Un año antes de su suicidio, Walter Benjamin compuso Tesis sobre la historia y otros fragmentos. En la octava de ellas –tal vez pensando en lo que el nazismo reveló del sinsentido que oculta toda política– escribió: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el que ahora vivimos es en verdad la regla”.
La afirmación muestra dos cosas difíciles de aceptar, pero profundamente verdaderas: primero, que la soberanía del Estado, en la medida en que se arrogó el monopolio de la fuerza, se basa cada vez más en la excepción, y, segundo, que sólo quien tiene la fuerza tiene al Estado. Así, la soberanía se hace cada vez más presente en tanto el ciudadano es susceptible de ser obligado, de ser sometido bajo la amenaza de la fuerza o por la fuerza misma.
En México esa realidad se ha vuelto desde hace años una regla casi absoluta. El ciudadano –ya sea bajo la óptica del Estado o de esa otra soberanía paralela, la del crimen organizado, que también se ha arrogado el monopolio de la fuerza– es un excluido de la comunidad dentro de la comunidad, una vida animal que, como en la Alemania nazi, puede ser eliminada, desaparecida, violentada, esclavizada, extorsionada legalmente –mediante los impuestos que en México sirven en buena parte para sostener la soberanía del Estado– o ilegalmente –mediante el cobro de piso– por quien posee la fuerza.
La mayoría de este país es tratada como un recurso para el poder y el capital, como un animal industrializado. Bajo el terror, la norma de la excepción quiere convertir al ser humano en lo que en los “Lager” se llamaba “musulmán”: un ser reducido a la docilidad de un perro, a –dice Agamben– “una supervivencia separada de cualquier posibilidad de testimonio”, a la cual puede asignársele cualquier identidad.
A pesar del trabajo hecho por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) de visibilizar a las víctimas, de darles una dignidad; a pesar de que los gobiernos asumieron la deuda traicionada de hacerles justicia y proteger sus vidas; a pesar de la legislación en torno a la víctimas, la realidad sigue siendo la misma: las víctimas –el rostro profundo de lo que el ciudadano es frente a la soberanía de la fuerza– son, en realidad, lo que Felipe Calderón no dejó de decir, y lo que continúa diciendo –no en palabras, sino en actos– la mayoría de la clase política y de las procuradurías: seres despreciables que no merecen nada.
De allí la ausencia real de justicia –de las víctimas visibilizadas por el MPJD y de decenas de organizaciones de ellas, sólo el 2% han encontrado justicia–. De allí también los desaparecidos, los secuestrados, los asesinados, los extorsionados, cuyo número no sólo no cesa de crecer, sino tampoco de engrosar las filas de los que a nadie importan. De allí también el enojo de las autoridades frente a las autodefensas. Cuando las desarman, cuando las persiguen y encarcelan a sus miembros, lo que en realidad el Estado está diciendo es: “Aquí la única violencia que existe y que toleramos es la de la mayor fuerza, es decir, la del Estado y la de los criminales. Ustedes son y deben continuar siendo el objeto de nuestra disputa; los objetos de la excepción en la que el poder se basa”.
Bajo ese peso de dolor, bajo esa emergencia nacional, bajo esa tragedia humanitaria, la simulación de que los ciudadanos son protegidos por el Estado deja al descubierto la espantosa verdad: “La política –como lo ha demostrado Cesáreo Morales– no es la mediación esperada”, sino el ejercicio del estado de excepción donde cada individuo debe asumir su condición de “ser desechable”, que día con día, en su desamparo, está orillado a enfrentar la decisión de defenderse, y, entonces, porque él es el objeto de la excepción y no su poseedor, de ser procesado como criminal, o de abandonarse a la posibilidad de ser asesinado, secuestrado, vulnerado y despreciado por el poder de la fuerza.
La excepción –como lo vio Benjamin bajo la Alemania nazi– se ha convertido en norma en México y, en consecuencia, dice Agamben, “el campo de concentración y no la ciudad constituye ‘la matriz oculta’, el nomos (la adjudicación) del espacio político en el que todavía vivimos”.
Ninguna vida verdadera, sin embargo, puede habitar la excepción por siempre. Un mundo así, que fabrica terror y fosas comunes, terminaría en un mundo de zombis. Por ello, el reconocimiento que en los últimos dos años hemos hecho de nuestra condición de víctimas ha derivado en que muchos ciudadanos no lo aceptemos. Las protestas, las marchas, los ayunos, las autodefensas, los esfuerzos, siempre inauditos, de esas poblaciones, son el rostro de una salud moral frente a la excepción en la que se ha convertido la vida política. Allí, en esas resistencias, el ciudadano como víctima se supera y aparece el Hombre, “una bestia resistente –escribe Alain Badiou, citando a ese Hombre de los Gulag que fue Varlam Chalamov– diferente a los caballos, no por su cuerpo frágil, sino por su obstinación de persistir en lo que es, precisamente, otra cosa que una víctima, un-ser-para-la-muerte”, a persistir como un ser que se niega a aceptar el horror de la excepción que crea el poder.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
