Así como en las últimas semanas han salido a flote los estragos provocados por el meteoro Manuel en las comunidades de La Montaña de Guerrero, en la última semana los habitantes de la Sierra Madre del Sur elevaron su voz para reclamar la atención del gobierno de Ángel Aguirre. Su situación es desesperante pues, dicen, un número aún no cuantificado de las parcelas donde sembraban amapola –el único cultivo que les redituaba dividendos– fue arrasado por el meteoro. Hoy, dicen, además de estar solos y sin recursos, se encuentran a expensas de la violencia criminal.
CHILPANCINGO, GRO.– La devastación causada por la tormenta Manuel en La Montaña y en La Sierra Madre del Sur –considerada la principal zona de producción de amapola del país– muestra la precariedad del entorno en el que las comunidades no sólo han sido olvidadas por el gobierno, sino que enfrentan cotidianamente la violencia de las bandas delincuenciales controladas por caciques y políticos ligados al narcotráfico.
El meteoro no sólo arrasó con casas –lo que provocó que miles de personas buscaran cobijo y alimentación en lugares menos inhóspitos–, también afectó las vías de comunicación, así como cultivos de maíz y un número aún no cuantificado de parcelas dedicadas al cultivo de enervantes.
Para muchos campesinos, la extracción de opiáceos es el único medio de obtención de recursos para sobrevivir en esta región donde no existen medios de producción alternativos y los programas sociales son considerados como paliativos asistencialistas que no resuelven la pobreza y la marginación, comentan a Proceso productores locales.
En La Montaña, conformada por 19 municipios, muchos de ellos incluso se refieren a la amapola como La flor dadivosa o Maíz bola; a los paquetes de goma de opio les dicen niños y niñeras. En la región los personeros de los cárt eles suelen ir a las comunidades indígenas a comprar la droga, en algunos casos de manera paralela al convoy de seguridad que resguarda a los pagadores de los programas federales, dicen los entrevistados.
Por lo que atañe a La Sierra –integrada por una franja que incluye 14 municipios de las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente–, la compra de estupefacientes es cada vez más riesgosa por la confrontación entre los sicarios de las bandas que se disputan las zonas de producción y trasiego. Desde principios de agosto la violencia obligó a los pobladores a dejar sus tierras. Se habla de más de 2 mil desplazados.
En contraste, la riqueza forestal y mineral de La Montaña y La Sierra es usufructuada desde hace décadas por empresas que operan bajo un esquema de fomento y apoyo gubernamental. Pese a la deforestación, los conflictos sociales y los asesinatos, las autoridades no hacen nada por frenar esa situación.
Y aunque el precio de la goma de opio se ha devaluado, los productores prefieren sembrar enervantes para tener dinero porque el precio del maíz y el frijol está más depreciado y sólo sirve para el autoconsumo.
En el periodo de esplendor del narcotráfico en la entidad –en las décadas de los ochenta y los noventa– un kilo de goma de opio se pagaba en 60 mil pesos.
Hoy, los productores reciben en promedio 12 mil pesos por la misma cantidad: “De 10 a 12 pesos el gramo, dependiendo la consistencia de la goma. Si está firme, cuesta más. La mejor goma es la que se cosecha en tiempo de secas”, sostiene uno de los entrevistados.
Según él, la ganancia mayoritaria sigue siendo para los intermediarios –los representantes de los grupos criminales que controlan las plazas–, así como para autoridades gubernamentales y algunos mandos castrenses que, aseguran los productores, forman parte de una amplia red de lavado de dinero, trasiego y venta de droga que mantiene postrada a la entidad desde el sexenio pasado.
Los señalamientos contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero acerca de la supuesta protección que brinda a su sobrino Víctor Aguirre Garzón, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco (Cida), han sido constantes.
Otro caso es el del presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, quien es hijo de Celso Ortega Rosas, La Ardilla, el presunto narcotraficante capturado el 22 de diciembre de 2008 por agentes federales. La Ardilla fue ejecutado en 2011 en el poblado de Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, donde se afincó el grupo que comandaba, Los Ardillos, según refirió en esa ocasión el general retirado Juan Heriberto Salinas Altes, quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Miedo, violencia y amapola
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evidencian la importancia de Guerrero en la geografía del narco en el ámbito nacional.
Un informe de la IX Región Militar destaca que del 1 de diciembre de 2006 al 7 de julio de 2012 las tropas destruyeron 48 mil 262 hectáreas de amapola en la entidad. La cifra representa 61.78% de las 78 mil 118 hectáreas erradicadas en el país por el Ejército en casi seis años.
De los 4 mil kilogramos de goma de opio decomisados por los soldados en ese periodo a nivel nacional, 2 mil 357 kilos fueron incautados en Guerrero (58.92%). El reporte registra una baja en la producción de mariguana en la entidad: de las 92 mil 852 hectáreas de mariguana destruidas por el Ejército en el país, 2 mil 299 (2.47%) correspondieron a Guerrero.
Hasta ahora el gobierno estatal ha guardado silencio sobre la magnitud del desastre provocado por el meteoro Manuel en las zonas emblemáticas de siembra y trasiego de enervantes que abastecen al norte del país y al mercado de Estados Unidos.
La cohesión de las comunidades indígenas de La Montaña obligó a las autoridades a voltear hacia los pueblos originarios cuando la ayuda sólo se centraba en Acapulco y las zonas urbanas de la entidad. En tanto, las comunidades de La Sierra padecieron un doble tipo de violencia: el de la naturaleza y el del narco.
Ninguna autoridad pudo revertir los efectos de Manuel; menos aun pudo garantizar la seguridad en esta franja donde bandas se disputan los principales corredores de droga que conectan La Sierra con el Centro, la Costa Grande y Tierra Caliente.
En vísperas de las lluvias que devastaron la entidad, por ejemplo, en La Sierra más de 2 mil personas habían dejado sus comunidades por la presencia del narco.
Después del desastre, los damnificados de La Sierra se organizaron para reconstruir los caminos. Tres semanas después exigieron ayuda gubernamental porque “la labor social se perdió por la narcoviolencia”, indica Severo Oyorzábal Díaz, exalcalde del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La indignación estalló en La Sierra el lunes 7. Ese día, 500 pobladores de una decena de comunidades del municipio de Leonardo Bravo decidieron bloquear, cerca del poblado de Los Morros, la carretera estatal Casa Verde-Puerto Nicolás Bravo (Filo de Caballos) que conecta la región Centro con La Sierra.
Los lugareños exigieron seguridad. El nivel de violencia, expusieron, se desbordó al igual que los ríos. “La tormenta se llevó la milpa y la flor (de amapola). El gobierno nos tiene abandonados y todavía policías federales y delincuentes nos vienen a chingar”, expresa un poblador de la comunidad de Coatepec Escalera.
Luego se trasladaron al vecino poblado de Campo de Aviación, donde quemaron una decena de viviendas utilizadas por los presuntos criminales como refugio. Días antes, el viernes 4, se registró un enfrentamiento armado en esa localidad.
Los pobladores atacaron a los miembros del grupo denominado Los Montaño, que se asentó en el lugar hace cuatro meses. A ellos se les atribuyen los asesinatos, secuestros, robos y extorsiones en la región.
La refriega duró una hora. En su huida, los presuntos delincuentes atacaron a soldados que circulaban por la zona, lo que desencadenó un segundo enfrentamiento. El saldo oficial fue de tres pistoleros muertos, dicen a Proceso los pobladores.
El sábado 5, policías federales arribaron a la población. Catearon varias viviendas en las comunidades de Los Morros, Filo de Caballos y Coatepec Escalera, de donde sustrajeron aparatos electrónicos y dinero en efectivo. El operativo desató la indignación de los habitantes de esta franja de La Sierra.
Durante el periodo en que Los Montaño sembraron el terror y la muerte en varias comunidades, el sector productivo se colapsó y los servicios educativos y médicos fueron suspendidos. Los pistoleros se apropiaron de varias casas y convirtieron en guarida la primaria Naciones Unidas, comentan los entrevistados.
Por eso, insisten, decidieron destruir y quemar una decena de viviendas de madera donde se refugiaban los supuestos delincuentes; estaban abandonadas desde el enfrentamiento del viernes 4.
Los inconformes exigieron seguridad y demandaron la instalación de retenes militares, así como la incorporación de sus “policías del pueblo” al esquema oficial de financiamiento y capacitación denominado “Policía Rural”, que impulsa el gobierno de Ángel Aguirre.
Más reclamos
Arturo López Torres, representante de la comunidad de Puerto General Nicolás Bravo –conocida como Filo de Caballos–, se queja porque, dice, las autoridades dieron prioridad a los turistas varados en Acapulco y dejaron abandonados los pueblos de La Sierra y La Montaña.
“No hay empleos ni abasto de alimentos en la región, y encima las autoridades tratan como delincuentes a todos, a pesar de que saben bien lo que sucede en La Sierra”, declara López Torres.
Ante el abandono oficial, la gente de La Sierra se organizó para abrir caminos, conseguir insumos y hacer justicia por mano propia ante la ausencia de autoridad, reiteran los pobladores.
El martes 8, otro grupo de habitantes de La Sierra se manifestó de manera pacífica en esta capital, Recorrieron las principales calles con pancartas y lanzaron consignas contra el gobierno por la falta de atención a sus comunidades.
Encabezados por el exalcalde de Tlacotepec, Severo Oyorzábal, instalaron un plantón en la residencia oficial Casa Guerrero y presentaron un diagnóstico devastador.
Los 46 ejes carreteros que circulan sobre la columna vertebral de la Sierra Madre del Sur, desde Costa Grande y Tierra Caliente hasta el centro de la entidad, dijeron, se encuentran destrozados. La falta de caminos ahorcó esa franja donde habitan más de 140 mil personas distribuidas en al menos mil 200 comunidades, hoy incomunicadas.
Con el propósito de desactivar la protesta pacífica, las autoridades estatales prometieron un encuentro con el gobernador para esta semana. El propósito era evitar incidentes durante la fugaz visita del presidente Enrique Peña Nieto a esta capital el miércoles 9 para encabezar una reunión de gabinete en Casa Guerrero y evaluar los daños provocados por la tormenta Manuel.
Los funcionarios federales presentaron informes de las siete regiones del estado, pero en ningún momento hablaron sobre la situación de La Sierra.
Para Oyorzábal Díaz, los funcionarios federales pretenden evadir su responsabilidad con el argumento de que los sierreños tienen “sus propios mecanismos especiales de producción para recuperarse”. Las autoridades se niegan a reconocer esa zona como la octava región comercial de la entidad, dice.
Indolencia estatal
A pesar de las crecientes protestas de pobladores de La Sierra, las autoridades se muestran indolentes.
Gente del municipio de Leonardo Bravo mantuvo el bloqueo de la carretera Casa Verde-Filo de Caballos hasta el viernes 11, para sumarse a las protestas de sus vecinos de los municipios de General Heliodoro Castillo y Eduardo Neri.
Hacia el mediodía retuvieron al subsecretario para Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza; al alcalde perredista de Leonardo Bravo, Leopoldo Cabrera Chávez, y a funcionarios de la Sedesol en el estado.
Según los manifestantes, actuaron de esa forma porque el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se comprometió el jueves 10 a subir a La Sierra junto con el secretario de Seguridad Pública estatal, Javier Lara Montellanos, para atender el reclamo de los 18 comisarios municipales de los tres municipios enclavados en la sierra, y no había cumplido.
Hasta el cierre de esta edición, el viernes 11 por la noche, los funcionarios estatales y el edil perredista seguían retenidos en el poblado, informó el comisario de Los Morros, Crescencio González Díaz, y advirtió que serán liberados cuando el gobierno estatal atienda los reclamos.
