SAO PAULO.- El próximo 3 de octubre Petrobras cumplirá 60 años. Tres semanas después –el 21 de octubre– el gobierno de Brasil festejará con un acto simbólico: lanzará la primera convocatoria para licitar la explotación del campo de Libra, ubicado a 200 kilómetros de la costa de los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro.
Libra es uno de los megacampos petroleros que se encuentra en la formación geológica Presal, ubicada a unos 7 mil metros de profundidad en aguas cercanas a la costa del Atlántico. Se calcula que estos yacimientos pueden tener reservas por más de 50 mil millones de barriles de crudo, volumen cuatro veces mayor que las actuales reservas de Brasil, de aproximadamente 14 mil millones de barriles.
Según la presidenta Dilma Rousseff, las ganancias de estos megacampos deben servir para cambiar radicalmente el sistema educativo y de salud pública del país.
De hecho, el Congreso aprobó el miércoles 14 la ley que destina 75% de las regalías del petróleo a la educación y 25% al sistema de salud, uno de los pilares de la gestión de Rousseff para recuperar el respaldo popular tras las manifestaciones de protesta de junio pasado.
Con el campo Libra, Brasil ingresará en una nueva fase de su historia energética: será el primero en explotarse bajo el modelo de producción compartida, y no mediante el sistema de concesiones imperante desde 1997 cuando la industria petrolera permitió la participación de empresas privadas. Se espera que 40% de las ganancias netas del crudo extraído –con un contrato de 35 años de duración– sean para el Estado.
“El petróleo es nuestro”
Petrobras fue fundada el 3 de octubre de 1953 por el entonces presidente Getulio Vargas. Mantuvo el monopolio del crudo bajo el lema “El petróleo es nuestro”. Sin embargo, en 1995 el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso impulsó en el Congreso una reforma al artículo 177 de la Constitución, y en 1997 logró la aprobación de la Ley Número 9478. En virtud de ello, Petrobras perdió el monopolio del petróleo y el Estado brasileño permitió la participación en el sector de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.
Con base en esa legislación, un ente regulador, la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), otorga las concesiones a empresas privadas y fiscaliza las actividades relacionadas con los hidrocarburos. A partir de ello, Petrobras fue una empresa más que debía competir con otras para ganar esas concesiones mediante licitaciones públicas. Ello la obligó a la eficiencia. Eso sí, el Estado le permitió conservar los derechos de los campos productivos que ya explotaba antes de agosto de 1998.
Para capitalizarse Petrobras se privatizó parcialmente: puso en el mercado 49% de sus acciones al recaudar en el mercado doméstico y en la Bolsa de Valores de Nueva York más de 4 mil millones de dólares. El Estado conservó 51% del capital social de la empresa para luego elevarlo a 55.6%.
En este modelo los concesionarios –entre los que se encuentran Shell, Chevron, Repsol y la propia Petrobras, los cuales pueden aliarse en joint ventures– tienen derechos exclusivos para la perforación y producción y adquieren la propiedad de la totalidad del crudo a boca del pozo. En contraparte, asumen todos los costos y riesgos de la exploración, informan detalladamente a la ANP tanto de sus hallazgos como de sus operaciones y se hacen responsables de eventuales daños causados al medio ambiente y a terceros.
Por su parte, el Estado obtiene ganancias por los siguientes rubros: bonos a la firma del contrato de concesión; regalías de entre 10% y 15% de la producción del petróleo o gas; pagos por participación especial que van de 10% y 40% de los ingresos netos en función del volumen de producción o de la rentabilidad del yacimiento; pagos por la ocupación o retención del área sujeta a explotación (que varían en función de los kilómetros cuadrados), y pago por diversos impuestos (sobre la renta, por comercialización del crudo y sus derivados, por transporte y circulación de mercancías, por contribuciones a los servicios sociales). Así, en función de las características de un pozo, el Estado puede obtener entre 15% y 60% del total de los ingresos facturados.
Hasta 2010, había 615 bloques de exploración con un total de 277 campos productivos. La ANP había otorgado concesiones a 71 empresas privadas, 36 de ellas brasileñas. Y pese a la apertura a las compañías extranjeras, Petrobras domina más de 85% de la producción nacional.
Este modelo permitió a Petrobras acceder a tecnología y desarrollarla posteriormente, así como ser competitiva internacionalmente. En la actualidad es la séptima compañía más grande del mundo, con presencia en 25 países. En 2010, obtuvo la mayor capitalización de la historia: 70 mil millones de dólares que colocó en el mercado bursátil de varios países.
De hecho, las alianzas de Petrobras con Shell y Chevron (Estados Unidos), Repsol (España) y Sinopec (China) –socias en Repsol Sinopec Brasil, Galp (Portugal) y BP (británica)– le permitieron participar en lo que muchos especialistas consideran el mayor hallazgo de las últimas tres décadas: los megacampos submarinos de la capa geológica Presal, los cuales contienen petróleo de 28 grados API, considerado de muy buena calidad.
Cambio de jugada
En 2007, por decisión del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la ANP, dirigida entonces por el comunista Haroldo Lima, suspendió las licitaciones y en 2010 el gobierno creó un nuevo marco legal destinado a la explotación de los megayacimientos submarinos de Presal, incluido el de la Cuenca de Santos.
En virtud de esta nueva legislación, Brasil incorporó el sistema de contratos de producción compartida (el crudo se reparte entre las empresas que lo extraen) y obliga a incluir a Petrobras, la cual debe tener al menos 30% de participación. Como operadora, la petrolera estatal queda como responsable de la conducción principal de las actividades de explotación y producción.
Este sistema obliga a las empresas privadas a tener un porcentaje mínimo –aún no establecido– de “contenido nacional” en la cadena productiva. Asimismo, prevé que el Estado instituya un Fondo Social del Petróleo, cuyos rendimientos serán destinados a educación, salud, medio ambiente y tecnología.
Mientras Petrobras comanda la operación, otra empresa, Presal Petróleo S.A. (PPSA) –controlada por el gobierno brasileño– se encargará de la gestión de los contratos de producción compartida y de la comercialización de petróleo y gas extraídos en el área de Presal.
En los hechos, a partir de 2010 la explotación de hidrocarburos en Brasil tiene dos modelos: el de las concesiones (instituido por la legislación de 1997) y el de los contratos de producción compartida (incorporado en 2010) destinados a la explotación de los megayacimientos.
“Poner las regalías para garantizar que podamos cambiar la calidad educativa es crucial. Podemos considerarnos desarrollados si cambiamos la educación, y no si tenemos en cuenta el avance del PIB”, comentó Rousseff en Porto Alegre, el domingo 11.
De hecho, en Brasil se vislumbra la licitación del campo petrolero de Libra como una “bisagra” para el desarrollo del país, pues esta nación sudamericana puede convertirse en la próxima década en uno de los 10 principales exportadores de petróleo, según cálculos de la propia OPEP.
El campo Libra necesitará inversiones en exploración por un monto de 200 mil millones de dólares. Se estima que tendrá entre 12 y 18 plataformas de extracción, las cuales pueden alcanzar una producción de hasta 1 millón de barriles diarios de crudo. Cada empresa participante deberá pagar un bono inicial de 15 mil millones de dólares y contratar la construcción de entre 60 y 90 barcos durante los 35 años que dura el contrato. La producción a todo vapor, según fuentes del sector privado y del estatal, deberá comenzar en 2019.
