del aislamiento de Zacatecoluca y trasladados a los penales donde están recluidos los pandilleros, para que pudieran trasmitirles a sus bases los acuerdos que habían alcanzado. El traslado de internos desde Zacatecoluca no se haría de un solo golpe, sino que las transferencias tomarían su tiempo, movilizando pequeños grupos de pandilleros en operaciones discretas a fin de evitar que aquel experimento saliera a la luz pública.
Sin embargo, el domingo 4 de marzo, una semana exacta antes de las elecciones, Mijango cuenta que recibió un mensaje de Zacatecoluca: era urgente su presencia en el penal. Se reunió con el rostro más emblemático de la MS, Borromeo Henríquez, y con los representantes de las dos grandes facciones de la 18: Carlos Mojica Lechuga y Víctor García Cerón. Los pandilleros tenían una advertencia que hacerle: sus homeboys en la calle y los líderes operativos de las clicas tenían un plan para boicotear las elecciones.
Las dos pandillas se habían puesto de acuerdo para generar un paro de transporte y amenazas durante los días 10, 11 y 12 de marzo; es decir, el día previo, el propio día de las elecciones y el día siguiente.
Con esa información, Mijango acudió al despacho del ministro. Había dos posibilidades: las pandillas mentían y se trataba sólo de un ardid para acelerar los traslados; la otra es que dijeran la verdad. En el segundo escenario no sólo estaba en riesgo el proceso electoral. Sabían que, de ser verdad, aquel boicot echaría a perder cualquier posibilidad de que el experimento tuviera alguna aceptación entre la sociedad. Si la amenaza era real, los esfuerzos habrían sido en vano. Decidieron acelerar el proceso y desordenar el calculado esquema de traslados que habían diseñado.
Accedieron a trasladar a todos los líderes en sólo dos días para que desactivaran la amenaza, antes de que se estropeara el proceso en forma irreversible. Tanto el ministro como Mijango aseguran que el presidente Funes estuvo de acuerdo.
Lo que iba a ser un proceso gradual se transformó en autobuses llenos de pandilleros trasladados de madrugada. El 8 de marzo, a las 2:00 de la mañana, Mijango y Colindres se presentaron en el penal de Zacatecoluca. A los 19 pandilleros que participaron en el proceso desde el principio se sumaron 11 más, hasta completar 15 personas por cada estructura.
Ese día serían trasladados los líderes nacionales de la Mara Salvatrucha y los dos mediadores los acompañarían dentro de los autobuses como garantía de que el Estado les procuraría seguridad. Al día siguiente hicieron lo mismo con los miembros de Barrio 18 para llevarlos a otros penales. Entre la primera reunión de diálogo con los pandilleros y los traslados de los mismos fuera de Zacatecoluca había pasado exactamente un mes.
Hasta entonces, marzo promediaba 13.6 asesinatos diarios. El sábado 10, solo un día después del traslado de pandilleros, hubo 10 homicidios. Al siguiente día, dos. Al siguiente, tres, al siguiente, cinco… En cuatro días los líderes de la MS-13 y de la 18 habían dado muestras del poderoso control que ejercen sobre sus estructuras, así como de su capacidad no ya para matar, sino para lograr algo mucho más difícil: domar y contener a sus gatilleros. Y habían dado la primera señal de su voluntad de hacer cumplir lo pactado. El promedio de homicidios en El Salvador se había desplomado…
* Los fragmentos que aquí se reproducen corresponden a los textos Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios, firmado por Óscar Martínez, Carlos Martínez, Sergio Arauz y Efrén Lemus, y La nueva verdad sobre la tregua entre pandillas, de Carlos Martínez y José Luis Sanz. Ambos fueron publicados por el periódico digital salvadoreño El Faro el 14 de marzo y el 11 de septiembre de 2012, respectivamente.
