A menos de un año de haber asumido el poder, el gobierno de Enrique Peña Nieto comienza a padecer una profunda esquizofrenia: mientras una parte de su política social frente a la violencia se propone la reconstrucción del tejido social, su política económica no cesa de destruirlo.
Peña Nieto y su gobierno son incapaces de ver que hay una relación directa del desarrollo económico –entendido, como lo señaló bien Eduardo Vázquez Marín en su artículo Patrimonio al garete (Reforma, 2 de agosto), en los reducidos términos de expansión de capitales y explotación sin medida de seres humanos, medio ambiente y culturas– con el desgarramiento del tejido social y la violencia. El ejemplo más próximo de esta incapacidad es la reciente destitución de Sergio Raúl Arroyo como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El INAH fue creado en 1939, 10 años antes de que la idea del desarrollo económico promovida por el presidente Harry Truman se extendiera como un incendio por el mundo. Su objetivo era detener otra forma perversa del enriquecimiento: la destrucción y el saqueo del patrimonio cultural del país, y hacer de ese mismo patrimonio una fuente de estudio y conocimiento para preservar la memoria histórica de México, sin la cual no hay vida común ni humana, no hay pertenencia ni, por lo mismo, tejido social.
Por desgracia, la noción de desarrollo, que adquirió una lógica demencial y salvaje a partir de los años 80, vio la defensa del patrimonio como un impedimento para alcanzar esa nueva promesa de felicidad y comenzó a atacarla. A inicios del segundo milenio, Sari Bermúdez, presidenta del Conaculta, impulsada por Vicente Fox, trató de reformar la ley para que el INAH perdiera su fuente de vida: la custodia del patrimonio y sus políticas de investigación en ese terreno.
La renuncia de Sergio Raúl Arroyo –que entonces fungía también como director del INAH y había logrado, contra la propia Sari Bermúdez y el entonces gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, rescatar los grandes murales del Casino de la Selva que estaban a punto de ser destruidos por Costco y Comercial Mexicana– pudo frenar esa absurda reforma. Aún lo recuerdo con inmensa gratitud, en los momentos más álgidos de la defensa del Casino, visitándome para regalarme una copia de El violín y la aplanadora, de Andrei Tarkovski.
Frente a esa lógica depredadora del desarrollo económico, que ha ido a la par del crecimiento de la criminalidad y de la violencia en México, el retorno como director del INAH de Sergio Raúl fue visto por muchos como una señal de que la apuesta de la administración de Enrique Peña Nieto por la reconstrucción del tejido social era seria: “el anuncio –escribe Eduardo Vázquez– de que el proyecto cultural que estaba por encabezar Rafael Tovar incluía en su concepción el papel social y simbólico del patrimonio” y la memoria de un país humillado.
Con ese espíritu, el INAH rechazó el museo privado del zar belga del chocolate en Chichen Itzá; se opuso, como lo hizo con la destrucción del Casino de la Selva, al proyecto minero en Xochicalco; suspendió, tras la demolición de dos edificaciones patrimoniales y el atropello a una zona declarada patrimonio mundial, la construcción del teleférico de Puebla; cuestionó la edificación de una ciudad China, Dragon Mark, en un territorio del Caribe mexicano que tiene un potencial valor arqueológico y es fundamental para la preservación del medio ambiente; hizo serias observaciones al proyecto carretero en territorio ñañú y, por último, expresó su desacuerdo frente al manejo discrecional y opaco del Patronato del Museo Nacional de Antropología, al que Alfonso de Maria y Campos rentó el edificio Aristos, donde actualmente se encuentran las oficinas centrales del INAH, mediante un contrato leonino y sin licitación de 30 millones de pesos.
Esa actuación, profunda y vital para la reconstrucción de la paz y la justicia en México, no gustó ni a la esquizofrenia del gobierno de Peña Nieto ni a la de gobernadores que en los últimos tiempos, junto a la connivencia con el crimen organizado –el rostro oscuro del desarrollo económico–, han privilegiado la inversión al margen de las leyes que resguardan el patrimonio y sus tejidos sociales.
La respuesta no sólo ha sido el despido autoritario de Sergio Raúl Arroyo por parte de Emilio Chuayffet, quien como secretario de Gobernación traicionó, junto con Ernesto Zedillo, los Acuerdos de San Andrés y desdeñó la matanza de Acteal –el inicio del desgarramiento del tejido social que a finales del milenio comenzaba a retejerse, y la apertura de las puertas del infierno que habitamos–, sino también la continuación de una política cultural que desde el panismo se mutiló de su quehacer social y se redujo a show.
El golpe al INAH y, con ello, al Conaculta, es –al igual que el desdeñoso manejo con el que el gobierno de Peña Nieto y los gobernadores han asumido la emergencia nacional y la tragedia humanitaria de las víctimas– la expresión atroz de la esquizofrenia política que en nombre del desarrollo como valor supremo no ha dejado de destruir el tejido social y de alimentar con ello el crimen, la violencia y la barbarie.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
