La resolución de la Corte en el caso del sacerdote Contreras puso en evidencia al gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, quien presuntamente desplegó el poder del Estado para encarcelar al cura salesiano acusado de violar y asesinar a una menor. Para Armando Martínez, abogado del religioso, el caso demuestra la intención del gobierno de Toranzo de atacar a la Iglesia católica con fines políticos.
El presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, no se anda con rodeos y acusa al gobernador de San Luis Potosí:
“Fernando Toranzo ordenó el encarcelamiento del sacerdote José Carlos Contreras. Lo acusó injustamente de violar y asesinar a la menor Shantal González. El gobernador es un cacique a quien no le importó meter a un inocente a prisión.”
–¿Qué motivos tuvo para ello? –se le pregunta.
–Consolidarse políticamente. Ese fue el motivo. Tan pronto asumió la gubernatura sus asesores le aconsejaron: “Da un golpe fuerte. Consolídate en tu gobierno, sepárate de la Iglesia metiendo a ese cura al bote, porque a la sociedad le va a gustar. Ya tenemos todo listo para arrestarlo”. Le gustó la idea y se enganchó.
“De esta manera el gobernador priista dio un golpe de timón para diferenciarse de su antecesor, el panista Marcelo de los Santos. Obviamente el arresto provocó un fuerte impacto en San Luis Potosí, cuya sociedad está muy polarizada; es altamente conservadora pero también altamente liberal. En pleno centro de la capital del estado está la iglesia del Carmen, la más bella de la entidad, y en su contraesquina tienes al edificio de los masones. Este hecho lo simboliza todo”.
Martínez concede la entrevista en la sala de sus oficinas de la Universidad del Pedregal, de la cual es rector. El poderoso abogado de la jerarquía católica mexicana da esta versión de los hechos:
“Todavía durante el gobierno de Marcelo de los Santos, una juez que siempre se ha prestado a la manipulación –Juana María Castillo– obsequió la orden de aprehensión contra el sacerdote. Pero el gobierno de Marcelo no la ejercitó porque sabía que no tenía ningún sustento jurídico, y que detrás estaba un grupo político interesado en atacar a la Iglesia.
“Ya en ese tiempo había mucha presión social debido a la publicación del libro Shantal: Asesinato en el salesiano, escrito por el expolicía Julio Ceballos. Ese libro no es otra cosa que la averiguación previa del caso y la publicaron antes de la consignación. ¡No se respetó el sigilo procesal!
“A Julio Ceballos le pagaron por hacer esas cosas. Le filtraron la averiguación previa para que la publicara y la rubricara con su nombre. Armó toda una novela retorcida con la información que le dieron. ¡Caray! Era para que lo hubieran metido a la cárcel por eso. Pero no, alguien lo estaba protegiendo. Al expolicía lo encarcelarían tiempo después en un penal federal, por sus presuntos vínculos con Los Zetas.
“Con estos antecedentes llegó Toranzo a la gubernatura y decidió arrestar al sacerdote. Aventó todo el poder del estado contra el padre José Carlos y el Instituto Salesiano, a pesar de que él fue alumno becado en ese colegio católico. Su estrategia política era golpear a los salesianos, acabar con ellos valiéndose de juegos macabros y maquiavélicos.”
Una de estas maniobras del gobernador –asegura Martínez– fue cooptar al abogado del sacerdote y del colegio salesiano, Cándido Ochoa Rojas. Esta es la historia:
“Al darse el crimen de Shantal, en 2007, los salesianos buscaron al mejor abogado y determinaron que era Cándido. Firmaron con él un contrato de prestación de servicios profesionales para defender al Instituto Salesiano y a su comunidad religiosa.”
Cuando Toranzo llegó a la gubernatura, en 2009, designó procurador estatal a Ochoa, quien al mismo tiempo defendía a los salesianos, pues su contrato con éstos seguía vigente. De esta manera jugaba con los dos bandos: cobraba como funcionario público y por otro lado recibía su paga para defender a quien inculpaba. Se trató de un caso claro de prevaricación.
Ya como procurador, Ochoa le recomendó a su defendido que se presentara a juicio y le aseguró que no le dictarían auto de formal prisión. El sacerdote siguió esas indicaciones y al llegar ante las autoridades lo arrestaron. Indignados, los salesianos acudieron con Ochoa para pedirle explicaciones, pero éste no volvió a recibirlos.
“Detrás de esta vergonzosa maniobra siempre estuvo el gobernador manejando los hilos. En cuanto el sacerdote fue arrestado, Toranzo movió a Ochoa de la procuraduría estatal para darle la Secretaría General de Gobierno. Fue el premio por su trabajo sucio. En la actualidad, Ochoa es el brazo derecho del mandatario”, apunta Martínez.
–¿Es aquí cuando entra usted en escena?
–Sí. El Colegio de Abogados Católicos comenzó la defensa del religioso en 2010. Muy pronto me di cuenta de todo el armazón político creado en torno a ese hecho criminal. Un tema de justicia se había politizado.
–¿Y qué hizo usted?
–Reabrir el caso inmediatamente. Le pedimos al gobierno estatal que abriera una fiscalía independiente para asegurar la imparcialidad. No lo quiso hacer. En varias ocasiones le pedí a Toranzo que, por lo menos, sentara a Cándido con nosotros para hablar del asunto. Tampoco lo hizo. Mientras tanto, quienes trabajaban con nosotros empezaron a recibir amenazas.
“La justicia en San Luis Potosí está tan prostituida que ya no podíamos hacer nada ahí. Con Toranzo en el gobierno teníamos todas las de perder. Entonces decidí sacar el caso de San Luis y llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabildeamos para que los ministros conocieran el asunto y se interesarán en él.”
–¿El caso realmente ameritaba la intervención de la Corte?
–Por supuesto. La Corte sólo atrae los asuntos con relevancia y trascendencia jurídica nacional. Este caso va mucho más allá, pues tiene importancia a nivel internacional. En primer lugar se trata de un brutal asesinato cometido dentro de una escuela contra una menor de edad, lo cual ya de por sí es muy grave. En segundo término está el involucramiento absoluto de un gobierno caciquil que injustamente le achaca ese crimen a un sacerdote, quien padece un calvario de cuatro años en prisión en un contexto mundial de linchamiento contra la pederastia sacerdotal. Aparte están las anomalías en el proceso judicial.
“La ministra Olga Sánchez Cordero hizo la solicitud formal de atracción. La Corte atrajo el caso el año pasado y le llevó 14 meses analizarlo. Tuvo que estudiar nueve tomos. Es la primera vez que la Corte analiza el caso de un sacerdote católico, a quien finalmente le dio la libertad en agosto pasado porque lo consideró inocente, pues las pruebas en su contra, dijo, no se sostenían ni por la lógica ni por la razón.”
–Se dice que hubo un acuerdo cupular entre el Vaticano y la Suprema Corte para absolver al religioso, una componenda política de alto nivel. ¿Qué dice al respecto?
–Esa versión es absurda, pues si el Vaticano tuviera influencia sobre la Corte hubiéramos ganado la batalla que libramos en esta instancia contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Y no fue así. La Corte nos dio una arrastrada tremenda.
“En temas ideológicos nos hemos enfrentado contra algunos ministros, entre ellos Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero, la ministra más liberal. Ahora, sin embargo, ambos nos dieron la razón. Este asunto nada tiene que ver con influencias políticas ni con ideologías. Es un tema estrictamente penal y de derechos humanos, de integración de pruebas y de valoración de las mismas.”
Pruebas endebles
De 171 páginas, el amparo directo 78/2012 otorgado por la Corte al religioso fue elaborado por el ministro Zaldívar. En él se fueron desechando las pruebas que inculparon al sacerdote José Carlos.
Por ejemplo, sobre el testimonio de la guardia de seguridad María Galdina Flores en el sentido de que vio a la víctima cerca del dormitorio del religioso poco antes de ser asesinada, dice la Corte que “esa cita carece de alcance probatorio”, pues “no resulta suficiente para concluir que Shantal ingresó a la casa salesiana”, ni mucho menos que fue asesinada por el fraile. Además, “existen contrapruebas que acreditan ciertos hechos incompatibles con lo señalado por la citada testigo”.
Y respecto a la prueba del luminol que detectó supuestos rastros de sangre, señala el amparo:
“No se demostró que las manchas que reaccionaron con luminol correspondieran a sangre humana. Al respecto, la diligencia en la cual se recabaron tales muestras fue realizada de forma ilegal, pues no se siguieron protocolos adecuados para el manejo de la evidencia, por lo que carecen de cualquier alcance probatorio los elementos que se recabaron en la misma… y aun suponiendo que las manchas localizadas en la casa fueran de sangre humana, no se acreditó que sus dimensiones demostraran que ahí se cometieron los hechos delictivos.”
Por otra parte, la Corte invalidó el perfil criminal que se hizo del sacerdote. Para ello argumentó:
“No es posible advertir una compatibilidad entre el perfil psicológico del quejoso y el perfil criminal que fue elaborado durante la averiguación previa, pues el mismo no se realizó conforme a un método adecuado, ya que no partió de evidencias y elementos comprobados, pues las conclusiones que contiene son producto de especulaciones.”
Una a una desechó otras pruebas acusatorias, y al final señaló que “fueron producto de una inferencia carente de lógica”.
Exculpó así al religioso:
“En conclusión, del estudio de fondo contenido en la presente sentencia se advierte una notoria insuficiencia probatoria, aunado a una indebida valoración de los elementos de convicción, por lo cual no es posible tener por acreditada la responsabilidad penal de José Carlos Contreras Rodríguez en la comisión de los delitos de homicidio calificado y violación por los que fue acusado.”
Y ordena lo siguiente: “Comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de José Carlos Contreras Rodríguez”.
Ante este fallo del máximo tribunal del país, Armando Martínez considera que el gobierno de Toranzo “quedó totalmente derrotado”.
–¿Toranzo ya no puede interponer ningún recurso?
–No puede hacer nada. Ante el amparo directo que nos dio la Corte no queda ningún otro recurso.
El abogado católico esboza una sonrisa triunfal, se acomoda los puños de la camisa y agrega:
“Bueno, todavía le queda algo por hacer: pedirnos una disculpa pública. Se la estamos exigiendo, lo mismo que a Cándido Ochoa, su secretario de Gobierno. Ya respondieron que no se disculparán.”
–¿Y entonces qué harán ustedes?
–Acudiremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que los obligue a disculparse. Deben hacerlo. Fue de gran brutalidad la violación a los derechos humanos que ellos cometieron contra el padre José Carlos y los demás salesianos.
–¿Qué hace ahora el sacerdote José Carlos?
–Por lo pronto está en la casa provincial de los salesianos, en Guadalajara. Se está recuperando porque salió de prisión con algunos problemas de salud. En breve le darán alguna parroquia o algún otro destino.
–¿Quién mataría entonces a Shantal?
–¡Ah! Eso le corresponde averiguarlo a Toranzo. Debe encontrar al asesino, pues el homicidio es un delito que no prescribe.
