La financiera Finagam –que brinda servicios a los integrantes de la Cooperativa La Cruz Azul– podría estar envuelta en actividades de lavado de dinero, según se desprende de una demanda presentada por el consejo de administración de la cementera, depuesto en 2010 y en vías de ser restituido. En la denuncia se responsabiliza al director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez, de autorizar operaciones irregulares, como el préstamo de 5 millones de pesos al jugador Christian Chaco Giménez, presuntamente sin aval y en efectivo, en violación de la normatividad respectiva y en perjuicio del fisco.
El director general de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, todavía no se libra de las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y hasta usurpación de profesiones cuando ya está implicado en otro escándalo.
El asunto salpica ahora al futbolista estrella del Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, Christian Chaco Giménez, quien el 16 de octubre de 2012 recibió un préstamo de 5 millones de pesos tramitado ante la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Finagam, S.C. de R.L., o Financiera Guillermo Álvarez Macías, la cual habría otorgado el crédito sin cumplir los mínimos requisitos, aplicar la normativa ni atender lineamientos fiscales.
Pese a todo, el mediocampista argentino naturalizado mexicano –quien apenas en abril pasado fue ubicado por la revista Forbes como el quinto futbolista mejor pagado de México, con sueldo anual de 1.8 millones de dólares y cuya carta de transferencia fue valuada en 3.6 millones de dólares– solicitó el préstamo que le fue concedido sin presentar aval ni garantías.
Documentos en manos del depuesto consejo de administración de la Cooperativa La Cruz Azul, presidido por Armando Valverde Talango, revelan que la millonaria cantidad, con número de póliza E-014110, fue entregada al jugador en efectivo en las instalaciones del club. En la más reciente demanda emprendida contra la cooperativa se destaca este hecho y se le califica de “ventajoso y fraudulento”.
El martes 17 el depuesto consejo de administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., promovió una ampliación de la querella presentada el pasado 9 de agosto ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR, contra quien o quienes resulten responsables por el delito relativo al préstamo “irregular que afecta directamente al fisco”.
Ese consejo argumenta que el equipo Cruz Azul utiliza a Finagam como “una tercera nómina” para el pago de primas –premios o estímulos– a los futbolistas. A esto se suma la demanda de nulidad de actos relativos al Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, con el número 187/2013, el 5 de abril pasado.
La denuncia ante la PGR también incluye el depósito de 5 millones de pesos mensuales que paga el grupo financiero Banamex al Club Deportivo Cruz Azul por concepto de publicidad de la tarjeta Banamex-Cruz Azul y considera los 9 millones de dólares que TV Azteca entrega a la cooperativa por derechos de transmisión de partidos de futbol, sin que hasta ahora se incluyan en los estados financieros del club.
El abogado del consejo destituido, Eugenio Olvera, afirma que el préstamo a Giménez es uno de tantos que se otorgan a los futbolistas del equipo sin realizar los trámites de rigor:
“Jamás pisan Finagam. Ni siquiera tienen que asistir pues José Manuel Sánchez Álvarez –primo de Guillermo Álvarez Cuevas y trabajador de esa financiera– junto con Gerizim Paz le llevaron el dinero en la mano al jugador en el Distrito Federal, mientras Jesús Vázquez Alpízar, así como Jaime Bravo –gerente general y gerente de la sociedad financiera, respectivamente– reciben la orden de Billy Álvarez para entregar el dinero sin ningún requisito previo de investigación, atender al Comité de Riesgos ni tener historial crediticio.”
Además expone que según información de primera mano entregada al consejo de administración, en la propia Finagam se otorgaron préstamos por una cantidad mayor incluso a personas ajenas a la cooperativa. Y sospecha si en realidad estos créditos son verdaderamente para los futbolistas. “¿Qué tal si sólo utilizan sus nombres? Por lo tanto, estos movimientos constituyen el delito de lavado de dinero.
“Hay más préstamos irregulares, uno por 2 millones 250 mil pesos firmado por Guillermo Álvarez Cuevas, Isaac Velasco y Alfonso Pérez Arroyo (presidente del consejo de administración en funciones) a nombre del Club Deportivo Cruz Azul, que ha sido renovado muchas veces y nunca pagado”, revela el litigante.
Usura
Con el lema “Asegura tu bolsillo”, Finagam ofrece a sus socios en su página en internet servicios de “inversión a plazo fijo, ahorro adulto, ahorro a empresas y ahorro escolar, con tasas muy competitivas y préstamos con plazos que van desde seis meses hasta tres años en créditos normales y créditos hipotecarios con plazos más largos”.
Pero las prácticas de cobranza de la financiera han dado lugar a muchas quejas. El Diario de Acayucan, Veracruz, reveló el pasado 9 de marzo que los gestores de cobranza de esta cooperativa no sólo se valen “de amenazas y agresiones sino que ahora tienen una nueva forma de operar en aras de recuperar los préstamos y los altos intereses que cobran”.
En la nota se indica que algunos deudores acusaron al personal de Finagam de introducirse a sus hogares sin ninguna orden “y han sustraído televisores y demás electrodomésticos para cobrarse los adeudos”. Según el diario los afectados solicitaron un crédito por 2 mil pesos, pero Finagam les cobra 12 mil de intereses.
En noviembre pasado integrantes de la Organización Libertad del Istmo (OLI) tomaron las instalaciones de la sucursal de la financiera en Juchitán, Oaxaca, para exigir la condonación de la deuda de Ángel Jiménez Valdivieso, quien fungió como aval en un préstamo.
“Hace algunos años fui aval de unas personas, que estuvieron pagando, pero quedaron a deber un monto mínimo que creció hasta 16 mil. Retomé el caso para saldar la deuda, pero en lugar de eso se incrementó a 50 mil pesos. Los compañeros de la OLI me apoyan y exigimos que se resuelva esta situación que me afecta”, relató el agraviado al sitio oaxacainforma.com.
A más de una década de su fundación, Finagam no es reconocida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En entrevista con Proceso, el presidente del consejo de administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Armando Valverde, asegura que el préstamo a Giménez es una maniobra turbia y añade: “Existen reglas bien delineadas en Finagam, pero con mil pesos que deposite ya es ahorrador y puede solicitar el préstamo. La normativa es que debe tener aportado 10% de la cantidad solicitada.
“Si el Chaco pidió 5 millones debió tener ahorrado medio millón de pesos, que no podrá retirar hasta que liquide el crédito; es el requisito. Además si uno quiere 1 millón de pesos tiene que garantizarlo con un bien del doble del valor a la cantidad solicitada. Y en el caso de Giménez no hay ninguna garantía. A un ahorrador normal le exigen cumplir la normatividad. Está bien, pero que sean parejos, sobre todo con un crédito elevado.”
–¿Sospecha que no se trata de un préstamo formal a Giménez? –se le pregunta a Valverde.
–Así lo disfrazaron. De no cumplir con la normatividad estaría fuera de la ley. Pero aquí no hay ninguna garantía de por medio y no cumplen con la ley ni la normatividad, como tampoco las hay en los préstamos que se otorgan al club deportivo.
“Tal vez el Chaco no está consciente de la situación: el equipo saca el dinero; se lo llevan y le paga al jugador. Puede considerarse lavado de dinero”, advierte.
A Valverde no deja de sorprenderle que el jugador con el pago más alto en Cruz Azul y en el futbol mexicano haya recurrido a esta prestación. “Ahí vienen las triangulaciones, porque no tiene ninguna necesidad. Además, el plazo que conceden es de 36 meses, pero en préstamos hipotecarios y lo de Giménez no fue un préstamo hipotecario. Rompieron las reglas, como lo han hecho en todas las empresas del Cruz Azul; en todas hay problemas”.
Giménez se negó a dar una entrevista a este semanario. Dijo que no habla de sus finanzas.
Emplazamiento
Desde que en febrero de 2010 estalló el conflicto entre la cooperativa y el depuesto consejo de administración encabezado por Valverde, surgieron más irregularidades en torno a la gestión de Billy Álvarez. Entre acusaciones por presuntos ilícitos cometidos en perjuicio de la cooperativa, lavado de dinero, fraude, evasión fiscal y corrupción, Álvarez suma 10 denuncias en su contra en distintas instancias judiciales en el Distrito Federal, el Estado de México y la PGR. Tiene abiertos siete expedientes penales o civiles.
El consejo de administración de la cooperativa tiene documentos para probar que la defensa de Álvarez Cuevas en los tribunales ha provocado un quebranto a la cementera de 822 millones de pesos sólo para cubrir “gastos de abogados” y operadores.
El lunes 2, el juez Sexto de Distrito en Materia Civil, Enrique Claudio González, ordenó al presidente de debates de la asamblea general de socios cooperativistas celebrada el 12 de febrero de 2011 y al director general de la Cooperativa La Cruz Azul –ambos cargos recaen en Álvarez– restituir el viernes 13 en sus puestos, funciones y todos sus derechos a los miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., que encabeza Armando Valverde, así como a ocho socios.
Se le indica que deberá dar cumplimiento a los resolutivos de la sentencia dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación. Lo anterior, tras declararse la nulidad de los acuerdos en la referida asamblea en la que fue desconocido el consejo de administración.
El ordenamiento obliga a Billy Álvarez a poner a disposición del consejo de administración la documentación correspondiente a sus facultades para el desempeño de sus funciones. “Bajo apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá un arresto de 24 horas a cada uno, conforme a lo dispuesto por el artículo 1967 Bis, fracción IV del Código de Comercio”.
El plazo se cumplió el viernes 13. Sin embargo, un grupo de 200 personas impidió el acceso a las instalaciones de la cooperativa, en Gran Sur, al depuesto consejo de administración de la cooperativa, por lo que no pudo ser restituido.
Peor: como si todo hubiese estado planeado, acudieron agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para aprehender a Valverde. Según el abogado Olvera, la orden de arresto no tenía los sellos correspondientes y por lo tanto se trató de una acción ilegal.
Según el litigante, los acontecimientos del viernes 13 complican la situación legal de Billy Álvarez, pues está en riesgo de ser detenido de un momento a otro por desacato. Refiere que en breve los jueces ordenarán el cumplimiento de esta resolución, reforzada por la fuerza pública y reitera que si Álvarez intenta frenar la diligencia sería encarcelado “por resistencia”.
El jueves 12 Olvera denunció en Twitter que ese día la cooperativa realizó “un pago atípico a los abogados penalistas de Guillermo Álvarez Cuevas”.
Dijo: “Curioso, ¿no? Guillermo Álvarez ni ha sido notificado de sus denuncias penales y ya se gastó 7.5 millones en ‘asesoría penal’, pago para mañana”. En otro twitt reveló que ese pago se realizó al despacho de Ángel Junquera Sepúlveda: “Junquera y Forcada, S.C.: $7,500,000.00, 13 septiembre 2013, factura JI128 número de proveedor 10114214 para sufragar operativo del 13 de septiembre”.
Según Olvera, con anterioridad aparecieron pagos al mismo proveedor (con las facturas JI82 y JI83) por 1 millón 740 mil pesos el 3 de diciembre de 2012, y por 2 millones 320 mil pesos el 18 de diciembre de ese año. “El proveedor 10114214: Junquera y Forcada por honorarios derivados de denuncias y lesiones y obtención de orden de aprehensión, como si éstas se compraran y se pagaran”.
Valverde señala que Víctor Garcés, el destituido director jurídico de la cooperativa, maquinó el movimiento de los cooperativistas, los cuales impidieron el acceso a los integrantes del consejo de administración, y asegura que detrás de esto también está Diego Fernández de Cevallos:
“Es el intermediario ante la Procuraduría del Distrito Federal a través del subprocurador de Procesos, Miguel Leyva Medina, y presionaron a la juez Cuarta de Delitos no Graves del Distrito Federal para liberar una orden de aprehensión en mi contra.”
La denuncia fue promovida por el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, al cual la cooperativa le ha pagado 43 millones 803 mil pesos por órdenes de Guillermo Álvarez, revela Olvera. Y anuncia: “Ya mero le vamos a echar el guante”.
Sostiene que la restitución del consejo de administración “es el punto final. Desde que comenzaron los litigios en febrero de 2011 hemos llegado al punto en el cual todas las sentencias están firmes. Ya no hay recursos para promover su incumplimiento y su revisión. Todas se fueron hasta las últimas instancias, que fue la Corte. Estamos en la antesala del fin de la gestión de Guillermo Álvarez como administrador único de la cooperativa”.
Entre los pendientes, refiere Olvera, está una denuncia promovida en la PGR respecto de una red de corrupción en la cooperativa: “¿Cómo es posible que al Corporativo Solka, S.A. de C.V., de Horacio Bernal, que pertenece al Grupo Tepito y a su vez es operador político de Miguel Ángel Mancera, se le paguen 84 millones de pesos cuando esta persona se dedica única y exclusivamente al diseño de campañas políticas. Tal parece ser que Guillermo Álvarez financió la campaña a Mancera mediante el pago a este grupo. ¿Qué hace la cooperativa pagando estas cantidades?”.
Y prosigue: “En la lista de pago a abogados y despachos de la cooperativa está una retribución de 29 millones de pesos que dice para ‘asesoría para gestiones y obtener del SAT determinado pago de impuestos’. Eso es todavía peor, porque cómo le paga un operador de campañas políticas para obtener una resolución favorable de Hacienda. Es tráfico de influencia”.
Proceso solicitó entrevistas con el director general de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas, y con su director jurídico, Miguel Borrell. A este último la petición le fue turnada el martes 3. Al mediodía del miércoles 18 su asistente Antonia Sánchez informó que aún no se presentaba a su oficina y después devolvería la llamada. Al cierre de la edición no se había comunicado. En el caso de Álvarez Cuevas, su secretario Guillermo Patiño argumentó ese día que el director general no se encontraba en la ciudad.
