Los tratados de libre comercio que Colombia firmó en años recientes están acabando con el agro de ese país. Las importaciones agropecuarias ahorcaron de tal manera los campesinos que, pauperizados, se movilizaron y dieron origen a la llamada “primavera colombiana”, cuyas múltiples expresiones han sido reprimidas, incluso en las ciudades. Con todo, el gobierno cedió y tuvo que sentarse a dialogar…
BOGOTÁ.- La “primavera colombiana” llegó por donde menos se esperaba: por el campo. Y adquirió la forma de una rebelión agraria que concita un amplio respaldo en todo el país. Por más que el gobierno de Juan Manuel Santos ha intentado desactivar la crisis con una combinación de mano dura, negociación y promesas de mayores recursos al agro, los campesinos se mantienen en pie de lucha y lograron meter el tema como prioridad en la agenda nacional y catalogarlo como una “nefasta consecuencia” de los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Colombia en los últimos años.
“Esto apenas comienza. El movimiento campesino ha puesto en entredicho la viabilidad del modelo económico aperturista y de libre comercio implantado en Colombia”, dice a Proceso el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Juan Gabriel Gómez Albarello.
Cuando el gobierno asumió la legitimidad de las manifestaciones y se abrió al diálogo ya era demasiado tarde. Decenas de miles de productores agrícolas –quienes se sienten avasallados por los TLC firmados en los últimos años– eran protagonistas de una articulada red de protestas en todo el país y mantenían bloqueadas las principales carreteras, lo que ocasionó desabasto en los centros urbanos y alzas en los precios de los alimentos.
Unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional intentaron despejar las carreteras y las escenas de violencia contra los campesinos contribuyeron a suscitar un amplio respaldo a su causa en las ciudades. Bogotá ha sido epicentro de disturbios donde grupos de estudiantes que apoyan el paro agrario se han enfrentado a las tropas antimotines con bombas molotov y granadas artesanales. La capital quedó semiparalizada por las protestas el pasado 29 de agosto, cuando el gobierno de Santos comenzó a reaccionar con una estrategia en la cual la represión pasó a segundo plano.
“Estamos atravesando una tormenta”, reconoció el mandatario, cuya popularidad pasó de 48% en junio a 21% este mes, según Gallup.
La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA) aseguró en un boletín que batallones del Esmad, de la policía, del ejército y “agentes de civil” causaron la muerte a 12 manifestantes y otros 485 fueron heridos, 21 de ellos con arma de fuego.
La fuerza pública reportó la muerte de dos uniformados y más de 200 heridos, y el comandante de la policía de Bogotá, Luis Eduardo Martínez, consideró que el país enfrentó la más grave protesta social de los últimos 30 años.
“El paro agrario puso en jaque al gobierno, en buena parte porque nuestro sistema político sigue sin ofrecerle al país una representatividad. Uno esperaría que en una democracia estos paros se resuelvan con diálogo, pero la gente, los campesinos, sintieron que sólo les quedaba salir a las carreteras a bloquear las vías y a forzar al gobierno a dialogar. Esto ha traído como resultado una crisis política importante”, afirma Gómez Albarello.
Ajuste
El miércoles 4 Santos decidió remover a cinco de sus 15 ministros, entre ellos los del Interior, Agricultura y Justicia. El martes 10 el nuevo equipo político logró un preacuerdo con los dirigentes de la MIA a fin de suspender los bloqueos de vías en una decena de departamentos, aunque el representante de esa organización, Andrés Gil, advirtió que “el paro y la protesta no se han levantado”.
“Vamos a dar espacio a la instalación de una mesa de negociación y ahí vamos a iniciar un diálogo en el que esperamos respuestas del gobierno. Mientras, se mantendrá la protesta y los campesinos permanecerán a la vera de los caminos. Si el gobierno no cumple, vendrán movilizaciones más fuertes”, dijo Gil.
El movimiento agrario, extendido por todo el país, pasará ahora a la fase de diálogo con el gobierno en un proceso que se anticipa complejo por la insistencia de los campesinos de ubicar los TLC como “los principales causantes del desastre agrícola que vive Colombia”.
“En esto hay un descuerdo medular de entrada, porque el gobierno ha dicho que los TLC son inamovibles; los campesinos, y lo comparto, sostienen que estos acuerdos han causado la quiebra del campo colombiano”, señala a este semanario el senador del opositor izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Jorge Enrique Robledo, principal crítico de la red de tratados comerciales que ha suscrito este país.
Colombia tiene 13 acuerdos comerciales vigentes, algunos de ellos con México, el Mercosur, la Comunidad Andina, Chile, Canadá, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Este último entró en vigor en mayo de 2012 y durante su primer año de vigencia duplicó las importaciones agropecuarias y agroindustriales procedentes de ese país. El tratado con la UE está vigente desde agosto pasado y los pequeños y medianos campesinos colombianos temen que acabe de doblegar al sector agrícola.
Según Robledo las importaciones de leche y papa han hundido el precio de esos productos y tienen en la quiebra a miles de campesinos, mientras la apertura comercial que arrancó en los noventa, hizo desaparecer cerca de 1 millón de hectáreas de cultivos de algodón, trigo, cebada, sorgo, soya y maíz.
“Si el resto del agro no se colapsó fue porque se mantuvieron aranceles de protección en arroz, cárnicos, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar y hortalizas, los mismos que vienen desapareciendo con los TLC suscritos y con la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú), como lo muestra el otro millón de hectáreas de agricultura eliminado entre 2000 y 2012. En ese mismo periodo las importaciones agrícolas pasaron de uno a 10 millones de toneladas”, afirma el legislador.
Sostiene que mientras Estados Unidos y la UE dan a sus agricultores 200 mil millones de dólares en subsidios cada año, “nosotros les entregamos nuestro mercado vía los TLC”. Según el senador del PDA, el futuro del agro colombiano depende de la renegociación de esos acuerdos.
El representante (diputado) del cogobernante Partido Liberal, Guillermo Rivera, considera en cambio que la crisis del agro está más relacionada con la improductividad del sector, con la ausencia de una política agraria y con la falta de apoyo oficial a los pequeños y medianos campesinos.
Según el congresista, las importaciones agrícolas totales sólo crecieron en el primer semestre del año un marginal 0.1% respecto al mismo periodo de 2012, y las de productos como papa, leche y arroz –los cuales están en el centro del debate– apenas han crecido entre 1 y 4%.
“Los TLC también pueden representar una oportunidad para el agro; y si están afectando al sector, hay salvaguardas que se pueden aplicar”, dice Rivera a Proceso.
Un sondeo de Gallup reveló que el respaldo de los colombianos a los TLC cayó de 58 a 35% en los dos últimos meses, mientras que el rechazo a esos acuerdos pasó de 39 a 61% en ese lapso.
Cuesta arriba
El gobierno colombiano anunció el jueves 12 el inicio de los trabajos para concertar un pacto nacional agrario, aunque lo más notorio de ese acto fue la ausencia de las organizaciones campesinas implicadas en las protestas.
Los productores agrícolas aguardan la instalación de una mesa de negociaciones en la cual dialogarán con altos representantes del gobierno en torno a un pliego petitorio de seis puntos, entre los cuales sobresale una demanda: “Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspensión y revisión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y demás países”.
En principio los negociadores oficiales se comprometieron a bajar el precio de los fertilizantes e insumos agropecuarios y a otorgar subsidios a los productores de papa y leche que resulten afectados por el ingreso de esos productos a través de los TLC con Estados Unidos y la UE.
Pero los dirigentes de la MIA, varios de los cuales están ligados a la izquierdista Marcha Patriótica, presentarán en la mesa de negociaciones una agenda agraria que incluye exigencias como acceso a la propiedad de la tierra, reconocimiento a la territorialidad campesina, garantías para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural e inversión rural en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Según cifras oficiales, de las 51.1 millones de hectáreas agropecuarias de Colombia, 79.9% están dedicadas a la ganadería intensiva –considerada un mecanismo para enmascarar los latifundios– y sólo 7.9% (4 millones de hectáreas) a uso agrícola.
El economista y experto en políticas agropecuarias José Leibovich considera que Colombia puede ampliar su frontera agrícola a 15 millones de hectáreas mediante la transferencia de tierras ganaderas de baja productividad a pequeños y medianos campesinos, lo cual, junto con un plan de inversiones en infraestructura y financiamiento, permitiría cuadruplicar la producción agrícola.
El Ministerio de Hacienda anunció el martes 10 una partida adicional de mil 630 millones de dólares para el agro en 2014, lo que dará al sector un presupuesto de 2 mil 582 millones de dólares el año próximo, 85.6% más que en 2013.
Pero en un país donde 52.2% de la superficie agrícola está en manos de un puñado de grandes propietarios que apenas representan 1.15% del total, hará falta más presupuesto y más negociación para contener un movimiento agrícola que puede ser explosivo.
