La madrugada del 9 de abril último la vida de Quintero de Jesús Elías, habitante de la ranchería La Piedra, localizada en Cuautitlán de García Barragán, cambió en forma radical.
De simple campesino nahua, los agentes de la Fiscalía General de Jalisco lo convirtieron en delincuente y lo asociaron con una banda criminal de Tamazula de Gordiano dedicada al secuestro. En esa organización que, según los agentes, cinco años atrás plagió al menor Roberto Bernardino Campos, participaba uno de los hermanos de Quintero llamado Martel (AP117/08).
Semana después apareció el cadáver de Campos. El 9 de febrero de 2009, el juez segundo en Materia Penal con sede en Ciudad Guzmán dictó orden de aprehensión contra Cruz Alberto Negrete, Martel de Jesús Elías y Arturo Elías Torres, presunto líder de la banda.
La lista también incluía a Quintero de Jesús, a pesar de que era ajeno a los hechos, según expuso la Red Jalisciense de Derechos Humanos, que encabeza Óscar González, cuando asumió la defensa del detenido, de 45 años.
En una carta enviada a sus defensores el 15 de junio último, Quintero expuso que fue obligado a admitir ante el Ministerio Público (MP) su presunta participación en el asesinato de Roberto Bernardino Campos. La causa penal en su contra se sustenta en la AP159/09. Y aun cuando no se le ha dictado sentencia definitiva, el pasado 11 de junio el MP formuló conclusiones acusatorias contra Quintero.
Según el expediente, la autoridad pide una pena de 25 a 40 años de prisión y el pago de entre mil y 3 mil días de salario mínimo por su presunta participación en el secuestro y muerte del menor, así como un millón de pesos de indemnización a la familia afectada.
Y aun cuando el MP pretende reparar el daño y acreditar “el entroncamiento con el menor que falleció el 30 de junio de 2008”, la defensa de Quintero –integrada por Jonathan Ochoa, de la asociación civil Bios Iguana de Colima, y la Red Jalisciense de Derechos Humanos de Jalisco– considera que la acusación contra su cliente es injustificada e ilegal.
En su testimonio, Quintero expuso que la madrugada del 9 de abril último un grupo de agentes policiacos se metieron por la fuerza a su vivienda y, tras golpearlo, lo sacaron a rastras sin presentar la orden de cateo. Su esposa y su hijo de 14 años presenciaron los hechos, dijo.
Lo subieron a una patrulla junto con su hijo, a quien bajaron 200 metros más adelante. El joven aún tiene una bola en el pie a causa de los golpes propinados por los uniformados, indican los defensores.
En su carta del 15 de junio, cuya copia tiene Proceso Jalisco, Quintero expuso: “Fui sorprendido y privado de mi libertad el 9 de abril, como a las tres o cuatro de la mañana. Se metieron a mi casa, la judicial en donde me encontraba dormido con mi familia…
“Yo les pedí que no me golpearan y que mostraran alguna orden de cateo. Y me contestaron que yo no era nadie para darles órdenes y que si ellos querían me mataban con todo y mi familia”. Quintero terminó por firmar el documento inculpatorio.
Joel de Jesús Elías, asegura que aun cuando viajaban en unidades sin placas y sin ninguna identificación visible, los agentes que se llevaron a su hermano Quintero eran policías estatales. Según él, los agentes fueron también a la comunidad de La Piedra, donde horas más tarde realizaron otro operativo en la población de Llano de la Marina, en territorio de Manzanillo, Colima. Catearon su casa sin ninguna orden.
Hilario Torres, delegado municipal en un poblado de Manzanillo, elaboró un reporte en el que se queja por la presencia de policías ajenos a la región. Asimismo, Joel de Jesús Elías denunció a los agentes porque, dijo, se robaron 11 mil pesos que guardaba en una mochila, así como una computadora, cuatro machetes y varias sogas que utilizaba en sus labores de campo:
“Estaban mis hermanos Ignacio de Jesús Elías, que es alcohólico, y Diomedes de Jesús (mujer) junto con Hermenegildo, hijo de Quintero de Jesús. A todos los torturaron y les estuvieron apuntando a la cabeza con las armas.”
El acoso
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco, Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, dice no tener elementos para opinar sobre el caso de Quintero de Jesús Elías y sobre las violaciones a los derechos humanos en la región nahua.
No obstante, admite que la violación a las garantías individuales en la zona de Manantlán está a la orden del día. El asunto, dice, “desborda al gobierno de Jalisco en forma a grave”.
En Ayotitlán, sostiene, las empresas mineras y madereras –muchas de las cuales operan de manera clandestina– intimidan a las comunidades nahuas, cuyas tierras poseen grandes riquezas minerales. De esa zona es Celedonio Monroy, defensor de las tierras del ejido de Ayotitlán, quien fue levantado en octubre de 2012.
En el caso de Gaudencio Mancilla, dice Castañeda, “observo una aplicación selectiva de la ley”, pues lo detuvieron en una zona muy alejada de la capital, mientras que en las ciudades las bandas del crimen organizado se mueven con total impunidad.
Y como Mancilla admitió que sí portaba un arma para defenderse, lo mandaron ante el MP federal, aunque finalmente recuperó su libertad tras el pago de una fianza. Sin embargo, los cateos domiciliarios, de donde los agentes sustrajeron documentos oficiales relacionados con las luchas históricas de la comunidad, revelan la impunidad con la que actúan los cuerpos policíacos, sostiene Castañeda.
Y se queja: “Cuando torturaron a Gaudencio le exigieron que incriminara a las personas presuntamente implicadas en la conformación de la policía comunitaria, entre ellos le mencionaron a César Díaz y Jaime Hernández, ligados hasta hace poco a la UACI; así como al tercer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, y a tu servidor”.
La agresión a Gaudencio Mancilla y a líderes nahuas, así como la falta de tolerancia y la persecución a representantes de la oposición son muestra de la tentación autoritaria del gobierno, advierte Castañeda en una carta enviada al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval el pasado 27 de agosto.
