Lejos de amainar, el descontento de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se exacerbó en los últimos días, sobre todo la semana pasada, cuando los diputados aprobaron la tercera de las leyes secundarias, blindados por un cordón policiaco.
Asimismo, el establecimiento de mesas de diálogo sirvió como catalizador del malestar de la disidencia magisterial, como se observó el miércoles 4 en una veintena de estados, donde marcharon alrededor de 17 mil maestros para protestar por la reforma educativa del gobierno peñista.
Ante la creciente efervescencia de la CNTE, el Congreso intentó escudarse en el Pacto por México para crear confusión. La mañana del domingo 1 en el grupo parlamentario del PRD se deslizó la versión de que los dirigentes seccionales avalaban la tercera ley reglamentaria –la del Servicio Profesional Docente– mediante un adéndum.
Luego se soltó otra completamente diferente, según la cual los secretarios “vendieron” el movimiento en un intento por resolver los problemas en sus entidades. En resumen, se inició la cacería de los dirigentes seccionales, sostiene el michoacano Juan José Ortega Madrigal, dirigente de los maestros disidentes de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Lo cierto es que desde el 29 de agosto, cuando en las mesas de diálogo “ordenadas” por el gobierno tras el bloqueo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el día 23 de ese mes, los dirigentes seccionales alertaban sobre la probable represión de parte de las autoridades. En paralelo, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Hacienda, Luis Videgaray; los presidentes del PRI, César Camacho Quiroz; del PRD, Jesús Zambrano, así como el panista Juan Molinar Horcasitas y el priista José Murat amparados en el Pacto por México ordenaron a la Cámara de Diputados y el Senado aprobar la ley secundaria faltante.
La orden llegó a San Lázaro al concluir la sesión solemne de recibimiento del primer informe de gobierno. “Ya está el documento (adéndum) pactado con el movimiento magisterial; el PRD ya lo arregló”, comenta un diputado.
Y relata: el domingo 1, cuando aparecieron los anarquistas espantando a los maestros, la Junta de Coordinación Política determinó firmar el documento para que se convocara a sesión y votar la ley a las 20 horas.
Horas antes, en la fracción el PRD corría la versión de una aprobación fast track. El coordinador Silvano Aureoles envió a los diputados un documento presuntamente avalado por los secretarios de las secciones 18, de Michoacán; 22, de Oaxaca; 9, del Distrito Federal, y los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
El diputado perredista Roberto López, de la corriente Red por la Unidad Nacional de las Izquierdas, sostiene que “la parte del adéndum nadie la inventó, salió de las propuestas de ellos (de los maestros). No quedó todo lo que ellos propusieron –expuso–, pero tampoco quedó como la envió Peña Nieto. Las cosas se equilibraron”.
Molesto porque a los diputados de su partido se les acusa de “traidores”, cuando “nosotros los defendimos”, dice que aun cuando las mesas “oficiales” fracasaron, en paralelo los maestros se reunían en la Secretaría de Gobernación.
Su correligionario Víctor Nájera, quien votó en contra de la aprobación de la ley secundaria, indica que el presidente de la Comisión de Educación, Jorge de la Vega Membrillo, le comentó que se reunió con integrantes de la CNTE para ver el adéndum.
La verdad, añade Nájera, De la Vega insiste que se reunió con líderes magisteriales, pero no dice si fueron los secretarios seccionales. “Lo que sí me aseguró es que una vez que pase este asunto, contará cómo sucedieron las cosas porque él no va a cargar con tota la responsabilidad.
El miércoles 4, el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD y fundador de la corriente Nuevo Sindicalismo al interior del SNTE, aclaró a Nájera que “la CNTE trae su propia agenda. Ellos negocian con Gobernación; de hecho ya lo hicieron (los de) la 22, que buscan lana para resolver su deuda; también los de Michoacán y los demás estados”.
Alonso Raya da su versión:
Sostiene que De la Vega le aseguró que el 31 de agosto los maestros se reunieron en Gobernación. Lo que salió de ahí “pasa por el Pacto por México, por eso De la Vega consultó el domingo 1 por la mañana con los asesores de los secretarios seccionales. Luego de dar el visto bueno, le piden que anuncie los cambios o adéndum. Así –le insistieron– nos ayudas a bajar ese acuerdo a las bases (magisteriales)”.
Y reitera: cada estado trae su agenda. “A Michoacán le interesan las plazas en las normales; a Oaxaca, que desaparezca la sección 59, en Guerrero es el dinero… y así cada una”.
Los rumores
El martes 3, en varios medios aparecieron informaciones sin fuente sobre la presunta participación de secretarios seccionales del magisterio disidente en la aprobación de la ley.
En entrevistas por separado, los dirigentes de las secciones 22, Rubén Núñez; 18, Juan José Ortega Madrigal, y 9, Francisco Bravo, rechazan haberse reunido con diputados para aprobar el adéndum; e insisten en que no han vendido el movimiento.
Los rumores aparecieron un día antes de que maestros de Coahuila, Jalisco, Colima, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Durango, Estado de México y el Distrito Federal salieran a las calles a protestar contra la reforma educativa.
“Lo desmentimos. No tenemos nada que ocultar sobre las negociaciones. Sólo lo aprobado en asamblea es lo que discutimos con el gobierno. Villarreal sí está con nosotros, pero él nunca habló con el diputado De la Vega”, sostiene Núñez, de la Sección 22.
Su colega Ortega Madrigal, de la 18, afirma, “La CNTE no reconoce ningún adéndum. La CNTE no son sus asesores, ni Bravo ni Gonzalo Juárez. La CNTE tiene su máxima orden de la asamblea, que es buscar la derogación de los artículos tres y 73 de la Constitución y jamás autorizó a nadie a hacer una propuesta. Lo niego y confío en mis compañeros”.
Según él, “la cacería contra los líderes seccionales ya está (en marcha)”. Insiste en que ni él ni sus compañeros vendieron el movimiento; tampoco “conocíamos el adéndum”, expone.
“Lo que dice el diputado Raya –que lo hicimos por atender problemas estatales– es falso. En el caso de Michoacán nosotros firmamos un documento con el gobernador desde junio encaminado a resolver los problemas locales.”
Para el gobierno, acusa, “la única forma de destrabar este problema es causando división entre nosotros, pero por eso tenemos mucha comunicación”.
De acuerdo con el líder de la Sección 9, Francisco Bravo, la demanda sigue en pie: “La evaluación tiene que ser de carácter integral y de carácter formativo, sin ningún vínculo con las condiciones laborales”.
Entrevistado luego de la megamarcha que congregó a miles de maestros el miércoles 4 –formaron una serpiente humana del Ángel de la Independencia a Bucareli–, Bravo puntualiza: “Lo que estamos proponiendo servirá para detectar y generar un diagnóstico. A partir de ahí haremos propuestas de formación docente, de actualización y de profesionalización”.
Y agrega: “Eso hubiera sido lo que queríamos nosotros y dicen no. Dicen que la evaluación es un proceso y que tienes que presentar tres exámenes… El carácter punitivo de fondo no se elimina. Sigue siendo así el asunto del premio y del castigo”.
En esencia, explica el dirigente, la evaluación sigue ligada a las condiciones laborales de los maestros:
“Se siguen hablando de tres exámenes. Si eres de plaza definitiva, respecto al empleo; si eres interino, ahí te están hablando de otras condiciones… En el caso de los profesores interinos, ellos pueden ser despedidos sin ningún problema, porque existen muchos maestros contratados por meses. Tan sólo en el Distrito Federal 40% labora en esa situación”.
Los pendientes
Francisco Bravo alude a otro punto que “no mejoró”: el de los mentores con plaza fija, quienes deberán tener tres oportunidades para aprobar la evaluación; de lo contrario serían cambiados a un puesto administrativo. Esa situación, dice, vulnera su actividad magisterial, pues es una amenaza”.
Por lo que atañe a los perfiles de los docentes para ejercer su profesión, según la Ley de Servicio Profesional Docente, Bravo expone: “Aquí tenemos 10 mil maestros que no tienen licenciatura porque salieron con el plan de 1985, que no les exigía ese nivel de estudios.
“Si los nuevos perfiles o parámetros que marcan como condición el asunto de la licenciatura, ya no pueden ser contratados. Esos maestros quedarán fuera. Se termina y te contratan en otras condiciones y si tú no cumples los perfiles que te marcan, quedas sin trabajo. Esas cosas desde luego que nos afectan.”
–¿La demanda de que los atienda el presidente se ve muy complicada? –se le plantea a Bravo.
–Para nosotros, qué lógica tiene. Fuimos por niveles y en ningún lado nos escucharon, pues vamos con el presidente que es el que tiene la voz con mayor jerarquía en este país y estamos hablando a nombre de decenas de miles de maestros. Es un alto porcentaje que salió a las calles, que se manifestó diciendo no estar de acuerdo.
–También es difícil echar atrás las leyes.
–Nosotros no partimos de cosas irreales. Lo que planteamos es un camino lógico que en un país democrático se sigue. Es su responsabilidad por no atendernos. Nosotros ya dejamos el mensaje.
