Todo indica que tarde o temprano el Congreso de la Unión aprobará la reforma constitucional para crear el Instituto Nacional Electoral (INE).
La reforma quedará en manos de los legisladores del PRI, pues son quienes tienen la posibilidad de concretarla: es requisito aprobarla en al menos 16 congresos estatales (entre los cuales no se halla la Asamblea Legislativa del Distrito Federal); el tricolor gobierna 21 de las 32 entidades federativas y en la mayoría de ellas es la principal fuerza en los congresos.
Pero más allá de esto vale la pena revisar qué se pretende resolver con esta propuesta y para ello es necesario revisar los principales problemas en los comicios de las entidades federativas: la captura de los órganos de gobierno (administrativos o jurisdiccionales) de las instancias electorales por parte de los Ejecutivos locales; la compra y coacción del voto por diversas vías y la duplicidad de las instituciones –federal y estatal–, lo cual implica un altísimo costo para el erario.
La creación del INE sólo atiende de forma directa este último asunto: la duplicidad de estructuras; pero esto no necesariamente se traducirá en una reducción de costos públicos.
Antes de revisar el rubro económico vale la pena señalar que de los cuatro países latinoamericanos con regímenes federales, Argentina y Brasil tienen una estructura estatal, y Venezuela, una centralizada; México es el único que la duplica. Si la revisión se hace a escala continental, los dos países del norte (Estados Unidos y Canadá) aplican la solución descentralizada, congruente con los principios del federalismo.
Pero la eliminación del esquema estatal no necesariamente significará una reducción de cargas para el erario, pues la actual estructura del Instituto Federal Electoral (IFE) es más pesada que las de las entidades federativas.
Si en la ley se mantiene la obligación de tener cinco vocales en cada una de las subdelegaciones del INE (lo cual bien pudiera extenderse a cada uno de los más de 2 mil 500 municipios o a los incontables distritos electorales), muy probablemente el costo aumentará en vez de bajar.
Este es uno de los primeros aspectos que deben considerar los legisladores, pues en las entidades federativas las estructuras de los organismos electorales son más flexibles.
Pero como es evidente por los tiempos en los cuales se elevó la demanda y la premura por aprobarla, el problema que más inquietud genera es el de la captura de los organismos electorales por parte de los Ejecutivos estatales… y lo quieren resolver por la vía de trasladar la decisión al Congreso de la Unión y el Consejo General del INE.
Un análisis de la formación de los consejos de los organismos estatales electorales y de los consejos locales del IFE permitiría demostrar –en términos generales– que los segundos son más plurales y diversos que los primeros.
Pero si el análisis se hace a nivel de los consejos generales de cada uno de los órganos, también es evidente que el Consejo General del IFE fue capturado por los partidos políticos, los cuales en este caso son los entes regulados. Así, trasladar la solución a la capital del país no resuelve el problema de fondo.
Debe señalarse que uno de los problemas endémicos de los organismos autónomos mexicanos es la cooptación de sus órganos de gobierno por parte de los entes regulados. Esto se reflejó en el barroco procedimiento diseñado por los legisladores para designar a los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia. Y pese a los supuestos filtros impuestos, todo indica que la mayoría de los elegidos tienen vínculos con los sujetos regulados o fueron empleados gubernamentales, por lo cual su autonomía todavía deberá ser refrendada por su actuación.
Si esto sucede en el INE y es el gobierno en turno el que impone a la mayoría de los consejeros, la posibilidad de controlar a las delegaciones y subdelegaciones crece y, por lo tanto, lo único que cambiaría sería el jefe: se trasladaría de los gobiernos estatales al federal, en perjuicio de los dos impulsores de la reforma –el PAN y el PRD– y en detrimento de la democracia.
Pero el asunto más crítico es la compra y coacción del voto y el uso partidista de los programas gubernamentales, particularmente los sociales. Si algún impacto tendrá la creación del INE, será negativo: la instancia de gobierno que más recursos destina a esos programas es precisamente la nacional, con lo cual cualquier equilibrio que se pudiera establecer entre las instancias estatales y la federal se rompería.
La ruta para frenar la compra y coacción del voto, el desvío de los recursos públicos y la perversión de los programas sociales tiene que ver con la legislación penal, la construcción de un sistema de rendición de cuentas y la promoción de una cultura política democrática.
De hecho, si una elección estuvo marcada por los problemas mencionados fue precisamente la federal, así que centralizar la organización electoral es una contradicción.
El tema electoral precisa de una nueva revisión, pero hoy son más urgentes las reformas para controlar el ejercicio del poder y crear las instituciones que impidan el desvío de los recursos públicos de los fines establecidos en los presupuestos.
El principal problema del país es el ejercicio del poder. Es allí donde se manifiestan las carencias nacionales, los abusos, los atropellos, la corrupción, las incapacidades, las ineptitudes, las injusticias… Y lo urgente es la construcción de las instituciones que permitan sancionar todas estas perversiones como la vía más corta para corregir las causas de los problemas que afloran en momentos electorales.
Todo indica que los partidos políticos seguirán atacando los síntomas, no las causas, de los problemas nacionales.
