Jorge Aristóteles Sandoval tiene ganada la batalla contra la delincuencia: a él, a su familia y a un puñado selecto de sus funcionarios los resguardan decenas de policías estatales y municipales, que cuentan con vehículos y equipo suficientes para darle gusto. El problema es que, más allá de su privilegiado círculo, la ciudadanía tiene que sortear la violencia con sus propios recursos.
La mayoría de los habitantes de Guadalajara sufren por la inseguridad en sus colonias, pero el exalcalde tapatío y actual gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, así como varios de sus familiares, cuentan con la protección de decenas de policías estatales y municipales.
En su última campaña electoral, Sandoval Díaz se comprometió a no habitar la residencia oficial, Casa Jalisco, porque ese inmueble sería un espacio de atención a los jaliscienses.
Esto propició que en la colonia Providencia, en la calle donde vive Aristóteles Sandoval y los alrededores, se montara un operativo permanente del estado y el municipio para resguardarlo a él y a los suyos. Incluso se rentó la vivienda aledaña para instalar a los agentes.
Los anteriores gobernadores ocuparon la casa oficial, cuya vigilancia hacía innecesario un operativo especial y la renta de otro inmueble.
No es el único que recibe esta protección. Afuera de la casa de su suegra hace guardia una patrulla del ayuntamiento. Su mamá, Sagrario Díaz de Sandoval, quien vive en la colonia Independencia, tiene a su disposición a efectivos estatales y de Guadalajara.
Asimismo, goza de protección constante el secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño Coronado. Según vecinos de la zona, una patrulla de vialidad (a veces la número V 530) permanece día y noche afuera del conjunto de departamentos de la avenida Obsidiana 3144.
Este semanario comprobó que los policías de vialidad se turnan la vigilancia al funcionario estatal. Cando la patrulla no está, se queda en su lugar una motocicleta de modelo viejo con el número económico M-503.
Durante la pasada campaña electoral, el entonces gobernador Emilio González le prestó a Sandoval Díaz dos camionetas blindadas con vidrios polarizados y cuatro agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal. Sin embargo, el candidato priista agregó otra camioneta y dos guardias, “cedidos” por el municipio.
A su esposa Lorena Jassibe Arriaga Rosa y sus hijas Leonela y Giovanna se les asignaron una camioneta oficial y dos vigilantes armados.
A cinco meses de que tomó posesión como mandatario estatal, Sandoval Díaz reforzó su seguridad; ordenó que continuara la vigilancia a su suegra, a quien se le asignó una patrulla municipal desde que su yerno asumió la presidencia municipal.
En un recorrido por el fraccionamiento Terranova, donde vive Dora Rosa, suegra de Sandoval Díaz, se constató que afuera de su casa en la calle Ley permanece la patrulla G 2077, estacionada entre las casas 2846 y 2839, junto a una pequeña glorieta. Hay en ese lugar una banca, donde el policía descansa el pie y deposita botellas de agua y otros empaques. De acuerdo con otros elementos de la policía tapatía, tienen la orden de hacer guardia las 24 horas del día.
A esa residencia llega escoltada por una decena de efectivos policiacos Giovanna, la hija que Sandoval Díaz procreó con Lorena Jassibe, su segunda esposa, quien tiene a su vez otros diez escoltas por lo menos.
Afuera de ese domicilio es común ver los vehículos de la Fundación Amigos de la Comunidad y la Familia, con placas JJW 9225 y JJW 9223. Según su página de Facebook, el organismo “está conformado con ciudadanos profesionistas que brindan apoyo en servicios de salud de forma gratuita a los más necesitados para devolverle a la sociedad algo que nos ha dado”.
La oficina de dicha asociación civil está en Liceo 113, en el centro de Guadalajara, y el teléfono que proporciona (3613 55 76) no está en servicio. Aparentemente fue un instrumento de la campaña del priista.
En las fotografías de la fundación que aparecen en la red social se aprecia que sus “voluntarios” llevan una camisa roja, el color de la imagen corporativa de Sandoval Díaz. En su muro de Facebook, la fundación –que comenzó a funcionar el 8 de septiembre de 2011– aclara que “si la camisa es roja obedece a que este es el color de la sangre que recorre todo el cuerpo sin discriminar a ninguna parte del mismo”. Registró su última actividad el 2 de marzo pasado.
Por cierto, el pasado miércoles 4 Lorena Arriaga, presidenta del DIF estatal, fue a San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, a supervisar una obra en el comedor comunitario como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Ahí se tomó fotos con varios niños, quienes presumen enormes bolsas de los dulces llamados Pulparindo, que ella les regaló. Las imágenes fueron difundidas de inmediato por el DIF Jalisco en su cuenta de Facebook.
La reacción de los usuarios de las redes sociales fue inmediata. En Twitter crearon el hashtag #LadyPulparindo, en el que criticaron que la esposa de Aristóteles Sandoval obsequiara golosinas y no alimentos nutritivos. La funcionaria respondió en su cuenta @LorenaJassibeA que sólo pretendió alegrar a los niños, pero el DIF retiró las fotos.
Cabe señalar que en 2007 la delegación del Departamento de Salud de Estados Unidos en El Paso, Texas, alertó a tiendas y distribuidores para que no vendieran Pulparindo, fabricado por Dulces de la Rosa, ya que contenía una cantidad de plomo superior a la permitida, con los consecuentes riesgos para los niños y las mujeres embarazadas.
Por otra parte, policías municipales y estatales mantienen un cerco alrededor de la residencia del gobernador en la calle Río de Janeiro, colonia Providencia. Y en la casa contigua (el número 2582) entran y salen agentes vestidos de civil, con un constante movimiento de camionetas.
Desde la calle Montreal hasta Ontario y en Sao Paulo hay patrullas de los dos niveles de gobierno en las esquinas. Una de ellas, con el número económico GL 015, pertenece al grupo de reacción Lobos del ayuntamiento de Guadalajara y siempre están en ella al menos cuatro policías.
Aunque el mandatario estatal no esté en casa, el operativo cuida la zona día y noche. Además, hace rondas una patrulla municipal.
La vivienda de los papás del gobernador, el magistrado Leonel Sandoval, y su esposa, María del Sagrario Díaz, situada en la calle Monte Olimpo, cuenta con tres vehículos de la Fiscalía General y una patrulla de Guadalajara (se corroboró la presencia de la número G 1085), que permanecen ahí las 24 horas del día.
Ante este alarde de vigilancia, la regidora panista de Guadalajara Cristina Solórzano Márquez comenta: “¿Y la ciudadanía? Bien, gracias”. Encargada de la Comisión de Seguridad, ella dio a conocer a finales de julio pasado que en la nómina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay 2 mil 904 policías, pero sólo 774 patrullas están funcionando.
En tanto, policías tapatíos indican que alrededor de mil 400 de sus compañeros se dedican a labores administrativas. “Hay (agentes) operativos que están en Periférico, en el edificio de Santa Cecilia. Tienen plaza de operativos, pero con funciones administrativas”, informan.
Acabar con los excesos
La regidora Solórzano Márquez detalla que también se provee de vigilancia encubierta a bancos con 40 oficiales, es decir, igual número que en un turno de todo el Centro Histórico de la capital jalisciense, pese a la gran concentración del comercio. Mientras tanto los distritos norteños del municipio, Huentitán y Oblatos, tienen 16 y 18 policías respectivamente.
La regidora narra: “Nos hemos topado con cada ocultamiento de información, que tuvimos que ir a cada una de las bases para saber la verdad. Gracias a eso se armó el escándalo y aumentó el patrullaje en 15% o 16%”.
Indica que hay 92 escoltas asignados a diferentes dependencias y funcionarios. “Nos dijeron que el alcalde debe de tener sus escoltas; obviamente el secretario de Seguridad Pública (Carlos Mercado Casillas), el operativo, el 01 (Francisco Ornelas), la Universidad de Guadalajara por ciertos operativos o ciertas estrategias, pero nadie más (debería ser resguardado)”, argumenta Solórzano Márquez.
“Nunca me quisieron decir exactamente a quiénes se les asignó escoltas (…) Así como me he opuesto a que se cuide a los bancos con elementos municipales, que deben cuidar a los cuentahabientes afuera, también me opongo a que funcionarios que no son de Guadalajara tengan escolta”, reitera.
El caso es que hay excesos: “El actual secretario de Educación (Francisco Ayón) tiene escoltas de Guadalajara porque fue presidente municipal (interino durante la administración de Jorge Aristóteles Sandoval), pero no creo que haya tenido conflictos graves para que se pueda pensar que necesita protección”.
Por eso la regidora panista hace un llamado al presidente municipal Ramiro Hernández García para quitar la custodia a los funcionarios que no la necesitan. De otra forma, advierte, “voy a tener que hacer lo mismo que cuando no sabíamos cuánto estado de fuerza estaba saliendo a la calle. Voy a tener que ir personalmente adonde me están diciendo que hay policías (cuidando funcionarios), para que, ya con los pelos en la mano, exigirle al alcalde (medidas concretas), porque nada más me reportan: tantos establecidos, tantos guaruras; no me dicen en dónde ni con quién” los asignaron.
La entrevistada señala que también hay muchos módulos de seguridad cerrados, cuando podrían aprovecharse: “Lo que están haciendo es sacar a los policías que tienen incapacidad para que estén en esos módulos. No pueden usar armas, pero sí un radio para estar en contacto con la ciudadanía”.
Al respecto, policías municipales mencionan a Proceso Jalisco que el módulo Minerva 7 solo funciona en las tardes por falta de personal, mientras que dependencias como el Archivo Municipal, las sedes del IFE y la de la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), así como en el módulo 6, se retiró definitivamente la vigilancia. Actualmente son poco más de 960 policías los que cuidan a 1 millón 450 mil habitantes de Guadalajara.
Aunque ella se pronuncia por la contratación de más policías, la regidora Solórzano Márquez dice que hay un problema: “Sí hay dinero para contratar a 400 elementos de seguridad”, pero de los 180 aspirantes que ahora están en la academia, “a 90, que son los más avanzados, ya les hicieron el examen de control de confianza y sólo pasaron 30”.
De todas formas, no sería esa la única medida urgente. Dice que los índices delictivos difundidos por el ayuntamiento a través del Centro de Comunicación y Observación Electrónica (Cecoe) no coinciden con los de la Secretaria de Planeación estatal (Seplan). “Es un verdadero caos”, dice.
Mientras que la Seplan informó que desde enero de 2008 hasta julio de 2013 se registraron 10 mil 627 robos de autos, el Cecoe dice que fueron 9 mil 908. Y mientras la secretaría mencionó que en ese mismo periodo se cometieron 3 mil 407 robos a negocios, el Cecoe contabilizó 11mil 277 reportes. Incluso se observa en las estadísticas de ambas fuentes que mientras en 2008 no hubo ningún robo a banco, en julio de 2013 se cometieron 45.
A decir de la regidora panista, el secretario de Seguridad Ciudadana declaró que la criminalidad “no se ha movido, está estática desde hace cinco años. Entonces –enfatiza ella–, me voy a los índices delictivos de la Secretaría de Planeación y se nota la diferencia enorme entre las cifras de 2008 y 2009 y las de estas fechas. (Al cuestionarlo) me comentó Mercado Casillas que sus índices venían de Palomar y del Cecoe, que no son denuncias, sino reportes. Le dije que entonces (su número) es más grande por las cifras negras. Y le comenté: yo creo que habrá que correr a Ornelas, porque él era el director operativo en 2008 y 2009. Si la inseguridad se ha mantenido estática, entonces el señor no sirve. Mercado ya no supo qué responder”.
