VALPARAÍSO, CHILE.- El 11 de septiembre de 1980 la Junta Militar realizó un plebiscito mucho menos conocido que el de 1988 pero no menos importante: se definió allí la institucionalidad, la cual aún está vigente.
En aquella fecha se convocó a la población a manifestarse respecto a una Constitución propuesta por la Junta Militar y también se definiría la permanencia en el poder del dictador Augusto Pinochet ocho años más, así como un itinerario de transición a la nueva institucionalidad –durante el cual no regiría la nueva ley– también de ocho años. Estos tres asuntos deberían ser respondidos con un “sí” o un “no” en un solo sufragio.
La reciente publicación del libro El fraude, del doctor en ciencias políticas Claudio Fuentes, reavivó el recuerdo de este episodio.
La maquinación
La convocatoria al plebiscito la hizo Pinochet un mes antes en cadena nacional de radio y televisión: “Ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos ante dos alternativas: volver paulatina pero inexorablemente a la noche de los mil días negros de Chile (alude al gobierno de la Unidad Popular 1970-73) o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando”.
Según el dictador, la Constitución se proponía proteger a los chilenos contra el terrorismo, defender la propiedad privada y el modelo de libre mercado, promover más autonomía de las fuerzas armadas y establecer el sufragio universal como mecanismo principal, aunque no exclusivo, para elegir autoridades.
Pinochet remató su discurso señalando que “si el 11 de septiembre de 1973 triunfó la heroica movilización del pueblo chileno para defender su libertad, este 11 de septiembre de 1980 será el día en que ese mismo pueblo afianzará su victoria, aprobando la Constitución de la libertad”.
La convocatoria al plebiscito fue hecha mediante el decreto 3.465, dictado el 8 de agosto de aquel año. Según se reseña en el libro de Fuentes, ese documento establecía que “la participación en este acto sería obligatoria y la no concurrencia a votar sería castigada con pena de prisión en sus grados medio a máximo”.
Como los registros electorales habían sido eliminados por la dictadura, la participación en el plebiscito podría hacerse en cualquier mesa del país con la sola presentación de la cédula de identidad. El decreto establecía que la organización de la consulta en las comunas era responsabilidad de cada alcalde (cuando todos ellos eran nombrados por la Junta Militar).
De acuerdo con el libro La historia oculta del régimen militar (1997, del periodista Manuel Salazar y otros), tras la convocatoria al plebiscito el entonces subsecretario general de Gobierno, Jovino Novoa (actual senador de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente), emitió la circular confidencial 112/6 en la cual instruía a los funcionarios públicos a “colaborar con los alcaldes proporcionando listas de personas confiables para que sean designadas presidentes de mesa y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales”.
La respuesta opositora
El anuncio de Pinochet encontró a una oposición diezmada por la brutal represión. La Democracia Cristiana (DC) era el único partido del arco opositor que podía moverse con algún grado de libertad.
El 27 de agosto de 1980 se realizó en el teatro Caupolicán, de Santiago, el único acto en el cual la oposición pudo manifestarse respecto de la consulta. El orador central fue el líder de la DC y expresidente de Chile Eduardo Frei Montalva.
Pese a la vigilancia policial, el Caupolicán se llenó con unas 10 mil personas e incluso mucha gente se quedó afuera. Allí Frei llamó a votar “no”, a pesar de que en su propio partido y en los otros de la oposición muchos preferían la abstención. No querían legitimar el fraude: “El pueblo ya decidió votar no, aunque sabe que no tendrá medios de control verdadero sobre los escrutinios. Por eso nadie se hace ilusiones sobre el resultado”.
El “sí” se impuso con 67.04% contra 30.19% del “no”. Hubo 2.77% de votos nulos. Los blancos se sumaron al “sí”.
En su informe Sobre el plebiscito y el fraude (1980), el politólogo Genaro Arriagada subrayó algunas de las irregularidades de ese proceso. Lo que más le llamó la atención fue “el increíble aumento del cuerpo electoral”. El total de electores inscritos en 1973 llegaba a 4 millones y medio; para la consulta aparecieron escrutados 6 millones 300 mil votos, lo cual suponía un aumento del padrón electoral cercano a 37% en sólo siete años, cuando cientos de miles de chilenos se habían exiliado en los años previos.
En muchas comunas hubo más votantes que electores. Por ejemplo en Renca, donde hubo 71 mil votantes cuando el padrón registraba 48 mil electores.
La explicación puede buscarse en el libro La danza de los cuervos (2012) del periodista Javier Rebolledo. Allí se narra la participación que tuvo en el fraude la Central Nacional de Informaciones (CNI, el organismo de espionaje y represión de Pinochet):
Los agentes de la CNI “desde muy temprano debían acudir a las comunas de Santiago y votar por el ‘sí’. En seis autos recorrieron las calles de la ciudad en grupos de a cinco, en caravana. (…) Al llegar al primer lugar de votación ingresaron inmediatamente, nadie les pidió que se pusieran en la fila, nada. Los vocales de mesa debían haber estado al tanto porque nadie, pero nadie, se les interpuso en ese momento. Todos votaron y volvieron a partir”.
El nivel de irregularidades detectadas hizo que un grupo de 46 políticos y catedráticos del derecho realizaran, el 4 de octubre de 1980, una presentación ante el Colegio Escrutador Nacional (CEN).
Según se expresa en dicho escrito, en el momento de la consulta “el país se hallaba en estado de emergencia, el que no fue suspendido en la etapa previa al plebiscito; el gobierno podía detener discrecionalmente a cualquier persona hasta 20 días, relegarla a cualquier punto del país hasta tres meses y expulsarla indefinidamente del territorio nacional; los partidos políticos estaban disueltos, y su actividad, terminantemente prohibida; en el llamado a plebiscito se sometió a consulta popular un proyecto sin alternativa, limitándose a decir que su rechazo significaría el caos”.
Ante las irregularidades constatadas, los firmantes de dicho documento declaraban que el plebiscito carecía “de toda validez jurídica y credibilidad moral”. Once días después el CEN respondía señalando “que carecía de atribuciones para emitir pronunciamientos sobre reclamaciones de tipo político-electoral”.
Fuentes, exdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, señala a modo de conclusión de su investigación que a partir de 1984 las cúpulas opositoras fueron optando por una salida a la dictadura pactada con las autoridades militares. “La solución política fue olvidar el episodio (del plebiscito) y bloquear la cuestión de la legitimidad (…) Luego, el realismo y la medición de fuerzas hicieron que se produjera el acomodo”.
