A México se le vino encima un alud de incompetencia que se fue acumulando durante 30 años. Sin políticas efectivas para mantener limpios los ríos y omiso ante la especulación inmobiliaria, el gobierno vio impotente cómo la destrucción llegó de la mano de dos ciclones. A los aproximadamente 150 muertos y a los centenares de miles de damnificados se agrega otro afectado: el campo mexicano, que ahora enfrenta una carrera contra el tiempo pues si en tres semanas no se distribuyen las partidas de emergencia se perderán las cosechas en varios estados, como Sinaloa y Veracruz.
Desde los años ochenta el gobierno federal no ha desarrollado programas de inversión para reforzar y desazolvar la infraestructura hidráulica del país. En una sola semana esa omisión costó al menos 147 vidas, centenares de miles de damnificados, casas destruidas, desgajamientos de cerros, kilómetros de carreteras arrasadas y grandes afectaciones a la agricultura.
Una semana después de que Manuel e Ingrid devastaran amplias zonas en 18 entidades de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorización para ejercer 300 millones de pesos. Con esa suma realizará estudios en las presas a fin de poner en marcha alternativas para mejorar su seguridad. El organismo informó que en México existen 115 presas y bordos con fallas que representan un gran riesgo, toda vez que pueden ocasionar decenas de muertes, destrucción de poblaciones, daños a la infraestructura carretera y eléctrica e incluso parálisis económica.
Según el director general de la Conagua, David Korenfeld, la dependencia mantiene vigilancia especial en 57 presas y 67 ríos con niveles de alerta. También indicó que se trabaja con particulares que operan 70% de las más de 5 mil 100 presas existentes en México.
A una semana de los embates de Manuel e Ingrid, los estragos ocasionados son incalculables. “De no realizarse los estudios descritos anteriormente y las obras necesarias que de ellos emanen, las afectaciones por la falla de las presas se verán reflejadas en la pérdida de vidas humanas, centros de población urbanos y rurales, infraestructura existente (vías de comunicación o electricidad), zonas productivas (agrícolas, ganaderas, pesqueras, avícolas o industriales), así como desabasto en el suministro de agua potable y parálisis económica”, apunta Korenfeld.
Y abunda: “Durante la temporada de lluvias o incluso en su operación normal, las presas y bordos pueden representar situaciones de peligro por la falla en sus estructuras y, en consecuencia, daños a la población, a sus bienes e infraestructura ubicada aguas abajo, susceptibles de resultar afectadas en caso de un desbordamiento por insuficiencia de la obra de excedencias, ruptura o falla total de la cortina. El envejecimiento de las estructuras, el diseño inadecuado y la falta de conservación aumentan el peligro”.
Durante los últimos 20 años, informa Conagua, se han reportado 187 presas con fallas o en riesgo de sufrirlas. La mayoría de los malfuncionamientos se debe a rebases de la cortina por insuficiencia del vertedor, deslizamientos y tubificación del cuerpo de la cortina (un tipo de erosión).
Cifras maquilladas
El martes 24, durante un recorrido por Sinaloa –el estado con mayor superficie agrícola del país y uno de los más afectados por Manuel–, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, dio a conocer de manera preliminar que había 430 mil hectáreas de siembra afectadas. Aclaró que esto no ocasionará desabasto o encarecimiento de los alimentos.
Además de estas afectaciones mencionó la pérdida de 3 mil 500 hectáreas de cultivo de camarón. También dijo que había una sobreproducción de azúcar que ascendía a 7 millones de toneladas, por lo cual deberán analizarse las condiciones del mercado y la viabilidad de cada cultivo para el ciclo otoño-invierno 2013-2014.
“La captación de mil 500 millones de metros cúbicos de agua en las presas alienta a los hombres del campo para cubrir el ciclo de siembras de invierno. Sin embargo, se requiere reparar la red hidráulica afectada en 100 mil hectáreas”, expuso.
Acerca de los siniestros en el agro sinaloense, Martínez comentó que la Sagarpa tiene asegurada una superficie de 208 mil hectáreas. Asimismo, dio a conocer que se levantan los reportes técnicos para determinar si las áreas afectadas se encuentran dentro de los polígonos para el pago de seguros.
De acuerdo con un reporte que Héctor Gabriel Barreda Náder, líder de los productores cafetaleros, le presentó a Gerardo Sánchez García, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), los huracanes dañaron infraestructura caminera y de los cafetales en 12 estados del país. Barreda Náder señaló la necesidad de emprender una campaña intensiva para frenar el avance de la plaga de la roya. Mencionó que a raíz de los meteoros fueron afectadas 700 mil hectáreas de cafetales, cifra muy por encima de las 430 mil hectáreas de diversos cultivos que fueron arrasadas, según la Sagarpa.
Añadió que en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla se requieren acciones “inmediatas” para reparar los caminos de acceso a los cafetales. De lo contrario puede perderse la producción de 4 millones de sacos de 60 kilos cada uno, producto del que viven más de 350 mil productores.
El país, al garete
En entrevistas por separado, José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp); José Narro Céspedes y Carlos Ramos Alba, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Luis Gómez Garay, de la Unión General Obrero, Campesina y Popular (Ugocep), y Alberto Galindo García, miembro de la comisión ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), coinciden con el siguiente diagnóstico: En 30 años no se han construido bordos de protección ni se ha dado mantenimiento a canales de riego, arroyos, cuencas de ríos y presas. Tampoco existen planes de reubicación. El gobierno federal fue omiso: sabe que los huracanes impactarán al país con mayor violencia cada vez, pero no implementa estrategias para proteger la vida humana ante fenómenos como los huracanes Ingrid y Manuel.
Ramos Alba sintetiza un punto que todos los entrevistados comparten: los daños podían preverse. Los estudios internacionales sobre cambio climático marcan que México será el segundo o tercer país más afectado por este fenómeno: “La información la conocen la Sagarpa, la Conagua y la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Sin embargo, no aplican medidas preventivas básicas, como procesos de reforestación que hagan posible la reabsorción en la tierra”.
En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ejemplo, se derruyó un paso de la carretera Siglo XXI. Éste ya se había desplomado en 2002, cuando pasó el huracán Hernán. El río Coahuayana se desbordó en ese entonces y, a pesar de ello, nunca se realizó un desazolve, obras de apertura para el desfogue ni se levantaron muros de contención por donde suele desbordarse. Lo mismo sucede con el río Pánuco, en Veracruz, o con el Atoyac, en Guerrero. “Hemos peleado que en el gasto público haya realmente un fondo de prevención para estos fenómenos, pero no lo logramos”, lamenta Alba.
Por su parte, Narro Céspedes advierte: “El caos desatado por las tormentas potencia los problemas que ya tiene el país, como narcotráfico, migración y guardias comunitarias. El país está hecho un desastre. En el terreno económico tenemos un proceso de recesión prácticamente encima, a pesar de que la economía estadunidense empieza a crecer. Tenemos un déficit en este año de 72 mil millones de pesos que el gobierno federal pretende convertir en deuda. Hay una caída del crecimiento económico y pensamos que este año vamos a estar en alrededor de 1%. Es el peor de los últimos 20 años”.
No obstante, dice que es en el terreno social donde se padecerán los peores coletazos. En los primeros seis meses de este gobierno, el Banco de México aceptó que 120 mil personas se habían sumado a las filas del desempleo. Y, contrario a lo asegurado por Martínez y Martínez, titular de la Sagarpa, considera que los desastres naturales subirán los precios de los alimentos. “Calculamos que este año la canasta básica suba entre 7 y 10%. Pero lo más grave es que los precios a los productores siguen a la baja. Ello significa que los grandes beneficiarios son los monopolios, como Maseca, Minsa, Bimbo, Gamesa, Coca Cola, Pepsico…”.
Calcula que, para empezar, se requieren 15 mil millones de pesos sólo para sanear la situación de la agricultura mexicana, ya que los huracanes dañaron cultivos centrales para las economías de varios estados, como Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, en donde la cosecha de frijol, maíz, trigo, avena y cítricos prácticamente se perdió.
El año pasado, recuerda, la tonelada de maíz se vendió entre 4 mil y 4 mil 500 pesos. Se espera que éste sólo llegue a 3 mil 200. El precio del frijol se derrumbó 50%. Algo parecido pasa con el azúcar de caña. En 2012 el campesino la podía vender a 730 pesos. Este año sólo le dan 450.
“Los grandes monopolios siempre buscan tumbar los precios de los productores para comprar barato y vender caro. Aprovecharán las pérdidas arrojadas por los desastres naturales para concentrar los granos, porque finalmente los precios no bajan en los grandes centros comerciales”, lamenta.
El gobierno federal, afirma, no tiene excusa por no prever la afectación al campo: “En países como Cuba, a pesar de que hay ciclones y fenómenos como Manuel e Ingrid, tienen cero mortandad, mientras que aquí van más de 140, además de un número indeterminado de gente lesionada y otro tanto de desaparecidos. Es lo mismo que pasa con las cosechas, cuando no se prevén estos fenómenos no se toman medidas que puedan evitar las afectaciones”.
La existencia de canales de desfogue, detalla, habría evitado pérdidas millonarias a Durango y Coahuila, donde se desbordaron los ríos Nazas y Aguanaval. En la región Lagunera se perdieron 500 hectáreas de melón a punto de cosecharse. El descalabro fue de 70 mil pesos por hectárea.
Hacia donde se mire hay daños: de Chiapas a Nuevo León y de Tamaulipas hasta Oaxaca, admite la Conagua. Son más de 300 municipios con problemas graves, enclavados en la costa del Pacífico, del Golfo y del centro del país. Los daños se miden en vidas humanas, en dinero, en tiempo.
Alberto Galindo García, del CNPA-MN, denuncia un caso. El gobierno de Veracruz anunció en 2007 que destinaría 15.5 millones de pesos para pavimentar el camino Altotonga-Champilico-21 de Agosto-Ahueyahualco. El mandatario era el priista Fidel Herrera Beltrán y su secretario de Finanzas y Planeación era Javier Duarte, quien a la postre lo sucedería en el cargo. Pero nunca se realizaron las obras.
Ahí, el lunes 16 de septiembre fallecieron 12 integrantes de la CNPA-MN, sepultados por un cerro que se derrumbó. Javier Duarte acudió al sitio de la tragedia, pero Galindo García acusa que sólo fue a tomarse la foto. “En muchas ocasiones se le exigió al gobierno estatal y al municipal que se ampliara y revistiera el tramo carretero. No se actuó, y ahora tampoco”.
Otro ejemplo de negligencia es el retraso en la construcción de un puente en el tramo Altotonga-Mecacalco, próximo a la comunidad de Xoampolco y en donde se desgajó el cerro. El puente actual tiene más de 80 años y está agrietado. De caerse dejará incomunicadas a decenas de comunidades de la sierra. Desde 2010 el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) autorizó construir un nuevo paso, con una inversión superior a 11 millones de pesos. Hasta el momento no lo han concretado: “El gobierno del estado prefiere jinetear el recurso para tener ganancias de los intereses donde sea que tenga guardado el dinero”, teme Galindo.
El huracán Ingrid trajo una gran cantidad de lluvia, admite, pero la negligencia de las autoridades empeoró todo. Cuando ocurrió el desgajamiento en Xoampolco, ejemplifica, los pobladores realizaron labores de rescate, pero su labor fue interrumpida por la Marina y la Policía Estatal, que llegaron a acordonar la zona e impidieron el paso de los improvisados rescatistas.
–¿Cuál es el diagnóstico del campo después de Manuel e Ingrid? –se le pregunta a Luis Gómez Garay, dirigente de la Ugocep.
–En Veracruz, en la zona de San Rafael se cultivan aproximadamente de mil 600 a mil 800 hectáreas de plátano y de 3 mil a 3 mil 500 de cítricos. Con afectación severa debe de haber 25%.
–¿Se recuperará la cosecha?
–Sí, siempre y cuando las instituciones federales y estatales respondan con prontitud para surtir lo necesario en insumos, como insecticidas para las plantas, evitar que crezca la maleza y se agrien los tallos de los plátanos. En menos de tres semanas el gobierno debe proveer y distribuir un fondo de apoyo emergente para atender la demanda que se va a generar.
Jacobo Femat, de la Cocyp, agrega: “Veracruz y Puebla fueron las primeras regiones en donde impactó este fenómeno. En la región de Mixantla y en la región de la Sierra Oriental de Puebla hay pérdida total de cítricos, naranjales y cultivos de limón persa, en café, maíz…”.
Señala que al menos desde 1968 –cuando ocurrió la última tormenta fuerte que rompió presas en Sinaloa, Durango, Guerrero y Michoacán– no había ocurrido algo así. Considera que Manuel e Ingrid han sido las de mayor impacto.
“Tardaremos en evaluar los daños, pero serán cuantiosos. Estamos conociendo cifras de comunidades que no están en la órbita de las ciudades más importantes. Viene información de regiones, como Ixtla, la Montaña en Guerrero y Veracruz, en donde la situación fue difícil por el deslave de cerros. Tampoco existiría este problema si hubiera una política de planeación en construcción de vivienda”, detalla.
Jacobo Femat, de la Cocyp, comenta a Proceso: La especulación inmobiliaria, merced a la cual se ocuparon espacios que antes fueron arroyos o ríos, empeoró el panorama: “Hay anarquía en el crecimiento urbano y lo que se hace es ocupar antiguos escurrimientos de aguas. Conagua sabe las consecuencias de una precipitación de esta magnitud. Carecemos de políticas de prevención, a pesar de que el gobierno contaba con la información de los riesgos mínimo tres días antes de que se presentaran los huracanes”.
Y advierte: “Estamos en una economía en donde lo que determina las acciones son las necesidades del gran capital y en ese tenor no cuenta la producción social, no cuenta la vida humana. Podemos ver que no son tantas las pérdidas del capital, sino fundamentalmente de las colonias y barrios afectados. En este modelo predomina la economía de mercado. No existe planeación en desarrollo urbano ni en agricultura”.
