Desde principios de año, empresarios locales e inversionistas españoles reactivaron el proyecto de desarrollo urbano Mirasierra –rebautizado como Residencial Sendas–, metieron maquinaria y comenzaron la tala de árboles en una superficie del bosque El Nixticuil, considerado área de reserva natural desde febrero de 2008. El Comité Salvabosque Tigre II envió al ayuntamiento zapopano y a la Profepa cartas para documentar las irregularidades y exigir que se detengan las obras, pero las autoridades simplemente los ignoraron.
Con la presunta complicidad de las autoridades ambientales, empresarios locales y el grupo español BBVA-Bancomer intentan construir un desarrollo urbano en las inmediaciones del bosque El Nixticuil, en Zapopan, para albergar a más de 100 mil personas, población equivalente a la de Ciudad Guzmán, la segunda urbe más importante del estado.
Se trata de un megaproyecto que en 2008 ingresó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Mirasierra, aunque quedó en suspenso porque sus promoventes decidieron el 8 de marzo de 2010 retirar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y no insistir en el cambio de uso de suelo, después de que en la consulta pública del 19 de septiembre de 2009, académicos, activistas sociales y ambientalistas evidenciaron los impactos negativos de esa urbanización.
Sin embargo, en 2011 reactivaron el trámite y comercialmente le cambiaron el nombre. Ahora se denomina Residencial Sendas y los desarrolladores decidieron dividir el proyecto en polígonos con el propósito de conseguir las autorizaciones ambientales y los cambios de uso de suelo.
Hoy, en dos áreas del predio conocido originalmente como Mirasierra hay maquinaria trabajando, aun cuando una de ellas no tiene la autorización de la Semarnat.
El polígono que no cuenta con cambio de uso de suelo se tramitó con el nombre de Parcela 133, aunque los promotores recurrieron a la figura de positiva ficta –con la presunta complicidad de José de Jesús Álvarez Carrillo, delegado de Semarnat Jalisco en esa época– y comunicaron a la dependencia que empezarían a construir en ese predio.
Y aun cuando en marzo el titular de la Unidad Jurídica de la delegación de Semarnat en Jalisco, Antonio Flores Saldaña, expuso en entrevista que los empresarios no podían ampararse en esa figura para iniciar la construcción, las máquinas continúan trabajando. Hasta ahora ya desmontaron la cobertura vegetal de 20 hectáreas.
El otro polígono, el más extenso, obtuvo con presuntas irregularidades el cambio de uso de suelo forestal en noviembre de 2012, pues en esa zona hubo incendios en los últimos años y la legislación forestal establece que un predio afectado así no puede urbanizarse durante los siguientes 20 años.
Según el expediente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat Jalisco incumplieron con los tiempos para hacer las visitas de inspección; las pospusieron un año y medio, justo después del temporal de lluvias, con el propósito de que no hubiera evidencias del daño causado por el fuego para otorgar el cambio de uso de suelo.
Para el Comité Salvabosque Tigre II, integrado por vecinos que defienden el bosque desde hace ocho años y que han creado brigadas autónomas para apagar incendios que ellos vinculan con la presión inmobiliaria, el megaproyecto es neocolonialista, ya que inversionistas españoles se aliaron con empresarios locales cercanos al gobierno, según consta en los documentos de los trámites ambientales. Eso les permite apropiarse de zonas boscosas de los alrededores de parte del bosque El Nixticuil, que desde el 19 de febrero de 2008 fue declarado por el Congreso local área natural protegida por su importancia hidrológica.
Las empresas locales que están asociadas con el grupo BBVA a través de la inmobiliaria Anida, insisten, son: GVA, Consorcio Tierra y Armonía, así como el Grupo GIG Desarrolladores Inmobiliarios, presidido por el empresario priista Raymundo Gómez Flores, quien utilizó una de sus empresas –Minsa– para organizar la primera actividad de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Jalisco el 30 de marzo de 2012.
Un empresario influyente
La historia y riqueza de Raymundo Gómez Flores está estrechamente ligada al salinismo. En 1989, junto con Hugo Villa Manzo y Juan Antonio Covarrubias compró a precio de ganga el 66.73% de la empresa pública Diesel Nacional (Dina) y en 1991 él y sus socios se apoderaron de Banca Cremi para venderla después al polémico empresario Carlos Cabal Peniche.
El nombre de Gómez Flores apareció varias veces en la lista de beneficiados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), al lado de otros empresarios que financiaron campañas presidenciales priistas y se beneficiaron con la cesión de empresas públicas.
Con el Grupo Estrella Blanca, por ejemplo, él obtuvo un rescate de mil 489 millones de pesos; con Financiera Reforma, donde fue socio de Cabal Peniche, el rescate fue por 251 millones de pesos, asimismo el gobierno le compró una deuda de 780 millones de pesos adquirida a título personal.
Junto con su hermano Armando, quien representa la empresa Bienes Raíces Jardín Real, Raymundo Gómez es el más firme impulsor del megadesarrollo Residencial Sendas.
Ambos hermanos contrataron a la consultora ambiental Biosferazul, de Luis Toro Vaca, exfuncionario de la Semarnat Jalisco, quien conoce los recovecos legales de los trámites en esta dependencia y ha logrado “destrabar” proyectos polémicos como Zafiro, un desarrollo turístico en la Chamela; la mina Gan-Bo en Cuautitlán de García Barragán o la Villa Panamericana en el Bajío de Zapopan, sobre el cual hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code) por irregularidades en el pago del contrato por el estudio de impacto ambiental.
Para aplicar la positiva ficta para trabajar en el polígono Parcela 133 –que actualmente se promociona como Residencial Sendas–, Gómez Flores y los demás empresarios se coludieron con José de Jesús Álvarez Carrillo, quien durante la administración del panista Emilio González Márquez fue delegado de la Semarnat Jalisco y es cercano del grupo de Alberto Cárdenas Jiménez.
La evidencia se encuentra en el expediente 14/DS-0175/20-08 y la historia empieza en 2008, cuando el ejido Zapopan ingresó a Semarnat el proyecto llamado Parcela 133 para solicitar el cambio de uso de suelo forestal de 20 hectáreas.
Un año después, la dependencia solicitó información adicional para saber el tipo de vegetación de la zona, toda vez que el polígono se encuentra en área de escurrimientos del río Blanco, por lo cual se debía pedir la anuencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para urbanizar el entorno.
Como el ejido nunca respondió, el expediente caducó el 4 de septiembre 2009, lo que legalmente da por terminado el trámite.
No obstante, tres meses más tarde, el 18 de diciembre de 2009, Álvarez Carrillo revivió el proyecto de forma irregular, al notificar a los promoventes del fraccionamiento que podían depositar ante el Fondo Forestal Mexicano 125 mil 476 pesos “a efecto de liberar la autorización” del Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el predio Parcela 133 (oficio SGPARN.014.02.01.01.1612/09).
Según el artículo 123 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal, después de que se efectúa un depósito al fondo forestal, la Semarnat debe expedir la autorización dentro de los 10 días hábiles siguientes. “Transcurrido este plazo sin que la secretaría otorgue la autorización, ésta se entenderá concedida”.
En otras palabras, el entonces delegado abrió la puerta para que los promoventes tuvieran argumentos en defensa de la positiva ficta con la que iniciaron los trabajos en enero pasado, aun cuando el expediente había sido desechado. Tanto en la notificación a los empresarios como en el depósito que éstos realizaron, aparece el nombre de Álvarez Carrillo.
Durante los dos primeros meses de este año la unidad jurídica de Semarnat argumentó que el expediente estaba extraviado y que el trámite seguía en curso. Los papeles de Parcela 133 aparecieron en marzo, después de que este semanario hizo la solicitud a través de la Ley de Acceso a la Información.
Sin embargo, la dependencia modificó su versión y arguyó que el proyecto no tenía autorización de cambio de uso de suelo ni era procedente la positiva ficta. Pese a ello, la Profepa no ha clausurado las obras; tampoco la Conagua, a cuyos directivos corresponde sancionar a los desarrolladores.
En 2011, Álvarez Carrillo tuvo que dejar la delegación Jalisco por irregularidades en autorizaciones de cambio de uso de suelo para la siembra de aguacates en el estado. Su sustituto, Luis Gerardo González Blanquet –a quien se vincula con el grupo de Álvarez Carrillo–, firmó el cambio de uso de suelo del polígono de Mirasierra que fue afectado por incendios e “ignoró” lo que sucedía con la Parcela 133.
Los incendios que nunca sucedieron
Cuando ingresó a Semarnat Jalisco la solicitud de cambio de uso de suelo para 58.7 hectáreas del proyecto Mirasierra, junto al área natural protegida de El Nixticuil, los técnicos argumentaron que en la zona habían ocurrido incendios y solicitaron a la Profepa realizar visitas de inspección.
El Comité Salvabosque Tigre II tiene una base de datos de los siniestros provocados desde 2005 que coinciden con los ocurridos en los polígonos donde se cambió el uso de suelo forestal para la construcción de viviendas.
Según el expediente de la Semarnat, las visitas de inspección se fueron posponiendo año y medio –dos temporales de lluvias–, lapso en el cual se recuperó la vegetación y se borraron los indicios del fuego.
El trámite para el cambio de uso de suelo inició el 14 de junio de 2011 y de inmediato lo tomó la unidad jurídica, que retrasó tres meses el dictamen.
El 31 de julio de 2011, los técnicos de la Semarnat solicitaron a la Profepa que determinara la probable afectación por causa de incendios forestales en cinco predios y que coinciden con los polígonos de Mirasierra
El 28 de octubre de ese mismo año la Semarnat volvió a envíar a la Profepa un oficio en el cual solicita “información sobre la ubicación geográfica de las áreas afectadas por los incendios ocurridos en terrenos del proyecto Mirasierra, hechos circunstanciados en el expediente PFPA/21.3/2C.27.2/063-10”. El documento lleva la firma de González Blanquet.
José de Jesús Becerra, el titular de la Profepa delegación Jalisco en esa época, respondió que no era necesario un dictamen porque la mayoría de la superficie afectada era considerada como terrenos agrícolas. Los incendios, dijo, no estaban en los polígonos de Mirasierra; es decir, emitió una opinión sin verificar los hechos.
Un año después, el 26 de julio de 2012, la subdelegación de Inspección respondió que “no es necesario dictaminar respecto de la superficie total del área afectada por los incendios, toda vez que la misma no abarca los polígonos para los cuales fue solicitado el proyecto denominado Mirasierra. Aunado a lo anterior, la mayoría de la superficie afectada es considerada como terrenos agrícolas, un tipo de vegetación que corresponde a pastizales”.
Fue hasta el 10 de octubre de 2012 cuando inspectores de la Semarnat visitaron cuatro sitios y determinó que no hubo incendios ahí. Semanas después, la dependencia aprobó la autorización de cambio de uso de suelo a los desarrolladores urbanos.
No obstante, el expediente incluye un documento con imágenes de Google Earth que proporcionó el Comité Salvabosque Tigre II en el cual se precisan las áreas de cada polígono que comprende Mirasierra donde se registraron incendios entre 2005 y 2012.
Tres de ellos ocurrieron en el polígono A, donde hay matorral subtropical; seis en el B, con vegetación de matorral subtropical y bosque de Quercus; dos más en el D, en bosque de Quercus y matorral subtropical; cuatro en el E, que es bosque de galería y de Quercus; dos en el F, 2m y cuatro en el G.
Según el artículo tercero del decreto del área natural protegida impulsado desde 2006 por el Comité Salvabosque Tigre II se planteó que la principal amenaza para el bosque El Nixticuil era el crecimiento urbano de la zona metropolitana “que puede incidir en el aumento de los problemas de contaminación de los mantos acuíferos y la sobreexplotación de los mismos ante la demanda para el abastecimiento doméstico”.
Asimismo, se declaró “de interés público la conservación de los mantos acuíferos en la zona mencionada, para el mejor control de las extracciones, uso y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en la misma”.
Las irregularidades de los desarrolladores urbanos cometidas con el aval de las autoridades ambientales han allanado el camino para el despojo del bosque de Nixticuil, importante reserva para el abasto de agua de la zona metropolitana de Guadalajara.
Cronología del enredo
La solicitud de cambio de uso de suelo para el proyecto Parcela 133 ingresó a la Semarnat Jalisco en 2008 con el número de expediente 14/DS-0175/10/08. El promovente original fue el ejido Zapopan.
El 5 de junio de 2009, la Semarnat pidió a los solicitantes información para conocer el tipo de vegetación que sería afectada en zonas de escurrimientos, presentar un documento original donde la Conagua diera anuencia para la urbanización, así como ampliar información referente a medidas de prevención o mitigación.
El 4 de septiembre de 2009, la Semarnat notificó: “Considerando que ha transcurrido el plazo establecido por ley y el promovente no presentó la información complementaria que permitiera continuar con el procedimiento de evaluación de solicitud de autorización de cambio de uso de suelo… (el trámite se cancela)”. El documento lleva la firma de José de Jesús Álvarez Carrillo, delegado de la Semarnat.
En 2012, los mismos desarrolladores de Mirasierra solicitaron ante Semarnat que el ejido de Zapopan cediera la titularidad del trámite a un fideicomiso de Scotia Inverlat, integrado por el Grupo Guadalajara (Bienes Raíces Jardín Real, representado por Armando Gómez Flores; la Inmobiliaria Mendelssohn, representada por Juan José Errejón Hernández; la Urbanizadora y constructora Amadeus, representada por Mauricio Martínez Camarena, y GVA Casas, encabezada por Alejandro Gómez Levy) y Anida Proyectos, representada por José Homero Cal, perteneciente al grupo español BBVA.
Joseph Rodrick Medina apareció como el apoderado legal del fideicomiso, así como del proyecto Mirasierra, también nombrado comercialmente como Residencial Sendas. En otras palabras, Parcela 133 es otro polígono del mismo fraccionamiento a urbanizar.
El 16 de enero de 2013, Joseph Rodrik Medina remitió a Semarnat un documento con propuestas de medidas de prevención y mitigación para el estudio técnico justificativo y aseguró que los promotores tenían la autorización de cambio de uso de suelo.
Parcela 133 se ubica en el predio conocido como El Tostón, en el Valle de Tesistán, junto al Río Blanco.
Actualmente ya se venden las casas de este fraccionamiento bajo el nombre de Residencial Sendas, como un proyecto de Anida y sus socias Grupo GIG (Antes jardín Real), GVA y Consorcio Tierra y Armonía (fusión de Mendelssohn con Amadeus).
