En plena controversia poselectoral, en julio de 2006, Proceso decidió recurrir a su derecho constitucional de libertad de información para solicitar acceso a las boletas emitidas en una elección presidencial que, según el recuento oficial, otorgó un triunfo dudoso a Felipe Calderón. Durante siete años recorrimos todas las instancias jurídicas nacionales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, y todas las internacionales hasta llegar a la máxima y última opción: el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Después de meses de estudio este organismo emitió un fallo que en el fondo coincide con los que lo antecedieron: Las boletas electorales de 2006 no pueden ser consultadas y por ende, pueden ser destruidas. Proceso ya no tiene otro recurso. Sin embargo podemos decir con orgullo que esta batalla contra la impunidad político-electoral valió la pena.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, avaló al sistema electoral mexicano y su negativa a dar acceso a la información que se utiliza para la elaboración de las actas electorales.
El pasado 18 de julio, la ONU resolvió a favor del Estado mexicano la queja que presentó la revista Proceso como último recurso para conocer la manera en que se computó aquella elección, resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de Calderón con una diferencia de apenas 0.58% de los votos.
La posición del organismo internacional fue notificada el jueves 22 a Graciela Rodríguez Manzo, abogada del semanario y presidenta de Litiga, organización de defensa jurídica estratégica de derechos humanos.
Desde el 28 de julio de 2006, cuando el resultado de la jornada del día 2 aún era una incertidumbre, este semanario solicitó el acceso a las boletas, incluidas las de los votos nulos y las sobrantes e inutilizadas, al amparo del derecho a la información previsto en la Constitución mexicana y en el derecho internacional.
El Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demoraron dos años para negar el acceso e insistir en que lo único accesible eran las actas que reflejan el conteo de los votos.
Su argumento común fue que no se trataba de un tema de acceso a la información, sino uno de índole estrictamente electoral, reservado a los partidos políticos, tal y como está previsto en el sistema mexicano, aunque desde un principio el IFE aludió a la seguridad del Estado.
Agotadas las instancias nacionales, en abril de 2008 la revista presentó una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); alegó violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a las libertades de expresión y acceso a la información.
El gobierno de Calderón emprendió un intenso cabildeo en Washington, la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH. Además, incorporó como comisionado del organismo interamericano a José de Jesús Orozco Henríquez, precisamente uno de los magistrados que le dio el triunfo a Calderón en el TEPJF.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Orozco Henríquez afirma que no intervino como comisionado de la CIDH en el caso, que fue considerado por el gobierno de Calderón como un asunto de seguridad nacional.
La CIDH desechó la queja después de tres años y medio. La declaró “inadmisible” por las mismas razones esgrimidas por Calderón: las elecciones en México son transparentes, controladas por los ciudadanos, y su información, una vez “procesada”, es accesible a través de las actas electorales.
Aseguró que las elecciones mexicanas “están absolutamente ciudadanizadas en todas sus etapas, sin injerencia alguna del gobierno”, y que “se rigen por los principios de máxima transparencia y publicidad”, por lo que dar acceso a la paquetería de la elección presidencial “contaminaría la información en bruto” utilizada para la elaboración de las actas.
Inconforme, Proceso acudió en octubre de 2012 a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que mantuvo las medidas cautelares para evitar que el IFE dispusiera del material electoral, como había acordado ese mismo mes.
Ya saliente y derrotado por el PRI en la elección presidencial, el gobierno de Calderón se inconformó con el recurso legal de la revista, a la que acusó de “abusar” del derecho de petición. Más aún, manifestó que la ONU no tenía jurisdicción para tratar un caso ya resuelto por la CIDH.
En ninguno de esos argumentos la máxima instancia internacional le dio la razón. Los integrantes del Comité de Derechos Humanos decidieron admitir la demanda presentada por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, bajo la protección del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México forma parte.
Acudir a la ONU luego de la decisión de la CIDH “no constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones”, puesto que fue presentada dentro de los cinco años siguientes al agotamiento de los recursos internos y de los tres posteriores a la conclusión de otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.
Pero en el tema de fondo el comité de la ONU le dio la razón al Estado mexicano. Sostuvo que en el caso del acceso a las boletas electorales no opera el artículo 19 del Pacto, referido a la libertad de expresión y que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole.
En particular, mencionó que el párrafo tercero de ese artículo prevé restricciones que deben estar expresamente fijadas en la ley para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. “En el presente caso, el propósito de la solicitud del autor no planteó una amenaza para la seguridad nacional, el orden público o los derechos del tercero”. Según la ONU, le correspondía a Proceso demostrar tales amenazas.
En su queja ante la ONU, el semanario indicó que su solicitud de acceso a las boletas tenía el propósito de analizar cómo se había registrado su contenido en las actas y detectar cualquier discrepancia, en un ejercicio de transparencia de la gestión pública y evaluación del desempeño del IFE y del TEPJF como las autoridades administrativa y judicial en materia electoral en México.
El IFE puso a disposición las actas de escrutinio y cómputo “redactadas por ciudadanos seleccionados al azar en cada casilla electoral de los 300 distritos electorales del país”, pero el peticionario las rechazó, dijeron los integrantes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.
Para la ONU, ese proceso es impecable: “Conforme a la legislación nacional, en esas actas se consigna el número de votos recibido por cada candidato, el número de votos nulos y el número de boletas sobrantes. Por ley, el escrutinio se realiza en presencia de representantes de los partidos políticos, así como de los observadores electorales acreditados en algunos casos”.
Además, “los resultados transmitidos por cada casilla electoral pueden impugnarse y someterse a revisión por las autoridades superiores, como de hecho ocurrió en la elecciones presidenciales de 2006, cuando los resultados iniciales fueron parcialmente revisados por el Tribunal Electoral”.
Todo eso ocurrió a ojos de los comisionados internacionales. Es más, la negativa del Estado mexicano está justificada “por la naturaleza de la información y la necesidad de preservar su integridad y las complejidades de proveer acceso a la información”.
La negativa, de acuerdo con la ONU, tuvo el fin de preservar la democracia: “El comité considera que la denegación de acceso a la información solicitada, en forma de boletas físicas, tenía la finalidad de garantizar la integridad del proceso electoral en una sociedad democrática”. El rechazo, abundó, fue una restricción “necesaria para proteger el orden público” y “hacer efectivos los derechos de los electores” reconocidos por el propio Pacto Internacional sobre su libre participación en los asuntos públicos.
Entre los 16 integrantes del citado comité, dos emitieron votos particulares para profundizar en la negativa. Gerald L. Neuman, codirector del Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard –donde estudió Calderón–, dijo que dar acceso a las boletas era simplemente inviable, pues además de la complejidad de disponer de ellas se pondría en peligro “la integridad del proceso electoral” y se suscitaría “confusión si todo ciudadano tuviera derecho a efectuar un recuento privado”.
El otro voto concurrente fue el de Yuval Shany, exasesor del gobierno de Israel y director de Derecho Internacional Público en la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien aseguró que acceder a la petición de Proceso habría significado “una carga excesivamente pesada” para el Estado mexicano y complicado su aptitud para darle carácter definitivo a los resultados electorales.
Aunque rechazó que el comité haya concluido que la revista “no demostró la utilidad social” del ejercicio del derecho a la información que quiso hacer, apoyó la negativa del Estado mexicano: “El carácter generalizado de la petición… de examinar todas –así escribió– las papeletas de votación hace que sea excepcionalmente difícil para el Estado atender tal petición de manera que sea logísticamente viable y proteja la confidencialidad de los comicios”.
Se habrían generado graves problemas prácticos y se habría afectado el interés legítimo del Estado para darle carácter definitivo a las elecciones en un plazo relativamente corto después de los comicios –reiteró Shany–, por lo que la respuesta del Estado mexicano fue “razonable y proporcionada”.
En marzo pasado, el Consejo General del IFE acordó la realización de dos estudios “muestrales” sobre la documentación electoral de 2006: uno sobre la participación ciudadana y otro sobre las características de los votos nulos. Esa será la única información electoral oficial que preservará el IFE en relación con los comicios que dejaron en duda la legitimidad de la presidencia de Felipe Calderón.
