Tras el entusiasmo que provocó en Colombia el acuerdo sobre el punto 2 de la agenda de negociaciones entre el gobierno y las FARC –en virtud del cual la guerrilla se integrará a la vida política–, ambas partes enfrentan ahora dilemas que mantienen el proceso de paz en “estado crítico”. Destaca uno: si los dirigentes rebeldes deben pagar con cárcel los crímenes cometidos durante el conflicto o si se les debe otorgar pase directo al escenario político. Además, las negociaciones corren el riesgo de “contaminarse” por las elecciones del próximo año, mientras la derecha aviva el fuego cuando llama “claudicación” de Estado al proceso negociador.
BOGOTÁ.- El miércoles 6 los representantes del gobierno y de las FARC destrabaron el proceso de paz iniciado hace un año, al alcanzar un acuerdo sobre el punto 2 de la agenda, “participación política”, el cual incluye la conversión de la guerrilla en un partido político; aun así, los analistas advierten que los diálogos están en una fase crítica.
“Acordar el punto 2 es un avance significativo, pero quedan cuatro por delante y tenemos encima un proceso electoral. Los negociadores van a tener un trabajo muy arduo para sellar lo más pronto posible un acuerdo definitivo en condiciones de mucha presión política. El país sabe que en los temas pendientes hay puntos de vista bien distantes”, dice a Proceso Fabio López de la Roche, coordinador del Comité de Participación Política del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, de la Universidad Nacional.
En Colombia habrá elecciones legislativas y presidenciales en marzo y mayo próximos; las campañas toman vuelo y abren espacios a los adversarios del proceso de paz. El debate político amenaza “contaminar” los diálogos.
El acuerdo de participación política alcanzado por las partes prevé crear circunscripciones electorales especiales que le darían a la guerrilla cupos directos en la Cámara de Representantes (diputados).
“Esto oxigena mucho el proceso, le da un nuevo ímpetu luego de varios meses en los cuales parecía no avanzar. Pero debemos ser prudentes. Los desafíos que quedan son enormes. Hay un tema, el de la justicia, que condiciona todo el proceso, porque los jefes de las FARC no aceptarán la justicia de los vencedores si ésta significa ir a prisión, al matadero”, afirma el abogado, filósofo y doctor en historia Ricardo Sánchez Ángel.
Es un hecho que los comandantes de la guerrilla no están dispuestos a dejar las armas para ir a la cárcel como únicos responsables de la guerra y sus excesos, ni la sociedad parece dispuesta a darles un pase directo del campo de batalla al escenario político. “En ese sentido estamos en una fase crítica. El tema de justicia es un gran obstáculo y discutirlo con un proceso electoral en marcha parece muy complicado”, sostiene a su vez López de la Roche.
Tiempos políticos
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, cuya gran apuesta política es el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de América Latina, anunciará en los próximos días su intención de buscar la reelección en los comicios del 25 de mayo de 2014 y deberá remar contra la corriente para cumplir su objetivo: su popularidad sólo alcanza 30% y la mayoría de los colombianos no apoya su forma de conducir las negociaciones, que transcurren en la capital cubana.
Con el acuerdo del punto 2 de la agenda, Santos empezó a remontar en las encuestas y a ampliar el respaldo ciudadano a los diálogos, pero está lejos de desactivar el impacto social y político de la campaña encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su movimiento político, el derechista Uribe Centro Democrático (UCD), que consideran las conversaciones con las FARC “una claudicación del Estado frente a un grupo narcoterrorista”.
El mes pasado el UCD eligió como abanderado presidencial al exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, quien en su primer discurso como candidato pidió terminar “ya” el diálogo con las FARC “porque un Estado legítimo no puede negociar de igual a igual con una organización que sigue cometiendo actos terroristas”. Tras conocer el acuerdo sobre el punto 2 de la agenda, el abanderado derechista dijo que se trata de “una farsa”.
Para López de la Roche, este tipo de reacciones evidencia que los avances en La Habana son hasta ahora insuficientes para “blindar” los diálogos y garantizar su continuidad. “En este país no hay ninguna seguridad para la paz porque el uribismo está dispuesto a destruir el proceso con una mirada torpe y de odio. Es una derecha que no tiene capacidad de imaginar un futuro en paz y de convivencia en un país diverso”, dice.
En ocho años de gobierno (2002-2010) Uribe desató una guerra total contra las FARC que diezmó a esa guerrilla –pasó de 24 mil a 8 mil hombres en armas– pero fue insuficiente para derrotarla militarmente. El exgobernante, candidato a senador, se mantiene como uno de los políticos más populares de Colombia, y su oposición a Santos, su exministro de Defensa y a quien considera un traidor por apostar por una salida negociada al conflicto armado, tiene un eco muy significativo en la franja más conservadora del electorado.
En ese contexto, el proceso de paz está sometido a dos fuegos: la coyuntura político-electoral atizada por la irrupción de Uribe como el mayor adversario de los diálogos y la complejidad de los temas que deben resolver los negociadores en La Habana para poner fin a una guerra de 49 años con saldo de 218 mil muertos, 25 mil desaparecidos y 5.7 millones de desplazados.
Avances
Luego de las 16 rondas de conversaciones que se han desarrollado desde el 19 de noviembre de 2012, los delegados del gobierno y de las FARC tienen listo, además del tema de participación política, un acuerdo sobre el primero de los seis puntos de la agenda: “Política de desarrollo agrario integral”.
Las partes han suscrito un documento de 22 cuartillas en el cual pactaron la creación de zonas de reserva campesina (ZRC) y de un fondo de tierras para distribuir entre pequeños campesinos, créditos y asistencia técnica a ese sector, la construcción de infraestructura en zonas remotas y un plan de desarrollo social en el agro que abarca educación, salud, seguridad alimentaria y combate a la pobreza.
Falta determinar la cantidad de hectáreas que repartirá el Estado y el número de ZRC –forma de organización agraria similar a los ejidos mexicanos– que serán creadas.
“Estamos frente a una reforma agraria indispensable para resolver el problema de la tierra en Colombia, que es el origen del conflicto. Esto es un paso importante. Necesitamos un escenario de paz con justicia social y en esa dirección va el punto 1 de la agenda, que ya está acordado en lo sustancial”, indica el economista y profesor de la Escuela Superior de Administración Pública Antonio José Becerra.
El punto 2 de la agenda se resolvió tras cinco meses de diálogos y en medio de una coyuntura interna muy volátil. La popularidad de Santos se desplomó por el errático manejo del paro nacional agrario de agosto y septiembre pasados, lo que Uribe y el UCD, que aspiran a obtener un tercio de las curules del Senado en los comicios de marzo de 2014, aprovecharon para arreciar sus críticas al proceso.
El acuerdo sobre participación política, logrado tras varias semanas de tensión y declaraciones amenazantes de ambos bandos, dará un respiro al presidente y permitirá a las FARC revertir la desconfianza que generan entre la población desde el frustrado diálogo de paz del Caguán (1998-2002).
Las curules especiales para las FARC en la Cámara de Representantes serían adicionales a las que pudieran lograr en ese mismo órgano legislativo, en el Senado, en las asambleas departamentales y en los concejos municipales, mediante su participación en comicios. Por ahora se advierte muy complicado que puedan hacerlo en las elecciones de 2014.
El gobierno se comprometió además a revisar y ajustar a las nuevas circunstancias el sistema electoral, y a impulsar un estatuto de la oposición que dé garantías a las fuerzas políticas minoritarias. Como partido, las FARC tendrán acceso a medios institucionales y regionales de comunicación, además de que podrán desarrollar sus propios medios comunitarios.
En un país con la historia de violencia y de magnicidios de Colombia, el gobierno creará un “sistema integral de seguridad” para garantizar la integridad de los guerrilleros desmovilizados que participen en política, un punto crucial de cara a la experiencia que vivió la Unión Patriótica en los ochenta y noventa, cuando esa organización, surgida tras el primer proceso de paz con las FARC, entre 1982 y 1986, fue aniquilada por grupos paramilitares en complicidad con organismos del Estado; 3 mil de sus militantes y dirigentes fueron asesinados.
Nudos
El coordinador general del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Alejo Vargas, quien ha sostenido reuniones con los negociadores, estima que, tras el convenio sobre los dos primeros puntos de la agenda, la mesa “se aproxima a dos problemas muy complicados: el de la justicia y el de la refrendación de los acuerdos, donde hay opiniones muy distintas”.
El pasado agosto la Corte Constitucional declaró procedente el Marco Jurídico para la Paz (MJP) aprobado por el Congreso en 2012 para facilitar la integración a la vida civil de los guerrilleros desmovilizados, incluso de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad: matanzas, secuestros o reclutamiento de menores.
Este mecanismo de justicia transicional prevé suspender las condenas de cárcel y abre la posibilidad de conmutarlas por penas alternativas, si los acusados dejan las armas, entregan a los menores de edad reclutados, compensan a los familiares de sus víctimas y rinden testimonios para esclarecer la verdad de esos hechos.
Pero el MJP enfrenta enormes desafíos: 80% de los colombianos lo rechaza; Uribe y sus seguidores repiten todos los días que se trata de un “pacto de impunidad” entre Santos y las FARC; organizaciones como Human Rights Watch lo cuestionan, pues dejaría sin castigar miles de crímenes atroces, y la Corte Penal Internacional (CPI) podría considerarlo incompatible con sus estándares de justicia.
Según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en medio siglo de conflicto las guerrillas colombianas han cometido 24 mil 482 secuestros, 3 mil 899 asesinatos selectivos, 343 masacres y 77 atentados terroristas, además de que han reclutado a miles de menores de edad.
Vargas explica que en la época de la Guerra Fría “lo que se estilaba para resolver esos conflictos eran los mecanismos de amnistía e indulto; pero la legislación internacional comenzó a modificarse, se volvió más restrictiva en esos campos, y obviamente la justicia internacional presiona al gobierno y también a las FARC. El gobierno está haciendo esfuerzos (como el MJP), pero no es una tarea sencilla”.
Rodrigo Uprimny, constitucionalista, exmagistrado y profesor de derecho, considera que para hacer aceptable un acuerdo de paz con las FARC deberían preverse penas mínimas de cárcel para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, sostiene, desde el punto de vista jurídico es posible que la CPI avale (o no) el MJP y la eventualidad de que los guerrilleros paguen con penas diferentes a la privación de libertad. Es un caso para el cual no hay antecedente ni doctrina. Tampoco existe ninguna condena por ese tipo de delitos.
Justicia por igual
El comandante de las FARC, Pablo Catatumbo, uno de los negociadores en La Habana, dijo que se pretende estigmatizar a la guerrilla como única responsable del conflicto, cuando en él han participado militares y policías que también han cometido crímenes atroces; grupos narcoparamilitares de extrema derecha, desmovilizados durante el gobierno de Uribe, y terratenientes, ganaderos y firmas multinacionales que “financiaron la guerra sucia”.
“Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. ¿Ellos no van a responder?”, planteó Catatumbo.
El informe del CNMH establece que los paramilitares, cuyos altos mandos fueron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico, son los principales responsables de los asesinatos selectivos –8 mil 903– y de las matanzas de civiles –mil 166–, mientras la fuerza pública figura con 2 mil 399 asesinatos selectivos, 158 masacres y gran parte de las 25 mil desapariciones forzadas entre 1985 y 2012.
La justicia colombiana ha procesado a centenares de paramilitares, militares, policías y agentes de seguridad del Estado que cometieron delitos atroces, pero las FARC argumentan que en esos casos no se ha aplicado la figura de “máximos responsables”, la cual se les quiere imponer a los comandantes guerrilleros.
Hay otro tema complicado: el gobierno propone validar los eventuales acuerdos de paz con un referéndum que se celebraría el 9 de marzo entrante, el mismo día de las elecciones legislativas, para lo cual el Congreso aprobó el mes pasado una ley en la materia, la que disgusta a la guerrilla porque fue producto de una decisión unilateral. Las FARC insisten: el mejor mecanismo de legitimación es una Asamblea Constituyente que eleve a rango constitucional las reformas pactadas en la mesa de negociaciones.
Es una manera de asegurar que los pactos se cumplan. Sin embargo, la guerrilla está abierta a discutir el mecanismo de refrendación.
Para Becerra es viable alcanzar un acuerdo antes de que finalice este año, quizá no uno definitivo pero sí con los suficientes avances como para debilitar los argumentos del uribismo y convencer a la opinión pública de que las partes están comprometidas con la paz.
Los delegados de las FARC y del gobierno reanudarán en La Habana los diálogos el próximo lunes 18 con la discusión del punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, sobre el cual hay consenso.
