El investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia Bolfy Cottom, quien formara parte del equipo del director Sergio Raúl Arroyo hasta el 9 de julio, revela que su proyecto de “visión nacionalista, de interés público y social” buscaba reivindicar la institución y devolverle su dignidad. Se pregunta si el cese “irrespetuoso” no responde a una revancha y al reposicionamiento de ciertos grupos políticos. Y advierte preocupado: “Van a modificar el marco jurídico no sólo del instituto, pueden estar pensando incluso en la parte constitucional” con la intención de “relajar los límites a los intereses privados”.
Ante la embestida de proyectos económicos y comerciales para los cuales el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) representa un obstáculo, y por defender el patrimonio histórico y arqueológico, el antropólogo Bolfy Cottom advierte que en la nueva administración de Teresa Franco podrá cambiarse su marco jurídico e incluso reformar la Constitución del país.
El pasado 9 de julio, con apenas siete meses en el cargo y sin mediar explicaciones, fue destituido de la dirección general del INAH el etnólogo Sergio Raúl Arroyo. El hecho se leyó como una consecuencia por afectar intereses varios: del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien desea construir un teleférico que daña el patrimonio histórico de su capital; las mineras que exploran cerca o de plano en zonas de monumentos arqueológicos; y, en suma, reordenar la institución.
Días después del abrupto cese, presentó su renuncia al cargo de secretario técnico de la institución Cottom, también abogado y especialista en legislación cultural, quien en entrevista con Proceso reitera que lo hizo por la forma irrespetuosa e indigna en que se le pidió la renuncia a Arroyo. Explica:
“La discusión no es legal sobre si eso se podía o no hacer, eso está fundado, pero no hay una actitud de respeto al funcionamiento de una institución cuando se le pide a alguien que súbitamente deje su cargo, sobre todo por lo que implica en términos de construcción de un proyecto, de asuntos pendientes y porque hay una comunidad diversa, tan compleja, que espera formar parte de esa construcción.”
Usa el término “indigno” pues cuando se le invitó a ocupar la secretaría técnica se intentó recuperar la dignidad que, en su opinión, había perdido el INAH en administraciones anteriores, pues “había dejado de representar esa parte del Estado mexicano capaz de llamar la atención sobre la importancia de su historia, sus monumentos, sus bienes, su investigación, sus trabajadores, todo eso había venido deteriorándose”.
En el equipo de Arroyo se quería devolver a la institución el lugar que le corresponde en la historia, la política de Estado, el ámbito internacional y, sobre todo, en la defensa de los bienes culturales.
–Cuando los medios preguntaron a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) sobre la salida de Arroyo, dijo: “Así son los relevos en la administración pública”.
–Es muy discutible. Para empezar no sé a qué se refiera: Si son los cambios en la administración pública que dan de un momento a otro, sí, es verdad. Pero si es en términos irrespetuosos, no lo creo. Estoy consciente de que el poder es el poder y tiene su propia lógica de funcionamiento.
“Pero no es el caso del Instituto de Antropología, no cuando durante mucho tiempo se expusieron anomalías en su proceder, en su conducción, y se había planteado la necesidad de reconstruir el proyecto cultural de este país. Entonces una explicación así realmente no ayuda a recomponer los lazos institucionales.”
En su cubículo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, donde es investigador, se le pregunta si se esperaba una explicación clara del porqué de la salida de Arroyo, sobre todo cuando se habla tanto del “cambio democrático” en el país. Entonces evoca al filósofo, poeta y crítico de arte Herbert Read, quien consideraba que la función del arte es generar una conciencia social, una revolución en términos del respeto y del sentido de la sociedad.
Y refiere que en los años recientes había un desencanto respecto del funcionamiento estructural de la administración pública en el ámbito de la cultura, por el ejercicio autoritario del poder, la falta de respeto, el desdén y hasta el trato inhumano; luego se esperaba un cambio.
Mínimamente, dice, ya que ciertas formas que hicieron daño y rompieron en otros tiempos con el tejido institucional, e incluso social, se modificaran y se reestableciera el orden de la institución. Pero no sucedió. Y ve en ello un discurso contradictorio:
“Por un lado se habla de la reconstrucción del tejido social y por otro se violenta el funcionamiento de la institución, se tensa su dinámica.”
El antropólogo no opina si la administración de Teresa Franco será mejor o peor que la de Arroyo. Le concede el beneficio de la duda, pero considera que si las autoridades no aclaran en qué falló el etnólogo, cuál fue el problema, seguirá la especulación que incluye la idea de una revancha y el reposicionamiento de ciertos grupos políticos.
Al final, a su parecer, el problema no es la sustitución de una persona por otra, sino el proyecto institucional enarbolado por cada una, y le llama la atención que la destitución se diera justo cuando se pretende modificar “en términos estructurales” lo que ha sido “la visión histórica del país”. Mientras no haya una explicación sobre el cese, seguirá siendo una “acción autoritaria”.
Pisando callos
Ante la falta de información, las razones del cese más difundidas son las de que varios gobernadores lo pidieron en altos niveles del gobierno porque no les dejaba hacer, como el caso del teleférico en Puebla. Cottom defiende:
“Cuando se construye un proyecto, como en el caso de esta administración efímera, no se está pensando a quién se va a perjudicar o qué intereses se van a afectar. Se tiene que pensar en función de las razones del Estado, del interés público, el beneficio social, el respeto a la historia, la importancia de los bienes para la sociedad mexicana…
“Si eso molestó a los superiores no lo sabemos porque no hay una explicación. Se puede deducir y de hecho varios académicos y personalidades de los medios lo han supuesto pues era lo más obvio, lo más evidente que se estaba haciendo, no significó siquiera una transformación radical de la política institucional porque ni tiempo dio para eso.”
No obstante, agrega, mandaron señales de que la institución retomaría sus atribuciones, daría nuevamente su importancia al patrimonio histórico y arqueológico en términos de su protección legal. Recuerda que además el INAH es una institución relacionada con varios aspectos de la vida del país como la educación, la investigación, el urbanismo, los recursos naturales, el tráfico, las relaciones laborales, “es una institución muy compleja”.
–¿A ustedes no les dijeron la razón? ¿No se la dieron al etnólogo?
–No, no. Hasta donde entiendo fue simple y llanamente la solicitud de su renuncia. Por eso le digo que todo entra en el terreno de la especulación.
La salida de Arroyo se vio como resultado de haber clausurado las obras del teleférico en Puebla, máxime que el mismo día Tovar y de Teresa firmó acuerdos con Moreno Valle para apoyar sus “proyectos culturales”; además por el caso de la Minera la Esperanza, que pretende explotar cerca de la zona arqueológica de Xochicalco, en el Jumil y el Jumilito, donde hay vestigios precolombinos, y el caso del Museo del Cacao en Chichén Itzá.
Se especuló que a la llegada de Franco se daría luz verde a esos proyectos. Pero a casi un mes de la llegada de la nueva funcionaria, el llmado Museo del Cacao quedó finalmente cancelado.
Cottom reitera que el INAH fue creado para proteger los monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, y él y Arroyo construían su proyecto en ese sentido, no en pensar quiénes se iban a molestar. El instituto no puede actuar así, “estaríamos perdidos, pasaríamos por encima de la máxima jurídica en la cual se establece que toda autoridad no puede hacer ni más ni menos de lo que la ley le ordena”.
Y si había proyectos particulares o de otros órdenes de gobierno “ni modo, había que ser coherentes con la aplicación de la norma, simple y sencillamente”. Agrega entonces que la cancelación del museo era obligada, pues no podía construirse en un área protegida de monumentos, y se aplicó la normatividad.
–¿Es una concesión a los opositores?
–¡Exactamente! No hay margen de maniobra, lo que he leído es que sí hubo daños a estructuras, a bienes arqueológicos que había en el lugar, probablemente implique la comisión de un delito y ahí tendría que hacerse la denuncia correspondiente para que se investigue.
–Si no queda más que aplicar la normatividad, ¿deben sostenerse la negativa a la Minera La Esperanza, mantener la cancelación del teleférico, decir no a las mineras de Guerrero, clausurar el Museo del Chocolate de Uxmal…?
–Cada caso debe analizarse en su justa dimensión. Es falaz que el Instituto de Antropología salga a plantear “No a las mineras”, no, dentro de sus atribuciones como órgano del gobierno está obligado a proteger los monumentos y las zonas de monumentos de su facultad.
“Si en el ejercicio de sus funciones encuentra proyectos, del tipo que sean, debe poner sobre la mesa su autoridad en términos de la protección que le ordena la ley. Si usted, quien sea, está violando la norma destruyendo monumentos arqueológicos, construyendo en zonas de monumentos donde está restringida la construcción, no hay autorizaciones, etcétera, ni modo, ahí el instituto no puede distinguir quién sea.”
Hay sitios donde sí pueden establecerse las mineras, pero en el caso concreto de La Esperanza el criterio del instituto fue “proteger los monumentos arqueológicos, propiedad de los mexicanos”. Indica que el INAH hace además estudios sobre las problemáticas de la población en todo aquello que les pueda afectar, como las mineras, la extracción de petróleo, obras de infraestructura, con un equipo de científicos que ayudan a definir los criterios de acción del instituto. Ello le permitió recomendar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que no autorizara los trabajos de la minera.
Un dique
Por apegarse a los marcos normativos y comenzar a negar licencias o liberaciones a proyectos que afectan al patrimonio cultural, al INAH se le ha visto como “el último bastión en el cual se pueden refugiar sectores de la sociedad para detener esta avalancha de explotación y especulación de los recursos naturales y de los bienes culturales”, dice Cottom.
Expresa “con toda sinceridad”, su deseo de que las nuevas autoridades asuman la obligación del INAH de defender esos bienes. Pero advierte preocupado las intenciones de modificar el marco normativo que ha impedido la destrucción de la memoria del país y de su patrimonio cultural. Ve la intención de “relajar los límites a los intereses privados”.
El asunto de fondo está en la confrontación de dos modelos:
“Más allá de privatizaciones, el verdadero problema es la lucha, la enorme tensión entre el interés público y el interés privado, ahí está la verdadera batalla. Y el instituto en este momento representa todavía el espacio donde se puede defender el interés social, no sólo un conjunto de elementos culturales sino la función de esos elementos.”
Los funcionarios actuales, considera, podrán decir en sus discursos que protegerán los monumentos, pero si es para usarlos como escenarios para espectáculos, para el “turismo descarnado y rapaz que arrasa con todo”, será como no protegerlos.
En algunas entrevistas con los medios, el especialista dijo desconocer el proyecto de Teresa Franco, pero en tanto que ella ocupó ya el cargo entre 1992 y 2000 se teme una continuidad y que finalmente se derrumbe el “dique” que representa el INAH.
El especialista dice a este semanario que tocará a los nuevos funcionarios hacer efectiva esa hipótesis o demostrar lo contrario. En este caso no importan los discursos sino las acciones. Confía sin embargo en la comunidad, que ha defendido con autoridad moral y científica el patrimonio, aun en contra de las autoridades.
Se le comenta de los acuerdos celebrados por Tovar y de Teresa con el gobierno de Puebla, y de sus declaraciones en el sentido de que “hay que actualizar muchos criterios (en cuanto al patrimonio cultural) de un país que cambió en doce años”. Se sabe que Franco ha considerado desde su primera gestión que el INAH debe “abrirse”.
–¡Híjole!.. –suelta casi con increduli-dad y agrega:
“El instituto es un órgano pensado para tomar sus propias decisiones, se creó justamente en un contexto donde se necesitaba gente capaz, gente especializada, con visión no sólo de la propia institución sino del Estado mexicano, para ayudar a resolver problemas en este campo. En este sentido, desde mi punto de vista, cualquier funcionario o alguna otra gente podrá decir lo que a su derecho convenga, pero en términos del ejercicio estricto de la función del instituto, no hay más margen que el de su propio marco normativo y ahí sí tienen que cumplir con sus obligaciones.
“Si quieren que el instituto se abra a otras posibilidades, deben explicar a qué se refieren, así genéricamente es difícil saberlo. Pero no tengo la menor duda de que apostarán a modificarle su marco normativo, van a avanzar hacia allá. Y creo que la comunidad tiene que estar consciente de esto: Van a modificar el marco jurídico no sólo del instituto, en una de esas pueden estar pensando incluso en la parte constitucional. No tienen de otra pues la otra es aceptar y apoyar que el INAH es una dependencia que funciona sobre la base del interés general, del interés público.”
Para finalizar, el investigador señala los pendientes que dejó Sergio Raúl Arroyo, entre otros la resolución sobre la intervención del exconvento de la Merced, en el cual no sólo se decidiría sobre el techo y el anexo que se le iba a construir, sino sobre la forma “discrecional” en la que se asignó el proyecto al arquitecto Juan Urquiaga.
Igualmente el exconvento de Yanhuitlán, en Oaxaca, donde en la gestión de Alfonso de Maria y Campos se quiso poner un restaurante, pero en la de Arroyo se pensó en hacerlo sede del acervo Alfonso Caso del extinto Instituto Nacional Indigenista, así como la revisión de los órganos colegiados que incluyó la restitución del Consejo de Monumentos Históricos, y la creación de nuevas plazas para los investigadores. Y aunque no en el corto plazo, se planeó para más adelante la creación del reglamento a la Ley Orgánica del INAH, pendiente desde 1985.
No se sabe si se les dará continuidad, pero reflexiona Cottom:
“Si se da continuidad, ¿cuál es la razón del cambio de administración? Eso nos llevaría a la especulación de que fue mera revancha política… Si se cambió para modificar el proyecto que era de una visión nacionalista, de interés público y social, de reivindicación de la institución, la devolución de su dignidad, la reconstrucción del tejido institucional y defensa de sus bienes, queda claro que van a optar por otro camino… El punto son los grandes proyectos que se vienen para el país y cuál será la decisión de acción del instituto.”
