Vecinos de la colonia La Tarjea, en Zapopan, han presentado varias quejas ante el ayuntamiento contra los empresarios que intentan construir un desarrollo urbano ilegal en la zona. No sólo no les hacen caso, sino que en octubre pasado les cerraron una calle y los representantes legales de los presuntos dueños les dijeron que cuentan con el aval del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, su secretario general, Arturo Zamora Jiménez, y el fiscal Luis Carlos Nájera.
La colonia La Tarjea, inmersa en la comunidad indígena de San Esteban, bañada por un arroyo y rodeada de la abundante vegetación de la extensa cordillera de la sierra El Diente, municipio de Zapopan, despertó el interés de los urbanizadores desde hace tiempo.
Los vecinos han resistido los embates cada vez mayores de presuntos empresarios y políticos que se dicen cercanos al exalcalde tapatío José Guillermo Vallarta Plata y a Fernando Espinosa de los Monteros, excandidato al gobierno de Jalisco por el extinto partido Nueva Alianza, quienes hoy promueven un desarrollo urbano en ese lugar.
En octubre pasado las intimidaciones se exacerbaron cuando Juan Magdaleno Ibarra y Gilberto García Hinojosa, quienes se ostentan como representantes legales de ambos políticos, cerraron una calle que el ayuntamiento zapopano empedró en 2002, con el argumento de que estaba sobre una propiedad privada.
José de Jesús López, un floricultor de la comunidad le explicó a García Hinojosa que ese camino se abrió desde hace más de 40 años y es vital para la población, pues conduce a la primaria local y entronca con la carretera a Saltillo.
De nada le sirvió. García Hinojosa se burló de él y se ufanó de tener un doctorado y estar muy por encima de López, quien sólo cursó la primaria. Tras el cierre de la calle, los presuntos propietarios del predio metieron maquinaria y comenzaron a remover la tierra y a derribar árboles en una de las laderas.
Los trabajadores lanzaron el cascajo a un terreno contiguo que pertenece a José Luis Camarena; una roca incluso cayó sobre una vivienda sin causar ningún daño. Y cuando Camarena le reclamó al operador del trascavo, éste se limitó a responder que sólo recibía órdenes de Vallarta Plata.
López y otros vecinos se organizaron y enviaron oficios al ayuntamiento para que detuviera las maniobras de los urbanizadores. Como no obtuvieron respuesta, el día 28 por la tarde reabrieron el camino; quitaron las rejas y la malla ciclónica que obstruían el paso en el tramo en las calles Aurelio Sandoval y Sidra.
Organizaron también una protesta que incluso fue transmitida en el noticiario local de Televisa en la que se observa a niños y adultos con pancartas en las cuales exigen al presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles Peiro, impedir el bloqueo de la calle.
Al día siguiente, los inconformes llevaron maquinaria para retirar la tierra y escombro arrojado al predio de Camarena. En ese momento llegó García Hinojosa y amenazó con denunciarlos por la presunta invasión a una propiedad privada.
Le advirtió a López que tiene el respaldo del fiscal del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y que en cualquier momento sus elementos policiacos puede arrestarlo. E insistió en que detrás del proyecto inmobiliario están el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y su secretario general, Arturo Zamora Jiménez.
El floricultor dice a Proceso Jalisco que hasta ahora el urbanizador no ha acreditado la propiedad de la calle, aun cuando alega tener un documento de deslinde expedido por el Registro Agrario Nacional (RAN). García Hinojosa tampoco ha presentado el permiso para el movimiento de tierras ni la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), toda vez que el futuro desarrollo se ubica en una zona de alta fragilidad ambiental, agrega el entrevistado.
Hasta el jueves 7 García Hinojosa continuaba con el desmonte de árboles y movimiento de tierras sin que el ayuntamiento zapopano le pusiera un alto. Tres días antes, dice, López, personal del ayuntamiento visitó el lugar para tomar fotografías de la maquinaria, pero no clausuró la obra. El responsable le informó al floricultor que la Secretaría de Gobernación les expidió un permiso para que continuaran trabajando.
Cerrazón
José de Jesús López señala que además de insultarles, García Hinojosa lo acusó a él y a sus vecinos de robar postes, alambrado y otros materiales.
Según él, el único ladrón en la colonia es Baldomero Sandoval, primo hermano de su esposa, quien prefirió irse a trabajar con la sociedad de Vallarta Plata. La comunidad ha visto a Baldomero cargar con andamios y piezas de metal para revenderlos.
El 21 de octubre una comitiva de habitantes acudió a una mesa de trabajo convocada por Vallarta Plata en su notaría, ubicada en la colonia Providencia. El anfitrión les dijo que aun cuando la calle se encuentra en propiedad privada, él gestionaría que se abriera un paso peatonal por una franja de la ladera para que los niños puedan llegar a la escuela.
Los vecinos se negaron. López encaró a Vallarta: “No somos ganado para que nos traigan paseando por el cerro”. Le molesta, dice, que el personal de vigilancia de los fraccionadores les tome fotografías a los niños que caminan por la calle.
Inconformes con la respuesta de Vallarta Plata, propusieron una segunda reunión para el 25 de octubre, a la cual asistieron 60 personas. Ante la falta de acuerdo, tres días después abrieron la calle Aurelio Sandoval y su continuación con Sidra.
Días antes de tomar esa decisión, los vecinos informaron al ayuntamiento sobre el cierre de la arteria (oficio 1323/03/2013). El agente municipal, José Alfredo Flores González, dirigió la petición al director de la Coordinación de Delegaciones y Agencias Municipales, Juan Israel Cárdenas Galarza, para que gestionara ante las instancias correspondientes el retiro del alambrado.
Entrevistado en las oficinas de su notaría, donde retratos al óleo decoran las paredes y pasillos, Vallarta Plata asegura que los presuntos propietarios del predio donde se intenta construir el desarrollo urbano son cinco personas, aunque sólo menciona tres: Jacobo Arias, María del Refugio Delgado y José de Jesús Flores, de los que es representante legal.
Arias, dice, ordenó el cierre del camino al detectar que los habitantes entran a robar postes, alambrado, varillas; además, se quejó porque arrojan basura, escombro y animales muertos a sus terrenos.
“Ordenó el predio, que es una propiedad privada no comunal, reconocido por la comunidad indígena de San Esteban –dice Vallarta–. Se hizo un juicio de exclusión para quitar el predio de lo que ellos suponían una comunidad agraria de San Esteban; incluso hay escritura pública. Se registró en el RNA y se ratificó en el Registro Público de la Propiedad y Catastro.”
Con voz fuerte y seca, Vallarta reitera: El camino empedrado que pelean los vecinos, construido por el municipio de Zapopan, pertenece a los dueños del predio. Según él, el alcalde Robles Peiro está al tanto del suceso y tiene conocimiento de los documentos que acreditan la posesión del terreno.
Incluso, dice, Robles propuso comprar los derechos de vía, pero él le respondió que no será necesario porque los fraccionadores están dispuestos a celebrar un convenio con el ayuntamiento para darle a la población la servidumbre de paso.
Eso sí, asevera el entrevistado, tendrán que sujetarse a las disposiciones que marquen los dueños. Para empezar, volverán a levantarse los puntos de bloqueo con la instalación de portones, y los vecinos podrán acceder sólo si se comprometen a cerrarlo cuando entren y salgan. Además deberán dejar el espacio limpio de basura y animales.
Vallarta Plata confirma que en el lugar comenzará a construirse un fraccionamiento campestre de 19.60 hectáreas en los próximos dos años, y los movimientos de tierra son el trazo de un camino apagafuegos. Admite que no tienen la licencia municipal, pero tampoco la necesitan: “Informamos al municipio que se iba a hacer este camino, para eso no se necesita permiso”.
En su opinión, todo el alboroto ocasionado por la población se reduce a un conflicto de intereses políticos propiciado por el propio coordinador de Delegaciones y Agencias Municipales.
El predio codiciado
La Tarjea se localiza al fondo de una ladera, en el kilómetro 15 de la carretera a Saltillo. Desde esa vía se aprecian las lujosas residencias construidas sobre pequeñas colinas del fraccionamiento Las Cañadas, así como una iglesia blanca que resplandece al atardecer con los rayos del sol.
Con frecuencia, dicen los lugareños, un helicóptero de la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan sobrevuela el entorno. Aquí, dicen, el precio del metro cuadrado oscila entre 6 mil y 8 mil pesos, y el valor de las viviendas supera los 4 millones de pesos.
De acuerdo con José Casillas, un estudioso de los pueblos asentados en la parte baja de la cordillera de la barranca del río Santiago, la región es codiciada por empresas inmobiliarias que suelen despojar a los propietarios de los predios mediante amenazas.
Así lo hizo, por ejemplo, la familia de Guadalupe Zuno Arce a finales de los sesenta, cuando se apropió de 100 hectáreas del ejido San Esteban mediante un convenio forzoso para levantar un fraccionamiento campestre que se llamaría Bosques de San Isidro; sin embargo, al cambiar de socios, se denominó Las Cañadas.
El río Blanco que nace en la población de Nextipac y cruza por la presa de Santa Lucía separa a ambas poblaciones, pero los habitantes de La Tarjea no pueden disponer de su agua porque está contaminada con las descargas industriales desde hace varios lustros.
El agua potable que consumen proviene de un manantial de Las Cañadas, aunque admiten que no pueden acceder a él como quisieran porque el dueño –quien vive en la Ciudad de México– prefiere que fluya hacia la cuenca contaminada del río Blanco. Sólo les da una pulgada cúbica de agua, comenta el floricultor José de Jesús López.
