Señor director:
Durante cinco sexenios seguidos se privatizó gran parte de los bienes nacionales que deberían ser patrimonio de todos los mexicanos.
En varias etapas, desde hace 30 años, se han puesto en venta ingenios azucareros, puertos, terminales portuarias, aeropuertos, plantas petroquímicas, sistemas de distribución de gas natural, carreteras, teléfonos y satélites, canales de televisión, bancos, líneas aéreas, ferrocarriles, etcétera.
Pero no están satisfechos, y con la falacia de que se necesita inversión privada para el desarrollo energético del país se pretende, con la reforma energética, la privatización del sector eléctrico y de Petróleos Mexicanos.
Y aquí cabe preguntar: Con las privatizaciones que se han efectuado, ¿en qué se ha beneficiado al país? Se sabe y se ve, eso sí, que se han multiplicado las riquezas inmensas de una minoría, al mismo tiempo que la pobreza ha ido en aumento para la mayoría del pueblo mexicano. Más de 40 millones de mexicanos en pobreza extrema.
Ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto se propone, con su reforma energética, modificar el artículo 27 de la Constitución para permitir, legalmente, una privatización disimulada del sector energético.
Aprobar la modificación del artículo 27 constitucional es una traición a la patriótica actitud del general Lázaro Cárdenas cuando expropió el petróleo el 18 de marzo de 1938, y a la del licenciado Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960; y permitir la participación de capital privado, nacional y extranjero, en el sector energético, es una traición a la patria.
Atentamente
Domingo Sosa Ramírez








