El gobierno de Javier Duarte de Ochoa fabricó un culpable para dar por esclarecido el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez Pérez. Así lo ha informado la revista Proceso y así lo confirmó el propio Poder Judicial del estado de Veracruz.
El jueves 8, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado resolvió poner en libertad a Jorge Antonio Hernández Silva, acusado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) de ser copartícipe del robo y homicidio cometido la madrugada del 28 de abril de 2012 en la casa de nuestra corresponsal en Veracruz.
Por dos votos a tres, la sala revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión a los que lo había condenado, en abril pasado, la juez tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa Beatriz Rivera Hernández, quien había avalado por completo la versión de la procuraduría.
Los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña –autor del proyecto de resolución– y Andrés Cruz Ibarra echaron abajo esa sentencia por las violaciones constitucionales cometidas por la PGJ que afectaron el debido proceso y dejaron en situación de indefensión al inculpado, un analfabeto seropositivo que fue torturado para que se declarara culpable.
Ante el sentido de la resolución, que echa abajo en parte la versión de la PGJ, la magistrada Martha Ramírez Trejo emitió un voto particular, mientras que la propia procuraduría expresó su rechazo a la decisión mayoritaria de la sala y el hermano de la periodista, Ángel Martínez, anunció en un comunicado de prensa y una nota informativa que impugnaría la resolución de los magistrados.
La posición que prevaleció entre los magistrados fue que además de las violaciones al debido proceso previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, la procuraduría no acreditó la responsabilidad de Hernández Silva, quien alegó haber sido detenido semanas antes de que la PGJ lo presentara como probable responsable.
Respecto a las violaciones constitucionales dijo que no hubo orden de aprehensión para su detención, además de que “no contó con una debida defensa”, como lo establecen los artículos 19 y 20 constitucionales, pues si bien tuvo un defensor de oficio, “en ningún momento se advierte que se haya dado a la tarea de cumplir cabalmente con su función”.
Además, la sentencia de la juez de Primera Instancia se sostuvo únicamente con la confesión del inculpado, “la cual fue llevada por medio de la tortura, por lo cual no deberá otorgársele validez”, dicen los dos magistrados que hicieron el voto mayoritario.
A los ojos de los magistrados, los testimonios que presentó la PGJ contra Hernández Silva y que fueron avalados por la juez Rivera Hernández “son de oídas”, “contradictorios” y “aleccionados”. Más aún, “no se advierte que ninguno de ellos haya hecho mención de que fuera Jorge Antonio Hernández Silva la persona que se introdujera a la casa de la finada a robar y estuviera presente cuando su copartícipe privara de la vida a Regina Martínez Pérez”.
El 31 de octubre de 2012, cuando presentó a Hernández Silva como presunto culpable, la PGJ señaló que el principal acusado es Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien desde entonces se encuentra prófugo. La acusación sugirió un crimen pasional, al asegurar que Hernández Domínguez, un trabajador sexual callejero, tenía una relación sentimental con la periodista.
Para los dos magistrados “no hay ningún señalamiento firme que incrimine al sentenciado”, pues de acuerdo con la propia PGJ no se encontraron huellas digitales ni pruebas de ADN de Hernández Silva en el domicilio de Regina Martínez. Ni siquiera se pudo armar una prueba circunstancial que lo señalara.
La revocación
Otra de las violaciones constitucionales que los magistrados le adjudicaron al gobierno de Duarte fue en relación con el artículo 21, “ya que no se dio a la tarea de recabar los medios de convicción”, pues si bien se cuenta con testimonios de vecinos y familiares que conocieron a Regina y al acusado, “nadie revela que (Hernández Silva) haya sido la persona que se introdujera a casa de Regina” el día del crimen.
La revocación de la sentencia también echó abajo las actuaciones periciales de la procuraduría: “Los dictámenes llevados a cabo por expertos adscritos a la PGJ del estado de Veracruz no son coincidentes con lo que relata el sentenciado” pues entre lo que dice en su confesión y las horas de la muerte establecidas en la necrocirugía “no pudo el inculpado encontrarse en la casa de la finada, sin que resulte humanamente posible que una persona se encuentre en dos lugares al mismo tiempo”. Los magistrados establecieron incluso que “algunos dictámenes… se encuentran manipulados”.
Contundentes, los magistrados resolvieron: “existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”.
La procuraduría del estado dijo que “respeta pero no comparte” el criterio de la sala revisora. En un comunicado, el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa dijo que los magistrados “descalificaron, mas no valoraron las pruebas presentadas plenamente de la responsabilidad del entonces inculpado”.
Aseguró que el instrumento internacional conocido como Protocolo de Estambul aplicado a Hernández Silva concluyó que no fue torturado. El protocolo fue aplicado a solicitud de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) seis meses después de la detención.
Un día antes de que se cayera en parte la versión del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la titular de la FEADLE, Laura Angelina Borbolla, aseguró que, contrario a lo dicho por la PJE, existen indicios de que el asesinato de la periodista de Proceso puedo haber sido motivado por su actividad periodística.
Entre los elementos que sostienen esta hipótesis se encuentran los objetos que desaparecieron de la casa de la víctima el día del homicidio, entre ellos computadoras personales y celulares, además de que fueron desprendidas las conexiones de dos smartphones y de las computadoras, dijo la fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Eso nos permite generar la línea de investigación de que es por su actividad periodística, sin que sea la única que se tenga abierta y sin que se hayan agotado, al menos de parte de la fiscalía, ninguna de las líneas de investigación”, declaró a la prensa en Colima.
La fiscal reiteró que la procuraduría de Veracruz entregó “las pruebas que ellos han querido” a la FEADLE, a pesar de que la instancia federal ha sido coadyuvante en la investigación.
La fiscalía especial mantiene abierta su investigación y ante la sentencia de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz podrá atraer en definitiva el caso, toda vez que a la PGJ lo que le queda es presentar ante la justicia a Adrián Hernández Domínguez.
De acuerdo con la fiscal especial, “la mecánica de los hechos refiere que hay más de un autor material”, además de que está pendiente saber de quién son algunas pruebas encontradas en la escena del crimen, como un rastro de sangre que tras su estudio de ADN arrojó que pertenece a una persona del sexo masculino distinta a Hernández Silva.
El viernes 9, un día después de la revocación de la sentencia, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras aseguró que el caso aún no está resuelto. “Ahora debe reanudarse la investigación de manera seria, teniendo en cuenta las actividades profesionales de la periodista, con el fin de que se detenga a los autores materiales e intelectuales de este asesinato”.
