Por enésima ocasión la promesa de una reforma fiscal terminó en una miscelánea fiscal más, que por supuesto es insuficiente para eliminar o siquiera disminuir la petrodependencia, por lo cual impacta directamente sobre la pretendida reforma energética y obligará al actual gobierno a proponer más cambios impositivos en los próximos años, para mantener la incertidumbre fiscal.
Los problemas del sistema tributario mexicano son los mismos desde hace más de medio siglo: muy baja recaudación (desde 1960 los ingresos tributarios –eliminando los recursos provenientes del petróleo– rondan el 10% como porcentaje del PIB); dependencia de los impuestos indirectos (el 52% de los ingresos provienen de éstos); y una muy alta evasión y elusión fiscal. Desde 1980, la petrodependencia (en estos momentos los recursos provenientes de derechos o impuestos vinculados a los hidrocarburos representan casi el 40% de los ingresos presupuestales del sector público) permitió por un lado mitigar la baja recaudación, y, por el otro, impulsar reformas y contrarreformas impositivas de acuerdo con la coyuntura y con fines político-electorales.
Lo anterior condujo a un sistema tributario ineficiente e injusto que ha impedido al gobierno mexicano garantizar los derechos sociales establecidos en la Constitución para todos los mexicanos e impulsar el crecimiento económico, por la debilidad de las finanzas públicas. Carlos Tello y Domingo Hernández, en un artículo publicado en el número 21 del volumen 7 de la revista Economía de la UNAM, señalan: “Como resultado de la insuficiencia de gasto público, adecuadamente financiado con ingresos tributarios crecientes, se ha ido construyendo, a lo largo de los años, un déficit acumulativo de desarrollo económico, que ya ha puesto en entredicho las posibilidades de crecimiento económico y desarrollo social en el país en los años por venir. El vacío que dejó la inversión pública no fue colmado por la privada. El resultado de todo ello es el relativo estancamiento de la economía mexicana. El crecimiento promedio anual del PIB por persona en el periodo 1983-2009 no superó 0.5% en términos reales, en comparación con el promedio superior a 3.2% registrado entre 1933 y 1982”.
Esto no cambió en los últimos cuatro años, y la propuesta de reforma fiscal de Enrique Peña Nieto nunca pretendió incrementar sustancialmente los ingresos tributarios. Originalmente planteaba aumentar la recaudación en 1.4% del PIB; sin embargo, dadas las modificaciones que sufrió en el Congreso de la Unión, la meta disminuirá y, para mantener la tradición, todo se compensará con un ajuste en el precio del barril de petróleo.
El problema es endémico y tiene que ver con la ausencia de una visión clara e integral de lo que se quiere lograr, pues como lo indican los autores ya citados: “La reforma hacendaria necesariamente tiene que incluir: a) la definición de un nuevo curso para el desarrollo de la economía mexicana; b) el gasto necesario para lograr, en el tiempo, las metas a alcanzar; c) la revisión del gasto público que actualmente se lleva a la práctica; y d) el financiamiento del gasto necesario para lograr dichas metas, incluyendo los aspectos tributarios”.
En México, las propuestas de reformas fiscales (incluyendo la actual) carecen de estos elementos y se dirigen a atender la coyuntura y a buscar fines políticos y/o electorales. Una rápida revisión de lo sucedido desde la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el 1 de enero de 1980 lo muestra con claridad: era el tiempo de la bonanza petrolera y el entonces presidente José López Portillo se dedicaba a “administrar la abundancia”; así que inicialmente la tasa del mismo fue de 10%; región fronteriza, alimentos procesados, alimentos y medicinas, 6%; exentos, productos agrícolas y de primera necesidad, así como educación, libros, periódicos y revistas.
Pero la crisis petrolera de 1982 obligó a Miguel de la Madrid a incrementar la tasa general al 15%; instaurar una de 20% a los llamados productos de lujo; región fronteriza, 6%; y sólo quedaron exentos los servicios profesionales médicos. En 1986 se gravaron algunos alimentos procesados con tasa 0%. En 1991, Carlos Salinas de Gortari redujo la tasa nuevamente al 10%, pues las finanzas públicas se nutrían de las ventas de las paraestatales (Telmex, los bancos, las aerolíneas, las acereras, etcétera); también disminuyó el Impuesto sobre la Renta a personas físicas, del 50 al 35%, y a las empresas, del 40 al 34%.
Tras “el error de diciembre” de 1994, Ernesto Zedillo subió, en 1995, la tasa del IVA nuevamente al 15%; región fronteriza, 10%, y mantuvo las exenciones; además, estableció el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos); y en 1999, eliminó o disminuyó ciertos privilegios fiscales, incrementó la tasa del ISR a personas físicas al 40%, y a empresas al 35%, más 5% a las utilidades distribuidas.
Vicente Fox propuso reducir las tasas del ISR a las personas físicas (de 40 a 32%) y a las empresas (del 35 al 32%) y eliminó el 5% en la distribución de utilidades; para compensar estas reducciones, pretendió eliminar las exenciones del IVA a alimentos, medicinas, libros, revistas, periódicos, colegiaturas, transportes, etcétera, aunque esto último no lo aprobó el Congreso. Felipe Calderón, en 2007, estableció el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); y, a partir de 2010, dispuso un incremento del IVA al 16%, y elevó ligeramente las tasas del ISR a personas físicas y morales.
La propuesta de Enrique Peña Nieto se inserta en esta misma ruta: eliminación del IETU, el IDE y el régimen de pequeños contribuyentes; reducción de las exenciones al IVA; incremento marginal de las tasas del ISR a personas físicas; eliminación de algunos de los privilegios fiscales a algunas actividades económicas; e incrementos en las tasas de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios a determinados productos.
Como puede verse, básicamente es subir y bajar las tasas impositivas dependiendo de las coyunturas de la economía nacional y de las clientelas electorales de los gobernantes, pero sin pensar en una política económica y social integral que permita impulsar el crecimiento económico, garantizar a todos los mexicanos un ingreso suficiente para satisfacer plenamente sus derechos sociales e impulsar una mejor distribución del ingreso. La propuesta ya era insuficiente, y lo que aprobará el Congreso de la Unión todavía más, pues los ajustes en buena medida obedecen a la presión de los grupos de interés más influyentes política y económicamente.
